Metodologías reservadas para la CIA, la NSA o el CNI buscan mercado entre las empresas nacionales. Interligare, una compañía de capital 100% español, pretende popularizar estos sistemas. Corría el año 2009 y la empresa Interligare se presentaba sin complejos en los medios: «Una compañía con compromiso patriótico», decían. «Si ayudamos a nuestro Gobierno, ayudamos a […]
Metodologías reservadas para la CIA, la NSA o el CNI buscan mercado entre las empresas nacionales. Interligare, una compañía de capital 100% español, pretende popularizar estos sistemas.
Corría el año 2009 y la empresa Interligare se presentaba sin complejos en los medios: «Una compañía con compromiso patriótico», decían. «Si ayudamos a nuestro Gobierno, ayudamos a España», aclaraban. Entre los servicios que ofrecían estaba el de «rastrear cientos de miles de fuentes de información en Internet (y bases de datos) buscando patrones, coincidencias y relaciones a una velocidad impensable para el ser humano». Desde Interligare explicaban a sus potenciales clientes que:
Los sistemas de Inteligencia se utilizan para monitorizar, analizar y emitir conclusiones sobre lo que ocurre o puede ocurrir en una porción del mundo, al servicio de unos intereses determinados.
El Economista titulaba: Interligare apuesta por instalar una ‘CIA’ en cada empresa. Hoy El Mundo lleva el Caso Interligare a su portada con un titular que dice: «Altos cargos de Rubalcaba montaron una trama de corrupción en Interior». Según informa El Mundo, la trama que operaba en torno a la empresa tapadera Interligare se llevó al menos 2,4 millones de euros públicos entre 2008 y 2010 en concursos falseados. Un juzgado de Aranjuez ya instruye diligencias por estafa, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y delito contra la Seguridad Social.
La Brigada de Delicuencia Económica de la Policía Judicial concluye en el informe enviado al juzgado que «bajo la apariencia de la seguridad nacional» se concedían contratos sin publicidad a «personalidades que fueron relevantes en Interior». Según El Mundo, «la Policía Judicial acusa a ex altos cargos de Interior de lucrarse con contratos amañados durante la etapa en la que Alfredo Pérez Rubalcaba estuvo al frente del Ministerio»
Uno de esos contratos es la adjudicación desde el Departamento de Infraestructuras de Interior de «una serie de servicios como el desarrollo de la aplicación informática del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA)». Desde el centro se filtró a la prensa la inquietud que les producía estar obligados por ley a publicitar en las webs del Estado sus principales concursos y adquisiciones.
La Policía Judicial situaría en el epicentro de la trama a tres altos cargos de Interior. Los dos primeros lo han sido con el PSOE y con el PP. Se trata de Gabriel Fuentes, consejero de Interligare, ex Comisario General de Información y subdirector general del Gabinete Técnico de la Policía (con Aznar), Miguel Ángel Fernández Rancaño, consejero de Interligare, ex Jefe Superior de Policía en Galicia, Cataluña y Madrid (con Aznar), asesor del ministro Fernández Díaz y jefe de seguridad de La Caixa (según El Mundo la entidad financiera adjudicó trabajos a Interligare por valor de 4 millones), y Luis Luengo, ex director general de Infraestructuras y Material de Seguridad del Ministerio del Interior, amigo íntimo del líder socialista y actualmente Vicepresidente de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Fundación Dintel. En la dirección de Interligare figuraban dos hijos de Luengo.
Con lo del «hacker» de la red de tráfico de datos y los negocios de la CIA 2.0 – o ¿una TIA un poco golfa? – parece confirmarse que la piratería es un problema de primer nivel para la hacienda, la libertad y la seguridad de los españoles.
Por cierto, la crónica de El Mundo no dice nada del americano que fue consejero de Interligare. Quizás en próximas entregas. Pero hay que recordar que el americano de Interligare es uno de esos «brillantes intelectuales» que va por el mundo suministrando condimento intelectual sobre la relación de la piratería con las fuentes de financiación de grupos criminales y terroristas.