Aunque este pequeño país andino ha mantenido un flujo migratorio constante desde la década de 1930, podríamos dividir sus migraciones en dos etapas básicas: una primera, que tiene a EEUU como país destino; mientras la segunda, se dirigió principalmente a Europa, siendo España e Italia sus principales receptores. La crisis del «Panama hat» y la […]
Aunque este pequeño país andino ha mantenido un flujo migratorio constante desde la década de 1930, podríamos dividir sus migraciones en dos etapas básicas: una primera, que tiene a EEUU como país destino; mientras la segunda, se dirigió principalmente a Europa, siendo España e Italia sus principales receptores.
La crisis del «Panama hat» y la emigración hacia los EEUU
La historia del sombrero de paja toquilla en Ecuador está ligada a las zonas que produjeron gran número de migrantes ecuatorianos en el exterior. En 1844 fueron llevados a la provincia del Azuay -región interandina sur- materia prima y un buen número de tejedores desde la ciudad costeña de Montecristi, con el fin de enseñar este oficio a los reclusos de los penales de Cuenca y Azogues. Esta actividad se propagó por la región, generando ingresos en las zonas rurales y fortuna entre familias de intermediarios del austro andino.
Los bajos costos de la materia prima para su elaboración, fueron aprovechados por un sector de comerciantes exportadores para difundir estos tejidos por diversas poblaciones rurales de las provincias del Azuay y El Cañar, convirtiéndolas en centros de producción del sombrero de paja toquilla. Este trabajo era realizado por familias rurales -con jornadas que podían llegar a las dieciséis horas diarias- que suministraban el producto a comisionistas de las grandes empresas exportadoras. El sombrero tardaba dos días en elaborarse y su cotización se estimaba en unos 80 ctvs, siendo el costo de su materia prima de apenas 4 ctvs. Esta condición dejaba un aparente beneficio para los artesanos, reportando ingresos superiores a los que obtenidos por el campesino con un jornal diario -como peón de hacienda- de apenas 20 ctvs. Sin embargo estos ingresos siempre eran reducidos por las presiones de los llamados «perros» o comisionistas de las casas exportadoras, los cuales que buscaban pagar el menor precio posible a los artesanos. En 1849 ya se vendían estos sombreros en Panamá -de ahí el nombre internacional de «Panama hats»- y en 1860 se produce su boom exportador, lo que generara una etapa de bonanza económica en la región. En 1863 se estima que su exportación alcanzaba medio millón de sombreros anuales.
El «Panama hat» se convirtió en una prenda obligada a partir de primeros del siglo XX, vinculado a la gran demanda derivada de la construcción del Canal de Panamá y las necesidades de sus obreros de protegerse del sol. Para esta misma época crece su demanda europea, convirtiéndose Nueva York en el principal centro de crédito y de redes de distribución de esta industria.
El boom duró hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando dejó de ser moda, lo que significó una dura caída de sus ventas (Gratton, 2005). Este factor económico generó el declive de las economías locales y la migración campo-ciudad por parte de las mujeres más jóvenes (Radcliffe, 1999), mientras los jóvenes varones buscaron su subsistencia más allá de las fronteras (Kyle, 2000). Esto viene a significar un auge migratorio de ecuatorianos a EEUU, el cual se mantuvo durante décadas. Esta emigración estuvo compuesta por personas con poca formación cultural y escasa capacitación técnica, principalmente hombres provenientes de un sector rural en declive económico (Wyman, 1996).
Neoliberalismo y segundo ciclo migratorio
Entre 1980 y 1989, la tasa anual promedio de crecimiento en el Ecuador fue de -0,7%, una de las peores del promedio mundial (Acosta, 2012). La renta per cápita del país respecto al ingreso por habitante de los EEUU cayó del 22% al 17% en ese mismo período. La crisis ecuatoriana permitió que a partir de 1992 -gobierno de Durán Ballén- se pusieran en marcha políticas draconianas de ajuste implementadas desde las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial), achicándose el Estado, inmerso en la privatización de sectores estratégicos (telecomunicaciones, hidrocarburos y sector eléctrico) y flexibilización del mercado laboral.
