La libertad de expresión afronta una nueva y difusa amenaza desde que el FBI confiscó sin explicaciones dos servidores de Internet que alojaban 21 sitios de la red alternativa de comunicación Indymedia, afirmaron activistas
En América del Sur resultaron afectados los sitios de Indymedia (Centro de Medios Independientes) en Brasil y en Uruguay.
Los servidores confiscados el jueves pasado por el FBI (Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos) se encontraban en la sede en Gran Bretaña de la empresa estadounidense Rackspace, y albergaban 21 sitios web de Indymedia.
Se trata de una red de más de 140 sitios web en todo el mundo, creada en 1999 para divulgar puntos de vista contrarios a la Organización Mundial del Comercio, que celebraba ese año su conferencia ministerial en la ciudad estadounidense de Seattle.
Desde entonces se ha convertido en una importante fuente de noticias del movimiento contrario a la actual globalización. Cualquiera puede publicar sus opiniones en estos sitios. Según el activista «Libertinus», de Indymedia Uruguay, esta «es una de las formas más eficaces de libre tránsito de la información».
Indymedia Brasil volvió a funcionar 24 horas después de la confiscación de los servidores. Pero una parte de sus materiales se perdió. Para el centro en Uruguay, un país pequeño de América Latina, la situación es mucho más precaria.
«Si el trabajo de recuperación es constante, la semana que viene el sitio estaría funcionando íntegramente. Pero hemos perdido información de bastante tiempo», dijo Libertinus a IPS.
Sin embargo, las consecuencias más importantes son políticas y no técnicas, señaló Ortellado. El incidente muestra que un gobierno puede confiscar equipos de medios de comunicación en otro país, basado en una ley extranjera, sin formular cargos y sin siquiera verse obligado a informar sobre sus acciones.
Hasta ahora, nadie parece saber por qué Indymedia fue blanco de estas acciones. La confiscación podría vincularse a la publicación de imágenes en uno de sus sitios de Francia, en las que agentes policiales suizos encubiertos aparecen fotografiando a manifestantes en una protesta callejera.
Si se confirma esta sospecha, estaremos ante una violación de los derechos civiles a escala global, opinó Ortellado.
«La policía suiza protesta contra noticias aparecidas en un sitio web francés alojado en un servidor británico y logra que el gobierno estadounidense confisque las máquinas y deje fuera de servicio a más de 20 sitios independientes», entre ellos dos sudamericanos, describió el activista.
Indymedia Uruguay opina que el operativo fue un intento de sabotaje y de censura temporal contra la red, «como forma de intimidación», ya que ésta ha crecido de forma considerable en los últimos meses, y representa una amenaza «a quienes ostentan la hegemonía mundial».
Autoridades de al menos cuatro países (Suiza, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos) parecen haber tomado parte de las acciones, señala un comunicado de Indymedia.
Fiscales de Suiza y de Italia han confirmado que están investigando a la organización, y la procuraduría federal de Bologna sostuvo que la red podría estar «respaldando el terrorismo», dice Indymedia.
Un representante de la red en Estados Unidos sostuvo que el grupo aún no ha recibido explicaciones oficiales.
«Pero, aparentemente, esta mañana Suiza señaló que nunca había pedido al FBI la confiscación de los servidores, que solo buscaba las fotos (de los agentes encubiertos)», dijo a IPS David Meieran, de Indymedia Pittsburgh.
«Diez o 15 días atrás hubo una comunicación entre el FBI y Rackspace, pero no fuimos informados. Es plausible que las fotografías tuvieran algo que ver», agregó.
De momento, seis de los sitios web fuera de servicio han vuelto a funcionar, dijo Meieran. Los sitios afectados correspondían a ciudades de Alemania, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña, Portugal, República Checa, Serbia y Uruguay.
En un comunicado divulgado el viernes, la firma Rackspace aseguró haber actuado «en cumplimiento de una orden judicial bajo el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés), que establece procedimientos de asistencia recíproca de los países en investigaciones sobre terrorismo internacional, secuestro y lavado de dinero».
Sin embargo, los representantes de los dos sitios latinoamericanos censurados no aceptan ese argumento.
«No es una justificación sino una excusa por haber permitido al FBI aplicar sus métodos en el resto del mundo», dijo Libertinus.
El brasileño Ortellado arguyó que «si el gobierno estadounidense pudo obligar a una empresa estadounidense instalada en otro país a entregar los servidores de una organización periodística de manera arbitraria y sin un proceso judicial transparente, nada impide que esa medida pueda reproducirse en otras circunstancias, en otros países y contra otras instituciones».
Indymedia estudia posibles respuestas legales a la confiscación con asistencia de la no gubernamental Fundación Frontera Electrónica (EEF, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos.
Según Ortellado, otras organizaciones como el también estadounidense Centro para los Derechos Constitucionales, han ofrecido su ayuda.
El abogado Kurt Opsahl, de EEF, afirmó en el sitio web de la institución: «La confiscación tiene graves implicaciones para la libertad de expresión y la privacidad».
«La Constitución (de Estados Unidos) no permite al gobierno acallar unilateralmente la expresión de una organización periodística independiente, sobre todo sin suministrar una razón o sin siquiera otorgar a Indymedia la información necesaria para reclamar contra la medida», añadió.
El secretario general de la Federación Internacional de Periodistas Aidan White opinó que esto es «una operación policial internacional intolerable e invasiva contra una red especializada en periodismo independiente. La forma en que se ha hecho constituye una intimidación a la legítima investigación periodística y no una persecución criminal».
En un comunicado, el uruguayo Libertinus explicó las consecuencias particulares que la medida tiene en su país.
«Uruguay tiene una larga historia de represión de los medios de comunicación. No tenemos dinero para pagar espacio para nuestro sitio en un servidor, así que dependemos de la solidaridad de otros países. Acciones como ésta vuelven al mundo más inseguro para la prensa libre», sostuvo.
«Las elecciones nacionales de Uruguay tendrán lugar el 31 de octubre. Es un mal momento para que esto pase», añadió.
* Con aportes de Katherine Stapp (Estados Unidos).