Desde hace varios años, cada mes de febrero, numerosos colegios públicos de educación infantil y primaria estallan en un conflicto sin precedentes con motivo del posible paso de la jornada escolar ordinaria (de 09.30 a 13.00 y de 15.00 a 16.30) a la jornada continuada (de 09.00 a 14.00). Resultan clamorosos el silencio mediático y […]
Desde hace varios años, cada mes de febrero, numerosos colegios públicos de educación infantil y primaria estallan en un conflicto sin precedentes con motivo del posible paso de la jornada escolar ordinaria (de 09.30 a 13.00 y de 15.00 a 16.30) a la jornada continuada (de 09.00 a 14.00). Resultan clamorosos el silencio mediático y la inoperancia de nuestros gestores educativos ante un tema -en apariencia tangencial al núcleo de la enseñanza- que se ha convertido en estelar en buena parte de nuestros centros escolares.
En los últimos tiempos he tenido la desagradable ocasión de ser testigo directo, en varios colegios, de dos situaciones igualmente dolorosas. En primer lugar, el manifiesto abuso de poder moral por parte de cierto sector del profesorado que no ha dudado en loar acríticamente las supuestas maravillas -nunca demostradas- de la jornada matinal. Y, en segundo lugar, lo que empieza siendo un debate sobre tiempos escolares termina por degenerar en enfrentamientos -entre profesores y familias y entre familias- y en la negación del diálogo. Todo ello es prueba manifiesta de la falta de madurez de nuestra sociedad civil y de la superficialidad de los hábitos democráticos.
¿Por qué, repentinamente, tantas familias -habitualmente inducidas por los claustros- han descubierto una suerte de paraíso en la jornada matinal? Las razones son diversas. Hay familias, como ocurrió en Canarias, que optan por una estrategia de clase media consistente en tener lo mínimo de la escuela que no diferencia socialmente -el horario matinal de la escuela pública- para por la tarde configurar una escuela a la carta con saberes muy valorados socialmente (inglés, informática, etc.). En el caso de la ciudad de Toledo, capital de Castilla-La Mancha, asistimos a la repentina aparición de unos padres y madres funcionarios que viven en urbanizaciones y desean llevarse a sus hijos a casa a la salida del trabajo. En otras ocasiones nos encontramos con amas de casa que no ven razón alguna para tener que hacer los dos viajes adicionales al colegio que suponen la jornada ordinaria. Con todo ello se ha preparado un cóctel explosivo en el que los particularismos horarios de cada c ual han encontrado fácil vía de expresión.
Para todas las consejerías de educación la jornada habitual es la partida. Es decir, ninguna se atreve a decir que dé igual una jornada u otra y para pasar de la ordinaria a la matinal se imponen una serie de requisitos previos. Obviamente, hay casos excepcionales en los que la jornada continua puede ser la única solución, especialmente en determinados ámbitos rurales aislados.
Parece obvio que la carga de la prueba -sobre las ventajas de la jornada continua, o al menos sobre su inocuidad- debe recaer sobre quienes proponen el cambio. Si alguien dijera que se rinde más de 18.00 a 22.00 le exigiríamos que adujera pruebas y, aún así, dudo de que la sociedad estuviera dispuesta a modificar sus ritmos temporales.
Debe quedar bien claro que la reivindicación de la jornada matinal nada tiene que ver con la innovación educativa. Pretende exclusivamente mejorar el horario laboral de los funcionarios docentes. Aparece a partir de ciertos elementos contingentes: centros rurales sin comedor, centros con dobles turnos -especialmente en secundaria y últimos años de la antigua EGB-, la sequía en Andalucía, obras que aconsejan terminar antes, etcétera.
En los últimos años se ha generalizado en comunidades autónomas como Canarias, Andalucía y Extremadura y en algunas ciudades como Toledo Alcalá de Henares en Madrid y algunas otras.
