La oficina es un caos. Bultos gigantescos de camisetas y cajas llenas de bolígrafos ocultan los escritorios en los que hombres y mujeres indígenas empaquetan esos productos, junto con carteles, trípticos y volantes en la sede de su comisión estadística en Ecuador
En unas camisetas se lee «¡Tengo identidad… soy indígena», en otras «¡Tengo identidad… soy afroecuatoriano!» y en unas terceras «Soy montubio (descendiente de indígenas de la costa)». «Familia, identifícate, orgullosamente afroecuatoriano», dice uno de los volantes, mientras una cartilla tipo cómic explica el tema en lengua shuar, de los indígenas amazónicos.
La oficina pertenece a la Comisión Nacional de Estadísticas de los Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (Conepia) y la febril actividad es para terminar de despachar todo el material promocional a las 24 provincias de Ecuador, donde el domingo 28 se realizará el séptimo censo de población y sexto de vivienda.
En el censo los indígenas se juegan una importante carta.
En efecto, mientras las organizaciones indígenas, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sostienen que los indígenas son 40 por ciento de la población del país, en el censo anterior, de 2001, solo 6,8 por ciento de la población se autodefinió como indígena.
Desde entonces, los propios indígenas han trabajado para que en la siguiente medición se incluyera una batería más completa de preguntas, en especial dos clave: qué lenguas o idiomas habla la persona censada y qué lenguas o idiomas hablaban su padre y su madre, recogidas como la 14 y 15 de la boleta censal.
Las preguntas 16 y 17 también son decisivas. En la 16 se consulta cómo se identifica la persona censada según su cultura y costumbres, si como indígena, afroecuatoriano/ afrodescendiente, negro, mulato, montubio, mestizo, blanco u otro.
Si se define como indígena, la 17 le interroga a cuál pueblo o nacionalidad indígena pertenece. Las nacionalidades enlistadas son 15 (achuar, awa, cofan, chachi, epera, waorani, kichwa, secoya, shuar, secoya, siona, tsátchila, shiwiar, zápara y andoa), la mayoría en la región amazónica, y los pueblos 18, de ellos 15 en la sierra y habla quichua y otros tres en la costa.
Tras los cuestionados resultados del 2001, Silverio Chisaguano, fue encargado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y las organizaciones afectadas para buscar que las preguntas censales hiciesen un relevamiento más completo para identificar las minorías de este país «intercultual y plurinacional», como lo define la Constitución de 2008.
El tema es vital para las organizaciones de las minorías étnicas y para los organismos del Estado que trabajan con ellas, pues les permitirá reclamar mayor apoyo en función de su representatividad.
«Precisamente para llegar a eso se creó la Conepia en 2007. Asesoramos al INEC, y con las organizaciones, sobre todo las regionales, provinciales y locales, se llevó adelante un proceso de consenso sobre qué preguntas deben constar», dijo Chisaguano, su director, tras encontrar el lugar más alejado posible de la barahúnda de sus oficinas.
«Hemos realizado las pruebas de campo, se las ha incorporado a la boleta censal y se las ha socializado», detalló este docente quichua, vinculado al INEC desde 1993.
Una asamblea nacional en la que participan 50 organizaciones, en especial la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, así como las más activas agrupaciones afroecuatorianas y montubias, dio vida a la Conepia.
Para el legislador indígena Gerónimo Yantalema, el censo debe ser realizado por empadronadores que hablen los idiomas nativos. «Solo así se podrá identificar a miles de indígenas que no fueron censados en ocasiones anteriores», aseguró a IPS.
En cambio, la también legisladora indígena Lourdes Tibán cree que la difusión alcanzada y el alto porcentaje de bilingüismo, como «consecuencia de un Estado colonial que se prolonga», solventarán el problema de que el censo sea en español.
«A través de consultorías, talleres y asambleas regionales, se fueron discutiendo los temas de autoidentificación y las formas cómo debería enfrentarse en el censo la cuestión de la identidad», confirmó a IPS Byron Villacís, director del INEC. «Fue un proceso profundo y extenso, que nos ha permitido consensuar cómo medir la cuestión étnica», dijo.
Precisó que se equiparó la metodología con la de las Naciones Unidas, que sobresale por su preocupación sobre el tema de los pueblos indígenas y las minorías.
Villacís considera que parte del subregistro indígena en el censo de 2001 se debió a que en muchas comunidades «cerraron las puertas» a los empadronadores. «Faltó difusión», comentó.
Eso no pasará esta vez. Confirmó que se destinaron «entre tres y cuatro millones de dólares» a la difusión, que es «conceptualmente distinta» al anterior censo. Se está usando la televisión con mensajes generales para toda la población, que el INEC proyecta en 14,2 millones de personas.
Hay, además, otros específicos para indígenas, negros y montubios, incluyendo testimoniales con figuras emblemáticas de estas etnias. Para las zonas rurales se ha sumado también a las radios comunitarias, que difunden mensajes en las diferentes lenguas.
«Pero además hemos hecho conciertos, caravanas artísticas, obras de teatro, publicidad móvil en el transporte público urbano e interprovincial, y desde el domingo 21 a través de mensajes SMS (de texto) a los celulares», dijo Villacís.
Pero se crítica que en la zona rural falta una campaña más eficaz. Hay quienes temen que el censo sirva «para ver si quitan o dejan el bono de desarrollo humano», de 35 dólares mensuales que el gobierno aporta a más de un 1,4 millones de personas pobres.
Siempre hubo problemas en la zona rural desde el primer censo de la era moderna, en 1950. Incluso en el de 1970 se asesinó a tres empadronadores en una remota localidad.
«El rechazo al censo tiene raíces coloniales. Para el indígena toda enumeración como se llamaba en la colonia, tenía fines tributarios», dijo a IPS la historiadora Guadalupe Soasti, profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Esta vez el proceso es «muy diferente, pues han intervenido las organizaciones y se ha socializado mucho más», confesó a IPS el antropólogo Fernando García, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). «No creo que haya resistencia esta vez», confió.
«El censo en la zona rural se extenderá desde el 28 hasta el 5 de diciembre. Queremos saber cuántos somos pero también cómo estamos para luchar contra la pobreza, porque los indígenas y los afroecuatorianos tenemos los más altos índices de pobreza del país», concluyó Chisaguano.