En una gran vitrina, compuesta por múltiples cuerpos y gigantes reflectores, ubicada en un mega edificio de la Función Judicial, se exhiben varios productos elaborados por jueces, fiscales, policía judicial y notarios, que están a la venta al mejor postor y destinados exclusivamente para quienes tienen dinero. Entre otros productos en exhibición, encontramos: sentencias condenatorias […]
En una gran vitrina, compuesta por múltiples cuerpos y gigantes reflectores, ubicada en un mega edificio de la Función Judicial, se exhiben varios productos elaborados por jueces, fiscales, policía judicial y notarios, que están a la venta al mejor postor y destinados exclusivamente para quienes tienen dinero.
Entre otros productos en exhibición, encontramos: sentencias condenatorias o declaraciones de inocencia; pronunciamientos fiscales abstentivos o acusatorios; informes policiales que inventan infracciones; y, escrituras públicas forjadas. Es decir, hay productos de todos los colores y sabores, de varios precios, de acuerdo al cliente.
La gente de escasos recursos no es cliente de ese local comercial. Están marginados y son los seleccionados para estar en la cárcel. La vitrina demuestra la selectividad de la justicia.
Esta realidad supera la ficción, que avergüenza e indigna a la mayoría de la sociedad, porque la justicia está secuestrada por el poder económico y político. Escuchar las declaraciones (defensas) del ex presidente de la Asamblea Nacional sobre la actuación del Fiscal General en el caso de Jorge Glas, que fue condenado por los jueces, mientras que los funcionarios de la empresa corruptora fueron absueltos, producto de un acuerdo político. El Fiscal General, en cambio, le acusa al «chiquito» Serrano de haber forjado con el prófugo de la justicia Polit (ex contralor y domiciliado en el paraíso de la corrupción EE.UU.), un informe en contra de él, y utilizar a una fiscal subrogante para iniciar varias investigaciones penales en su contra.
Si esto sucede entre los que administran el poder, podemos imaginar lo que acontece con las personas que están alejadas del poder. Nos explicamos ahora por qué están hacinadas las cárceles del país.
El Consejo de la Judicatura, ante el sunami de la corrupción que les ahoga, decide suspender a la fiscal subrogante, por otra denuncia presentada por una comisión anticorrupción, por estar involucrada en ilegales pases policiales, a cambio de miles de dólares, que sumaron millones. Igual acontecería en el pronunciamiento abstentivo en el caso del Alcalde de Quito y su contrato del Metro con la corrupta Odebrecht. Los corruptos siguen campantes en el Ecuador, como «chiquito» en su puesto de asambleísta.
Esta misma fiscal subrogante, que antes ejerció la función de fiscal, para investigar el crimen transnacional y lavado de activos, decidió abstenerse de formular cargos contra los funcionarios del principal Banco ecuatoriano sobre lavado de activos, lo que fue acogido por los inefables jueces, a pesar de los indicios presentados, consistente en resoluciones de la Superintendencia de Bancos, que sancionó administrativamente a dicho Banco; además de varias sentencias en contra de narcotrafiacantes que habían utilizado los eficientes y ágiles servicios de dicho Banco, que entrega «en confianza» a todo el que solicita. Este Banco, además, puede entregar un valor agregado a los lavadores de activos: servir de testigo en los juicios penales, a favor de los delincuentes de lavado de activos, como sucedió con el ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF).
Pero la acción de corrupción dentro de la Función Judicial va mucho más allá: luego de encubrir el delito de lavado de activos y dejar en la impunidad a los delincuentes de cuello blanco, decidieron además, desaparecer el proceso penal de los archivos pasivos, encubriendo totalmente la corrupción de jueces y fiscales, en éste caso de la fiscal subrogante. (Ver en internet -consulta de causas- proceso 17265-2014-1806, juzgado décimo quinto de garantías penales de Quito).
Luego de las denuncias presentadas por el Fiscal General y la supuesta comisión anticorrupción, que dan como resultado la suspensión de funciones de la fiscal subrogante, ¿cómo no imaginar que su pronunciamiento abstentivo en contra de los principales lavadores de activos ilícitos en el Ecuador, no fue consecuencia de una negociación económica de por medio? ¿Cómo no deducir que la desaparición del expediente del archivo pasivo fue otra consecuencia de un acuerdo económico? ¿Cómo no concluir que el Consejo de la Judicatura encubre toda esta corrupción?
La ley solo sirve para aplicar a quien no tiene dinero y no tiene poder político. En el sistema capitalista, la ley es una farsa y un rey de burlas, aplicada en un circo social. Veamos la inconstitucionalidad de la convocatoria a consulta y referéndum; veamos la inconstitucionalidad de la sentencia a Glas; veamos la inconstitucionalidad de la cesación de funciones del Superintendente de Comunicación; veamos la elección inconstitucional de la Presidenta de la Asamblea. ¡La simulación e hipocresía están presentes en una justicia mercenaria! ¡la justicia es una mercancía más del capitalismo salvaje de libre mercado!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.