La estafa neoliberal llegaría a su «climax» con el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), cuyo gabinete estaba controlado por la bancocracia. Durante su breve período de gobierno -fue derrocado en enero de 2000- se establecieron políticas de «salvataje bancario» que supusieron la entrega de ingentes partidas monetarias desde el erario público a la banca privada. El 8 de marzo de 1999 se declaraba el «feriado bancario», quedando todas las operaciones financieras suspendidas -se congeló por un año todos los depósitos bancarios por un valor estimado de unos 3.800 millones de dólares (en aquel momento todavía en vigor la moneda nacional sucre)-. Aun así, los bancos que recibieron ayuda estatal quebraron (el 70% de las instituciones financieras del país) y el Estado los incautó, asumiendo en diversos casos sus operaciones deficitarias. Esto repercutió en el tipo de cambio, generando una notable depreciación del sucre y la fuga de capitales al exterior, lo que agravó la liquidez del sistema financiero. En 1999 el sucre había perdido el 195% de su valor y las pérdidas económicas ascendían a 8.000 millones de dólares, más que duplicándose el desempleo. En enero de 2000 el gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 sucres por dólar. Esto significó que quienes tenían ahorros «congelados» en sucres, recuperaron tan sólo una quinta parte de sus depósitos, desconsiderándose además cualquier pago por intereses y menos aún por el lucro cesante. Esta crisis provocó una fuerte emigración hacia el exterior, principalmente hacía España e Italia. Aunque los números son confusos, se estima que en el año 2000 más de medio millón de personas -un 4% de la población en ese momento existente- salieron del Ecuador en busca de su supervivencia . De forma paralela, Ecuador empezará a recibir migración procedente del exterior, principalmente colombianos desplazados por el conflicto interno y peruanos -migrantes económicos- atraídos por una economía dolarizada.
Alrededor del 70% de la población que abandonaría el país provenía de áreas urbanas -sectores con formación educativa y profesional-, estando compensados los porcentajes de hombres y mujeres, lo que significaría un drástico cambio respecto a la primera oleada de migrantes ecuatorianos hacia EEUU. Es a partir de entonces cuando la mujer empieza a emigrar como trabajadora independiente o encabezando proyectos migratorios de sus familias -feminización de las migraciones ecuatorianas- (Herrera, 2004). El endurecimento de las políticas migratorias en EEUU, unido a la expansión de su frontera hacía los países del sur, significó que este nuevo flujo migratorio derivara hacia Europa -donde los ingresos de estos emigrantes eran sustancialmente inferiores que los que se obtenían en EEUU, pero donde la mayoría de los países de la UE no exigían visa para entrar en su territorio, situación que varió a mediados de 2003 [1] -. Entre 2000 y 2008 se calcula que emigraron a Europa más de un millón de ecuatorianos.
Ecuador: las nuevas políticas migratorias
Ecuador ha evolucionado en materia migratoria bajo la particularidad de ser uno de los grandes emisores de Suramérica, siendo a su vez receptor de migrantes principalmente desde Colombia y Perú. El país, en la actualidad, es además un país de refugio y de tránsito de migrantes con destino a EEUU (Quiloango, 2011). Ecuador, con su alto número de migrantes, las dificultades impuestas por las restrictivas políticas migratorias acompañadas por la explotación laboral y la creciente xenofobia en los países receptores, así como la desintegración familiar interna, desarrolló la definición de nuevas políticas migratorias enfocadas a la atención de sus migrantes y sus familias en Ecuador, intentando ordenar paralelamente los flujos migratorios direccionados hacia el país.
Partiendo de lo anteriormente expuesto, el programa político del hoy partido de gobierno -Alianza PAIS- incorporó en la primera campaña política de Rafael Correa (2006) [2] elementos novedosos en materia de derechos para los migrantes. En marzo de 2007 el presidente Correa creaba, con rango de ministerio, la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), siendo su misión «la definición y ejecución de políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que servirá de enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo de la persona migrante, la cual actúa en dos procesos básicos: coordinar directamente con la Presidencia de la República en la definición y ejecución de las políticas migratorias ecuatorianas encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores; y, promover y coordinar de una manera oportuna con todos los actores e instituciones, públicos o privados, vinculados con el tema migratorio a nivel nacional e internacional» [3] .
