Laboratorio de las guerras del Siglo XXI del imperio, el país sudamericano resiste y avanza con las comunas como horizonte estratégico
Como hegemón del sistema capitalista mundial, el imperialismo estadunidense tiene la capacidad de utilizar varias vías de acción simultáneas para la consecución de sus objetivos estratégicos. Sus campañas de acciones psicológicas encubiertas, golpes de Estado, revoluciones de colores, sabotajes económicos contra infraestructura crítica, sanciones coercitivas extraterritoriales ilegales, intentos de magnicidio, operaciones de bandera falsa y falsos positivos y guerras de distintos tipo (no convencional, híbrida, asimétrica, judicial [lawfare], cibernética, cognitiva, mediática, insurreccional urbana, etcétera) contra países considerados blanco, sean amigos o enemigos, no son lineales. Mientras una táctica avanza, arranca la siguiente y se superpone con otras ya en funcionamiento, hasta alcanzar su objetivo; aunque no siempre lo logra.
Venezuela, el país con las reservas probadas de hidrocarburos más grandes del orbe y donde se lleva a cabo un proceso de cambio político radical de matriz bolivariana e inflexión al socialismo, ha sido uno de los principales laboratorios de las diversas modalidades guerreras del imperio en el siglo XXI, que se suma, en la coyuntura, a los campos de experimentación del neofascismo made in OTAN en Ucrania y en Palestina ocupada por Israel.
Tras los comicios presidenciales venezolanos del 28 de junio de 2024, Estados Unidos continuó y profundizó su guerra híbrida multidimensional contra el gobierno de Nicolás Maduro, reelecto en esos comicios. Fracasada la guerra comunicacional asimétrica de última generación como instrumento para imponer, por la vía electoral, a la dupla pro oligárquica, contrarrevolucionaria y de características fascistas María Corina Machado/Edmundo González, que incluyó un fallido golpe digital en redes al estilo Maidan (Ucrania, 2014) y una campaña de saturación con base en noticias falsas (fake news), la desmovilización en las filas opositoras obligó a una reconfiguración estratégica de los sectores más extremistas, quienes, lejos de asumir el resultado democrático, optaron por intensificar su agenda de cambio de régimen mediante la instrumentalización de diversas estructuras criminales.
Diseñada desde el Comando Sur del Pentágono −y con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas DEA−, la táctica de enjambre (swarming) promovida entonces públicamente por María Corina Machado como parte de la escalada terrorista postelectoral (vía redes de bandas criminales, grupos paramilitares y mercenarios extranjeros articuladas desde el exterior por figuras como los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque), no era más que la racionalización de ese modelo asimétrico de confrontación: acciones rápidas, simultáneas y violentas, descentralizadas pero coordinadas, que buscaban saturar las capacidades de respuesta del Estado venezolano para hacer colapsar la institucionalidad y justificar una intervención militar encubierta o directa extranjera, en combinación con financistas y contratistas de seguridad privada (como Erik Prince, fundador de Blackwater) e incluso auspiciada y bajo el camuflaje de la Organización de Estados Americanos (OEA) o entelequias de países con gobiernos conservadores afines, como el otrora fallido Grupo de Lima,
Como señala un reciente reporte de la página web Misión Verdad (“Recursos criminales con fines políticos: a un año del enjambre golpista”, 5 de agosto de 2025), la táctica de swarming −a través de bandas criminales que han intentado ser reactivadas como “células durmientes” en puntos estratégicos de Venezuela, desde Guárico hasta Zulia, con el propósito de generar caos con incidencia en coyunturas políticas como los eventos electorales− representaba una evolución de las guarimbas que proliferaron a partir de 2014 y buscaba adoptar una forma más focalizada y militarizada de confrontación, donde se utiliza la narrativa de la libertad, la democracia y los derechos humanos para blindar acciones violentas.
Según Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el Estado venezolano ha desarticulado una cadena de operaciones terroristas que revelan la profundidad del plan desestabilizador: sólo entre agosto y octubre de 2024, las fuerzas de seguridad realizaron 60 procedimientos en 11 entidades del país, con 25 enfrentamientos que culminaron en la eliminación de 37 delincuentes y la captura de 81 más, con la consiguiente incautación de armas de fuego de alto poder, granadas y equipos tácticos, lo que evidencia la capacidad militar de esas células.