Sin embargo, hay comunidades como el País Vasco y Cataluña donde este debate se planteó y fue rechazado contundentemente. Todo apunta a que allí donde existe una escuela concertada amplia la escuela pública mantiene su jornada. Esta es una cuestión básica: ¿por qué -salvo alguna excepción puntual o allí donde se produce el efecto de arrastre de la pública- la concertada opta por la jornada ordinaria? Es más, ¿por qué la concertada suele ofrecer el primer ciclo de la ESO en régimen de jornada partida? De la jornada de los institutos de secundaria mejor ni hablar.
El profesorado partidario de la jornada matinal no ha dudado en afirmar -y así lo hace en los escritos para sondear la opinión de las familias- que la jornada matinal supone una mejora pedagógica y organizativa inequívoca. Nada más lejos de la verdad. Poco se sabe sobre si se rinde menos en cualquiera de las jornadas. Uno de los informes más completos sobre esta cuestión, el realizado en Galicia por José Antonio Caride, señalaba que tres cuartas partes del profesorado decían que el rendimiento es mayor en la continua. Sin embargo, sus datos indican que hay entre un 10% y un 20% más de fracaso escolar en los centros de continua. No obstante, no es un dato concluyente aunque sí indiciario: pudiera ser que estos tuvieran peores resultados antes del cambio de jornada. Lo que sí detecta Caride es que los niños en centros de jornada continua tienen más deberes para casa que sus compañeros con jornada ordinaria.
Tal vez sea cierto que la última hora de la tarde sea poco efectiva -aunque no tanto como para equipararla a la siesta de pijama y orinal-, pero lo mismo puede ocurrir con la última de la mañana en la continua. Lo poco que hay en las áreas de cronobiología y cronopsicología choca con las creencias espontáneas de muchos profesores. Así, por ejemplo, no es verdad que la mejor hora sea la primera de la mañana. Sin embargo se sabe que se mejora mucho a partir de la cuatro, justo cuando empiezan las extra-escolares. Con este dato: ¿nos plantearíamos por esto una jornada partida con mayor duración del horario de comedor?
El informe de Caride detectó una mayor fatiga de los alumnos en la continua que en la partida. El de Fernández Enguita – a partir de pruebas realizadas en colaboración con la Universidad de Alcalá- demostró que no hay un derrumbe del rendimiento o de la concentración por la tarde.
Los efectos beneficiosos sobre la organización escolar son cuando menos dudosos. El hecho de que los maestros tengan varias tardes libres no se ha traducido en una intensificación de su formación permanente. La atención a los padres se ha trasladado a horarios inverosímiles. Así la confederación de APAs Miguel de Cervantes de Castilla-León denunciaba en el consejo escolar regional que en la mayoría de los centros los horarios de visitas son de 14 a 15 o en Toledo se han registrado quejas sobre el escaso cumplimiento de la exclusiva de 8 a 9. Las actividades extraescolares que se exigen para la jornada continua quedan al albur de las preferencias presupuestarias de los ayuntamientos. En algunos casos los comedores desaparecen debido a la escasez de niños que permanecen en el colegio a partir de las dos de la tarde.
Como decía al comienzo, lo más lamentable es la distorsión y deterioro de la convivencia democrática que está suponiendo en muchos centros el posible paso de una jornada a otra. La orden de la Consejería de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, exige dos mayorías cualificadas simultáneas del consejo escolar para iniciar y poner punto final al proceso: dos tercios del propio consejo y la mayoría absoluta del sector de padres -lo que en una más que previsible votación secreta significaría recontar aparte los votos de los padres-. No contenta con ello, la orden obliga a las asociaciones de padres y madres a hacer una asamblea informativa y de debate en la que puede haber votaciones -lo lógico es que las haya-. ¿Significa esto que se rompe el esquema de democracia representativa y pasamos ahora a la lógica del asamblearismo? ¿Estarían ahora los padres consejeros, que son representantes de la soberanía popular, ligados por mandato imperativo? Y, si es así, ¿por qué no se hace una asamblea de padres antes de aprobar, por ejemplo, la programación general del centro o las normas de convivencia?
Rafael Feito Alonso es profesor titular de Sociología de la Educación de la UCM. [email protected]