Durante sus primeros dos años de mandato se desarrollaron importantes avances normativos en materia migratoria. La entrada en vigor de la actual Constitución (octubre de 2008) significó, al menos sobre el papel, que se reconocieran derechos tanto para los ecuatorianos en el extranjero como para los extranjeros en el Ecuador. Entre ellos destaca el derecho a «migrar», la no discriminación por condiciones migratorias, y una apuesta por la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el fin progresivo de la condición de extranjero entre los países.
En su artículo 9, esta carta magna indica que «las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas»; en el 40, «se reconoce a las personas el derecho a migrar» y que no se considerara «a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria»; y en el 392 se mandata que «el Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana», señalando que «el Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con los de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional». En resumen, este texto constitucional -referente de normativa garantista- registra cincuenta y ocho artículos donde se reafirma el compromiso del Ecuador frente a la movilidad humana, desarrollando una concepción no discriminadora del hecho migratorio bajo un enfoque de derechos (Ramírez, 2013).
Elementos como el concepto de familia transnacional -reconocimiento de vínculos familiares, tanto económicos como emocionales-, institucionalizado en las políticas ecuatorianas, debería haber servido como el referente para enfrentar las lógicas de desintegración familiar imperantes en el mundo de las migraciones. Lamentablemente la cosa dejó mucho que desear, pero en todo caso, Ecuador tiene la virtud de haber priorizado la vuelta de sus migrantes al país por encima del factor ingresos vía remesas, lo que generó el llamado Plan Bienvenidos a Casa.
Plan Bienvenidos a Casa y las políticas de SENAMI
A primeros del 2008 se implementó el Plan Bienvenidos a Casa [4] , lo que en la práctica significaba la puesta en marcha de la llamada «operación retorno». De esta manera, la pequeña nación andina les decía a sus ciudadanos en el exterior que con la aplicación de políticas reformistas posneoliberales, volvía a haber espacio en territorio nacional para los desplazados forzosos del neoliberalismo. Se decía afablemente «estamos arreglando la casa para que ustedes vuelvan», quedando en segundo orden la crisis global y los intereses de países receptores como factores de retorno de las y los migrantes. El plan articula una serie de programas destinados a facilitar el regreso de los migrantes, apoyando iniciativas empresariales en Ecuador, buscando generar empleo y promoviendo la formación de tejido productivo a través de nichos de negocios estratégicos. Todo ello bajo una lógica de planificación que permite conducir los ahorro de los retornados, aunque cometiendo el grave error de entender a todos estos migrantes como sujetos exitosos, emprendedores y capaces de autodesarrollarse y aportar al país (Moncayo, 2011).
Considerando que a mediados del 2011 el gobierno español declaraba la existencia de mas de 409.000 permisos de residencia de ecuatorianos [5] en el país, los resultados de la «operación retorno» han de considerarse como notablemente limitados. A mediados del 2012, un balance presentado por la Embajada de España en Quito y SENAMI [6] informaba que bajo la «operación retorno» el número de retornados era de 20.000, habiéndose acogido 11.000 de ellos al Plan Voluntario de Retorno [7] promovido por el gobierno español (los retornados gozan del cobro del bono acumulado de desempleo que se mueve en una media de entre 15.000 y 20.000 euros, además de obtener el pasaje de regreso, perdiendo el derecho a volver a España por los próximos tres años), mientras otros 9.000 pasaron directamente por el Plan Bienvenidos a Casa. Dos años después, la cifra de retornados alcanzaba los 37.000, habiéndoseles otorgado 3.400 créditos, con la conformación de apenas 401 emprendimientos productivos financiados y la exoneración de impuestos en menajes de casa a más de 10.000 personas. Si tenemos en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 47.000 ciudadanos ecuatorianos habrían abandonado el país durante el año 2012, los números de SENAMI y Ministerio de Asuntos Exteriores español no cuadran. Esto evidencia que la mayor parte de ecuatorianos que abandonan el país re-emigran a otros países de Europa, aprovechando la tenencia de un pasaporte comunitario, desconfiando del tan cacareado «milagro» económico ecuatoriano y las pequeñas pero no por ello despreciables ayudas que se les brinda en Ecuador para afrontar una nueva vida. En este sentido, cabe señalar que la Casa Ecuatoriana en Londres recibió durante ese mismo año -mediante cita previa, con tan solo tres operarios y carente de bolsa de trabajo- una media de 300 personas diarias, cuyo perfil común era ser ecuatorianos emigrados desde España en busca de trabajo y con necesidad de solicitar prestaciones sociales [8] .
