Tras la revelación de cinco planes conspirativos golpistas detectados y desarticulados en los últimos meses por el Ministerio Público y los cuerpos de inteligencia venezolanos −que involucran a militares y sectores de la extrema derecha local reclutados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA)−, y con la excusa de la inhabilitación política de María Corina Machado (la nueva ‘Guaidó’ de Washington para la elección presidencial de Venezuela este 2024), la Casa Blanca volvió a esgrimir su tradicional política injerencista al anunciar la reanudación de medidas coercitivas ilegales e ilegítimas como medio de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificó la inhabilitación de Machado para ocupar cargos públicos por un periodo de 15 años, que le había sido impuesta por la Contraloría General de la República el 13 de julio de 2015 y extendida por ese lapso en septiembre de 2021 por haber estado involucrada en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó (el presidente fake auspiciado por la administración de Donald Trump), que propició el bloqueo criminal de EU a la República Bolivariana así como el despojo millonario de riquezas y empresas del Estado (como Citgo Holding Inc, Citgo Petroleum Corporation y Manómeros Colombo Venezolanos, S.A.), junto con el secuestro y robo de 31 toneladas de lingotes de oro venezolano por el Banco de Inglaterra.
Fundadora del partido Vente Venezuela y de la ONG Súmate, financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, vieja tapadera de acciones clandestinas de la CIA y cuyo Consejo Administrativo estuvo integrado por halcones de la talla de John D. Negroponte, Otto Reich, Henry Cisneros y Elliot Abrams), María Corina Machado abogó durante la campaña de “máxima presión” de Trump (2017-2021) por la invasión extranjera a su país mediante la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de la polémica doctrina intervencionista Responsabilidad de Proteger (R2P).
Con acceso directo a la Oficina Oval de la Casa Blanca desde el gobierno de George W. Bush a Joe Biden, Machado también fue firmante del Decreto Carmona durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, y estuvo presente en la ceremonia en el Palacio de Miraflores cuando el efímero dictador Pedro Carmona procedió a disolver todas las instituciones democráticas de Venezuela. Asimismo, sus patrocinadores ocultan que en 2014 fue destituida como diputada por haber aceptado ser embajadora alterna de otro país (Panamá) para intervenir contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), violando la constitución y las leyes de la República. En la actualidad, mantiene vínculos orgánicos con fuerzas de la ultraderecha internacional como la española Vox, y las que encarnan Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil.
Otra vez el chantaje y la agenda insurreccional como en Chile
El 29 de enero pasado, amparándose en la ideologizada interpretación de Washington de los Acuerdos de Barbados suscritos en octubre último por el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro −principal herramienta de guerra por medios no militares de EU−, informó que a partir del 13 de febrero quedará revocada la licencia que permitía a estadunidenses establecer relaciones comerciales con la empresa minera de oro estatal Minerven. El ente de extracción aurífera había sido agregado a la lista negra de la OFAC en 2019 y sus activos bloqueados, pero en octubre de 2023 Washington emitió una exención de seis meses a esa sanción, como parte de la hoja de ruta electoral suscrita por el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Bridgetown (de la que Machado no forma parte).
Un día después, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, fijó como límite el 18 de abril para reanudar las sanciones a los sectores petrolero y gasífero, y la sede diplomática de EU para Venezuela (radicada en Bogotá, Colombia), replicó en la red X el ultimátum del vocero del Consejo de Seguridad Nacional, almirante John Kirby, de que las autoridades venezolanas tenían “hasta abril” para “permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos”. Es decir, en clara violación del derecho internacional, la administración Biden volvió a la vieja praxis bipartidista (Demócrata/Republicana), que pretende mantener como rehén político al Estado venezolano mediante el esquema de sanciones coercitivas, mecanismo para la aplicación de castigos colectivos a la población venezolana.
Frente a lo que consideró como un “grosero e indebido chantaje y ultimátum” del gobierno de EU y un deliberado intento de golpear a la industria venezolana de hidrocarburos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez replicó en X que si Washington intensificaba la agresión económica contra su país, a partir del 13 de febrero quedarán revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos (lo que podría perjudicar los anhelos reeleccionistas de Joe Biden) y se adoptarían otras contramedidas. A su vez, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, cuestionó el plazo del 18 de abril dado por EU para reimponer sanciones, y reviró: “Ahórrense el lapso, yanquis de mierda”.
