El próximo 19 de febrero Ecuador enfrenta sus primeras elecciones presidenciales en los últimos 10 años y medio sin que el nombre de Rafael Correa Delgado esté en la papeleta de votación. Entender el ascenso de Alianza PAIS y Rafael Correa al poder, implica entender también sus orígenes, con la conformación de este partido político […]
El próximo 19 de febrero Ecuador enfrenta sus primeras elecciones presidenciales en los últimos 10 años y medio sin que el nombre de Rafael Correa Delgado esté en la papeleta de votación. Entender el ascenso de Alianza PAIS y Rafael Correa al poder, implica entender también sus orígenes, con la conformación de este partido político tan sólo ocho meses antes del proceso electoral del 2006, donde se determinó la primera de las múltiples victorias electorales correístas durante esta década.
Antecedentes inmediatos al correísmo
Al igual que lo que sucedía en el resto de la región, en Ecuador se vivía desde la década de 1990 en un marco de inestabilidad política fruto de un apretado ciclo de levantamientos populares y grandes movilizaciones que conllevaron al derrocamiento de tres presidentes constitucionalmente elegidos (Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005), con el consiguiente descrédito del régimen de partidos, de las instituciones políticas ecuatorianas y del sistema económico neoliberal implementado tras el estallido de la crisis de la deuda externa en 1982. La salida de esta crisis devino en la progresiva construcción de un modelo empresarial de desarrollo que fue consolidado a partir del gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) y que fue ampliado por los gobiernos sucesores.
Este período puede ser definido como la fase inicial de la modernización del capitalismo ecuatoriano, durante el cual se mejoraron los beneficios empresariales a costa del deterioro del los servicios públicos, el achicamiento del rol y el tamaño del Estado, la concentración de la riqueza, la desregulación tributaria, la precarización laboral y a partir del crack financiero (1998-2000) y la pérdida de soberanía monetaria a través de la dolarización del país, con la explosión del fenómeno migratorio ecuatoriano.
Es en ese contexto en el cual entre mayo y junio de 1990 tomaba forma el primer levantamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Sus demandas, dieciséis puntos, recogían la defensa y reivindicación de sus derechos, territorios, la justicia y la libertad.
El «levantamiento del Inti Raymi» consolidó al movimiento indígena como un sujeto protagónico en las luchas sociales ecuatorianas durante un período que se prolongó entre 1990 y 2005, pasando de la resistencia popular al cogobierno durante una breve etapa del gobierno de Lucio Gutiérrez. Convertido el movimiento político Pachakutik en la principal fuerza de oposición al ajuste estructural implementado en Ecuador desde las instituciones de Bretton Woods, su participación en la gestión gubernamental -lo que inicialmente se consideró un triunfo- generaría una crisis interna de la cual el movimiento indígena en su conjunto aún no ha sido capaz de levantar cabeza. Ello hace que el escenario político cambie y tomen fuerza las demandas ciudadanas, en torno a las cuales se aglutinaron las clases y capas medias urbanas. Esto propiciará la «revuelta de los forajidos» y la caída del gobierno gutierrista en abril de 2005, última crisis gubernamental vivida en este pequeño país andino.
Es desde este preámbulo que resulta factible la construcción, apenas unos meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2006, de un fenómeno político nuevo pero que electoralmente resultó tremendamente eficaz: la conformación de Alianza PAIS bajo el liderazgo de un joven profesor universitario, Rafael Correa, cuya experiencia política era ajena a las luchas de los movimientos sociales locales y cuyo único antecedente político era haber ocupado durante cuatro meses el cargo de ministro de Economía durante el gobierno anterior a su elección.
La década correísta
Tras su investidura el 15 de enero de 2007, el objetivo del gobierno del presidente Correa fue abordar un segundo proceso de modernización capitalista en el país, esta vez mediante la reinstitucionalización y fuerte intervención del Estado, recuperando la institucionalidad pública y la relegitimación del sistema de representación política institucional. Los ideólogos del correísmo llamarían a esto la construcción de una sociedad posneoliberal, implementado un proceso de reformas por fases que pretendía como objetivo la construcción de un segundo momento que podríamos definir como «socialismo de mercado» (capitalismo popular), para terminar en un tercer estadio que tuvieron a bien definir como «biosocialismo» (una sociedad de autoconciencia implementada bajo los principios civilizatorios del Buen Vivir).
