“El poder de Washington en el mundo depende de su libertad para navegar donde quiera, de que sus portaaviones y otros buques puedan entrar al mar de la China Meridional, al Canal de la Mancha o al Canal de Panamá, sino pudiera navegar con esa libertad, Estados Unidos perdería poder en el mundo como una fuerza militar”.
Bill Hayton
¿Ilegal?
Estados Unidos el pasado jueves 13 de agosto, incautó 4 buques de gasolina con destino a Venezuela, se trataba de los buques Luna, Pandi, Bering y Bella, los cuales fueron abordados en aguas territoriales del Sultanato de Omán y la Republica de Cabo Verde, sin necesidad de emplear la fuerza militar. Ante este hecho, el presidente de la República Islámica de Irán, Hasán Rohaní, aseguró que “ni los petroleros ni sus banderas eran iraníes”, explicando que los 4 buques que transportaban combustible desde Irán a Venezuela pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y no a Teherán.
A la fecha según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, han sido sancionados 51 buques venezolanos[1] a través de la Orden Ejecutiva 13.850 que bloquea cualquier transferencia, pago, exportación, retiro o negociación de bienes de una persona de la lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN). En el caso de la incautación de los 4 buques de gasolina iraní con destino a Venezuela, el Gobierno de Trump alega que la incautación se realizó debido a que el envío de los buques fue organizado por un empresario iraní que presuntamente sostiene vínculos con la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria, fue designada por la OFAC una organización terrorista en abril del año 2019, siendo la primera vez en que Washington emite una designación de este tipo para una fuerza militar de otra nación.
Desde el inicio de las sanciones estadounidenses hasta la actualidad, han sido sancionadas una decena de agencias navieras vinculadas a la exportación de petróleo y productos venezolanos ubicadas en Liberia, Panamá, Chipre, Islas Marshall, Grecia e Irán. También han sido sancionadas 56 aeronaves[2] mediante la Orden Ejecutiva 13.884 que bloquea la propiedad del gobierno de Venezuela. Sin duda, estas incautaciones responden a la política de presión máxima aplicada por Washington en los últimos meses sobre Venezuela e Irán, que en este caso, busca disuadir a cualquier compañía naviera, corredores y empresas de seguros a participar en la cadena comercialización de mercancías de origen o con destino a la República Bolivariana de Venezuela, en medio de la pandemia Covid-19.
El portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Stephane Dujarric, declaró que “António Guterres y todos los organismos de la ONU han subrayado repetidamente que las sanciones tienen un impacto negativo en la capacidad de países como Irán para responder a la crisis de la Covid-19, pero Washington no ha cambiado su política”. De igual forma se ha solicitado ante ONU el levantamiento de las sanciones para Venezuela， Cuba y Nicaragua.
El pasado 28 de diciembre del año 2018, Venezuela inició una disputa ante la Organización Mundial Comercial (OMC) en contra de ciertas medidas coercitivas unilaterales estadounidenses impuestas a la nación latinoamericana que afectan la comercialización de bienes y servicios de origen venezolano. Estas medidas son conocidas comúnmente como sanciones. Venezuela afirma que las sanciones estadounidenses tienen un carácter discriminatorio y son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC (GATT) 1994 y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), en consecuencia, son ilegales. Estados Unidos, por su parte se niega a responder a la consulta, alegando que no reconoce al gobierno venezolano.
¿Legítima?
Bajo el pretexto de resguardar su seguridad nacional y empleando la doctrina de autodefensa anticipatoria o guerra preventiva heredada de la administración Bush, Estados Unidos se reserva el derecho de atacar o sancionar a un país que crea que puede atacarle primero o que considere amenace sus intereses, incluso por encima de las leyes y normas internacionales.
El pasado 20 de agosto, el presidente Trump exigió a la ONU que restablezca “prácticamente todas” las sanciones internacionales contra Irán. Sin importar que la nación persa atraviesa una profunda crisis de salud pública consecuencia de la pandemia Covid-19.
Las sanciones son consecuencia o efecto de una conducta que “amenaza” la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EEUU. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son utilizadas para “prevenir” que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política de EE.UU. y sus objetivos de seguridad nacional. En el caso de Venezuela, según la OFAC al 20 agosto las sanciones acumuladas ascendían a 270 sanciones según la Lista SDN.
