Quito – El devenir informativo de los últimos meses ha hecho que los ecuatorianos vayan acostumbrándose, día tras día, a despertar con la difusión de un nuevo escándalo de corrupción a través de sus medios de comunicación. Si bien este asunto no es nuevo, pues la corrupción lleva décadas enraizada en la política nacional, […]
Quito – El devenir informativo de los últimos meses ha hecho que los ecuatorianos vayan acostumbrándose, día tras día, a despertar con la difusión de un nuevo escándalo de corrupción a través de sus medios de comunicación.
Si bien este asunto no es nuevo, pues la corrupción lleva décadas enraizada en la política nacional, las dimensiones actuales lo han convertido en el segundo problema más preocupante para la sociedad ecuatoriana, después del desempleo.
El vicepresidente, Jorge Glas, cesado en la actualidad de sus funciones, lleva tres meses encerrado en la Cárcel 4 de Quito. El número dos del antiguo gobierno, impuesto por el expresidente Rafael Correa como número dos también del actual, fue condenado el 13 de diciembre a cumplir una sentencia de seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, y está obligado a devolver -junto a sus cómplices- 33,4 millones de dólares como afectación dolosa al patrimonio del Estado ecuatoriano.
Glas no sólo es el primer vicepresidente del país encarcelado mientras estaba desempeñando de su cargo, sino el funcionario de más alto rango, en ejercicio, de América Latina detenido a consecuencia de la Operación Lava Jato.
Lo anterior propiciará que en los próximos días* el presidente, Lenín Moreno, proponga formalmente una terna al Legislativo para sustituir al vicepresidente encarcelado, el cual desde el 3 de enero cumple los 90 días máximos permitidos de ausencia temporal para el cargo. Los medios de comunicación han filtrado en los últimos días los nombres de tres ministras del actual Ejecutivo como posibles sucesoras del ex vice.
La situación de Glas es extremadamente compleja, pues todo apunta a que las investigaciones judiciales a las que está sometido desencadenarán nuevos procesos en su contra. Si su condena actual es por asociación ilícita, aún está por determinarse con qué finalidad cometió este acto delictivo.
Pero los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, lavado de activos y testaferrismo abundan en Ecuador. Durante este año 2018 deberán resolverse otros tantos casos más de corrupción que implican a ex ministros del gobierno de Correa -algunos de ellos fugados-, su ex contralor general -también escondido en Miami- y altos funcionarios responsables de megaproyectos construidos durante esta última década.
El propio Correa, que vuelve al país esta semana para hacer campaña en contra de la consulta popular impulsada desde el actual Ejecutivo y que según su resultado puede impedir su presentación como candidato presidencial en las próximas elecciones, ya ha anunciado que teme ser vinculado a las tramas de corrupción que paulatinamente van destapándose.
Por qué
Entender las causas por las cuales durante el mandato de Correa esta pequeña nación andina ha pasado a ser considerada como una de las que tienen los más altos índices de corrupción implica entender un entramado de leyes desarrollado durante los últimos diez años que hicieron que fuera más fácil delinquir en la gestión pública y más improbable que antes que dicha corrupción saliera a la luz.
El primer error es constitucional, pues la actual carta magna -aprobada en setiembre de 2008-, que pretendió ser la más garantista del mundo, creó la Función de Transparencia y Control Social. Con ello se buscó superar el histórico reparto de instituciones públicas y organismos de control que había sufrido Ecuador durante los tiempos de la vieja partidocracia, conformando a través de la nueva estructura de un «supuesto» Estado moderno un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ese consejo de siete miembros se lo dotó de las siguientes competencias: promover e incentivar el ejercicio de los derechos relacionados con la participación ciudadana, establecer mecanismos de control social para asuntos públicos, elegir a los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Corte Constitucional, entre otros.
Sin embargo, este llamado «quinto poder» se construye a partir de una Constitución que concentra una gran parte de éste en el presidente de la República, una imposición de Rafael Correa a la que la bancada mayoritaria de su partido durante la Asamblea Constituyente (2007-2008) no tuvo el valor de enfrentarse, permitiéndole influir decisivamente en la conformación de un organismo que, a través de un concurso de méritos, pretendía ser representante de la sociedad civil.
El resultado es evidente: todos los organismos de control del sistema democrático quedaron en manos de personas afines al partido de gobierno (Alianza País). De igual manera, el Ejecutivo impulsó una nueva «ley de servicio de contratación pública» que teóricamente pretendía transparentar esta función del Estado. Derivado de dicha ley se creó la figura del «régimen especial», lo cual permitió al Estado contratar a empresas sin licitaciones públicas, bastando una selección directa del proveedor avalada tan sólo por el visto bueno del ministro del área. Esa misma ley incorpora la opción de que entidades estatales y empresas públicas puedan contratar obras, bienes, servicios y consultorías -incluso con empresas extranjeras- sin requerir garantía alguna y también mediante selección directa.
En estos últimos diez años Correa dictó 16 decretos de emergencia tan sólo en el sector petróleo, lo que abrió las puertas a la corrupción en los sectores estratégicos, sin contar con otras áreas de intervención del Estado que también se vieron afectadas por dicha reglamentación.
Por último, cabe reseñar que entre 2005 y 2015 la Contraloría ha enviado a la Fiscalía General del Estado más de 2 mil informes por mal uso de fondos públicos. El anterior fiscal, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa, reconoció la falta de respuesta por «falta de registros» de la institución que dirigía, anunciando la pronta implementación de un sistema para hacer un seguimiento en «tiempo real» que nunca llegó a ponerse en marcha. Hasta el cierre de 2016 tan sólo hubo 245 sentencias, que básicamente hacían referencia a pequeños casos vinculados a municipios que desviaron recursos. Los procesos hoy en marcha contra altos funcionarios públicos vinculados al gobierno nacional devienen de investigaciones internacionales, como la Operación Lava Jato, en Brasil, y nunca son fruto de acciones iniciadas judicialmente en el país.
* La Asamblea Nacional (parlamento ecuatoriano) eligió el 6 de enero pasado como vicepresidenta del país a María Alejandra Vicuña, exministra de Desarrollo Urbano y Vivienda (nota de Rebelión).
Fuente: https://brecha.com.uy