La subida constante y tan elevada del precio de la luz está pasando una factura extraordinaria a los hogares y empresas españoles pero también a los dos partidos que forman el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los medios de la derecha, lo que equivale a decir que casi todos, los tertulianos y algunos economistas y, por supuesto, los líderes del PP, Ciudadanos y Vox culpan al Gobierno de Pedro Sánchez de las nuevas subidas y lo condenan por no ser capaz de evitarlas pero lo cierto es que, a corto plazo, con inmediatez, ningún gobierno podría lograr una reducción muy significativa del recibo de la luz en España, a tenor de cómo funciona nuestro sistema eléctrico y de la coyuntura en la que nos encontramos.
El precio de la luz en España comenzó a subir después de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, aprobada con los votos de PP, CiU y PNV, y prácticamente no ha dejado de hacerlo desde entonces.
Mediante esa ley y con la reforma que años más tarde introdujo de nuevo el PP, se reguló un mercado eléctrico que inevitablemente iba a proporcionar precios caros y subidas puntuales muy elevadas en las malas coyunturas.
Se dijo que la ley pretendía «liberalizar» el mercado, hacerlo más competitivo y eficiente, para que los consumidores familiares o empresariales se beneficiaran de precios más bajos pero no fue eso lo que ocurrió.
En primer lugar, se consolidó un mercado muy imperfecto y no competitivo sino de oligopolios (unos pocos oferentes) con gran capacidad de control del mercado (como demuestran las multas impuestas a las empresas por manipularlo). En segundo lugar, se creó un sistema de fijación de la tarifa que, en resumidas cuentas, establece como un único precio de la luz suministrada por todas las fuente de energía (nuclear, gas, hidroeléctrica, eólica….) el de la más cara en cada momento. En tercer lugar, se incluían como componentes del precio de la luz una serie de primas o subvenciones por muy diversos conceptos que actuaban como rentas añadidas de los productores y comercializadores. En cuarto lugar, todo ello se hacía con una gran falta de transparencia, con una auténtica maraña de normas muy difíciles de seguir y entender por quien no sea especialista.
Las consecuencias de todo ellos han sido nefastas: desde precios artificialmente elevados a la pérdida de empresas públicas, pasando por la corrupción o por lo irracional que resulta que países con muchas menos horas de luz que España tengan mucha más energía solar en explotación que nosotros, después de la voladura del emergente sector de la energía renovable en el que fuimos líderes mundiales.
Ninguno de esos cambios se ha hecho por casualidad. Las grandes empresas eléctricas disponen de despachos específicamente encargados de influir en la redacción de las leyes y normas administrativas que regulan el sector y llevan a cabo su trabajo con extraordinaria eficacia. No en vano, el lobby eléctrico es uno de los más activos y poderosos de entre los muchos que despliegan su actividad en la Unión Europea.
Las subidas extraordinarias en el precio de la luz que se están produciendo ahora se inscriben en este contexto. Según el sistema establecido que he comentado, las empresas que generan electricidad a partir de distintas fuentes (renovables, nuclear y térmica) presentan cada día su oferta que va desde el precio más bajo al más caro. El primero suele ser normalmente el de las renovables y nucleares y el más caro el de las de ciclo combinado de gas, que han de pagar no solo la materia prima (gas) sino los derechos de generación de CO2.
Lo que está ocurriendo ahora mismo es que los mercados mundiales de gas están alterados y su precio se ha disparado, lo mismo que ha ocurrido con los costes de emisión de CO2.
A la vista de todo esto, cada vez más gente se pregunta qué se podría hacer para bajar el precio de la luz y la respuesta no es muy difícil de encontrar.
La tarifa eléctrica (el «precio de la luz») no se fija, como se quiere hacer creer, a través de un mercado libre que establece el precio del bien allí donde se cruzan demanda y oferta. El precio final que pagan los hogares y las empresas es realmente un precio administrado, el resultado de una regulación concreta, de una determinada voluntad del legislador que, como hemos visto, no responde a los costes que soportan las empresas, pues las «marginales», las que ofertan a precios más bajos, terminan vendiendo su electricidad muy por encima del coste. No es, en realidad, un precio sino una renta, porque es un ingreso que las empresas que soportan costes más bajos reciben por privilegio administrativo. Y es evidente que, si este beneficio extraordinario o «renta» se elimina de la factura, el precio final de la luz se reduce.
Otra posibilidad sería establecer precios fijos o máximos para alguna de las distintas fuentes de producción, sacándola de ese anterior sistema de fijación del precio. Así ocurre en Francia con la nuclear (precio fijo) o podría ocurrir si hubiera una empresa pública que no tuviera como objetivo la maximización del beneficio sino la mejor satisfacción posible del interés general.
Por otro lado, los beneficios «caídos del cielo» como consecuencia del sistema de fijación del precio que he explicado no son las únicas rentas que reciben algunas empresas productoras encareciendo así la factura final del consumo eléctrico. También hay otras muchas primas y subvenciones que se podrían eliminar o hacer que se asuman (si es que realmente son de interés general) por otras vías. Sería necesario poner en claro todo ello y tomar medidas al respecto. Nos llevaríamos muchas sorpresas pero se podría abaratar considerablemente el recibo de la luz (aunque también sería una medida de complicada puesta en marcha, sin afectar a derechos adquiridos).
Finalmente, también se pueden reducir los impuestos que graven, por diferentes conceptos, la producción, distribución y consumo de electricidad, o incentivar el consumo en aquellos momentos del día en que pueda ser posible obtener la energía eléctrica más barata.