Resistir y vencer la campaña de máxima presión de Washington
El Índice de rendimiento logístico (LPI) se ha convertido en un instrumento clave que explica la relación entre el comercio internacional y las facilidades de transporte de mercancías a escala global. El índice se calcula analizando seis componentes principales utilizando los siguientes indicadores: aduanas, infraestructura, envíos internacionales, calidad y competencia logística, seguimiento y localización y puntualidad.
Los indicadores se han agregado y se han ponderado adecuadamente, recibiendo una puntuación de 1 a 5 donde el valor más alto representa una logística de alta calidad. Para el año 2018, el LPI se ubicó entre el valor máximo de 4.2 para Alemania y un valor más bajo de 1.95 para Afganistán.
En el caso de Venezuela para el año 2014 -año en que Estados Unidos impuso las primeras sanciones al país latinoamericano- el valor del LPI fue de 2.81 puntos, superior al promedio de América Latina y el Caribe situado en 2.74 puntos. Respecto al ranking mundial para el mismo periodo, Venezuela se ubicó en la posición (76) entre 160 países, por debajo de Brasil que ocupaba la posición (65) y por encima de Colombia ubicado en el lugar (97), ambos países vecinos.
Según el último dato publicado por el Banco Mundial (BM) para el año 2018, luego de cuatro años de sanciones el valor del LPI de Venezuela se ubicó en 2.23 puntos, ocupando la posición (142) entre 160 países, muy por debajo del promedio regional y situando al país latinoamericano por debajo de Senegal en la posición (141) con 2.25 puntos, empatado con Liberia en la posición (143) con 2.23 puntos y por encima de Somalia en la posición (144) con 2.21 puntos, evidenciando la peor crisis en la historia del comercio internacional venezolano. Respecto a los países de la región, Venezuela solo superó a países como Cuba en la posición (146) y Haití (153) respectivamente.
Desde el 2018 hasta la actualidad las tensiones entre Washington y Caracas han aumentado, lo que implica que el índice LPI no presentará mejoras significativas para los años 2019 y 2020 debido a las alteraciones en las cadenas de comercialización de mercancías consecuencia de las sanciones. Sin embargo, el mundo de hoy, ya no es del todo unipolar, progresivamente han ido apareciendo expresiones palpables del colapso imperialista estadounidense. El “derecho de Estados Unidos de librar guerras preventivas e imponer sanciones unilaterales a su antojo” bajo el pretexto de resguardar su seguridad nacional, incluso por encima de las leyes y normas internacionales, es cada vez más cuestionado, no solo por potencias como China y Rusia que han puesto fin a la unipolaridad estadounidense, sino hasta por sus aliados europeos que también han sido afectados con sanciones unilaterales y barreras comerciales.
Por tal motivo, urge la necesidad de transformar organismos internaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros, para que sean capaces de hacer respetar, en principio, las reglas básicas del comercio internacional y de atender las demandas de los países sometidos a las crueles y caprichosas sanciones de la Casa Blanca. Mientras eso ocurre, países como Venezuela e Irán seguirán fortaleciendo lazos de hermandad para resistir y vencer la campaña de máxima presión de Washington.
[1] Según datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al 20 de agosto del 2020, la OFAC ha sancionados 202 buques asociados a la Republica Islámica de Irán, a través de los programas IRAN, IFSR, NPWMD, SDGT y EO13871
[2] La OFAC ha sancionado 195 aeronaves vinculados Republica Islámica de Irán al 20 de agosto del 2020 mediante los programas IRAN, IFSR, IRGC, SDGT, SYRIA y NPWMD.
Referencias
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40484071
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/venezuela_s.htm
https://datos.bancomundial.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ?view=map
El papel de la OMC en las sanciones económicas de los Estados Unidos contra Venezuela
* Aymara Gerdel es Licenciada en Ciencias Estadísticas, Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), especialista en Gobierno y Política Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Investigadora del Centro Venezolano de Estudios sobre Irán y Directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China. Actualmente realiza estudios de Postgrado en la Universidad de Economía y Negocios de Beijing