Una tormenta institucional sacudió hoy a Brasil luego de que la Corte Suprema de Justicia aplicó la censura contra los portales de noticias Crusoé y O Antagonista, vinculados al mercado financiero y ordenó el allanamiento de la casa de un general retirado aliado del presidente Jair Bolsonaro, acusado de conspirar contra el tribunal.
El juez del Superior Tribunal Alexandre de Morais ordenó ayer ocho allanamientos contra fake news y operaciones de prensa contra el presidente del máximo tribunal, Antonio Dias Toffoli, después de que mandara censurar una nota inverosímil en los portales digitales, propiedad de la agencia financiera Empiricus.
Además, bloqueó las redes sociales de los investigados por “contenidos de odio y subversión del orden público”. Estos medios divulgaron información calificada en poder de los fiscales de la Operación Lava Jato de Curitiba sobre una declaración que vinculaba a la empresa Odebrecht con Toffoli, en la cual no se detecta ni se habla de asuntos ilegales.
“Lo que está pasando va más allá de la censura”, fustigó el vicepresidente y general Hamilton Mourao. Uno de los allanamientos fue en la casa de un general retirado, Paulo Chagas, un conocido crítico de la Corte y candidato del presidente Bolsonaro a gobernador del Distrito Federal de Brasilia.
Para los analistas, el caso se enmarca en las disputas de doctrina crecientes entre la Operación Lava Jato –fiscales de primera instancia, Policía Federal y el ex juez y ex ministro de Justicia Sérgio Moro– y parte del Supremo Tribunal Federal, que le puso un freno a los poderes extraordinarios con los que gozó el equipo anticorrupción desde 2014.
En medio de este juego de poder, la Policía Federal allanó este miércoles residencias de empresarios, políticos y blogueros aliados del presidente Jair Bolsonaro por orden de la Corte y en el marco de una investigación sobre el financiamiento y divulgación de noticias falsas, acción que el Fiscal General Augusto Aras pidió se revocara.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó el operativo mediante el cual investigará a una red que se dedica a amenazar en forma constante a los miembros del máximo tribunal brasileño, cuyo cierre es pedido todos los fines de semana desde principios de marzo por manifestantes bolsonaristas en Brasilia, bajo el apoyo irrestricto y directo del propio mandatario y sus hijos.
La demanda se basó en alegaciones de que la red para difundir noticias falsas a favor de Bolsonaro, utilizando robots y envíos masivos, permanece activa. El esquema habría estado funcionando desde 2018, después de haber actuado en el período electoral.
La investigación se abrió en marzo del año pasado, por determinación del presidente de la Corte Suprema (STF) Dias Toffoli, poniendo énfasis en la relación entre noticias falsas y amenazas contra magistrados de la Corte. El relator del caso es el magistrado Alexandre de Moraes.
Los blancos principales del operativo fueron el diputado paulista Douglas García, del ala oficialista del Partido Social Liberal, el magnate Luciano Hang, dueño de la cadena de importados Havan, y el corrupto confeso Roberto Jefferson, titular del Partido Trabalhista Brasileño, aliado de Bolsonaro. Todos ellos son considerados parte del nuevo poder real brasileño, que desde 2018 alimentan las campañas virtuales del bolsonarismo, y fueron claves para su victoria electoral.
Aunque la Fiscalía había declarado previamente su apoyo a la investigación, el argumento de Aras es que los desarrollos no fueron enviados a su despacho. Dijo que. el hecho refuerza «la necesidad de proporcionar seguridad jurídica» a la investigación, «con la preservación de las prerrogativas institucionales del Ministerio Público garantías fundamentales, evitando pasos innecesarios, que eventualmente pueden traer restricciones desproporcionadas.
En tanto, hubo allanamientos en los domicilios de otros dos personajes populares de la extrema derecha brasileña: el periodista Allan dos Santos, del blog Terça Livre (Martes Libre) y la ex militante feminista Sara Gironimi (que adoptó el nombre de Sara Winter, tomado de una líder de la extrema derecha británica), quien comanda un campamento en Brasilia llamado «300 de Brasil», para “adoctrinar a la población contra el comunismo”.
Las residencias de magnates y empresarios también fueron allanadas en varios estados de Brasil, bajo la sospecha de financiar ilegalmente sitios generadores de fake news. Seis diputados federales están en la lista de investigados, pero no de los allanados. Son la fuerza de choque de Bolsonaro en el parlamento y en las redes sociales: Carla Zambelli, Bia Kicis, Daniel Silveira, Filipe Barros, Junior de Amaral y Luiz Phillipe Orleans e Bragança, descendiente de la familia real brasileña que gobernó hasta 1889.
De Moraes, uno de los once magistrados de la Corte, ordenó además que la Policía Federal tome declaración el próximo martes al ministro de Educación, Abraham Weintraub, para que explique algunos comentarios ofensivos pronunciados contra ese tribunal.
Weintraub, en la reunión ministerial del 22 de abril cuyo contenido fue revelado por orden judicial en el marco de una investigación por sospechas de posibles «interferencias ilegales» de Bolsonaro en la Policía Federal, dijo: «Por mí, pondría a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF». Según De Moraes, esa declaración es «gravísima» y debe ser esclarecido en qué contexto fue insertada por el ministro: hay, como mínimo, indicios de delitos de difamación e injuria.
Las reacciones frente a las medidas dispuestas por el tribunal superior brasileño no se hicieron esperar. Tras el registro de su oficina en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, el diputado Douglas García denunció que la operación tiene como objetivo «criminalizar la libertad de expresión y la actividad parlamentaria».
«Esta investigación es inconstitucional, política e ideológica», dijo por su parte Carlos Bolsonaro, principal asesor de su padre, concejal de Río de Janeiro a quien se le atribuye haber montado en el palacio de gobierno una red llamada «Oficina del Odio». Otro de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro acusó al juez Alexandre Moraes de haber tenido una conducta «dictatorial» contra sus aliados.
La operación se mantuvo en silencio hasta el miércoles, en el marco de las disputas del presidente por el control de la Policía Federal, una entidad autónoma que depende del ministerio de Justicia. El STF investiga si Bolsonaro intentó manipular las investigaciones de la policía, en base a una grave denuncia del exjuez Sergio Moro, quien abandonó la cartera de Justicia y se encamina a la candidatura presidencial.
La abogada y miembro del Ejecutivo Nacional de la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia (ABJD), Tania María de Oliveira, señaló que, desde un punto de vista legal, el magistrado Alexandre de Moraes debería haber informado a la Fiscalía de la acción investigativa, pero indicó la complejidad política del caso y el «juego de poder» que disputa las instituciones democráticas del país hoy
Añadió que Alexandre de Moraes obviamente no hizo esto porque imaginó que Augusto Aras informaría a Bolsonaro, ya que fue nombrado por el presidente, y calificó que no hay razones para suspender la investigación que, además también la realiza una comisión parlamentaria de fake news sobre estas personas que están realmente involucradas en la producción sistemática de noticias falsas.
Lênio Streck, miembro de pleno derecho de la Academia Brasileña de Derecho Constitucional (ABDConst), entiende que existe legalidad en la investigación del Tribunal Supremo Federal, ya que las normas internas garantizan la acción, al ser atacado el tribunal. Para el jurista, el STF no necesitaría defenderse «si la Fiscalía General lo hiciera».
Juraima Almeida es investigadora brasileña y analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).