Administración Trump: negociadores pragmáticos vs. neoconservadores ideologizados
La llegada de Donald Trump a la Oficina Oval el 20 de enero de 2025, introdujo algunas variables en el marco de la guerra híbrida multiforme y asimétrica hacia Venezuela, donde tal vez, lo más significativo, han sido las aparentes contradicciones al interior de su administración, que, en la coyuntura, dadas las realidades energéticas, económicas y geopolíticas a nivel mundial, obligaron por el momento al magnate neoyorquino, a flexibilizar las bipartidistas medidas coercitivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, priorizando el enfoque de negociación pragmática de su enviado especial para el país sudamericano, el embajador Richard Grenell, por sobre las políticas de “máxima presión” ideologizadas, impulsadas por su secretario de Estado, Marco Rubio.
Así, un par de días antes de los comicios municipales del 27 de julio pasado, en menos de 48 horas el gobierno de Donald Trump dio dos pasos aparentemente contradictorios en su política hacia Venezuela. Por un lado, el Departamento del Tesoro autorizó a la petrolera estadunidense Chevron (ex Standard Oil del Grupo Rockefeller) retomar sus operaciones de extracción, comercialización y exportación de crudo venezolano y restablecer su colaboración estratégica con la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), con algunas limitaciones.
Y al día siguiente, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Marco Rubio lanzó una ofensiva mediática acusando al presidente Nicolás Maduro de ser el líder del llamado Cártel de los Soles, una fabricación propagandística de los servicios de inteligencia de EU, calificado ahora como “organización terrorista”, y vinculado, presuntamente, con el Tren de Aragua (una organización delictiva destruida en Venezuela, pero que Washington utiliza como excusa para perseguir y criminalizar a los migrantes venezolanos, y como coartada para imponer sanciones económicas y financieras como herramienta de guerra por medios no militares) y una fracción del Cártel de Sinaloa; un fantasmal triunvirato de poder mafioso utilizado como táctica de distracción, pero que ha sido retomado desde su autoproclamada “clandestinidad” por María Corina Machado, quien redefinió al vuelo la “naturaleza del régimen” venezolano, caracterizándolo como “un sistema que ya no califica como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal transnacional”. (sic)
Ambos hechos, la víspera de los comicios municipales −en los que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) otrora liderada por Machado no participó tras su llamado al abstencionismo y el boicot electoral y está en fase de extinción− entrañaban una supuesta contradicción: ¿cómo renovar la licencia que permite a Chevron operar en joint ventures con la estatal PDVSA (con obvios beneficios para la economía y las finanzas públicas de Venezuela), lo que implica a la vez un reconocimiento de facto del gobierno de Nicolás Maduro como interlocutor válido para acuerdos energéticos, pero a quien, simultáneamente, se acusa de liderar una organización criminal transnacional?
La respuesta a esa contradicción tiene que ver con las necesidades de Trump de mantener la unidad y los equilibrios entre las distintas facciones de su administración: el ala pragmática, ligada a las megacorporaciones del ramo energético, que busca estabilidad y grandes beneficios económicos con eje en el petróleo de Venezuela, y el ala ideológica de los neoconservadores republicanos, encabezada por Rubio y congresistas de Florida, en contubernio con el lobby cubano de Miami que explota la industria de la contrarrevolución y financia sus campañas.
Aunque en rigor, ambas alas responden al imperativo geopolítico mayor de la Doctrina Monroe reforzada: impedir que Venezuela negocie con China, considerada el enemigo principal por las administraciones Biden y Trump. A la sazón, en plena discusión arancelaria con EU, China ha elevado sus compras de crudo venezolano, llenando el vacío que había dejado la suspensión de las licencias especiales otorgadas a Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones.
No está de más consignar, que en un contexto global caracterizado por una demanda petrolera moderadamente estable y las crecientes incertidumbres vinculadas a los factores macroeconómicos globales, la evolución del mercado chino y el avance sostenido de las energías alternativas, el 28 de julio se celebró la 61.ª reunión del Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de la OPEP+. La reunión reafirmó la voluntad de sus miembros de actuar con prudencia y sentido de responsabilidad para preservar la estabilidad del mercado energético internacional, en momentos en que la administración Trump amenaza a los países del BRICS con mayores aranceles, en particular India, si compran crudo a Rusia.
En ese escenario, Venezuela se presenta como un actor comprometido con los principios de cooperación, equilibrio y responsabilidad compartida que han guiado históricamente la labor de la OPEP. A pesar del régimen de sanciones ilegales de EU y algunos países europeos, que ha limitado el acceso a financiamiento, tecnología e insumos clave, Venezuela ha logrado estabilizar su capacidad operativa y garantizar los despachos pactados con empresas internacionales que continúan operando en el país bajo estricta legalidad. El sostenimiento de los niveles productivos durante el primer semestre de 2025, en el umbral del millón de barriles diarios, evidencia una capacidad de planificación, mantenimiento y reactivación operativa que ha permitido engranar las distintas áreas del sector, desde la extracción hasta la logística de exportación.
