El Tribunal Supremo español acaba de declarar inocente a Emilio Botín, el banquero más rico e influyente de España, del delito de apropiación indebida y administración desleal del que lo acusaron varios accionistas del Banco de Santander que preside. Año atrás, y para facilitar su salida del banco, Botín concedió al ex copresidente de la […]
El Tribunal Supremo español acaba de declarar inocente a Emilio Botín, el banquero más rico e influyente de España, del delito de apropiación indebida y administración desleal del que lo acusaron varios accionistas del Banco de Santander que preside.
Año atrás, y para facilitar su salida del banco, Botín concedió al ex copresidente de la entidad, José María Amusátegui, y al ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, sendas indemnizaciones de 43,5 y 108 millones de euros, cantidades que los querellantes consideraron desorbitadas y que suponían un quebranto ilegal del patrimonio del banco.
Ahora, el Tribunal Supremo estima que no se ha producido delito porque los demás consejeros estuvieron informados, porque de esas indemnizaciones millonarias dice que no cabe inferir lesión alguna para las finanzas del banco y, sobre todo, porque entiende que se trata de retribuciones que se hacen según criterios de mercado.
Pero la sentencia es realmente singular y significativa porque contiene algunos juicios que suponen una flagrante condena moral del banquero multimillonario.
Por un lado, establece que el pago millonario por jubilaciones a sus ex ejecutivos no es constitutivo de delito alguno porque «no existen topes máximos». Pero inmediatamente indica que, aunque este tipo de topes no exista «sí los hay éticos y de sensibilidad social, que aquí quedan ostensiblemente transgredidos». Lo que ocurre, dice más adelante es que «no es función de este Tribunal penal suplir los mecanismos de funcionamiento del mercado financiero».
Los jueces no pueden hacer otra cosa que aplicar las leyes vigentes pero en ocasiones como esta sus sentencias sirven para mostrar a la sociedad que las leyes, como en este caso, no permiten sancionar lo que en realidad es contrario a la ética y repugnante.
¿Para qué sirven las leyes, a quién benefician sino a los inmorales, si no condenan aquello que transgrede ostensiblemente la ética y la sensibilidad social? Si no condenan eso ¿qué es, entonces, lo que deben condenar las normas penales? ¿qué debería decir la ley para que se pueda condenar a un banquero cuando su conducta repugna a la sociedad o transgrede a la ética, que la apropiación indebida sólo lo es cuando se realiza a mano armada o a los mandos de un Panzer alemán?
Es importante también destacar que la sentencia apunta que no es función del tribunal suplir los mecanismos del mercado financiero. Es verdad, pero eso debe llevar a plantear por qué nuestras leyes no parece que estén dispuestas a plantear si es que en el mercado financiero se puede hacer cualquier cosa, si por el hecho de que allí se asiente hoy día el poder más inmenso puede actuar como un espacio social ajeno a la ética más elemental y a los valores sociales que, sin embargo, se le exigen al común de los ciudadanos.
El Tribunal Supremo da una pista cuando señala que el Banco de España, «como entidad pública que supervisa e inspecciona la actividad bancaria, tiene competencia para fijar límites orientativos a este tipo de percepciones multimillonarias que pueden repugnar socialmente».
También lleva razón, pero el juicio del Tribunal Supremo es bastante ingenuo.
Efectivamente, la máxima autoridad podría poner límite a este tipo de inmoralidades que pueden y efectivamente repugnan a la inmensa mayoría de la sociedad … si no fuera porque quienes gobiernan los bancos centrales están más preocupados por las subidas salariales de los trabajadores que por los sueldos de los banqueros. No paran de reclamar moderación salarial a los que menos tienen mientras callan y favorecen la percepción de rentas multimillonarias de los ya de por sí más enriquecidos. La tarea a la que efectivamente se vienen dedicando los bancos centrales es la imponer las políticas que están provocando más desigualdad y mayores privilegios para los ricos y es una obviedad que, ocupados día a día en ese cometido, no sienten la más mínima repugnancia hacia las rentas multimillonarias de los especuladores, banqueros y demás gente de malvivir. Como es igualmente obvio (porque si no actuarían para combatirlo, como indica el tribunal Supremo) que tampoco les preocupan para nada las implicaciones éticas de esas conductas financieras inmorales.
Finalmente, me parece importante subrayar que, aunque sea de pasada, la sentencia da una pista importante cuando dice que «es el mercado el que marca las circunstancias concurrentes en un círculo muy reducido de profesionales (financieros, deportistas, artistas, comunicadores, etc.), que perciben retribuciones multimillonarias, hoy día extramuros del derecho penal».
En realidad no es el mercado como un abstracto quien proporciona esas retribuciones. Casualmente, la inmensa mayoría de los deportistas, los artistas, los comunicadores y los financieros de los que habla la sentencia reciben esas retribuciones de empresas que, a su vez, suelen estar controladas más o menos directamente ¡por los propios financieros!. El mercado no es, pues, el origen de esos hechos que repugnan sino la voluntad convertida en práctica social y política de los poderosos.
Pero, con independencia de ello, me parece importante destacar este último «hoy día» del párrafo anterior de la sentencia. Es una expresión realista e inteligente porque no podemos pensar, ni mucho menos, que las sociedades modernas tengan siempre que permanecer (como «hoy día) desarmadas ante la inmoral naturaleza del negocio bancario y financiero de nuestra época.
Cada vez con más frecuencia descubrimos que los banqueros de todo el mundo son las personas, con nombres y apellidos como es natural, que mueven los hilos de los negocios más sucios, de las operaciones económicas más económicas, aberrantes y hasta tantas veces sangrientas, de los fraudes más costosos y criminales…
Dueños del dinero, tienen más poder que nadie y se permiten hacer lo que les place. Como bien expresa esta sentencia, las personas privilegiadas puede hacer lo que repugna a la sociedad sin que ésta puede condenarlos, pueden situarse al margen de la ética, realizar a cada día negocios inmorales, o robar y estafar sin descanso a los ciudadanos sin tener que preocuparse en lo más mínimo de los efectos de sus conductas.
La sentencia absuelve a Botín pero significa una condena moral sin precedentes y hay que exigir que los gobiernos y los partidos decentes propongan la reforma de las leyes penales para que se condenen también las actuaciones repugnantes de los banqueros y multimillonarios que actúan sin ética ni responsabilidad social alguna.
Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web: www.juantorreslopez.com