En este texto el autor reflexiona sobre la ‘creatividad de los golpistas brasileños’ a respecto de los presidentes Lula y Dilma Rousseff.
En el Congreso Nacional se realiza un carnaval llamado impeachment. A los gritos, el diputado y capitán Jair Messias Bolsonaro vota por la condena a la presidenta “contra el comunismo, por la libertad, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff, por el ejército de Caxias, por las Fuerzas Armadas, por Brasil por encima de todo… y por Dios por encima de todo…” Lo mismo o más fuerte grita su hijo en la Cámara para justificar su voto, invocando a Dios y a los “militares del 64”. Su apasionado discurso concluye con una profecía a medias y una declaración de intenciones sin ambigüedades: “¡Dilma y Lula a la cárcel!”.
Eduardo Bolsonaro es oficial de policía de São Paulo y también es diputado. Como varios otros miembros de la familia, será acusado de lavado de dinero del narcotráfico y de apoyar a la mafia paramilitar (esquadrões da morte), la que se inicia con la dictadura promovida por Washington en 1964. Cuando su padre se convierta en presidente, tres años más tarde, será designado embajador en Estados Unidos.
El coronel Brilhante Ustra fue responsable de decenas de asesinatos y de torturas a cientos de personas durante la dictadura, entre ellas la actual presidenta. Por no hablar de una dictadura que renovó el terror impune y los votos de obediencia de millones de brasileños. Las ideas del capitán Bolsonaro son simples como un sonajero y consistentes con la cultura militarista del continente. En 1999, en una entrevista en la cadena de televisión Bandeirantes de Río de Janeiro, había afirmado que “los problemas de Brasil van a mejorar cuando marchemos hacia una guerra civil, haciendo lo que los militares no hicieron, matando a 30.000 personas, comenzando con el presidente Fernando Henrique Cardoso; no expulsándolos del país, no, matándolos; van a morir inocentes, pero en todas las guerras mueren inocentes”. Un representante prototípico de los oficiales de las fuerzas armadas latinoamericanas. A la corta lista de ideas se suman: los indios son una especie de vagabundos casi humanos; a los hijos homosexuales hay que corregirlos a fuerza de garrote; Dios está de acuerdo con nosotros y por eso nos ama y odia a los revoltosos.
Cuando sea electo presidente en 2018, Bolsonaro no se cansará de alabar el golpe de Estado de 1964 contra un presidente constitucional y demasiado progresista, João Goulart; no se cansará de alabar a los dictadores que le siguieron, como Castelo Branco y Ernesto Geisel. La insistente referencia a la pasada dictadura tiene múltiples significados. Castelo Branco y sus sucesores no sólo habían removido en 1964 al presidente legítimo con la ayuda de Washington y de los terratenientes más poderosos de Brasil, no sólo habían asesinado a disidentes y habían organizado escuadrones de la muerte (idea promovida por el enviado de John Kennedy, el general William Yarborough), también habían secuestrado, torturado y recluido por años a Dilma Rousseff, la primera vez cuando era una estudiante de 22 años. La militarización de la sociedad brasileña impulsada por Washington y la clase alta de São Paulo, la perseverante evangelización de los misioneros anglosajones y la más antigua feudalización de la política del “Café con leche” enquistadas en el subconsciente brasileño, renacen como la gripe en invierno. No por casualidad, Brasil, una copia del sistema económico, social e ideológico del Sur de Estados Unidos, fue el último país de las Américas en abolir la esclavitud en 1888; y no por casualidad, muchos derrotados confederados de la Guerra Civil de Estados Unidos emigraron a Brasil a finales del siglo XIX. Esclavizar o morir.
Ahora, “el terror de Dilma” y el de muchos otros líderes sociales regresa como un espectro para montar el mayor carnaval de la historia de Brasil, para inaugurar una nueva generación de golpes de Estado (esta vez con el Poder Judicial como protagonista central, legitimado por su función, pero igual de corrupto que los anteriores golpes) y para poner en la cárcel al ex presidente Lula da Silva, la figura política más popular y el candidato favorito en las elecciones de 2018, según todas las encuestas.
