El 2 de febrero de 2024, el pueblo de Venezuela celebró el aniversario número 25 de la Revolución Bolivariana.
Ese día de 1999, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela e inició un proceso de integración latinoamericana que, debido a la intransigencia de Estados Unidos, se intensificó hasta convertirse en un proceso antiimperialista. El gobierno de Chávez, consciente de que no podría gobernar en nombre del pueblo y atender sus necesidades si seguía atado a la Constitución de 1961, impulsó una democratización cada vez más profunda. En abril de 1999, se celebró un referéndum para crear una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución; en julio del mismo año, se eligieron 131 diputados y diputadas para la asamblea; en diciembre, se celebró otro referéndum para ratificar el proyecto de constitución; y, finalmente, en julio de 2000, se celebraron elecciones generales con base en las normas establecidas en la constitución recién aprobada. Recuerdo que llovió a cántaros el día en que se sometió a referéndum la nueva Constitución. No obstante, el 44% del electorado acudió a votar y un abrumador 72% eligió un nuevo comienzo para su país.
Con la nueva Constitución, el antiguo Tribunal Supremo de Venezuela —que la oligarquía del país había utilizado como mecanismo para impedir que se produjeran cambios sociales importantes— fue sustituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A lo largo del último cuarto de siglo, el TSJ se ha visto perturbado por varias controversias, en gran parte derivadas de intervenciones de la vieja oligarquía, que se negó a aceptar los grandes cambios que Chávez impulsó en sus primeros años. De hecho, en 2002, los jueces del TSJ absolvieron a los líderes militares que intentaron dar un golpe de Estado contra Chávez, un acto que indignó a la mayoría de las y los venezolanos. Esta injerencia continuada acabó provocando la ampliación de la magistratura (como había hecho el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en 1937 por motivos similares), así como un mayor control legislativo sobre el poder judicial, como existe en la mayoría de las sociedades modernas (como en Estados Unidos, donde la supervisión de los tribunales por parte del Congreso está institucionalizada a través de instrumentos como la “cláusula de excepciones”). No obstante, este conflicto sobre el TSJ proporcionó un arma temprana a Washington y a la oligarquía venezolana en su intento de deslegitimar al gobierno de Chávez.
En 2024 acudirán a las urnas en todo el mundo más personas que en ningún año anterior. Unos 70 países, que en conjunto representan casi la mitad de la población adulta mundial, ya han celebrado elecciones o las celebrarán este año. Entre ellos están India, Indonesia, México, Sudáfrica, Estados Unidos y Venezuela, que celebrará elecciones presidenciales en el segundo semestre. Mucho antes de que el gobierno venezolano declarara la fecha de las elecciones, la oposición de extrema derecha del país y el gobierno estadounidense ya habían empezado a intervenir, intentando deslegitimar los comicios y desestabilizar el país con la vuelta de las sanciones financieras y comerciales. En el centro de la actual disputa se encuentra el TSJ, que el 26 de enero de 2024 se negó a revocar una decisión de junio de 2023 de inhabilitar a la figura política de extrema derecha María Corina Machado —que ha pedido sanciones contra su propio país y que EE. UU. intervenga militarmente— de ocupar cargos electos en Venezuela hasta al menos 2029, si no hasta 2036. En el procedimiento, el TSJ examinó el caso de ocho personas que habían sido inhabilitadas para ejercer cargos públicos por diversos motivos. Seis de ellos han sido restituidos, y a dos de ellos, incluida Machado, se les ha mantenido la inhabilitación.
La decisión del TSJ despertó la ira de Washington. Cuatro días después de la decisión judicial, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que EE. UU. desaprobaba la “exclusión de candidatos” de las elecciones presidenciales y que, por tanto, castigaría a Venezuela. Estados Unidos revocó inmediatamente la Licencia General 43, una licencia del Tesoro que había permitido a la empresa minera de oro del sector público venezolano Minerven realizar transacciones comerciales normales con personas y entidades estadounidenses. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. advirtió de que si el Gobierno venezolano no permite que Machado se presente a las elecciones de este año, no renovará la Licencia General 44, que permite al sector petrolero y gasístico venezolano llevar a cabo sus actividades con normalidad y que expira el 18 de abril. Ese mismo día, Miller declaró a la prensa que “a falta de un cambio de rumbo por parte del Gobierno, dejaremos que expire la licencia general y volverán a aplicarse nuestras sanciones”.
La Carta de las Naciones Unidas (1945) permite al Consejo de Seguridad autorizar sanciones en virtud del artículo 41 del capítulo VII. Sin embargo, subraya que estas sanciones solo pueden aplicarse mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que se impusieron por primera vez en 2005 y se han profundizado desde 2015, son ilegales. Como señaló en su informe de 2022 la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena F. Douhan, estas medidas unilaterales son propensas al sobrecumplimiento y a las sanciones secundarias como resultado del miedo de los países y las empresas a ser castigados por Estados Unidos. Las medidas ilegales impuestas por EE.UU. han provocado pérdidas de decenas de miles de millones de dólares desde 2015 y han servido como castigo colectivo contra la población venezolana (forzando a más de seis millones de personas a abandonar el país). En 2021, el gobierno venezolano formó el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU para reunir a los países en defensa de la integridad de la Carta y oponerse al uso de este tipo de medidas violentas, unilaterales e ilegales. El comercio entre los miembros de este grupo ha ido en aumento, y muchos de ellos (especialmente Rusia y China) han proporcionado a Venezuela opciones distintas al sistema financiero y comercial dominado por Estados Unidos y sus aliados.
