El capitalismo empezó el día que a un cualquiera se le ocurrió la genial idea de poner puertas o cercas de espino, hoy electrificadas, al campo y dijo solemnemente: esto es mío. El resto, atónito, asintió en silencio, se lo creyó y sancionó con su pasividad un nuevo statu quo. Así nació la institución de […]
El capitalismo empezó el día que a un cualquiera se le ocurrió la genial idea de poner puertas o cercas de espino, hoy electrificadas, al campo y dijo solemnemente: esto es mío. El resto, atónito, asintió en silencio, se lo creyó y sancionó con su pasividad un nuevo statu quo. Así nació la institución de la propiedad privada mediante un acto unilateral que violentaba de cuajo el uso común de los recursos disponibles y la sociedad cooperativa vigente hasta entonces.
Huelga señalar que el predio privatizado era el más rico y feraz de la zona, por esa razón los enajenados o expulsados de la tierra comunitaria tuvieron que pagar con trabajo o servicios personales el acceso a esos recursos ahora particulares y con un solo dueño y señor. Sus necesidades fueron capitalizadas a favor del amo.
El amo sabía que la situación sobrevenida podría ocasionar tensiones y disputas. De esa tensión latente emergió la ideología, que no es otra cosa que el punto de vista de la propiedad privada para justificar todo el entramado social. Ese cuerpo ideológico se transforma en creencia en la clase desposeída, que al hacerlo suyo como mecanismo de interpretación de la realidad, asume sin ser consciente de ello la perspectiva de su opresor.
Con el paso del tiempo, la clase propietaria se percató que con ideología no era suficiente para domeñar a la clase esclava, servil o trabajadora. Era preciso además usar la violencia a través de fuerzas especializadas (militares, policía), violencia que legitimó y «socializó» en nombre de todos. Patria, libertad, Estado, democracia y ordenamiento jurídico fueron los fetiches que sirvieron de pretexto para convertir en colectivo un interés de clase determinado, el de los poseedores de la propiedad privada de los medios de producción.
El relato anterior sigue funcionando plenamente en el siglo XXI con modificaciones y adaptaciones ad hoc y ex profeso practicadas en contextos geográficos e históricos singulares o distintos.
¿Prisionero, civil o terrorista?
En 2005, cinco militares españoles patearon a dos iraquíes en Irak. Existe grabación del suceso, siendo el autor de la truculenta película uno de los propios militares participantes en el hecho mencionado. Las imágenes fueron publicadas por el rotativo El País en 2013.
Poco después, los militares fueron procesados por un Tribunal de las Fuerzas Armadas, que ahora revoca el proceso y deja en libertad sin cargos a los encausados porque no se ha podido identificar la categoría jurídica de las víctimas: prisioneros de guerra, civiles heridos o terroristas. Por supuesto, el libro de registros de visitas de la base española en Irak se ha perdido, igual que se borraron misteriosamente los datos informáticos de los papeles de Bárcenas en la sede del PP. Ya se sabe que delito sin huella o cadáver no es punible y se lo lleva el viento a un lugar llamado impunidad y olvido.
No obstante, lo más relevante, polémico y criticable del asunto reside en la interpretación de los magistrados militares. Según los togados, existe la posibilidad de que las dos víctimas fuesen terroristas (¡?), por tanto no los cubriría la Convención de Ginebra sobre conflictos bélicos. Es decir, ante un suceso meridianamente punible y obvio, los juristas se ponen de parte de los delincuentes, dejando indefensas a las víctimas de las torturas y vejaciones evidentes que les infligieron. Eso sí, ante la crueldad de las imágenes, los magistrados solicitan que intervenga la jurisdicción civil, en cuyo procedimiento los presuntos delitos ya habrían prescrito. Jugada diabólica perfecta para acallar sus propias conciencias dolosas.
La textura del auto judicial es nauseabunda, utilizando el lenguaje técnico de leguleyo para avalar el terrorismo de Estado, en este caso de España. A la misma treta recurrió Bush con los presos de Guantánamo.
El asunto es muy grave porque crea una inseguridad jurídica total y es una llamada de atención para contener cualquier conato de rebeldía democrática. Ya no solo está en las manos del Estado el monopolio legítimo de la violencia sino que además se reserva la exclusividad de dar nombre y etiquetar arbitrariamente a quien es terrorista o no, estableciendo un limbo social, ideológico y legal en el que a la persona así clasificada puedan suspendérsele todos sus derechos humanos fundamentales, incluso el de la garantista y estética presunción de inocencia.
Todos podemos ser terroristas. Simplemente por una sospecha o una decisión verbal del poder político. El auto aludido es la expresión de un ordenamiento jurídico que vela por los intereses de la clase dominante, dando cobijo y calor a uno de sus resortes principales y colaboradores esenciales en la lucha interna y externa contra el pensamiento crítico y el combate por la justicia social. Ideología capitalista y terror militar son caras de una misma moneda.
A lo largo de la Historia, siempre ha habido palabras tótem que concitaban el odio emocional de la masa. En el siglo XX, comunista; hoy, terrorista. Ellos son los chivos expiatorios para que emerjan sentimientos patriotas utilizados a conveniencia por las clases hegemónicas dirigentes. Cuanto más miedo haya a los comunistas y los terroristas, mejor para el sistema, que puede gestionar la actualidad con un mayor margen de maniobra.
Contra los comunistas y los terroristas, que encarnan el mal absoluto en la imaginería popular alienada, todo vale y todos los principios de legalidad se transforman en políticas y procesos de excepción.
El vídeo de marras demuestra que hubo torturas. Sin paliativos. Pero los presuntos criminales son militares, un arma mítica de los Estados modernos. Y las víctimas, no se sabe que son, aunque se presume que pudieran ser terroristas. Lo obvio es que son seres humanos, algo que la ideología jurídica no permite ver a los togados, que son capaces de interpretar un texto legal pero están anulados para sentir lo que es una mujer u hombre torturados por una pandilla de ultras militares. No cabe duda alguna: la red normativa en vigor es ideología dominante plasmada en leyes, una especie de cerca de espinos que nos dicta lo que está dentro y fuera del orden establecido. Y la cerca está levantada (redactada) por los poderes fácticos, el interés de la clase dominante y sus esbirros políticos de derechas.
¿Habrá algún día en que en esas fastuosas «fiestas nacionales» de exaltación emocional y patriótica desfilen el personal sanitario con sus batas blancas, los obreros y trabajadoras con sus monos azules y el profesorado junto a su alumnado de todas las edades y niveles educativos? ¿Y qué hacemos con los militares, entonces? Una medida radical: licenciarlos y reconvertirlos en civiles con dignidad humana.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.