Esta Red de Casas Ecuatorianas distribuidas por los países donde existe presencia migratoria -otro de los programas fuerza de SENAMI- busca «un sistema de atención integral, especializada y de calidad a la familia ecuatoriana transnacional» (SENAMI, 2010). Aunque teóricamente estos espacios son concebidos como lugares de encuentro, atención y participación social de los migrantes ecuatorianos en el exterior, su realidad es que han sido utilizados como espacios de proselitismo político por parte del partido de gobierno [9], condición que se ha puesto de relieve a través de múltiples denuncias de migrantes no adherentes al oficialismo.
Para finalizar, cabe señalar que si bien la diplomacia ecuatoriana pretende posicionar su política migratoria como un referente mundial de abordaje humanista y de derechos, su práctica deja mucho que desear en ese sentido. La política migratoria del Ecuador ha sido fluctuante y permanentemente tensionada por el eterno dilema existente entre inseguridad ciudadana y política de fronteras abiertas. Si inicialmente se promocionó la idea de apertura y libre circulación, teniendo como base legal el precepto constitucional de «ciudadanía universal» [10] y eliminando el requisito de visa a los extranjeros que ingresaban al país, el retroceso global de las políticas transformadoras en Ecuador ha tenido también su impacto en ámbito migratorio. Fruto del incremento de ciudadanos cubanos, haitianos, africanos, asiáticos y de Oriente Medio que llegaron al país, así como de los ya tradicionales flujos migratorios de colombianos y peruanos -a quienes nunca se exigió una visa para entrar-, empezó a endurecerse la política migratoria.
Entre la ciudadanía se expande el rechazo a los extranjeros, visualizados en muchos casos rivales desde la disputa laboral, como responsables del incremento de la inseguridad en las calles, o como oportunistas que utilizan el país como plataforma para llegar a EEUU -muchos migrantes «saltan» desde Ecuador a Centroamérica en su ruta hacia territorio estadounidense-. La presión social llevó al gobierno a exigir, a partir del 3 de septiembre de 2010, visas de turismo a ciudadanos provenientes de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia; exigiendo a su vez a los ciudadanos chinos visitar el consulado ecuatoriano con su pasaporte vigente y su documento de residencia para que allá les fuera estampado un sello necesario para ingresar al país (este trámite está por desaparecer pues recientemente se ha renegociado esta condición en el marco de los cada vez mayores préstamos del gigante asiático al país andino, así como en la búsqueda de incentivar el fomento del turismo chino). Por su parte los colombianos ahora deben presentar un certificado de no poseer antecedentes penales, en clara violación del texto constitucional vigente [11] y las normativas entre países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) . Por su parte, los ciudadanos de cualquier otra nacionalidad ingresan a Ecuador sin visa, pudiendo permanecer por noventa días renovables, tras informe favorable de las instituciones públicas responsables. Retomar la exigencia de requisitos para ingresar al país ha generado varios problemas de carácter administrativo por vulneración de los mecanismos reglamentarios impuestos, lo que ha significado deportaciones de inmigrantes que han sido previamente privados de libertad de forma ilegal. En agosto del 2012 la Dirección de Protección de Derechos del Ministerio del Interior, un curioso nombre para un organismo de perfil represivo, aseguraba la existencia de más de 10.000 extranjeros en situación irregular en el país, notificando de un mayor control policial y la conformación de albergues (improvisados centros de internamiento para extranjeros) donde retener a los migrante irregulares.