El mes pasado, el Instituto Tricontinental de Investigación Social publicó un estudio clave, Hiperimperialismo, y un dossier, La agitación del orden global, en los que analizamos el declive de la legitimidad del Norte Global, los violentos mecanismos que utiliza para aferrarse desesperadamente a su poder, y el nuevo estado de ánimo en el Sur Global. El año pasado, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se reunieron en Bridgetown, Barbados, bajo el patrocinio de México y Noruega para firmar el Acuerdo de Barbados. Según los términos de este acuerdo, Venezuela permitiría impugnar ante el TSJ la inhabilitación de algunos candidatos de la oposición y EE. UU. comenzaría a levantar su embargo contra Venezuela. Este fue un acuerdo que EE. UU. firmó no desde una posición de fuerza, sino debido al aislamiento al que se enfrenta por parte de la pujante OPEP+ (formada por naciones del Sur Global que, en 2022, representaban el 59% de la producción mundial de petróleo) y debido a su incapacidad para hacer valer plenamente su autoridad sobre Arabia Saudita. En un esfuerzo por hacer frente a estos desafíos, EE. UU. ha intentado que el petróleo venezolano vuelva al mercado mundial. Tras negarse a participar en los términos fijados por el Acuerdo de Barbados, Machado impugnó su inhabilitación ante el TSJ, cuya autoridad decía honrar. Pero cuando el veredicto fue en su contra, Machado y Estados Unidos echaron mano de su caja de herramientas y descubrieron que lo único que les quedaba era la fuerza: la vuelta a las sanciones y a la amenaza de una intervención militar. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, calificó la reacción estadounidense de “intervencionismo neocolonial”.
El regreso de Washington a las sanciones se produce justo cuando Associated Press publicó un informe basado en un memorando secreto del gobierno estadounidense de 2018 que proporciona pruebas de que EE. UU. envió espías a Venezuela para vigilar al presidente Nicolás Maduro, su familia y sus aliados cercanos. “No nos gusta decirlo públicamente, pero somos, de hecho, la policía del mundo”, dijo a Associated Press Wes Tabor, exfuncionario de la Agencia Antidrogas estadounidense, en un claro desconocimiento de la violación del derecho internacional por parte de la operación. Esta es la actitud de Estados Unidos. Este tipo de pensamiento, que recuerda a los clichés de las películas del Oeste de Hollywood, rige la retórica de los altos funcionarios estadounidenses. Es en este tono que el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, amenaza a las milicias en Irak y Siria, diciendo que aunque ellas puedan “tener mucha capacidad, yo tengo mucha más”. Mientras tanto, Austin declara que Estados Unidos responderá a los ataques contra su base militar en Jordania “cuando queramos, donde queramos y como queramos”. Haremos lo que nos de la gana. Esa arrogancia es la esencia de la política exterior estadounidense, que invoca el Armagedón cuando se le antoja. “Apunten a Teherán”, dice el senador estadounidense John Cornyn, despreocupado por las implicaciones de un bombardeo estadounidense en Irán o en cualquier otro lugar.
Por supuesto, hay una delgada línea entre perseguir a los opositores políticos y descalificar a quienes quieren que su país sea invadido por una potencia extranjera, en este caso “la policía del mundo”. Es cierto que los gobiernos suelen menospreciar a sus oponentes alegando que son agentes de una potencia extranjera (como hizo recientemente la senadora estadounidense Nancy Pelosi con quienes protestan en EE. UU. por el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, llamándoles agentes de Rusia y pidiendo al FBI que les vigile). Machado, sin embargo, ha hecho abiertamente declaraciones pidiendo que Estados Unidos invada Venezuela, lo que en cualquier país se consideraría fuera de lugar.
En diciembre de 2020, me reuní con una serie de líderes de la oposición en Venezuela que se habían vuelto en contra de las posiciones de cambio de régimen de personas como Machado. Timoteo Zambrano, líder de Cambiemos Movimiento Ciudadano, me dijo que ya no era posible presentarse ante el pueblo venezolano y pedir el fin del chavismo, el programa socialista instaurado por Hugo Chávez. Esto significaba que amplios sectores de la derecha, incluida la formación socialdemócrata de Zambrano, han tenido que reconocer que este punto de vista no podía conseguir fácilmente el apoyo popular. La extrema derecha, compuesta por personas como Juan Guaidó y María Corina Machado, no tiene estómago para procesos democráticos reales, prefiriendo en su lugar entrar en Caracas a lomos de un F-35 Lightning II.
Apenas unos meses después de prometer el alivio de las sanciones a Venezuela, Estados Unidos ya ha vuelto a sus costumbres hiperimperialistas. Pero el mundo ha cambiado. En 2006, Chávez acudió a la ONU y pidió a los pueblos del mundo que leyeran Hegemonía o supervivencia, de Noam Chomsky, y luego reflexionó: “Hay un amanecer en el planeta y se ve por todas partes”. El 31 de enero de 2024, Maduro fue a la sede del TSJ, donde dijo: “No dependemos ni de gringos ni de nadie en este mundo para invertir, para prosperar, progresar, avanzar, crecer”. Encarnando al Chávez de hace dieciocho años, Maduro dijo: “Ya nació otro mundo”.
Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/25-anos-revolucion-bolivariana/