La bancada plurinacional de izquierda de la Asamblea del Ecuador, formada por Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), ha presentado un proyecto de ley para declarar fraudulentas las hipotecas adquiridas en España ya que consideran que los procedimientos de endeudamiento hipotecario han carecido de legalidad y legitimidad y han sido realizados bajo engaño. El […]
La bancada plurinacional de izquierda de la Asamblea del Ecuador, formada por Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), ha presentado un proyecto de ley para declarar fraudulentas las hipotecas adquiridas en España ya que consideran que los procedimientos de endeudamiento hipotecario han carecido de legalidad y legitimidad y han sido realizados bajo engaño.
El objeto de la Ley es defender y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias que han sido afectadas por el fraude hipotecario cometido en España. De aprobarse, la ley dejaría sentada la prohibición de que cualquier entidad financiera ecuatoriana o extranjera pueda iniciar los trámites de cobro en el país y ordena a los estamentos judiciales del Ecuador no procesar ninguna petición de este tipo.
La ley recoge en su texto: «En el territorio nacional no se reconoce validez jurídica de los compromisos financieros contraídos para adquirir las viviendas en España y los actos judiciales que de estos se hayan derivado y/o se deriven en el futuro, por haber sido establecidas bajo condiciones de ilegalidad y fraude».
Por último en el artículo 9 se preveen sanciones penales para los responsables de entidades que pretendan embargar bienes por este motivo en el Ecuador.
Algunas razones por las cuales el proyecto de ley considera fraudulentas las hipotecas
En algunos casos el crédito no cubría los gastos correspondientes a las escrituras y a la parte que reclamaba la inmobiliaria por la intermediación. La misma inmobiliaria concedió créditos aparte, para lo cual se firmaron letras de cambio (inclusive en blanco, sin valor, ni fecha) y se cobraron intereses no sobre el saldo adeudado sino por el total, durante todo el período.
La reacción de la banca se ha evidenciado en una desenfrenada y agresiva presión hacia los hipotecados y avalistas para que paguen. La respuesta de los deudores es que no tienen empleo, ni ingresos, y que quieren cubrir la deuda con la entrega del piso, aún cuando esto suponga la pérdida de todas las cantidades hasta ahora pagadas con puntualidad. Los bancos y cajas frente a esta «dación en pago» vuelven a realizar una tasación, en algunos casos con la misma sociedad de tasación que participó en la compra y concesión de la hipoteca. Ahora esta tasadora valora a la baja los pisos, por lo que las entidades financieras solamente quieren aceptar la entrega de los pisos como pago parcial, quedando todavía importantes deudas para los hipotecados, quienes además de esta deuda no tienen donde vivir, y para completar la gravedad de la situación difícilmente pueden subsistir y cubrir las necesidades básicas como la alimentación de sus familias.
Las entidades bancarias han iniciando la ejecución de las hipotecas en los juzgados correspondientes, frente a lo cual los inmigrantes no pueden defenderse por cuanto desconocen los procedimientos y sus derechos, pero también porque se les ha negado en innumerables casos el derecho a la justicia gratuita, quedando en situación de riesgo de indefensión, endeudados, sin ingresos y sin tener donde vivir.
Aunque la ley por ser de aplicación nacional en el Ecuador no lo destaca en su texto, cabe recalcar que este es un abuso y un drama humano del cual han sido víctimas indistintamente tanto ciudadanos españoles como inmigrantes.
Los ecuatorianos y las hipotecas
Según los analistas de esta ley, aunque la cantidad de ecuatorianos con deudas hipotecarias es baja, se podrían llegar los a tres mil trescientos millones de euros (3.300’000.000) comprometidos en este tipo de operaciones.
La morosidad es alta, solamente el 29% de deudores está pagando al día sus créditos y cerca del 60% están en mora. Se debe tomar en cuenta que al 11% ya le han iniciado la ejecución de la hipoteca, lo que demuestra que las entidades financieras conocen la gravedad del problema.
Es preocupante la enorme cantidad de ecuatorianos que en los actuales momentos están desempleados con lo cual se espera que esta realidad aumente y se agudice en poco tiempo.
En muchos casos quienes avalan a los inmigrantes son otros inmigrantes, que generalmente también están en la misma necesidad de ser avalados. El 9% de hipotecados no consiguió sus avalistas y fue la inmobiliaria la que se los proporcionó, dándose casos de no saber ni quiénes son, ni dónde viven. Otro dato revelador es que el 33% de los hipotecados de la muestra dio avales a otros inmigrantes ya que era la condición para no perder el anticipo y sobre todo para que pudieran comprar su propio piso.
Solidaridad con el pueblo de España
De aprobarse esta ley se creará un precedente internacional en comenzar a reconocer legalmente que estas hipotecas fueron fraudulentas y que violan el derecho humano a una vivienda digna como lo dicta el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que puede ser un respaldo sin precedentes y un primer paso de solidaridad internacional para terminar con este imponente drama humano que se vive en cada barrio y rincón de España.
ARTÍCULO 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.
Fuente: http://www.librered.net/?p=13006