En las últimas elecciones andaluzas Izquierda Unida ha mejorado sus resultados consiguiendo doblar su grupo parlamentario. Sin duda, es un éxito. Pero, entre un sector de la dirección de IU hay una euforia exagerada debido a que los resultados han colocado a IU de Andalucía en una posición clave para formar el gobierno autonómico, y […]
En las últimas elecciones andaluzas Izquierda Unida ha mejorado sus resultados consiguiendo doblar su grupo parlamentario. Sin duda, es un éxito. Pero, entre un sector de la dirección de IU hay una euforia exagerada debido a que los resultados han colocado a IU de Andalucía en una posición clave para formar el gobierno autonómico, y eso ha alimentado las ilusiones entre una parte de la militancia respecto a las posibilidades del mismo.
Si el objetivo fundamental de una organización como IU es ganarse la confianza de la mayoría de los trabajadores para levantar una alternativa a la política burguesa del Gobierno de Rajoy, ya que no es otra que la de la patronal, y a la política claudicante de Zapatero, y en el caso de Andalucía dar alternativa a la política socialdemócrata trufada de corrupción del PSOE, la actitud y las decisiones de IU ante el gobierno de la Comunidad tienen una importancia decisiva. Es necesario comprender, en primer lugar, que el voto andaluz ha expresado por encima de todo el rechazo al PP, que se ha visto frenado en seco en sus planes, con efecto sobre el gobierno en Madrid.
Si la izquierda tiene mayoría, no puede gobernar el PP
Optar por permitir que gobierne el partido más votado, el PP, obviando que el voto de izquierdas es mayoritario, sería cerrarnos las puertas a un sector decisivo de la clase obrera por mucho tiempo. Su conclusión sería que votar a IU es votar al PP. En vez de ayudarles a sacar conclusiones sobre la incapacidad de la socialdemocracia, de los dirigentes del PSOE, y la necesidad de una alternativa por su izquierda, les empujaríamos a sus brazos o a un desencanto paralizante.
Es cierto que hay otro sector, sobre todo entre los jóvenes, que rechaza al PSOE casi visceralmente, identifica al PSOE con el PP, y no vería con malos ojos que IU no llegase a ningún acuerdo con el PSOE aunque fuese a costa de ver a Arenas al frente de la Junta. La repulsa de este sector se basa en un hecho real: en política económica, hoy por hoy, no hay diferencias sustanciales entre PP y PSOE. Pero olvidan, o no han conocido, las consecuencias de la política social del PP, su nacional-catolicismo -caciquil y -represor, al que en época de crisis le sobran todos los derechos democráticos que la clase trabajadora había conquistado. Y sobre todo olvidan que nuestra tarea de transformar la sociedad exige arrebatar a la socialdemocracia la hegemonía entre el movimiento obrero que aún tiene.
Pero eso no implica formar gobierno
¿Cómo dar respuesta a ambos sectores? IU debe abogar con decisión por un gobierno de izquierdas, pero con políticas realmente de izquierdas, con un acuerdo que explique qué se va a hacer y cómo se va a financiar. Si realmente no hay acuerdo programático, no debe de haber ningún pacto con el PSOE, sino que IU debe votarle en la investidura para impedir la constitución de un gobierno de la derecha y pasar a la oposición por la izquierda.
Pero, entre todas las opciones, la dirección de IU de Andalucía ha elegido el Pacto con el PSOE que trata de legitimar con un referéndum mutilado en el que sólo se permite votar a favor o en contra del Acuerdo, ofreciendo como único margen si es de legislatura o de gobierno. De esta manera se deja fuera una opción fundamental que es la de votar al PSOE en la investidura pero sin acuerdo ninguno y dejando claro que vamos a seguir luchando por nuestro programa. Es decir, dejar claro desde el primer momento que nuestro camino no es el del PP, y que tampoco es el del PSOE. Que nosotros tenemos nuestro propio camino y que sólo apoyaremos al PSOE y a su gobierno andaluz en aquellas decisiones que favorezcan claramente los intereses de la mayoría trabajadora.
Un acuerdo sin concreción
Si la dirección de IU de Andalucía ha optado por el Pacto con el PSOE, es decir, por tratar de tirar del nuevo gobierno hacia la izquierda, la primera condición que debería haber puesto sobre la mesa, de forma pública y notoria, es el relevo de todos los altos cargos que hayan tenido algo que ver, por activa o por pasiva, con la corrupción, empezando por el propio Griñán, como responsable máximo del gobierno anterior. Sólo aceptando esa condición se puede iniciar un diálogo con el objetivo de crear un gobierno diferente, a la izquierda de lo que ha habido hasta la fecha, con un mínimo de credibilidad. Es evidente que quienes no han sido capaces de aplicar políticas de izquierdas y bajo cuyo mandato han florecido prácticas corruptas, no pueden encabezar un giro a la izquierda sincero.
