El agua potable en Brasil puede contener 22 tipos de agrotóxicos, 13 de metales pesados, 13 de solventes y seis de desinfectantes. Esa presencia contaminante se tolera hasta niveles fijados en una escala oficial, que a veces es vulnerada por conveniencias económicas y debido a controles inadecuados. Las autoridades sanitarias habían dispuesto hasta 1977 que […]
El agua potable en Brasil puede contener 22 tipos de agrotóxicos, 13 de metales pesados, 13 de solventes y seis de desinfectantes. Esa presencia contaminante se tolera hasta niveles fijados en una escala oficial, que a veces es vulnerada por conveniencias económicas y debido a controles inadecuados.
Las autoridades sanitarias habían dispuesto hasta 1977 que el agua habilitada para el consumo humano no podía contener residuos de más de 12 agrotóxicos y 10 metales. Nada de lo demás detallado.
Desde entonces se hicieron dos actualizaciones, en 1990 y 2004, «legalizando» los residuos de nuevos insumos químicos usados en la agricultura y la industria, lamentó Wanderlei Pignati, médico profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT).
En comparación, la Unión Europea solo admite cinco agrotóxicos, con límites inferiores a los previstos en Brasil y un total que impide que cada uno llegue al máximo tolerado, un cuidado tampoco adoptado en este país.
El control de calidad del agua potable, aún basado en eliminar bacterias, no acompaña la creciente contaminación química, que exige equipos «caros y sofisticados» en mediciones complejas, advirtió Pignati, un experto que es una referencia nacional en la investigación y en la lucha contra lo que se considera abuso de venenos agrícolas.
Brasil se convirtió hace tres años en el mayor consumidor mundial de defensivos químicos de cultivos, pese a que produce, por ejemplo, menos de un tercio de granos que Estados Unidos. Es el costo del liderazgo en agricultura tropical alcanzado en las últimas décadas y que le permitió exportar 76.400 millones de dólares en bienes de esta área económica el año pasado.
La hazaña económica brasileña se concretó gracias a mucha investigación agronómica y el intenso empleo de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas, además de la apuesta a los monocultivos extensivos, en especial de soja, que se convirtió en el principal producto de las exportaciones, superando largamente a los tradicionales café y azúcar.
El estado de Mato Grosso, ubicado en el centro-oeste del país y en la frontera sudeste de la Amazonia, sintetiza ese vuelco al constituirse en el mayor productor nacional de soja y, por ende, también el mayor consumidor de defensivos agrícolas, denominación de los agroquímicos preferida por los productores y campesinos.
Además de expandir el área plantada, lo cual se puede a partir de la deforestación, el sector productor local intensificó el uso de agrotóxicos. «Hace 10 años se aplicaba ocho litros en una hectárea de soja, hoy son 10 litros», destacó Pignati.
«Los agrotóxicos son una droga lícita, como el alcohol y el tabaco», definió el experto ante la consulta de IPS.
El modelo de desarrollo agrícola brasileño estimula su uso, exentándolos, por ejemplo, del impuesto comercial que, sin embargo, grava medicamentos en una prioridad al revés, en desmedro de la salud, acotó.
Pignati, que es uno de los activistas de la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, lanzada en Mato Grosso a comienzos de junio, se dedica a estudiar el tema y difundir sus conocimientos desde que llegó a la conclusión de que es más eficiente atacar las causas de las enfermedades que formar médicos para tratamientos individuales. En la universidad se vinculó al Departamento de Salud Colectiva.
Mato Grosso consume cerca de 150 millones de litros de agrotóxicos al año, lo cual equivale a unos 50 litros por cada habitante, contra un promedio nacional de 5,2 litros, según Pignati. Es inevitable contaminar las aguas en un estado que congrega miles de nacientes fluviales que alimentan las cuencas del Río de la Plata y cuatro amazónicas, acotó.
El sistema de tratamiento del agua para consumo de la población data de «100 años atrás», busca sacar contaminantes por decantación, pero muchos productos químicos evaden ese método y quedan disueltos en el agua, explicó. Sus efectos no son solo diarreas, sino neurológicos, cancerígenos, endocrinológicos, psiquiátricos y su presencia persiste por décadas.
La «disrupción endocrina», un tema reciente evidenciado por la proliferación de diabetes, hipotiroidismo y otros disturbios, sirven de alerta para ese problema, sostuvo el médico.
El riesgo sanitario en Brasil crece por el uso de venenos que han sido prohibidos hace mucho tiempo en otros países, especialmente en Europa. El caso emblemático es el Endosulfán, un insecticida responsable de intoxicaciones fatales, abortos, malformación fetal y daños a los sistemas nervioso e inmunológico.
Una resolución gubernamental de 2010 determinó su abolición gradual en Brasil. El Endosulfán solo estará prohibido a partir de 2013, pero en las próximas siembras aún se permitirá usar 14 millones y ocho millones de litros. Otros 13 productos están en reevaluación por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
El lanzamiento de esos venenos desde aviones, que agrava la contaminación de personas, aguas y biodiversidad por la dispersión incontrolada, es un blanco prioritario de los ambientalistas.
Una «lluvia de agrotóxicos», echada por un avión pulverizador, cayó en marzo de 2006 sobre Lucas do Rio Verde, ciudad de 45.000 habitantes en el norte de Mato Grosso, rodeada de soja una época o de maíz y algodón en otra. La intoxicación de muchas personas, animales y huertos provocó condenas y amplios debates.
Otro gran impacto tuvo la divulgación en marzo de un estudio de Danielly Palma, coordinado por Pignati, que identificó la presencia residual de agrotóxicos en la leche materna de las 62 mujeres examinadas en Lucas do Rio Verde en 2010. En todas había DDE, que es en el que se convierte el DDT (dicloro difenil tricloroetano), y en 44 por ciento residuos de Endosulfán.
Pero estas críticas e investigaciones son relativizadas por dirigentes políticos del mundo de los grandes negocios agropecuarios.
La comparación con Europa es indebida, dadas las condiciones distintas. Los agricultores brasileños cumplen las reglas fijadas por Anvisa, el órgano regulador del Ministerio de Salud, contrarrestó Seneri Paludo, director ejecutivo de la Federación de la Agricultura de Mato Grosso.
La cantidad de consumo de defensivos agrícolas por cantidad de habitantes tampoco es una medida legítima, acotó Paludo.
Los agricultores tienden más bien a «una dosificación inferior a la necesaria, que a veces agrava las plagas», porque los defensivos implican mayores costos, sostuvo. Su disposición en proteger el ambiente se comprueba por el hecho de que Mato Grosso sea líder nacional en recolección de envases de agroquímicos usados, añadió.
Por su parte, Edu Pascoski, secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Lucas do Rio Verde, arguyó que los residuos identificados en las investigaciones en su municipio «están dentro de los niveles aceptables», fijados por Anvisa.
También justificó que el DDT y el DDE perduran en los humanos por más de 60 años, por lo cual lo encontrado en los estudios de Palma puede reflejar el uso del producto en etapas muy anteriores a su prohibición en 1998.
Pero si alguna vez se verifican «abusos en el uso de agroquímicos», ello será debido a permisos dados por autoridades nacionales, matizó Pascoski, tras asegurar que su ciudad muestra un buen desempeño ambiental, con un seguimiento constante de la calidad del agua potable, áreas de protección preservadas o en recuperación y una abundante vegetación.