Por su parte, el presidente Maduro señaló que a pesar de las sanciones impuestas por EU y la Unión Europea, Venezuela ha aprendido a enfrentar todo tipo de dificultades y recordó que la extrema derecha vernácula, referenciada en la “oligarquía de los apellidos” −como “los Borges, López, Machado, Ledezma, Capriles, entre otros”−, siempre ha querido “incendiar el país” promoviendo “sanciones, bloqueos y hasta intentaron crear un Estado paralelo” que fue derrotado y terminó “en el basural de la historia”. No obstante, advirtió que los planes extremistas continúan activos y son apoyados por EU, que se niega a aceptar la institucionalidad del Estado venezolano y sus decisiones independientes y soberanas.
La escalada de tensiones entre ambos países habían iniciado el 22 de enero, cuando el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de 32 personas (entre ellas 18 militares), presuntamente involucradas en cinco conspiraciones de terrorismo y planes para asesinar al presidente Maduro, al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y al gobernador de Táchira, Freddy Bernal.
El propio Maduro dijo que en las conspiraciones desmanteladas habían participado militares traídos desde EU, Perú, Colombia y oficiales venezolanos captados en 2020 y 2021 por la CIA, que junto con la DEA y agentes de inteligencia del Ejército colombiano, han buscado desestabilizar Venezuela. Al respecto, citó el intento de magnicidio de agosto de 2018, cuando intentaron explotar drones contra la tribuna presidencial en un acto militar en Caracas donde el mandatario y su esposa se encontraban rodeados de la cúpula castrense, y la Operación Gedeón, una incursión marítima de mercenarios estadunidenses y militares venezolanos disidentes exiliados en Colombia, en 2020, entre otras acciones sediciosas generadas con la participación de sectores de ultraderecha Miami y Bogotá. Según Maduro, la DEA maneja los hilos de los principales grupos de narcotraficantes colombianos. (La DEA fue expulsada de Venezuela en 2005 por el fallecido presidente Hugo Chávez).
El subsecretario de Estado de EU para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que esas acusaciones no tenían fundamento y expresó preocupación “por las recientes acciones contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela”. Ante ello, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del gobierno de Venezuela para el diálogo con la Plataforma Unitaria, preguntó en su cuenta de X a Nichols, si Washington sabía de esas conspiraciones en marcha para asesinar a Maduro y a Padrino con participación de la CIA y la DEA “mientras nos veíamos cara a cara” y llegaban a acuerdos junto a un sector de la oposición venezolana. El parlamentario aludió, también, a la respuesta “obvia y frecuente” que suele dar Washington ante esas acusaciones: “Negar los hechos sin siquiera atender la evidencia”. Y agregó: “¿Debemos esperar, como ocurrió en Chile, a que se desclasifiquen los documentos?” (en obvia referencia a la participación del Comité 40, el Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la CIA, de la mano de Henry Kissinger y el presidente Richard Nixon, en el golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende en Chile, en 1973).
La Exxon, la generala Richardson y el Esequibo
En ese contexto, el ministro de Defensa venezolano, Padrino López, denunció que la empresa petrolera estadunidense ExxonMobil financió los intentos de magnicidio contra el presidente Maduro, con el objetivo de hacerse del territorio del Esequibo, en disputa con Guyana. En noviembre pasado, Maduro culpó a la ExxonMobil y al Comando Sur del Pentágono de sembrar un conflicto militar en el Esequibo con el objetivo de “saquear los recursos energéticos”.