¿Podría llevar a cabo un Gobierno como el actual de coalición medidas como estas? Sí y no.
Sí, porque, como acabo de señalar, algunas se aplican ya en otros países y porque, de hecho, ya se están poniendo en marcha en el nuestro. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido el IVA y ha propuesto una facturación horaria que (aunque sea a trancas y barrancas y con escasa eficacia) puede reducir el precio que pagan los consumidores finales. Y en junio pasado aprobó otras dos medidas adicionales: un proyecto de ley para reducir una buena parte de esos beneficios extraordinarios caídos del cielo (que abarataría la factura entre un 1,5% y un 4,8%) y otro para crear el Fondo de Sostenibilidad Energética encaminado a sacar de la factura final los costes del régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (13% de ahorro). Unidas Podemos, por su parte, ha propuesto la creación de una empresa pública, una medida perfectamente homologable a lo que hay en otros países de nuestro entorno y que podría tener efectos positivos sobre el precio de la luz, aunque a más largo plazo.
La medida de intervenir los precios por la vía de fijar una tarifa fija para la energía nuclear, como en Francia, o una máxima en la hidroeléctrica se podrían justificar igualmente, no solo por identificación con lo que ocurre fuera sino también por razones de emergencia o excepcionalidad, a tenor de la situación económica en la que encuentran nuestras empresas y hogares. Aunque no cabe pensar que pudiera ser aceptada sin presión ante las instituciones europeas donde las empresas eléctricas tienen una gran influencia.
Dicho esto, sin embargo, lo cierto es que sería muy difícil que medidas moderadas como estas que ya se toman en otros países y que simplemente tienen como objetivo eliminar privilegios y dotar al mercado eléctrico de más transparencia, eficiencia y utilidad públicas se pudieran tomar en España a corto plazo. Y la razón también es muy sencilla.
Lo que se dirime al regular el sector eléctrico es dónde van a ir las rentas que se generan de la producción, comercialización y consumo de ese bien esencial. Y ya hemos visto que si el recibo de la luz es tan elevado es porque en el mercado no predomina la competencia ni el interés general sino que está diseñado legalmente para que unas pocas empresas se apropien de miles de millones de euros de beneficios extraordinarios. Y un privilegio como ese solo se puede disfrutar si se dispone, como tienen los oligopolios eléctricos, de una red de influencia amplísima y muy poderosa que abarque el mundo de la política, los medios, los partidos, o incluso de la función pública y la judicatura.
Con la excusa de que la Unión Europea prohibía que existieran empresas públicas en el sector, en España se privatizaron eléctricas vendiéndolas a empresas pública de otros países. Y no pasó nada. Una eléctrica como Endesa ha estado durante años estafando a miles de hogares y empresas, cobrando por servicios que no prestaba o redondeando a su favor las facturas, ganando ilegalmente miles de millones de euros (Así roban las eléctricas y el Gobierno a las familias españolas) y no ha pasado nada. En 2014 el Consejo de administración de esta misma empresa, dominado por la pública italiana Enel, aprobó vender a… Enel sus activos latinoamericanos por un valor de 8.252,9 millones de euros, unos activos que solo en los primeros nueve meses del año le habían proporcionado 47.028 millones de euros de ingresos. Y los beneficios de la venta no los reinvirtió sino que se dedicaron a pagar el dividendo más elevado de la historia de España, 14.600 millones de euros, de los cuales más de la mitad (7.422,54 millones) fueron a Enel. Y no pasó nada.
Sin embargo, cuando el actual Gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de tomar algunas medidas bastante moderadas y perfectamente homologables a las europeas para bajar el precio de la luz, sufre ataques sin cuartel.
Algunos pensarán que la responsabilidad de estos ataques y de que ahora parezca que no se pueda hacer nada para bajar el precio de la luz es de quienes dirigen el oligopolio, de unas empresas que carecen, como dejaba caer la ministra Teresa Ribera, de empatía y responsabilidad social y que tienen un inmenso poder social, político y mediático. No lo dudo pero creo que los partidos de izquierdas tienen también una buena parte de responsabilidad ante lo que está pasando con el recibo de la luz.
Les resultó fácil culpar a la derecha cuando subía los precios con gobiernos del PP pero no fueron capaces de diseñar y hacer públicas estrategias alternativas, ni de hacer pedagogía para ganarse el apoyo y la complicidad de las familias y las empresas. Ahora están comprobando que no basta con tener buenas intenciones cuando se ocupa el consejo de ministros y los despachos de la alta administración. Cuentan que en una ocasión, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt discutía con unos sindicalistas que trataban sin éxito de convencerlo para que tomara unas medidas. Cuando pasó un buen rato, el presidente les dijo: «Tenéis razón, me habéis convencido. Lo que decís es lo que hay que hacer. Ahora salid a la calle y obligadme a hacerlo». Esa es la clave. Mientras no haya un auténtico clamor social en contra de las barbaridades y privilegios injustificados que hay detrás del recibo de la luz no será posible cambiarlo, por muy moderadas que sean las propuestas que se pongan sobre la mesa.
La izquierda que se limita a gestionar, por muy bien que lo haga, sin comunicar, sin organizar ni movilizar y sin ganarse la complicidad y el apoyo activo de una gran mayoría de la sociedad, es decir, sin lograr que las medidas que propone (como las que he comentado para bajar el precio de la luz) se perciban como de sentido común, termina electrocutada.
Fuente: https://juantorreslopez.com/izquierdas-electrocutadas/