El organismo económico promete romper con el dogma de los recortes en el país mientras propone un drástico ajuste fiscal del 5,5% del PIB hasta 2025.
En octubre de 2019, el pueblo ecuatoriano se rebeló contra el Fondo Monetario Internacional y las exigencias de austeridad que acompañaban a un préstamo de 4.200 millones de dólares al gobierno de Lenín Moreno. Marchando por las calles de Quito, lxs manifestantxs reclamaron el fin de los brutales recortes impuestos como condición del apoyo del FMI. “Lo que el gobierno ha hecho es recompensar a los grandes bancos, a lxs capitalistas, y castigar a lxs ecuatorianxs pobres”, dijo un sindicalista a Al Jazeera. “¡Fuera el FMI!” dijo otro.
El FMI, sin embargo, se ha quedado. Después de un año de disturbios letales, el FMI y las autoridades ecuatorianas siguen adelantando recortes presupuestarios, reducciones salariales y ventas a cambio de fondos de rescate para el gobierno. El 15 de diciembre, el más reciente programa de Ecuador –un Servicio de Fondo Ampliado de 6.200 millones de dólares– será revisado antes de un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares. La revisión ofrece una oportunidad crítica para que el FMI reflexione sobre los fracasos de su programa de austeridad y responda al creciente descontento en todo el país. Sin embargo, nos preocupa que ésta sea otra oportunidad perdida, por la que el pueblo del Ecuador será el que más sufra.
Como epicentro inicial de la pandemia Covid-19 en América Latina, el Ecuador ya ha sufrido un año histórico de pobreza, desempleo y enfermedad. Miles de vidas y millones de medios de subsistencia se perdieron a medida que Covid-19 se propagó por el país. La ciudad de Guayaquil se convirtió en un símbolo mundial del costo humano del coronavirus con testimonios ampliamente difundidos de hospitales desbordados y de cadáveres en la calle.
Los trágicos resultados de la pandemia de Covid-19 no fueron accidentales. Por el contrario, se derivan directamente de las reformas de austeridad vinculadas al dinero del FMI. Un ejemplo llamativo es que el rescate del FMI resultó en el despido de 3.680 trabajadorxs de la salud pública. El impacto de estos recortes en la preparación para la pandemia era muy predecible.
El FMI ha prometido romper con el dogma de austeridad en respuesta a estas condiciones inéditas. “Gasta lo que puedas pero guarda los recibos”, ha instruido la Presidenta Kristalina Georgieva a los estados miembros del FMI, dando luz verde a importantes aumentos de gastos. “Los tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales”.
Sin embargo, en el Ecuador hay pocas muestras de este cambio de rumbo. Los objetivos generales del nuevo Servicio Ampliado actualmente en revisión, antes de que finalice el plazo del 15 de diciembre, parecen incorporar las preocupaciones de las comunidades afectadas del Ecuador. Piden una mayor protección de la vida y los medios de subsistencia durante y después de la pandemia de Covid-19.
No obstante, la aparente sensibilidad del FMI a estas luchas se ve inmediatamente socavada por el llamamiento del acuerdo a un drástico ajuste fiscal del 5,5% del PIB de Ecuador hasta 2025. Nuestra investigación sobre el nuevo acuerdo sugiere en cambio que el FMI sigue comprometido con los mismos principios austeros que sacudieron al país hace un año.
Consideremos sus disposiciones para lxs trabajadorxs ecuatorianxs. El nuevo acuerdo pide la “racionalización” de los salarios, ajustando el salario básico a niveles más “competitivos”. Pero el llamado a “racionalizar” los salarios de lxs trabajadorxs viola el propio Artículo 328 Constitucional del Ecuador, que establece la obligación de que “la remuneración será justa, con un salario digno que satisfaga las necesidades básicas del trabajador y de su familia”. El FMI –y el gobierno de Lenín Moreno– tiene la obligación legal de respetar estos artículos y asegurar que el pueblo de Ecuador pueda acceder a sus derechos constitucionales a un salario justo.
Consideremos también los cambios en el Banco Central de Ecuador que propone el acuerdo. El FMI pide una reforma del Código Monetario y Financiero para establecer una mayor “autonomía” del Banco Central del Ecuador, es decir, para desvincularlo del poder ejecutivo y ponerlo en manos de un consejo con la participación de actores privados. Pero esta “autonomía” le quitaría las herramientas de gestión de la liquidez que permiten a los gobiernos proteger la vida y los medios de subsistencia de la población. También en este caso, el programa de “buen gobierno” que promueve el FMI amenaza con socavar la responsabilidad democrática –y la capacidad– del gobierno por otro lado.
Por último, el FMI está obligado por su Convenio Constitutivo a garantizar que no haya salidas significativas de capital en los países que se someten a sus programas. El FMI entiende bien que este es un problema particular para Ecuador, dada su economía dolarizada. Pero el programa del FMI en Ecuador excluye esto. Paradójicamente, el mismo día en que se aprobó el acuerdo, la Oficina de Evaluación Independiente del FMI publicó su informe sobre los flujos de capital, sugiriendo que los controles deben ser reforzados para hacer frente al problema de las salidas peligrosas. ¿Escuchará y aprenderá el FMI, o mirará a otro lado una vez más?
El 15 de diciembre debería marcar una coyuntura crítica en la relación del FMI con el pueblo de Ecuador: una oportunidad para la reflexión, un nuevo comienzo en un nuevo año, una oportunidad para cumplir las nuevas promesas de protección social de la Presidenta Georgieva.
Pero el FMI sólo puede aprovechar esta oportunidad con un análisis claro y honesto de los efectos de sus medidas de austeridad y un reajuste fundamental de su programa de políticas para respetar los derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano. Sólo con una cuidadosa preocupación por el costo humano de las salidas de capital del Ecuador, la consolidación fiscal y la “racionalización” de los salarios, el FMI podrá hacer valer el sangriento legado de su programa en el Ecuador y asegurarse de que su llamamiento a la consulta no sea simplemente un diálogo de sordos.
Firmantes:
1. Andrés Chiriboga-Tejada, Observatorio de la Dolarización del Ecuador y Sciences Po Paris.
2. Allison Corkery, Sergio Chaparro, y Andrea Guillem, Centro de Derechos Económicos y Sociales.
3. Dr. Philip Mader, Instituto de Estudios del Desarrollo, Reino Unido.
4. Adrian Falco, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos.
5. Osama Diab, investigador de derechos económicos y profesor de estudios de desarrollo.
6. Melinda Cooper, Profesora de Sociología, Universidad Nacional de Australia.
7. Jayati Ghosh, Profesora de Economía, Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi.
8. Nicholas Loubere, Profesor Asociado Principal, Universidad de Lund, Suecia.
9. Matthias Goldmann, Universidad Goethe de Frankfurt e Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, Heidelberg.
10. Gilaad Isaacs, codirector del Instituto para la Justicia Económica, Sudáfrica.
11. Z. Fareen Parvez, profesor asistente de Sociología, Universidad de Massachusetts en Amherst.
12. Ingrid Harvold Kvangraven, profesora de Desarrollo Internacional, Universidad de York.
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Este texto fue publicado originalmente en inglés en Progressive International.