Ecuador conmemora el aniversario 199 de la Batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822, cuando las tropas patriotas de Antonio José de Sucre derrotaron a las realistas comandadas por Melchor Aymerich, logrando con ello la definitiva independencia de la Real Audiencia de Quito.
El proceso independentista del actual Ecuador arrancó con la Revolución de Quito, que el 10 de agosto de 1809 instaló una Junta Soberana. Además, la independencia quiteña formó parte del proceso de lucha anticolonial de la Hispanoamérica de la época.
A los cinco días de aquella heroica batalla, el naciente país se integró a la República de Colombia, que era el sueño del Libertador Simón Bolívar. Pero ese sueño duró pocos años. Las pugnas regionales, los caudillos locales, la política de los partidos y el poder de criollos que fortalecieron estructuras oligárquicas, sin afirmar, en cambio, las vías del republicanismo, la democracia, las libertades y la profunda reforma social, progresivamente hegemonizaron el ambiente político de la Gran Colombia.
Desde 1828, Bolívar advertía una situación insospechada y su pensamiento fue ganado por la desesperanza. También, muy enfermo y retirado, posiblemente intuía el fin de sus días. Y en semejantes circunstancias, tuvo expresiones de tremendo desencanto. Llegó a escribir: “No hay buena fe en América, ni entre las naciones. Los tratados son papeles; las constituciones libros; las elecciones combates; la libertad anarquía; y la vida un tormento”. Y a fines de 1830, poco antes de su muerte, expresó en una de sus cartas: “La situación de la América es tan singular y tan horrible, que no es posible que ningún hombre se lisonjee conservar el orden largo tiempo ni en siquiera una ciudad… La posteridad no vio jamás un cuadro tan espantoso como el que ofrece la América, más para lo futuro que para lo presente, porque ¿dónde se ha imaginado nadie que un mundo entero cayera en frenesí y devorase su propia raza como antropófagos?”. La América independizada era simplemente ingobernable.
A la distancia de los tiempos, aquello de que las Constituciones son simples libros, sigue ocurriendo. Parecen textos escritos para cumplirlos a medias o no cumplirlos. Y Ecuador es el país que, en lo inmediato, luce como una república en la cual es necesario recuperar el valor y la supremacía de la Constitución, que merece ser respetada no solo por los gobernados, sino, ante todo, por quienes gobiernan.
Dejando a un lado el constitucionalismo que caracterizó al siglo XIX, la Constitución de 1929 (obra de la Revolución Juliana) fue la primera en introducir el papel regulador del Estado en la economía y la que inauguró el derecho social en Ecuador, reconociendo fundamentales principios y derechos laborales. Sus bases económicas y sociales fueron continuadas y ampliadas por las Constituciones de 1945 y de 1979. Con esta última se inició la larga fase contemporánea de gobiernos constitucionales.
La Constitución de 1979, aprobada por referendo, fue estigmatizada y combatida por las derechas económicas, que consideraron que ella otorgaba al Estado un papel ajeno al que merece el fomento de las actividades privadas. No faltaron quienes la acusaran de “comunista”.
En cambio, la Constitución de 1967 marcó un retroceso frente a lo que se había avanzado en aquellos tiempos, al debilitar las capacidades estatales. Prácticamente tres décadas más tarde, la continuidad de sus principios económicos fue ampliada y desarrollada por la Constitución de 1998, que habló de “economía social de mercado”, un simple eufemismo para disfrazar la abierta consolidación que en la realidad hizo de un modelo empresarial-neoliberal. Puede comprenderse, por tanto, que hoy existan sectores que se lanzan contra la Constitución de 2008 y sostienen que hay que “regresar” a la Constitución de 1998.
Estos procesos los analizo en el artículo ¨Constituyentes, constituciones y economía¨, que se halla en el libro Asamblea Constituyente y economía. Constituciones en Ecuador(2007), en el que también escriben Pablo Dávalos y Carlos de la Torre M. (se lo puede bajar aquí: https://bit.ly/3bKOsfX)
La Constitución de 2008, fruto de una asamblea constituyente y, además, aprobada en consulta popular, dio continuidad a los fundamentos económicos y sociales de las progresistas Constituciones de 1929, 1945 y 1979. Por tanto, desechó el modelo empresarial-neoliberal y consagró un tipo de economía social, sujeta a regulaciones y capacidades estatales, con el reconocimiento de bienes y servicios públicos nacionales, sectores estratégicos, planificación, buen vivir, amplios derechos laborales, sociales y ambientales, entre otros principios y conceptos teóricos que le inspiran. Esta Carta siempre disgustó a las derechas políticas y económicas. El análisis sobre este texto constitucional puede seguirse aquí: https://bit.ly/3oEqIiG y en un corto artículo sobre el tema, aquí: https://bit.ly/3bNFnTk
El gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), a través de un verdadero “golpe de Estado económico”, restituyó el modelo empresarial-neoliberal que ya vivió el país durante las décadas finales del siglo XX y los inicios del XXI, que es absolutamente ajeno al que contiene la Constitución de 2008. Por consiguiente, durante el “morenismo”, en Ecuador se instauró una dictadura económica, que no solo se impuso contra la Constitución, sino contra los principios y valores progresistas, democráticos, sociales y de libertad y equidad, que el país ha tratado de construir, entre avances y retrocesos, desde 1929.
Como la experiencia histórica tanto en América Latina como en Ecuador ha demostrado que el modelo empresarial-neoliberal solo privilegia los intereses de las elites económicas y políticas, ya que estrangula o agrava las condiciones de vida, trabajo y progreso de la mayoría de las poblaciones nacionales, durante el gobierno de Moreno esas mismas condiciones se deterioraron sistemáticamente y empeoraron a partir de 2020 por la pandemia del Coronavirus, que tampoco fue atendida con la responsabilidad estatal debida.
Esa inconstitucionalidad practicada en la economía, con todas las nefastas repercusiones sociales que comprueban los mismos datos oficiales e incluso los de entidades internacionales como la CEPAL, son las herencias que recibe el presidente Guillermo Lasso, al tomar posesión de su cargo e iniciar un nuevo gobierno este 24 de mayo de 2021.
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