Bibliografía
Acosta, Alberto. Breve historia económica del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional. 3ra edición, 2012
Foucault, Michel. Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2006
Gratton, Brian. Ecuador en la historia de la migración internacional. ¿modelo o aberración?. En: Herrera, Gioconda, Carrillo, María C. y Torres, Alicia Ed. La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades. Quito: FLACSO, ESPOL, PUCE, Univ. Cuenca, Contrato Social por la Educación y ODNA, 2005
Herrera, Gioconda. Género, familia y migración. Lo viejo y lo nuevo. En: Norma Fuller, Jerarquías en Jaque. Los estudios de género en el área andina. Buenos Aires: CLACSO-PUCP, 2004
Kyle, David. Transnational Peasants: Migrations, Networks and Ethinicity in Andean Ecuador. Baltimore: Jhons Hopkins University Press, 2000
Moncayo, Maria Isabel. Migración y Retorno en el Ecuador: entre discurso político y la política de gobierno. Tesis Maestría en Relaciones Internacional con mención en Negociación y Cooperación Internacional. Quito: FLACSO, 2011
Quiloango Tipanluisa, Susana. Políticas públicas migratorias en el Ecuador. Quito: Friedrich Ebert Stiftung. ILDIS. Documentos de Trabajo, 2011
Radcliffe, Sarah A. Race ande Domestic Service: Migration and Identity in Ecuador. En: Janet Henshall Monsen Ed. Gender Migration and Domestic Service. London: Routledge, 1999.
Ramírez, Jacques. La política migratoria en el Estado ecuatoriano. Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quito, 2013
Secretaría Nacional del Migrante. Una política migratoria para el Buen Vivir. Informe de rendición de cuentas 2007- julio 2011. Gestión de Lorena Escudero Durán. Quito: SENAMI, 2011.
Wyman, Mark. Round-trip to America. New York: Ithaca. Cornell University Press, 1996
Notas
[1] El Estado español exigió visa a los ecuatorianos a partir del 3 de agosto de 2003, mientras la mayoría de los países de la UE lo habían hecho a partir del 1 de junio de ese mismo año.
[2] Alianza PAIS, con el economista Rafael Correa a la cabeza, ganaría en segunda vuelta las elecciones presidenciales de 2006, asumiendo este la Presidencia de la República del Ecuador el 15 de enero de 2007.
[3] Decreto Ejecutivo No 150, Registro Oficial República del Ecuador No 39 de 12 de marzo del 2007.
[4] En América Latina se han implementado otras políticas de incentivo para el retorno de sus migrantes, como es el caso de Perú en 2005, Uruguay en 2008, Colombia en 2009; más allá del caso particular de México, donde esta política está mas vinculada a la seguridad que al retorno de los nacionales residentes en EEUU.
[5] Ecuador aparece como tercera nacionalidad en número de migrantes en España, superado por Rumanía (883.238 migrantes) y Marruecos (822.997), y por encima de Colombia (227.719) que queda en cuarto lugar.
[6] La SENAMI recibió como presupuesto para la ejecución de sus políticas un total de 35 millones de dólares acumulado durante los cuatro años anteriores al dato referenciado.
[7] La Directiva de Retorno fue aprobada en el Parlamento Europeo en 18 de junio de 2008, el Estado español aprobó el Plan Retorno Voluntario el 19 de septiembre de 2008, mediante el Real Decreto-Ley 4/2008 sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.
[8] De los 10.000 ecuatorianos residentes en Londres, el 25% de ellos llevan menos de dos años en el Reino Unido (datos de Cidalia, 2012).
[9] Siguiendo como lógica el concepto foucaultiano del análisis de «gobermentalidad», el Estado se preocupa por «el conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y tácticas que han permitido ejercer esa forma específica y muy compleja de poder que tiene por blanco la población» (Foucault, 2006)
[10] El Artículo 16 numeral 6 de la Constitución del Ecuador indica que se «propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur».
[11] El artículo 413 de la Constitución del Ecuador indica en su numeral 5 la voluntad por parte del Estado de propiciar la creación de una ciudadanía latinoamericana y caribeña y la libre circulación de las personas en la región.
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