En segundo lugar, las negociaciones sobre el programa de gobierno deberían ser totalmente públicas para demostrar hasta qué punto la dirección del PSOE está dispuesta a rectificar y llevar a cabo una política diferente o va a ser tan claudicante como hasta ahora y su gobierno se va a limitar a gestionar los recortes presupuestarios que van a venir dictados desde el gobierno de Rajoy, desde los consejos de administración de la banca privada y desde Europa.
Este punto es vital pues un Pacto de Gobierno con el PSOE sólo se puede justificar si su programa defiende con nitidez dar solución a los problemas más urgentes de la clase trabajadora andaluza, empezando por el más acuciante: el desempleo.
Y en tercer lugar tendría que haberse puesto un límite: si en los primeros meses de gobierno no se cumplen los acuerdos por parte del PSOE y se sigue en la misma política, se abandonará el gobierno o el pacto de legislatura ¡Aunque todos sabemos que es más difícil salir que entrar!
El empleo y los servicios públicos
Con 1.300.000 parados y provincias donde la tasa de paro sobrepasa el 35%, la lucha contra el desempleo se convierte en una cuestión vital. Lo que plantea el Pacto sobre el empleo es:
-Creación de la Agencia de Andalucía por el Empleo.
-Un Plan de Choque de obras públicas, destinado preferentemente a parados de larga duración con cargas familiares.
-Tres programas urgentes de empleo para poner en práctica antes del fin del verano: Forestal, Rehabilitación de viviendas y de colegios públicos.
-Políticas activas de empleo para jóvenes.
-Integrar prácticas en empresas en el periodo formativo.
-Medidas fiscales:
-Deducciones del 30% en la declaración del IRPF de trabajadores cooperativistas.
-Deducciones del 30% en el IRPF cuando el empresario haga un primer contrato laboral indefinido y a jornada completa durante 2012-2013 y con un límite de 3.000 euros.
«Plan de Choque», «programas de empleo»… pero no se concreta. Diego Valderas se comprometió en campaña electoral a reducir el empleo a la mitad ¿se espera alcanzar eso con estas propuestas? Es evidente que no. No se cuantifica ningún objetivo, no se sabe cuánto empleo se pretende crear, ni siquiera en el sector público, que sí depende directamente del gobierno autonómico. Ni siquiera hay un compromiso firme y claro de que no se va a destruir empleo público. Una vez más se confía la creación de empleo a unas tímidas deducciones fiscales en beneficio de los empresarios, o de trabajadores cooperativistas que no están en el paro y se les «ayuda» para que mantengan su puesto de trabajo.
Al final, la parte decisiva para la creación de empleo en el acuerdo es la estimular a la iniciativa privada, que ya ha demostrado su fracaso en alcanzar el pleno empleo. Incluso se habla de la «mejora de la competitividad y la productividad» y «propiciar la cultura emprendedora» (una idea muy querida para la patronal), todo ello en el marco de un gran acuerdo por el empleo entre los agentes sociales, ¿pero es que hay alguna duda de que la patronal ya tiene decidida su política y es la que está aplicando el PP? ¿Qué planes se pueden acordar con la patronal para alcanzar el pleno empleo?
Tampoco hay un compromiso explícito de que no se procederá a ninguna privatización ni del mantenimiento del empleo público. Aún menos hay menciones a la puesta en práctica de un plan de supresión gradual de los conciertos con centros educativos y sanitarios públicos, dirigida a ampliar la red pública educativa y sanitaria en lugar de financiar a la privada.
Es más, ¿qué cambios se van a aplicar a los presupuestos de 2012 que IULV-CA rechazó en noviembre del pasado año calificándolos de «restrictivos, electoralistas, tramposos y poco creíbles»? El acuerdo habla de mejoras en la progresividad de los tramos autonómicos del IRPF, así como de reformar el de Patrimonio para establecer un impuesto permanente a la riqueza y otra reforma amplia del impuesto de Sucesiones y donaciones. Suena bien claro, pero ¿en qué va a consistir? ¿compensará lo que se va a gastar en bonificaciones a empresas?
¿Qué pasa con las Cajas de ahorros?