En paralelo, la reciente autorización otorgada por Trump a Chevron para operar nuevamente en Venezuela, aunque con alcance reservado, ha puesto de relieve el valor estratégico del crudo pesado venezolano en un mercado donde la infraestructura de refinación, especialmente en Estados Unidos (dado que las refinerías de la costa del Golfo de México están adaptadas para procesar el hidrocarburo pesado venezolano, con elevados niveles de azufre), continúa requiriendo ese tipo de insumo. Según estimaciones de Bloomberg, la autorización a Chevron podría añadir más de 200 mil barriles diarios a las refinerías del Golfo, diseñadas para procesar crudos pesados. Lo que confirma el papel de PDVSA como factor estabilizador en un segmento específico y crítico del mercado.
De lo anterior se infiere que el guiño de Trump a Chevron, responde a los verdaderos intereses en juego: el control del petróleo y los contratos multimillonarios en disputa, y la hegemonía regional, amenazada por su principal rival, China, en un contexto de tensiones mundiales y riesgos de recesión.
Rubio & Grenell: ¿el policía bueno y el malo?
En la coyuntura, la política de máxima presión de Rubio, fracasó. Y el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, quien trabaja en la sombra y sin estridencias, cosechó triunfos de sus conversaciones con el Palacio de Miraflores. Grenell, quien responde directamente a Trump, negoció la liberación de 252 migrantes venezolanos enviados ilegalmente por Trump al campo de concentración CECOT, en El Salvador (donde fueron vejados y torturados), y el regreso de niños que habían sido separados de sus padres y permanecían bajo custodia gubernamental en Estados Unidos.
Y si bien Caracas pagó un alto precio al tener que liberar a 10 mercenarios estadunidenses (entre ellos, el exmilitar Wilbert Joseph Castañeda, capturado el 1° de septiembre del año pasado en un hotel de La Victoria, estado Aragua y Dahud Hanid Ortiz, un exmarine que prestó servicio en Irak, prófugo de la justicia española por un triple homicidio) y varios venezolanos ligados a la trama golpista (“Terroristas por inocentes, esa fue la fórmula. ¡Hoy Venezuela está victoriosa!”, señaló el presidente Maduro a propósito del intercambio), al decir de Sergio Rodríguez Gelfenstein, el canje tuvo un enorme impacto mediático, emocional y simbólico, como expresión de la voluntad del gobierno de Venezuela de encarar esa situación originada por la designación de Venezuela como una “amenaza” a la seguridad nacional de EU.
El 27J, las comunas y el co-gobierno
En ese contexto, las elecciones municipales del 27 de julio tiñeron aún más de rojo la geografía territorial del país, ampliando la hegemonía chavista en el seno de las clases subalternas de Venezuela.
Durante los últimos años, los municipios se han convertido en instancias territoriales de experimentación acelerada de los nuevos métodos de gobierno y co-gobierno. Una de las principales novedades ha sido el surgimiento de las Consultas Populares para decidir por el uso de recursos, a nivel de los distintos circuitos comunales. La propia gente está priorizando y decidiendo sobre el destino de los fondos de la administración pública.
En 2025 han surgido las Salas de Autogobierno, con incidencia en las políticas públicas a nivel municipal. Son instancias de planificación, ejecución y evaluación de diversas políticas públicas y están conformadas por representantes de Comunas y Concejos Comunales. Esos métodos están contribuyendo a un cambio de situación en las alcaldías, donde los burgomaestres deben acoplarse asumiendo roles de facilitadores y acompañantes de esas estrategias.
Merced a un proceso de concientización continua, en un país donde las elecciones no son obligatorias, el Gran Polo Patriótico obtuvo 285 alcaldías de las 335 en disputa (85%) y ganó en 23 capitales de los 24 estados del país, más el Distrito Capital. Frente a las promesas vacías de los emisarios de la plutocracia internacional, y con la consigna del presidente Hugo Chávez “¡Comuna o nada!” como horizonte estratégico, el proceso de participación popular venezolano alienta la percepción sobre la posibilidad de empoderar a los municipios como piezas fundamentales en la construcción de un nuevo tipo de Estado desde abajo, así como la concepción de la democracia como un mecanismo que va más allá de las urnas: está en la construcción cotidiana de la colectivización del poder.
Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones.
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