En la práctica y tras más de diez años de gobierno del presidente Rafael Correa, podemos aseverar que el proceso no ha sido capaz de pasar de su primera fase. Sería el propio presidente Correa quien con la siguiente frase definiría de forma adecuada su gestión ante un medio público: «básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes de cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa» (Diario El Telégrafo, 15 de enero de 2012). Sin embargo, llegado en el año 2013 el fin del período conocido popularmente en América Latina como la «década dorada o del boom de las materias primas», las políticas públicas correístas sufrieron una fuerte involución debido a la falta de liquidez económica gubernamental. Dentro de esta involución destacan hechos como la ampliación de la frontera petrolera con su correspondiente impacto social y ambiental sobre el conjunto de territorios originarios de los pueblos y nacionalidades indígenas ancestrales; la entrega de los campos maduros (conocidos en el mundo petrolero como las «joyas de la corona») a transnacionales extractivas extranjeras; la concesión sin licitación pública de varios puertos estratégicos del país a grupos de capital extranjeros; el apoyo a los grandes del agronegocio en detrimento de la soberanía alimentaria nacional; un proceso de flexibilización laboral que permite la reducción de las horas trabajo de las y los operarios; la vuelta de la vigilancia sobre la economía nacional a manos del FMI; así como el actual proceso en marcha para la privatización de hidroeléctricas, gasolineras y otras empresas públicas que inicialmente fueron rescatadas durante la primera fase de este proceso político autodenominado propagandísticamente como revolución ciudadana.
El correísmo, al igual que otros gobiernos progresistas de la región, se caracterizó durante sus años de bonanza económica por impulsar políticas sociales compensatorias que fueron la base de esta nueva gobernabilidad a la par que exacerbó el modelo de explotación extractivista de recursos naturales, fortaleciendo un Estado que había quedado reducido a su mínima expresión durante el período neoliberal y fomentando ampliamente la construcción de obras de infraestructura en el país en la búsqueda de desarrollar cierta competitividad sistémica (creación de un entorno sustentador que pueda conducir a un desarrollo acelerado buscando ventajas competitivas para la inversión privada nacional y extranjera).
La gestión correísta durante el período de bonanza económica (los ingresos del Estado ecuatoriano entre 2007 y 2015 fueron de 221 mil millones de dólares, lo que significó unos ingresos promedio 3,84 veces superior a los ingresos existentes entre los años comprendidos entre 2000 y 2006) permitió que la pobreza por ingresos se redujera en torno a los 12 puntos, pasando el salario básico de 160 dólares en 2006 a 340 dólares en 2013; que el Estado invirtiese aproximadamente 13 500 millones de dólares en salud, impulsando la construcción de hospitales y otras infraestructuras sanitarias; que en materia de Educación se haya incrementado la tasa neta de matrícula en educación básica del 92% al 96%, siendo de seis puntos porcentuales el incremento de matrículas en el caso de la población más pobre; y que el Estado haya intervenido sobre 9 000 kilómetros de carreteras durante esta década.
El crecimiento de la renta per cápita durante dicho período activó la «popularización» del sistema financiero privado (facilidad de acceso al crédito para familias humildes buscando incentivar el consumo), lo que consolidó un capital emergente que enfocando sus criterios de rentabilidad hacia el mercado interno agudizó el problema ya anteriormente existente del control de empresas monopólicas sobre los distintos sectores del mercado nacional ecuatoriano.
Es así que la intervención del estado en la dinamización de la economía, principal característica del socialismo del siglo XXI, significó que el gasto de inversión pasara del 11,4% por Presupuesto General del Estado en 2008 al 20,5% en 2013, mientras los grandes grupos económicos que operan en el mercado nacional incrementaron en casi un 40% sus ingresos. En pocas palabras, las empresas más grandes que operan en el mercado ecuatoriano ganaron durante el período progresista sustantivamente más que durante los años anteriores a la llegada del presidente Rafael Correa al Palacio de Carondelet. Así, en 2006, con un PIB de 46 800 miles de millones de dólares, las 300 empresas más grandes en Ecuador ingresaron 20 363 millones de dólares, lo que viene a significar un 43,6% del PIB. Tanto solo seis años después, en 2012, y con un PIB de 84 700 millones de dólares (casi el doble que el del 2006), estas mismas empresas ingresaron 39 289 millones de dólares, lo que implica tres puntos porcentuales más sobre el PIB nacional. Sin embargo, desde que comenzase la caída en 2013 de los precios de las materias primas en el mercado global, el país entró en una crisis económica que es fruto de la falta de cambios estructurales en el ámbito económico. Tres factores externos (caída del precio del petróleo, apreciación del dólar y encarecimiento del financiamiento externo) sumado a la falta de diversificación productiva interna han golpeado seriamente al país.