Esta falta de concreción y de cuantificación de objetivos y compromisos no sólo afecta a un apartado clave como el empleo, sino que es la característica general de todo el Acuerdo. En general, sólo cabría cumplir el objetivo del pleno empleo, expresado por el acuerdo, o siquiera el compromiso electoral de Valderas de reducir el paro a la mitad, con un amplio desarrollo del sector público -que el acuerdo no contempla en ningún caso- y, aquí, chocamos con otra de las principales carencias del pacto propuesto: la necesidad de una banca pública potente.
El Acuerdo con el PSOE no respeta el contrato con el pueblo andaluz firmado ante notario en un punto fundamental. Para que el gobierno andaluz lleve a cabo las 250 medidas contempladas en el Acuerdo y para que las 28 leyes que se proponen tengan una base material, es necesario garantizar una vía de financiación más allá de los fondos estatales, que inevitablemente van a ser recortados drásticamente por el Gobierno de Madrid. De momento, cumplir con el objetivo del 1,5% de déficit supone un recorte presupuestario de 2.600 millones de euros.
Mientras el contrato con el pueblo andaluz planteaba claramente la creación de una Banca Pública, y en el programa electoral se especificaba que se crearía en base al Banco Europeo de Finanzas que está participado por las cajas de ahorro andaluzas, en el acuerdo con el PSOE se plantea la creación del Instituto Público de Crédito Andaluz con una dotación de 1.500 millones de euros de fondos reembolsables para financiación empresarial. Es decir, se crea una institución similar a la Agencia IDEA. ¿De dónde saldrán esos fondos? Alguien tendrá que ponerlos o habrá que pedirlos prestados, lo que será más caro y sólo servirá para aumentar la deuda pública en beneficio de los bancos. Además, estamos hablando de una cifra absolutamente insuficiente para afrontar el objetivo de dar empleo a 1.300.000 parados. supone un 1% del PIB andaluz y es menos que el recorte que se va hacer y, además, no está concebido para financiar la acción del gobierno sino para prestar a los empresarios. En todo caso, lo mínimo sería crear un banco público para financiar la deuda pública de las instituciones andaluzas, mediante el recurso al Banco Central Europeo (que presta al 1%), con lo que, si tenemos en cuenta que sólo la administración autonómica tiene una deuda de más de 14.000 millones de euros, el ahorro sería de cientos de millones de euros y un ejemplo a pequeña escala de lo que se podría hacer en todo el estado nacionalizando el sector financiero.
El problema del acuerdo es que elude la cuestión central cuando se habla de crear una banca pública: ¿qué pasa con las cajas andaluzas? El conjunto de éstas agrupaban unos activos de cerca de 100.000 millones de euros, para ver el contraste con la propuesta firmada. Ese sí sería un pilar sólido para una banca pública, máxime cuando ya se está saneando el sistema financiero con dinero público. ¿Va a tomar medidas el nuevo gobierno para revertir el proceso de privatización mediante sus representantes en dichas entidades y a través de todos los cauces a su alcance, abanderar su nacionalización, y exigir, entre otras medidas, que el parque de viviendas de dichas entidades se transforme en un parque público de viviendas? Sin un poderoso sector público en Andalucía, y en el Estado español, no hay ninguna posibilidad de cambiar la actual política y desarrollar el sector público en todos los terrenos, el social y el productivo. En lugar de subastas para las farmacéuticas, por ejemplo, lo que hay que hacer es crear una empresa pública farmacéutica que suministre toda la producción de genéricos al Servicio Andaluz de Salud, y que desarrolle investigaciones en nuevas medicinas en colaboración con la Universidad Pública andaluza y el SAS. Lo mismo hay que hacer en construcción de vivienda protegida, rehabilitación, energías renovables, etcétera. Si la economía queda en manos de la llamada «iniciativa privada» la batalla contra el desempleo está perdida.
Hay que decir las cosas como son
IU debería haber aprovechado la negociación con el PSOE para exponer todas estas ideas y, si el PSOE no se compromete a que no va a haber despidos en el sector público, ni recortes en la sanidad o la educación, ni a cuantificar cuánto empleo se va a crear y cómo se va a financiar, que lo expliquen ellos a la ciudadanía. Pero IU debe dejar claro que no va a entrar a gestionar el reparto de la miseria, que nosotros sólo estamos dispuestos a entrar en un gobierno de lucha por los derechos de las familias trabajadoras.
Es necesario un debate en profundidad de este Pacto en toda la organización andaluza a la luz de las experiencias de la participación en gobiernos autonómicos como el Tripartit en Catalunya, y con el PNV en el País Vasco. En ambos casos la organización ha salido trasquilada, y hay que tener en cuenta que la situación económica en la que va a tener que actuar el nuevo gobierno andaluz es mucho peor y con escaso margen de maniobra.
