Lo que hace verdaderamente revolucionaria esta nueva era en la que habitamos es que se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de la democracia de lo común. Me refiero al despertar de la potencialidad de la gobernanza constituyente de una verdadera democracia desde ese pueblo que hasta ahora ha estado relativamente ausente de los […]
Lo que hace verdaderamente revolucionaria esta nueva era en la que habitamos es que se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de la democracia de lo común. Me refiero al despertar de la potencialidad de la gobernanza constituyente de una verdadera democracia desde ese pueblo que hasta ahora ha estado relativamente ausente de los procesos políticos en muchas de nuestras sociedades. Contrario a la estreñida versión liberal o neoliberal de la sociedad democrática como el gobierno de las elites económicas y políticas, este nuevo siglo se ha caracterizado, sobre todo en Nuestra América, por la progresiva materialización de unos procesos democráticos que no se reducen al mero voto cada tantos años, sino que se encarnan en el acto de decidir, como acto soberano común, sobre lo concreto en nuestras vidas cotidianas, tanto en lo individual y en lo colectivo. Quién decide y determina sobre lo concreto en nuestro diario vivir, en sus diversas dimensiones políticas, económicas y sociales, es quien realmente gobierna, es efectivamente el soberano.
Y para que la democracia sea efectivamente la gobernanza del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, tiene que forjarse una voluntad constituyente que desde la multiplicidad de voces y fuerzas que es la sociedad contemporánea, se represente de aquí en adelante a sí misma, instituyendo esta nueva democracia de lo común más allá de los límites históricos de lo privado (el mercado) y lo público (el Estado) como canales exclusivos de su autodeterminación.
La decisión soberana de lo común por necesidad trasciende incluso el marco estrecho y agotado de la legalidad capitalista vigente. El Estado liberal o neoliberal, en cualesquiera de sus formas, está ya incapacitado para ofrecer un gobierno adecuado o efectivo de lo concreto. De ahí que el poder constituyente de la nueva gobernanza democrática debe crear un nuevo Derecho a partir de los propios actos del soberano popular. En éstos es que radica de hecho la Constitución material de lo nuevo. En ello radica precisamente la condición de soberano del pueblo: la autoridad para decidir incluso más allá del Estado de Derecho vigente.
En esta nueva praxis de la libertad es que radica la fuerza revolucionaria y fundacional de esta nueva voluntad constituyente, como bien lo ejemplifican los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Haber aspirado a potenciar dicha voluntad constituyente en Honduras, fue el gran motivo tras el golpe cívico-militar y la institución de un régimen de facto que, con la complicidad de Washington, pretende aplastar a la fuerza todo asomo de constitución material de otra sociedad a partir de la amplia y férrea resistencia con que se ha confrontado.
Otra expresión de dicha voluntad constituyente la vemos hoy en Argentina, ante el desencanto que crecientemente se generaliza con un estado de cosas para el cual ya no se ve otra alternativa que el de la institución de una gobernanza democrática desde el soberano popular. Se trata de la convocatoria hecha en julio pasado a una Constituyente Social, desde la provincia de Jujuy, por una constelación de movimientos sociales y culturales, organizaciones sindicales, agrupaciones campesinas, gremios agrarios, asociaciones de pequeños y medianos empresarios, y comunidades aborígenes, entre otros. Se han pautado una serie de asambleas y reuniones a través de toda la geografía del país para culminar el próximo año 2010 en la concreción de la propuesta Constituyente Social.
Según declaran sus organizadores, a Argentina se le gobierna hoy a partir de un orden constitucional que emergió del llamado Consenso neoliberal de Washington y un pacto suscrito por las elites políticas y económicas actuales: «A partir de esa Constitución se ha construido una legalidad que vulnera los legítimos derechos de nuestro pueblo. En este país, pensado y estructurado para que un tercio de su población viva en la riqueza y dos tercios queden condenados a la marginalidad, la lucha por la universalidad de los derechos es una tarea urgente. Poner en discusión la legalidad vigente y pensar una Constituyente Social es decidirse a contactar y vincular las miles de voluntades que se preocupan y organizan cotidianamente en pos de la defensa de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, del destino y usufructo de nuestros recursos naturales. Es abrir una agenda para discutir una reforma agraria integral, la propiedad de la tierra, el cuidado del medio ambiente, la industrialización del país, la generación de trabajo genuino y la promoción de la cultura popular. Es confluir con todos quienes reclamamos que la salud, la educación y la vivienda sean derechos sociales plenos. Todas ellas ideas motoras que nos ponen en la misma senda de países hermanos de América Latina, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. En síntesis, necesitamos construir capacidad, atributos y unidad para poder aportar a un nuevo movimiento histórico que definitivamente conquiste la equidad, la justicia y la felicidad para las mayorías históricamente postergadas en nuestra Patria».
La Constituyente Social se propone como un proyecto de gobernanza democrática alternativa con tres pilares: una equitativa distribución de la riqueza que supere las criminales desigualdades actuales; la afirmación de la soberanía del pueblo argentino para que éste decida sobre todos los asuntos fundamentales del país; y la constitución de una democracia participativa que supere la actual crisis de representación que aqueja al proceso político argentino. Sobre este último punto, dice la declaración fundacional de la Constituyente Social: «Una justa distribución de la riqueza y un ejercicio cotidiano de soberanía popular sobre los recursos naturales, el medio ambiente y el hábitat sólo son posibles en el marco de una transformación estructural en los modos de hacer política. Se trata de impulsar un proceso integral de Democracia Participativa, en la que los ciudadanos, las organizaciones sociales y todas las representaciones sociales estemos articulados en una nueva institucionalidad. Un modo de entender lo público, lo comunitario y lo estatal que supere la cultura de la delegación y promueva el compromiso cotidiano de los ciudadanos en la construcción del destino común, y no solamente en la elección de candidatos institucionales y partidarios».
Según el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la Constituyente Social surge como un instrumento necesario «para poder profundizar en lo que son los objetivos de un país» y articular un «proyecto de país» desde el cual abordar los diversos aspectos del modo de vida actual de los argentinos.
Por su parte, el economista argentino Julio Gambina insiste en que de lo que se trata es de «pensar en un camino propio desde los sectores perjudicados» por el sistema capitalista, que emprenda la construcción de una alternativa a dicho sistema. «Hay que generar condiciones de participación popular para transformar las decisiones económicas, por eso es necesario el desarrollo de una alternativa, incluso no-capitalista», señala.
Gambina abunda que «en Venezuela se habla de socialismo del siglo XXI, en Ecuador también…En Bolivia se habla del ‘buen vivir’ no asociado al consumo suntuoso sino vinculado a la calidad de vida para la totalidad de la población, con satisfacción de los derechos esenciales». Ahora bien, advierte que los procesos políticos y sociales tienen una dinámica social propia. No se trata de propiciar formas organizativas pasadas que desemboquen en la organización de un nuevo partido, un partido más: «La alternativa no es un tema de partido para una elección sino una concepción y construcción de otro orden económico, social, cultural», desde un espacio social y político abierto que incorpore las distintas fuerzas vivas de la sociedad civil, desde sus respectivos espacios y experiencias de autodeterminación.
«Sólo el pueblo salvará al pueblo» reza con gran acierto una de las consignas de la Constituyente Social. Y se salva desde sí mismo.
El autor es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño «Claridad».
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.