Si todo es susceptible de empeorar en esta crisis, la gestión de la ayuda al desarrollo española no se iba a escapar de esta posibilidad. Al tajo que se ha llevado la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los presupuestos de los últimos cuatro años, con casi un 73% de recorte acumulado, se une la […]
Si todo es susceptible de empeorar en esta crisis, la gestión de la ayuda al desarrollo española no se iba a escapar de esta posibilidad. Al tajo que se ha llevado la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los presupuestos de los últimos cuatro años, con casi un 73% de recorte acumulado, se une la cuasi imposibilidad de encontrar destino al dinero dotado en forma de créditos reembolsables por las condiciones draconianas impuestas desde el Gobierno.
Así, Hacienda está exigiendo a los gestores del Fondo para la Promoción del Desarrollo ( Fonprode) el organismo que actualmente cuenta con más dotación presupuestaria para AOD de la Administración Central, que coloquen estos recursos con un tipo de interés superior al que a España le cuesta financiarse, lo que consideran, » precio de mercado». A la postre, esto se traduce en exigir tipos próximos al 10% de interés, (en varios momentos de 2012 España se ha financiado en el entorno del 6%), según denuncian diversas fuentes y ONG que conocen la marcha de este tipo de operaciones. El Gobierno hace así de correa de transmisión a la situación de asfixia con la que desde el exterior se presiona a la deuda española y traslada el problema de la crisis de deuda al tercer mundo.
La cooperación mediante créditos reeembolsables se instrumentaliza mediante los conocidos como préstamos «blandos». Sin embargo, a partir de un 5% de interés, los créditos ya no se pueden considerar «blandos» y las condiciones pasan a ser leoninas. Y es que, además, bajo la premisa de que un crédito fallido puede ir a déficit, Hacienda exige también una alta certidumbre de devolución de la inversión, lo que en muchos casos lleva a la cooperación pública española a exigir una prima de riesgo añadida al interés, lo que se traduce en rentabilidades esperadas próximas al 13% o el 14%.
Tradicionalmente, la cooperación al desarrollo se realiza mediante dos tipos de ayuda muy diferenciadas: la donación o los créditos reembolsables. Tras la crisis, España ha reducido drásticamente la parte de donación y ha aumentado la cooperación financiera, esto es, la que los países pobres deben devolver. Sin embargo, Hacienda exige estas condiciones tan restrictivas para liberar los fondos, lo que en la práctica los ha bloqueado.
Por lo pronto, desde que se creó el Fonprode, en 2011 en plena crisis de la deuda, no se ha logrado firmar ningún préstamo bilateral que cumpliera las condiciones impuestas tanto por la propia característica del fondo, que debe perseguir fines de cooperación social, como de los requisitos financieros impuestos desde los despachos de Hacienda. Paradójicamente, Fonprode se creó para subsanar el deficiente uso en cooperación de los ya extintos créditos FAD, pero el relevo de este nuevo sistema no ha hecho más que bloquear los recursos.
De esta forma, el principal brazo financiero con el que cuenta la cooperación española para actuar se ha quedado prácticamente inutilizado ya que es casi imposible encontrar inversiones «sociales» que ofrezcan rentabilidades esperadas a estos niveles. En su diseño, el Fonprode se estructuró para ofrecer una parte de ayuda reembolsable y otra tipo donación. Este último tramo se ha ido reduciendo hasta que para el ejericico 2013, Hacienda ha exigido que toda la dotación (385 millones de euros) se canalice por la vía de los créditos.
Esta gestión financiera choca con el espíritu con el que nació Fonprode y que está recogido en la ley en el que dice que tendrá como finalidad «la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades, la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo humano y sostenible en los países empobrecidos».
Entrada en fondos de inversión
El Fonprode participa en la actualidad en fondos de inversión, como el fondo africano para la agricultura, o el fondo para los bosques de África, que persiguen los fines de desarrollo exigidos para computar como AOD (ver archivo adjunto). Sin embargo, la autorización para entrar en estos fondos se hizo hace ya más de dos años y ahora sería impensable por que la rentabilidad ya no se ajusta a los criterios de Hacienda.
En cualquier caso, Verónica Hernández de Intermón Oxfam, critica que la inversión española se canalice por esta vía de los fondos de inversión que considera poco «transparente». Hernández pone en duda las inversiones «sociales» que puedan ofrecer rentabilidades tan elevadas, ya que cree que el propio mercado se ocuparía de entrar en esas oportunidades de negocio si pudiera obtener un retorno tan alto.
En 2012, el Consejo de Ministros dio salida a poco más de 35 millones de euros desde este fondo. Alrededor de 12 millones de euros se fueron a un fondo de infraestructuras en energías renovables en Latinoamérica; poco más de 14 millones de euros para un fondo colombiano que invierte en pymes y una donación al Banco Mundial de casi 9 millones de euros para un fondo en favor de la inmunización (en el ejercicio anterior aún se podía donar una pequeña parte de los recursos). El pasado año el fondo estaba dotado con 410 millones de euros.
El director de la oficina de Fonprode, Juancho Izuzquiza, asegura que 2012 fue un año «absolutamente atípico» por el cambio de Gobierno y la fecha de aprobación del PGE como motivo para esta escasez de operaciones.
Otra solución para desembolsar la dotación presupuestaria es la de darla a otras organizaciones multilaterales que a su vez invierten en proyectos de cooperación. En 2011 el Fonprode destinó 300 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones.
Desde el cambio de la ley en 2010, el Fonprode aglutina toda la cooperación financiera por lo que heredó la deuda viva del FAD atribuible a operaciones a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM), incluyendo las operaciones en trámite, de ahí su abultado tamaño.
Desde Intermón Oxfam denuncian también que debido al tratamiento presupuestario especial de los fondos destinados a Fonprode, que no computan como déficit, el Ejecutivo ha tratado de «inflar» esta partida en la AOD para no quedar tan mal en la comparación, aunque en la práctica no se le pueda hacer prácticamente uso. Así, frente a los virtuales 385 millones de euros que maneja el Fonprode, la Aeci dispone de 266,45 millones de euros para gastar en 2013 y el Fondo del Agua cuenta con 5 millones de euros.
http://www.eldiario.es/economia/Hacienda-convierte-desarrollo-espanola-financiero_0_89941159.html