Las tensiones entre Caracas y Georgetown recrudecieron después de que Guyana recibiera ofertas de la corporación ExxonMobil cuando en diciembre de 2022 salieron a licitación ocho bloques petrolíferos en las aguas en disputa, por las que Venezuela solicita una justa resolución a través de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Desde 2015, Guyana ha estado participando en maniobras militares conjuntas conocidas como Tradewinds, patrocinadas por el Comando Sur con el objetivo de consolidar la supremacía estadunidense en esa región del Mar Caribe. A comienzos de 2021, el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, firmó con Guyana el Acuerdo de Shiprider como parte de la campaña internacional de hostigamiento contra Venezuela, bajo el pretexto de la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Los Acuerdos Shiprider permiten la realización conjunta de patrullajes marítimos y aéreos para interceptar actividades ilegales. Las acciones lideradas por la actual jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, evidencian que la administración Biden no ha disminuido el ritmo de asedio hacia Venezuela y el Esequibo del gobierno de Trump.
La AP divulga operación encubierta de la DEA
No transcurrió mucho tiempo para que se corroboraran las acusaciones del gobierno de Venezuela contra algunas agencias del gobierno de Estados Unidos por actividades conspirativas. Concretamente, el 1 de febrero, la agencia estadunidense The Associated Press difundió un memorando secreto de 15 páginas, fechado en 2018, donde se detallaba una operación encubierta de la DEA de más de un año de duración, para fabricar y montar denuncias por casos de narcotráfico contra miembros del gobierno de Venezuela, incluido el presidente Maduro.
Como parte de una ampliación de la “Operación Tejón del Dinero”, creada en 2013 para investigar a funcionarios venezolanos, mandos de la DEA conspiraron en 2018 para desplegar al menos tres informantes encubiertos, para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un “narco-Estado”, recoge el texto de AP. Agrega que el operativo fue aprobado por el Comité de Revisión de Actividades Sensibles de EU, a pesar de la evidente violación de las leyes venezolanas e internacionales, al no informar a las autoridades del país
El documento se redactó durante la campaña de máximo hostigamiento de la administración Trump, cuando echando mano de la guerra no convencional, asimétrica, Washington intensificó la política de “cambio de régimen” con eje en el montaje de Venezuela como un narco-Estado. En ese contexto, el fiscal general de EU, William Barr, presentó cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra Nicolás Maduro y otros 13 altos funcionarios venezolanos. Incluso, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o procesamiento del jefe de Estado venezolano.
En su investigación, la AP sostiene que el plan ejecutado por la DEA “parecía hacer caso omiso de las leyes venezolanas e internacionales”. Añade que Washington reconoció desde el principio que podría considerarse una violación del derecho internacional. “Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”, indica el memorando. El contexto en el que se reveló la actividad de la DEA fue un juicio por conspiración de soborno. El memorando fue subido inadvertidamente a un sitio web de intercambio de archivos por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan durante el juicio, y fue retirado después de que un reportero de AP comenzara a preguntar por él, según el artículo.
Algunos de los aliados más próximos a Maduro se vieron implicados en la fabricación de la DEA, como es el caso del diplomático venezolano Alex Saab, liberado a finales de diciembre pasado tras permanecer 1 280 días retenido ilegalmente en una prisión estadunidense. Saab fue capturadoen junio de 2020 durante una escala en Cabo Verde cuando se dirigía a Irán, en una misión diplomática para negociar acuerdos petroleros y adquirir medicinas y alimentos para Venezuela, en medio de las sanciones y el bloqueo de EU y la Unión Europea contra Caracas. Fue liberado el 22 de diciembre de 2023 como parte de un acuerdo de canje de prisioneros entre Caracas y Washington.
En el marco de la actual pugna geopolítica de Washington con la alianza estratégica China-Rusia y de la incorporación de Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos al BRICS en enero pasado; cuando crece la inestabilidad de las rutas comerciales marítimas del Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Canal de Suez tras la guerra genocida de Israel en Gaza, y en momentos que se da una caída de los inventarios de petróleo crudo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, sumado a una disminución en el volumen de las capacidades de extracción de petróleo y gas en Estados Unidos, Venezuela, con las reservas de hidrocarburos más grande del mundo, y las aguas del Esquibo, también ricas en oro negro, se vuelven vitales para la superpotencia imperial. ¿Responde a ello la trama conspiracionista impulsada por la CIA, la DEA y el Pentágono contra Venezuela?
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