Los derechos sociales se iniciaron en América Latina con la Constitución mexicana de 1917. En Ecuador, la Constitución ‘juliana’ de 1929 fue la primera en consagrarlos y las constituciones posteriores los garantizaron. El avance en los derechos sociales y su orientación bajo el principio pro-operario (las leyes anteponen los intereses de los trabajadores) son elementos […]
Los derechos sociales se iniciaron en América Latina con la Constitución mexicana de 1917. En Ecuador, la Constitución ‘juliana’ de 1929 fue la primera en consagrarlos y las constituciones posteriores los garantizaron.
El avance en los derechos sociales y su orientación bajo el principio pro-operario (las leyes anteponen los intereses de los trabajadores) son elementos que identifican y definen a los gobiernos, partidos y sectores ciudadanos democráticos, progresistas y de izquierda.
De acuerdo con la experiencia histórica latinoamericana, esos derechos han sido cuestionados, debilitados o conculcados por regímenes identificados con los intereses empresariales. Así ocurrió en Ecuador con el avance del modelo empresarial-neoliberal en las décadas de 1980 y 1990, cuando se perdió el enfoque pro-operario y los derechos sociales y laborales sufrieron el golpe de las propuestas flexibilizadoras nacidas en las cámaras de la producción y acogidas por los sucesivos gobiernos.
Derechos como el reparto de utilidades, las indemnizaciones, la sindicalización, el contrato colectivo, los incrementos salariales o la jubilación patronal, han sido permanentemente cuestionados por los empresarios.
En la codificación del Código del Trabajo de 2005 se reguló la ‘jubilación patronal’ mediante una fórmula que los empresarios tildaron de confusa. Y en reuniones con funcionarios del actual Gobierno han planteado que esa ‘carga’ pase a la seguridad social. Un proyecto del exministro Francisco Vacas intentó sustituirla por una ‘bonificación’. Han sido intervenidos, con arbitrariedad, varios fondos complementarios privados, creados para mejorar la jubilación entre sus socios. El Gobierno canceló la deuda al IESS acumulada desde 1985, pero suprimió el aporte estatal del 40% a las pensiones, aunque asumió garantizarlas en los valores necesarios.
En diciembre/2014 el Secretario Jurídico de la Presidencia advirtió al IESS por pago de jubilaciones patronales que superarían los límites legales (http://goo.gl/u5ufDZ). El presidente Rafael Correa sugirió (enlace ciudadano 433 del 18/07/2015, https://goo.gl/JVUrXA) que hay que poner ‘techo’ a las pensiones jubilares, pues la máxima de $1.947 era ‘demasiado alta’ para un medio como el ecuatoriano. El presidente del Consejo Directivo del IESS informó (20/07/2015: http://goo.gl/CN6rgo) que se analizaría la fijación de un ‘techo’ a las pensiones jubilares. Y el reciente Acuerdo 204 del Ministerio del Trabajo debió ser corregido, pues dio a entender que limitaba la jubilación patronal a $354, algo que ojalá haya quedado definitivamente claro.
Todos estos son mensajes contradictorios desde el Estado. Afectan a los jubilados, un segmento vulnerable de la población. Se suman otras propuestas de reformas laborales que ponen en duda el principio pro-operario. Y la experiencia histórica obliga a toda izquierda a garantizar los derechos sociales y laborales como irrenunciables, intangibles, progresivos, irreversibles, redistribuidores de la riqueza y encaminados al Buen Vivir.
Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/jubilacion-mensajes-contradictorios.html