No basta con decir que queremos un gobierno «fuerte, responsable y estable». Hay que preguntarse ¿para qué? No nos podemos comprometer con una austeridad en abstracto. Si vamos a ser austeros con los sueldos de los altos cargos poniendo un salario máximo que acabe con los privilegios insultantes cuando hay tantos trabajadores al borde de la indigencia, estamos de acuerdo. Si la austeridad se refiere al recorte permanente del gasto social, estamos en contra totalmente. De hecho, deberíamos exigir que ningún representante electo de ningún partido gane más del salario medio de la comunidad andaluza.
El Pacto no puede ser un conjunto de declaraciones de buenas intenciones que le dé un cheque en blanco al gobierno. En la página 61 del Pacto se afirma: «Andalucía considera que la cooperación con el Estado es un elemento básico de actuación en beneficio del interés general». Y añade: «También la salida de la crisis y la creación de empleo son objetivos compartidos». ¿Nos podemos comprometer a cooperar con un Estado encabezado por el PP en nombre de un supuesto «interés general»? ¿Qué objetivos compartimos con el PP (o con la política económica que hasta la fecha ha llevado a cabo la dirección del PSOE)? El PP quiere salir de la crisis ayudando a la banca privada, a las empresas multinacionales, reduciendo las plantillas y los recursos que mantienen los servicios públicos, aumentando tasas, tarifas e impuestos que pagan fundamentalmente los trabajadores… ¿Qué compartimos de eso? Nada. Nuestra política tiene que ir orientada a defender los intereses de los trabajadores y no un falso «interés general».
Debemos demostrar que tenemos alternativa
Hemos de confiar en nuestro propio camino, que no puede ser otro que la defensa consecuente de la clase trabajadora, de la mayoría de la sociedad. Tienen que ver todos que no vamos a permitir gobiernos del PP pero que, tampoco, vamos a colaborar ni a pertenecer a ejecutivos que nos apliquen una versión edulcorada de la misma política de recortes de los derechos sociales y democráticos. Nos jugamos mucho en Andalucía, sí, y también en el conjunto del Estado.
¿Qué diremos de las bases de EEUU en suelo andaluz, qué cuando la policía cargue contra jornaleros, obreros o estudiantes, qué cuando los señoritos sigan dominando la sociedad, qué ante los beneficios escandalosos de los banqueros, qué ante el incremento del desempleo y del deterioro de la sanidad y la enseñanza, y la presencia de IU en el gobierno lo único que garantice sea la continuidad del PSOE?
No dudamos de las buenas intenciones de los compañeros de la mayoría de la dirección andaluza, pero ahora que IU tiene una gran oportunidad ¿Cuál es el papel que se nos asigna? ¿Ser el ala izquierda de la socialdemocracia? Para ese viaje no hacían falta alforjas. Nuestra tarea es acabar con el gobierno del PP y para ese camino necesitamos la movilización y la lucha. Dar esperanzas en los dirigentes del PSOE es preparar el terreno para que, de nuevo, frente al gobierno de Rajoy, el PSOE vuelva a aparecer como la alternativa («la menos mala de las alternativas reales») al gobierno de Rajoy. Es decir, la peor consecuencia de un acuerdo de gobierno o de gobernabilidad con la socialdemocracia es decir que IU no tiene capacidad de alternativa propia, sino que es la alternativa subsidiaria cuando al PSOE le falla la mayoría absoluta.
Debemos ser capaces de encontrar nuestro propio camino sin pasar de un error como el de Extremadura a un previsible error como el de Andalucía.
Sobre las compañeras y compañeros de IU en Andalucía descansa una gran responsabilidad, se decida lo que se decida, la lucha sigue y debemos compartir la experiencia y sacar lecciones. Las amenazas de abandonar la organización según lo que se decida sólo favorecen a nuestros adversarios. Confiamos en que la voluntad de lucha y de transformar la sociedad de las bases de IU en Andalucía y en todo el estado español serán la clave para encontrar un camino propio entre los escollos del sectarismo y del oportunismo, levantando el programa de la transformación socialista de la sociedad.
* Alberto es miembro de la Presidencia Ejecutiva Federal de IU y Sergio es coordinador de la Asamblea de IU de Bollullos de la Mitación, Sevilla.
Fuente original: http://www.nuevoclaridad.es/revista/index.php/revista/la-izquierda-a-debate/439-iu-tiene-que-recorrer-su-propio-camino
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.