A través de una carta publicada en este mismo diario, La Jornada, el grupo Paz con Democracia emplazó recientemente al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a que responda en torno a la investigación realizada por nuestro colega periodista, Luis Guillermo Hernández, en el sentido de que Estados Unidos contrató, con acuerdo con […]
A través de una carta publicada en este mismo diario, La Jornada, el grupo Paz con Democracia emplazó recientemente al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a que responda en torno a la investigación realizada por nuestro colega periodista, Luis Guillermo Hernández, en el sentido de que Estados Unidos contrató, con acuerdo con la PGR, a una empresa, Verint Technology Inc., para intervenir todos los sistemas de comunicación en nuestro país, según el contrato 5-INLEC-07-M-0002, por un monto de 2 millones 963 mil 438 dólares.
El anuncio del contrato que ganó la licitación fue publicado el 23 de febrero pasado en el sitio web de la administración pública estadunidense. De acuerdo con el articulista, la empresa en cuestión estaría en posibilidades de «captar» todas las comunicaciones privadas (correos, chat y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos, celulares y redes internas) con el pretexto de combatir «el crimen organizado y el terrorismo».
En cualquier país realmente democrático y soberano esta información hubiera generado una airada reacción de los órganos legislativos, la protesta de los principales partidos y dirigentes de la oposición, y la exigencia de una inmediata investigación para verificar la autenticidad de la imputación. Igualmente, el procurador general debiera haber contestado de manera inmediata la petición de ciudadanos, quienes en uso de sus derechos constitucionales exigen de las autoridades información veraz y oportuna sobre un asunto de suma gravedad que afecta las garantías individuales y la soberanía nacional. Por lo que se observa, Medina Mora es del tipo de funcionarios que desacatan la ley y hacen de la prepotencia su protección ante el reclamo público.
En el México en que impera la imposición de un presidente espurio, el desgaste y descrédito total de las instituciones, procedimientos y formas de la democracia representativa, y la utilización de los aparatos militar, policiaco y judicial para contener y reprimir la protesta social y ciudadana, esta irrupción en la privacidad de las comunicaciones a manos de otro país, con la complicidad y anuencia de las más altas jurisdicciones, no merece explicación alguna y, seguramente, se impondrá como otra de las medidas ilegales y de fuerza del gobierno de facto que encabeza Felipe Calderón.
La abierta injerencia de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en México, con la aprobación tácita del gobierno, demuestra también que Felipe Calderón, al igual que Vicente Fox, representan las posiciones de colaboracionismo y obsecuencia con los intereses y estrategias imperialistas en América Latina. Más allá de la reciente palabrería en política internacional con afanes propagandísticos de Felipe Calderón, el espíritu de Santa Anna se ha instalado en Los Pinos.
La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) constituye la carta de capitulación de los gobiernos de México y Canadá frente a su contraparte estadunidense, al incorporar a los dos países, sin consulta de sus pueblos, a la política belicista y de terrorismo de Estado que George W. Bush impuso al mundo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aquí asistimos a la creación de una entelequia política, «América del Norte», que sólo beneficia a Estados Unidos y a sus intereses imperialistas. A lo largo de su historia, México sólo ha encontrado guerras de conquista, expansión territorial, invasiones de filibusteros y todo tipo de agresiones de ese «norte cruel y brutal que nos desprecia», como diría José Martí. México, por su identidad nacional, su historia y su vocación antimperialista, representada por Benito Juárez, no tiene cabida ni geográfica ni políticamente en «América del Norte».
Luis Guillermo Hernández va más allá en su reportaje, ubicando en la añeja colonia Guerrero del Distrito Federal, sede donde la Verint Technology trabaja, junto con una enigmática Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Todo fuera que se dedicaran a vigilar las comunicaciones de las activas redes del narcotráfico, el contrabando de armas, la prostitución y la pederastia -entre la amplia gama de actividades del crimen organizado-, pero tanto en los documentos de la ASPAN como en la información recabada por Hernández, la lucha contra «el terrorismo» juega el papel principal en los esfuerzos de las agencias de inteligencia canadiense-estadunidense-mexicanas y constituye la esencia misma de la llamada «seguridad hemisférica».
El problema es: ¿qué se entiende por «terrorismo» y quiénes son los «terroristas», según esas agencias y gobiernos? ¿Quién o quiénes deciden qué particulares, organizaciones u organismos deben ser vigilados bajo estas categorías? ¿Qué marco legal permite o no estas interferencias? ¿Quién clasifica la información y bajo qué criterios? ¿Qué organismo local o extranjero interpreta los datos obtenidos? ¿Es legal que un gobierno extranjero contrate una compañía también foránea para intervenir las comunicaciones de nacionales? ¿Qué opinan al respecto los defensores de derechos humanos, los integrantes del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sin duda también serán intervenidos en sus comunicaciones, en razón de la «seguridad nacional» y «la lucha contra el terrorismo»?
La experiencia de estas políticas dentro de Estados Unidos la han padecido millones de ciudadanos que han sido considerados «sospechosos», la de miles de profesores universitarios incorporados a listas negras y el incremento de la ya exacerbada cultura de la delación y el macartismo. ¿Es lo que queremos para nuestro país? Responda, señor procurador.