La oferta del gobierno de España, que «analiza el mecanismo para contribuir» con un millón de dólares a la iniciativa Yasuní-ITT, es una de las pocas recibidas por Ecuador para mantener intocado el petróleo de una zona amazónica megadiversa.
El ofrecimiento lo efectuó el miércoles 10 la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Trinidad Jiménez, en su visita al presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Hasta ahora son escasos los recursos en efectivo ingresados: el único país que entregó dinero es Chile, con 100.000 dólares de un millón ofrecido. Además hay donaciones particulares por 12.000 dólares en una cuenta abierta por el gobierno ecuatoriano.
La iniciativa Yasuní-ITT pretende dejar para siempre bajo tierra las reservas probadas de 847 millones de barriles de petróleo en los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, situados dentro del Parque Nacional Yasuní, en la cuenca alta del río Napo, tributario del Amazonas.
Dichas existencias, que representan 20 por ciento de las reservas petroleras del país, se quedarían sin explotar si el fideicomiso, que administra desde el 3 de agosto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recibe 3.600 millones de dólares equivalentes a la mitad de los recursos que recibiría Ecuador en caso de extraerlas.
El proyecto, ideado a fines de la década de 1990 por organizaciones ambientalistas, fue propuesto oficialmente por Correa ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2007.
«Estamos trabajando para ver de qué manera contribuimos al fondo fiduciario y al acompañamiento internacional para que finalmente se logre el proyecto del residente Correa», aseveró la canciller Jiménez.
Pero países que se habían comprometido a aportar al fondo, han retirado sus ofertas.
Es el caso de Alemania. Su ministro de Cooperación para el Desarrollo, Dirk Niebel, retiró la promesa de contribuir al fideicomiso Yasuní-ITT con 60 millones de dólares anuales durante 13 años, sumando un total de 780 millones de dólares, que el gobierno alemán había expresado meses atrás.
La decisión se divulgó a mediados de septiembre, cuando la parlamentaria Ute Koczy, portavoz de política de desarrollo del Partido Verde, urgió al gobierno que iniciara los desembolsos y recibió una carta de Niebel con la negativa.
Y aunque la ministra ecuatoriana de Coordinación del Patrimonio, María Fernanda Espinosa, logró en una visita a fines de ese mes, el apoyo de los cinco partidos que integran el parlamento alemán, la posición oficial del gobierno ha quedado en suspenso.
El cambio de posición fue duramente criticado por el economista y ecologista ecuatoriano Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Acosta dijo a IPS que, de consolidarse esta posición, «sería un golpe muy duro, una suerte de puñalada por la espalda para la Iniciativa Yasuní-ITT». Precisamente con ese título, puñalada por la espalda, Acosta publicó artículos en diarios y páginas web alemanas, criticando al ministro Niebel.
«Había confianza en el apoyo de Alemania. El parlamento alemán, con su pronunciamiento inicial a favor de esta iniciativa en junio del 2008, se transformó en uno de los pilares internacionales para cristalizar este proyecto orientado a proteger la vida en el Yasuní y en el mundo», dijo Acosta, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Esa posición, reiterada en varias ocasiones y luego asumida por el propio gobierno alemán, «sirvió para enfrentar una serie de complejas situaciones aún dentro de Ecuador. Incluso amplios segmentos de la sociedad alemana estaban satisfechos y comprometidos con esta decisión», dijo Acosta.
Los argumentos de Niebel en su comunicación a la diputada Koczy «no tienen asidero alguno», según Acosta. «Comparar la iniciativa Yasuní-ITT con el proyecto REDD (Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) demuestra un enorme desconocimiento de los dos temas».
Niebel, que en el pasado se había pronunciado por eliminar toda ayuda al desarrollo de los países del Sur, no se fía de las garantías del gobierno ecuatoriano de utilizar los recursos del fideicomiso solamente en proyectos ecológicos y la promoción de las comunidades más pobres.
Por eso, dijo, prefiere compensar al Ecuador, destinando los fondos a los proyectos Socio Bosque del Ministerio del Ambiente y REDD, una iniciativa de las Naciones Unidas en el marco de las negociaciones sobre el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
«La iniciativa Yasuní-ITT aborda simultáneamente la conservación de la biodiversidad, el cambio climático y los derechos de los pueblos, pues protege a las etnias tagaeri y taromenane, que ya han demostrado que no desean contacto con la llamada civilización», dijo a IPS Juan Pablo Molina, presidente de la Fundación Zoológica del Ecuador.
«La Unión Europea dice liderar las iniciativas contra el cambio climático. Eso debe ser más que palabras. Los países europeos tienen no solo tienen deudas sociales e históricas muy grandes, tienen además deudas por el cambio climático desde su industrialización basada en los combustibles fósiles. El apoyo a ITT tiene un gran significado en este contexto», apuntó Acosta.
La oferta de la canciller española había sido anticipada, aunque sin montos, por la ministra Espinosa, tras su gira internacional en octubre para promocionar la iniciativa Yasuní-ITT y entregar detalles del fondo fiduciario y de sus mecanismos de operación.
Espinosa se refirió a ofertas concretas de Portugal, Italia y Canadá, un clima favorable que también se habría dado en la última cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.
Pero ninguna de esas promesas se ha concretado. Por eso el gobierno de Correa no deja de insistir en que mantiene abierto el «Plan B»: la explotación petrolera en esa zona prístina de la Amazonia.
«Salvar al Yasuní es salvar un lugar megadiverso y único», que contiene en cada una de sus 982.000 hectáreas «mayor biodiversidad que en cualquier otra del planeta», dijo Molina. «No puede haber un Plan B».