Ecuador posee una estructura productiva altamente dependiente de las exportaciones de crudo y otros bienes primarios, así como de la importación de productos elaborados para su buen desenvolvimiento. Esto hace que cuando las exportaciones primarias decrecieron el país haya vuelto a la senda del endeudamiento externo y que la economía ecuatoriana se haya contraído en 2015 un 1,7% de su PIB.
El llamado «socialismo del siglo XXI» en Ecuador no fue capaz, por incapacidad o por falta de voluntad política, de transformar la matriz de acumulación capitalista heredada del neoliberalismo. Esto implica que la estructura productiva nacional se mantenga concentrada en pocos grupos económicos que ejercen su control sobre los distintos sectores de la economía nacional, a pesar de que sean bajos generadores de empleo. Los pequeños emprendimientos que dan empleo hasta 9 personas generan el 70% del empleo nacional, mientras que las empresas que emplean desde 100 personas en adelante concentran alrededor de la mitad de los ingresos de la economía del país. El fisco ecuatoriano reconoce la existencia de 118 grandes grupos económicos que operan en el mercado nacional, de los cuales 16 controlan la mayor parte de la economía. Las políticas fiscales y productivas desarrolladas en los últimos años permitieron una serie de excepciones fiscales que determinan el hecho de la presión fiscal no recaiga sobre las grandes empresas, recaudándose de estas tan solo el 15% del montante total del Impuesto a la Renta.
A la postre, el actual deterioro de la economía ecuatoriana conlleva que los indicadores sociales positivos logrados durante gran parte del período correísta en el ámbito de la disminución de la pobreza, la disminución del empleo o las mejoras en materia de capacidad adquisitiva de la población, se encuentren en la actualidad en franco deterioro. Por ofrecer tan solo un par de ejemplos sobre esta afirmación: durante el ejercicio 2015 se perdieron 340 000 puestos de empleo digno en el país, mientras que el incremento del salario básico para 2017 equivale a 30 centavos de dólar al día, lo que no da para financiar en su acumulado de una semana un triste plato de comida en el comedor popular más económico existente en la ciudad de Quito.
La cuestión se agrava en la medida que el incremento relativo de la capacidad adquisitiva de la población ecuatoriana durante la etapa de bonanza, conllevó a una política interna de democratización del acceso al consumo, que a la postre ha derivado en un fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. Según un estudio del Colegio de Economistas de Pichincha, el 41% de los hogares ecuatorianos gastan más de lo que ganan, siendo las personas más endeudadas las que menos ingresos perciben (mayor endeudamiento entre los pobres).
Es esta nueva condición económica que atraviesa el país lo que ha hecho que el correísmo haya perdido legitimación social durante los últimos tres años de mandato del presidente Correa. La crisis hegemónica neoliberal no conllevó en Ecuador a la implementación de un modelo posneoliberal anclado a un proyecto de transformación social y económico. El correísmo es apenas un ejemplo más de las lógicas ilusorias capitalistas que pretenden de combinar crecimiento capitalista subordinado y emancipación social. Eso sí, todo ello con una gran dosis propagandística de radicalidad discursiva.
En la actualidad se evidencia que lo construido en materia de mejoramiento de los indicadores sociales a lo largo de este período tiene unos pilares demasiado frágiles. Dicha condición nos debe hacer reflexionar, aquí y en otros lugares, sobre el hecho de que no es posible mejorar estructuralmente la situación de los más pobres sin tocar los privilegios de las élites económicas y los grandes grupos de poder.
La actual disputa electoral
El hecho de que Rafael Correa no esté en la papeleta de votación, sumado a la condición de deterioro económico que vive el país, permitió que los sectores de la oposición política aspiraran por primera vez de forma seria a ganar el próximo proceso electoral.
