La agresión y el uso de la fuerza contra civiles de manera intencional, consciente, sistemática planeada, constituye un crimen internacional que entra en la esfera de la lesa humanidad y sus responsables deben ser juzgados por la corte penal internacional y condenados por el consejo de seguridad de las naciones unidas. Aceptar, vitorear, aplaudir o ser cómplice silencioso de este crimen afecta la dignidad humana de todos los seres humanos, no solo de las víctimas. Para sectores sociales como los que componen la academia, la sociedad civil organizada, los sindicatos, movimientos sociales, procesos políticos alternativos, es fundamental la misión de promover la paz, el respeto al Derecho Internacional, a los derechos humanos y a la libre autodeterminación de los pueblos, por lo cual resulta necesario asumir el rechazo y condena enérgica de las acciones militares del gobierno de los Estados Unidos de América, bajo coordinación del presidente Trump, que han afectado al territorio y a la población civil de la República Bolivariana de Venezuela, con consecuencias trágicas por pérdida de vidas humanas, personas heridas y una grave devastación material y social.
Los antecedentes del delito ya habían configurado crímenes internacionales por la toma militar arbitraria de la costa caribe y el asesinato de no menos de 80 personas mediante el bombardeo de lanchas aun no identificadas y la sistemática guerra psicológica y mediática contra toda América latina. Con los bombardeos se constata el delito de agresión según lo definido por el Derecho Internacional Contemporáneo (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional) en tanto el Estado americano planificó, preparó, inició y ejecutó, un acto de uso de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela, que por su carácter, gravedad y escala constituye una manifiesta violación de la Carta de las Naciones Unidas.
De igual modo hay otra serie de delitos por violaciones graves al derecho internacional dado que la operación militar transgredió flagrantemente normas fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, entre ellas el principio de prohibición del uso de la fuerza establecido en la Carta de las Naciones Unidas piedra angular del sistema de seguridad colectiva. El principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, consagrado por la Asamblea General de la ONU y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Así mismo la agresión impide la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en tanto al no existir un conflicto aceptado por las dos partes, las personas víctimas directas no están participando en ninguna hostilidad y las normas básicas de distinción, proporcionalidad y precaución en el ataque fueron vulneradas.
Usar la fuerza contra un Estado soberano como Venezuela, más allá de la opinión que se tenga sobre su presidente constitucional, constituye una violación intolerable al derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación, reconocida en los pactos internacionales de derechos humanos de 1966 y en numerosas resoluciones de la ONU, como garantía de protección para que todos los pueblos determinen libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural, sin injerencias externas ni coerción alguna. La agresión militar es la máxima expresión de dicha coerción.
Ante el delito de agresión en curso corresponde a los pueblos civilizados, expresar la más profunda solidaridad con el pueblo venezolano, sus familias y víctimas y exhortar a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales a pronunciarse con claridad y a actuar con celeridad para exigir el cese inmediato de cualquier operación militar o acto de fuerza adicional contra Venezuela, garantizar el acceso de ayuda humanitaria independiente y apoyar la investigación imparcial de estos hechos, para que se establezcan las responsabilidades correspondientes ante instancias internacionales competentes y actuar mediante el llamado urgente a la reanudación del diálogo diplomático, como único camino legítimo y viable para resolver las controversias entre naciones, en estricto apego al Derecho Internacional y a la Carta de la ONU y llenar con una voz de rechazo unánime las calles del mundo afirmando el compromiso con la paz, la soberanía de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la defensa irrestricta de los derechos humanos y de la vida con dignidad como parte de la responsabilidad individual y colectiva con un sentido compromiso con la humanidad.
P.D. Todo derecho ha sido violentado por el gobierno de EE UU, y la detención del presidente corresponde a un secuestro, cuyo significado va mucho más allá de la privación física de la libertad e implica la anulación violenta de la voluntad política de un Estado por otro Estado, usando el poder coercitivo en lugar del derecho y temerariamente parece estar encaminado a inaugurar (ojala no ocurra) la entrada a una guerra civil entre hermanos.
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