Durante la dictadura en Uruguay, en el penal de Libertad, estaban recluidos los presos políticos. Una pareja de compañeros me contó que al salir de ese centro de tortura, tuvieron que pagar al Estado por su estadía en la prisión. Esto fue en el marco del plan Cóndor y el secuestro, la desaparición y la […]
Durante la dictadura en Uruguay, en el penal de Libertad, estaban recluidos los presos políticos. Una pareja de compañeros me contó que al salir de ese centro de tortura, tuvieron que pagar al Estado por su estadía en la prisión. Esto fue en el marco del plan Cóndor y el secuestro, la desaparición y la tortura era la modalidad utilizada en ese momento.
Anoche escuché a un locutor de la televisión, que decía con aires de satisfacción que «…el hacker (sic) Julián Assange, debe pagar por su estadía en la Embajada Ecuatoriana en Londres… siguiendo el protocolo determinado por la Cancillería«. Es decir se le da asilo, pero paga por esa estadía. Julián Assange, bandera de la libertad de expresión, lleva casi 6 años en un espacio reducido y, desde hace un tiempo, con la información restringida, con amenaza de muerte si es deportado a los Estados Unidos y encima tiene que pagar por su estadía. Lo inusual de esta medida, solamente se entiende en el marco de una presión para que abandone el asilo o para sancionarlo por lo que consideran un delito. Quienes así lo determinan hubieran preferido, entonces, no saber de las conspiraciones en contra de nuestros países y preferirían no enterarse de que somos blanco permanente de la codicia y la ambición de las transnacionales y mucho menos cómo combatirlas. El asilo y la libertad de expresión son elementos fundamentales en el Estado de Derecho. Este caso de asilo es y será un hecho histórico y su desenlace depende del amor a la Soberanía, la defensa del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos con que el Gobierno del Ecuador busque la salida de este asilado, al que se le añade un elemento más para la complejidad de su caso y es que Assange es ciudadano ecuatoriano de pleno derecho.
El otro suceso muy similar en el desentendimiento del Gobierno sobre los Derechos Humanos es la atención que se le da a la huelga de hambre del ex Vicepresidente Jorge Glas. Cualquier detenido común tiene la opción de ser escuchado por las autoridades competentes que lo mantienen en prisión. Mucho más si es un ex Vicepresidente elegido masivamente por el voto popular (como binomio del actual Presidente). No pide privilegios, aunque debería tener un tratamiento diferenciado por la investidura a la que llegó (hasta Fujimori tuvo una cárcel diferenciada y separada de otros presos), esto se debe a evidentes razones de seguridad personal y en este caso, de salud.
La única defensa que le queda a Glas para ser atendido por la autoridad, es el ayuno o la huelga de hambre en la que lleva 39 días. Sus ex compañeros, hoy en el gobierno, lo ignoran por decir lo menos o le tienen un rencor desmedido.
En la Asamblea Nacional la Presidenta, que fue su funcionaria y protegida, se desentiende de la existencia de Jorge Glas. La huelga de hambre es un recurso extremo, en el que pone en riesgo su vida, es una opción legítima por la que solicita simplemente ser trasladado de penal o de CRS.
Permítanme este paréntesis dirigido a muchos amigos que dicen que cambié de opinión y ahora defiendo a Glas. Sigo pensando que imponer a Jorge Glas como candidato a la Vicepresidencia fue un error, básicamente porque la derecha ya lo había quemado completamente. Disciplinadamente hicimos la campaña política en su favor como parte del binomio Moreno-Glas, para garantizar la continuidad de la Revolución Ciudadana.
Jamás pensamos que el error que cometimos fuera tan grande como para que en 18 meses se pasara de un Gobierno de y para las ciudadanas y los ciudadanos, a un gobierno de y para los empresarios y empresarias, entendidos, no como el conjunto de emprendedores del país, sino como el sector de clase que se cree propietario del destino de todos y todas, quienes habitan en el Ecuador.
Nunca pensamos que el error fuera tan grande como para que se destruyera no solamente la Revolución Ciudadana, sino la institucionalidad, elemento fundamental para la existencia y el fortalecimiento de la democracia. Cierro el paréntesis.
No estamos discutiendo o emitiendo un juicio de valor sobre si su juicio fue justo o no, o si Jorge Glas desvió recursos del Estado para su beneficio personal o no. El punto no es ese. El punto es que, en ambos casos, el de Assange y el de Glas, el Gobierno está actuando de una manera que trasgrede los Derechos Humanos, con una sutil violencia que jamás se esperaría de personas que durante 10 años compartieron la idea de que el capital está (debe estar) subordinado al ser humano.
Hoy se evidencia que jamás militaron en esa idea, ni en la idea del multilateralismo o de la soberanía (Frontera Norte y Comando Sur) y menos aún de la Patria Grande (caso UNASUR) o ni siquiera de lo fundamental del diálogo (liquidación del espacio para el ELN, o el abandono de los sectores populares que fue lo peor).
Todo mundo puede cambiar de opinión, sin embargo lo que debe primar, por lo menos en estos dos casos, es el derecho a la vida, a la libertad y a la libertad de opinión e información. Por ello se le pide al Señor Presidente, al Canciller y a quien funge como Ministro de Justicia, un esfuerzo de serena rectificación en el caso urgente y grave de Jorge Glas.
En el caso de Julián Assange facilitarle la vida en la Embajada porque ni él ni los funcionarios que allí trabajan, son culpables de la injusticia que cometen Inglaterra, Suecia o la propia Australia, de no querer garantizar que jamás será extraditado a los EEUU, donde será juzgado por traición (me pregunto traición a qué, si él no es ciudadano estadounidense).
Ambos casos son y serán históricos. Responder con la altura y la dignidad que el prestigio del pueblo ecuatoriano se merece, es lo menos que se puede pedir a los hoy gobernantes, en el marco del respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículo 3, 14 y 19, sobre el Derecho a la Vida, el Derecho al Asilo y el Derecho a la Libertad de Expresión.
Luis Varese ha sido representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ecuador y funcionario de la ONU por 20 años.