Si queremos inclusión, el Estado debe garantizar el acceso democrático al conocimiento.
El pasado 10 de diciembre se firmó un acuerdo fundamental entre la Senescyt, organizaciones sociales y rectores de universidades. Este acuerdo denominado: ‘Gran Pacto Nacional por la Igualdad de Oportunidades en el acceso a la Educación Superior’ es un hito, no solo en las políticas públicas del sector, sino que implica una ruptura estructural con un pasado de exclusión, marginalidad e injusticia social.
No podemos olvidar que la ideología neoliberal, aquella obsesionada con el mito del libre mercado y que su mano invisible lo gobierne todo, nos llevó no solo a la quiebra económica y financiera, sino que profundizó el sistema de castas, estamentos y clases en Ecuador. Esta ideología perversa intentó por todos los medios volver a reproducir el viejo sistema hacendatario-gamonal en el que unos pocos privilegiados por grandes fortunas y patrimonios lograban acceder a la educación no solo secundaria, sino universitaria.
Eran pocas las familias que podían ‘darse el lujo’ de estudiar. Con esto se conseguía mantener sometida ideológicamente a la población, haciéndole creer que compitiendo, liberalizando la fuerza de trabajo, tercerizándola, serían exitosos. Sabemos cómo terminó todo ese gran negociado. La educación salió perdiendo en todo sentido. Ha tomado años volver a tener una política pública sólida para la educación superior.
No es perfecta, pero tiene un rumbo claro: democratizar el conocimiento, promover la innovación, la ciencia y la tecnología, pero sobre todo fomentar cuantitativa y cualitativamente el talento humano. Y para lograrlo había que diseñar e implementar políticas públicas que pusiesen fin al discrimen en el acceso a pueblos y nacionalidades a la educación superior. Políticas públicas que den cumplimiento a lo que manda la Constitución: derechos y garantías para que todos tengamos las mismas oportunidades sociales.
El resultado es una política de cuotas para todas las universidades. Algunas deben ponerse al día en sus mentalidades y comprender que no es una dádiva, un favor, un regalo o ser buenas gentes, sino que están en el deber de cumplir lo que manda la Constitución. Que para consolidar una sociedad meritocrática primero se necesita que todos y todas tengan las mismas oportunidades. Que los pueblos y nacionalidades como las personas con discapacidad o quienes no están en los polos urbanos, requieren acciones afirmativas para terminar con esta tara social de la exclusión.
Si queremos inclusión, el Estado debe garantizar el acceso democrático al conocimiento. Si queremos dar un paso más en la disputa del cambio de modelo de desarrollo es prioritario avanzar en la consolidación de nuevas estructuras sociales que van desde la protección social de los infantes hasta el acceso igualitario a la educación superior donde la gratuidad no es un regalo, sino un derecho.
Donde las universidades privadas, más allá de las cofinanciadas, deben cumplir su función social, ya que la educación no es un negocio, y que entiendan que la diversidad enriquece el conocimiento. Así se abre un nuevo tiempo para las universidades, para el conocimiento, para la juventud, para el Buen Vivir.