Sin embargo, las rivalidades existentes entre las distintas familias que conforman el conservadurismo ecuatoriano no les ha permitido desarrollar una estrategia de unidad similar a lo que en algún momento desarrolló la oposición en Venezuela. Esto hace que existan dos facciones enfrentadas de la derecha ecuatoriana. Una encabezada por un magnate propietario de uno de los principales bancos del país (Guillermo Lasso), y otra por una política de la vieja derecha socialcristiana (Cynthia Viteri). Conscientes de que no pueden ganar las elecciones presidenciales por separado, el objetivos de ambos es forzar una segunda vuelta o balotaje, intentando posicionarse cada uno de ellos como el contendor final al continuismo oficialista. De lograr tal objetivo, se articularía una alianza de casi la totalidad de fuerzas opositoras para apoyar la candidatura conservadora. Más allá de lo anterior, en lo que va de campaña electoral, ambas facciones de la derecha han confrontado dialéctica y hasta físicamente en escenarios de aparición conjunta. Todo ello a pesar de que sus propuestas electorales sean similares y tengan como propuesta la reimplementación del neoliberalismo en Ecuador.
Desde el ámbito de las izquierdas disidentes al régimen, se alinearon un conjunto de fuerzas opositoras cuyo abanico abarca posiciones ideológicas que van desde la socialdemocracia liberal (encarnada por el reconstituído partido Izquierda Democrática), hasta múltiples sectores que han ido poco a poco quedando excluidos del gobierno correísta, pasando por el propio Pachakutik y la Unidad Popular (un reconvertido y muy disminuido partido maoísta que en el pasado se denominó Movimiento Democrático Popular).
Esta alianza electoral, que en la práctica carece de homogeneidad ideológica y que goza de escasas expectativas cara a ganar las elecciones, se agrupa en torno a la candidatura del general Paco Moncayo, un viejo militar de corte nacionalista que alcanzó notoriedad en 1995 como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador en su conflicto militar con el Perú. Moncayo es precursor de lo que en el país se ha venido a llamar, en una alarde de imaginación inusitada, «militarismo ilustrado».
A menos de dos semanas de los comicios electorales, las encuestas más serias en el país vienen a indicar que el partido de gobierno (Alianza PAIS) baja paulatinamente su intención de voto debido a los incesantes escándalos de corrupción institucional que están apareciendo casi de forma diaria en la prensa nacional. El diseño es estratégico y sin duda elaborado por la oposición conservada, quienes aguardaron hasta la campaña electoral para, con la complicidad de los medios de comunicación privados, posicionar una larga lista de depravados affaires gubernamentales que dan luz a la descomposición ética del régimen.
Esta campaña electoral se convirtió para Alianza PAIS en una especie de partido contra reloj, pues aunque se mantienen como opción preferencial del electorado ecuatoriano, su caída en intención de voto es sostenida y sus estrategas cuentan los días que faltan de campaña entre las angustias de la pudredumbre que se va aireando a su alrededor.
Para ganar en primera vuelta sin mayoría absoluta, Alianza PAIS necesita del 40% de los votos válidos con un 10% de ventaja sobre sus opositores. Dicha condición comienza a ponerse en cuestión, aunque el régimen cuenta con el apoyo de un Consejo Nacional Electoral (órgano rector de la democracia en el país, pero cuya composición en íntegramente oficialista) cuya imparcialidad electoral está en cuestión. En paralelo, el partido CREO liderado por Guillermo Lasso (principal fuerza opositora) apuesta por ser la opción elegida en el último día por parte de ese 30% del electorado que en pasadas elecciones depositó su voto por el correísmo, pero que en la actualidad se define como indeciso a pesar de lo avanzado de la campaña electoral y de que el voto en Ecuador sea obligatorio para el conjunto de ciudadanos comprendidos entre los 18 y los 65 años.
En todo caso y más allá de la opción política que triunfe electoralmente en esta campaña electoral, el próximo gobierno se verá obligado a proceder con un plan de ajuste que conllevará el recorte del gasto público y una renegociación para los pagos de la deuda externa contraída durante estos últimos años por el régimen. Además, basta oír los discursos de los principales presidenciables para entender que los planes diseñados para la salida de la actual crisis recaerá a todas luces sobre las espaldas de las y los trabajadores. Es de esperar que en base a lo anterior y con un gobierno que ya no gozará de la legitimidad social y política sobre la que se sustentó los primeros siete años de gobierno correísta, exista una recomposición del tejido social ecuatoriano. Será únicamente a través de la movilización social como se reempoderarán los movimientos sociales ecuatorianos, esos que protagonizaron en su momento las luchas de resistencia al neoliberalismo, permitiendo un acumulado histórico que llevó a Alianza PAIS al poder, y que hoy se sienten defraudados por el accionar de un gobierno que dijo representarles.
Decio Machado es sociólogo y consultor político residente en Ecuador.