El día anterior a la votación del impeachment a la presidenta, el New York Times había recordado que el sesenta por ciento de los congresistas que discursan sobre moral y corrupción tiene cuentas pendientes con la justicia de su país por corrupción: “El 60 por ciento de los 595 miembros del Congreso brasileño enfrenta serios cargos ante la justicia por corrupción, coimas, fraude electoral, deforestación ilegal, secuestro y homicidio”. Éder Mauro, por ejemplo, es uno de los acusados de extorsión y tortura cuando era oficial de policía en Belém. Otro congresista, Beto Mansur ha sido acusado de mantener a 46 trabajadores en condiciones de esclavitud en sus plantaciones de soja de Goiás. Paulo Maluf, uno de los congresistas que más ha criticado la corrupción del gobierno, conocido como “rouba, mas faz (roba pero hace)”, tiene varias cuentas pendientes ante la justicia brasileña y es acusado en Estados Unidos no por hacer sino por robar 11,6 mil millones de dólares. Maluf había sido condenado a prisión por lavado de dinero, por evasión de impuestos y, por si fuera poco, había sido requerido por la Interpol. Será condenado este mismo año en Francia por lavado de dinero y en 2017 en su país, pero se acogerá a la ley que permite que ancianos criminales mayores de 70 años puedan cumplir sus condenas en sus casas. Diferente, el expresidente Lula de Silva, condenado de urgencia por el juez Sérgio Moro, no podrá presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2018 (para las cuales las encuestas lo daban como claro favorito) y deberá permanecer en prisión pese a que, para entonces, tendrá 73 años. Nada de esto escandaliza ni a la gran prensa brasileña, tradicional portavoz de la clase dirigente en nombre del pueblo, ni a millones de brasileños que sólo tienen tiempo de leer la prensa dominante.
Por su parte, el procurador general José Eduardo Cardozo, ante el carnaval en Brasilia, reconoce su confusión: “estamos ante un proceso kafkiano en el cual la acusada no sabe de qué se la acusa”. El New York Times agrega: “Mrs. Rousseff es un caso raro entre los políticos importantes del país: no es acusada de robar para enriquecerse”. En cambio, como lo resume The Atlantic el 2 de mayo de 2016, “Muchos de los legisladores que han votado por el impeachment, incluido el presidente de la Cámara de diputados, quien lidera la campaña en contra de la presidenta, han sido implicados en el multimillonario escándalo de la petrolera estatal Petrobras” [1].
Durante la segunda presidencia de Rousseff se había producido una caída de la economía brasileña. Para entonces, los brasileños se habían acostumbrado al optimismo, a una peligrosa euforia de la izquierda y al bombardeo narrativo de los políticos del Café con leche de la derecha. Luego de las conocidas mega crisis de la última etapa del ciclo neoliberal latinoamericano de los 90s, entre 2003 y 2014 el PIB de Brasil había pasado de 558 mil millones a casi 2,5 billones de dólares hasta sobrepasar el PIB del Reino Unido. Brasilia había logrado organizar el Mundial de fútbol de 2014 y las olimpiadas de 2016 y el antiguo sueño de “Brasil, el país del futuro” parecía a un paso de realizarse.
En 2010, en plena Década dorada en varios países de América latina, uno de sus líderes más reconocidos, el presidente “Lula” da Silva, había propuesto la creación de una nueva divisa mundial y de un nuevo banco internacional. Aunque el BRIC era una comunidad fantasma (por la diversidad y la desconexión de sus miembros) sus propuestas eran justas y altamente peligrosas para la hegemonía mundial de Washington. El presidente Obama había elogiado a Lula cada vez que pudo, pero el viejo Washington parecía estar en otro capítulo, en su capítulo preferido.
En su monumental libro The Great Leveler, el profesor de Stanford University, Walter Scheidel, no sólo explicó la dinámica de las crecientes desigualdades sociales seguidas de mortales crisis a lo largo de milenios, sino que confirmó que el estancamiento de América Latina se debió a la carencia de una profunda revolución que destrozara su tradición colonialista. El mismo Scheidel observará que hubo momentos en la historia en que esta vuelta al equilibrio social se logró a través de cambios graduales y no tan violentos. La misma oportunidad había tenido América Latina con los nuevos gobiernos progresistas: “Aunque la reducción de la brecha social en América Latina a partir de la primera década del siglo XXI convierte a esa región en el principal candidato para reducir la brecha social de forma pacífica, lo cierto es que estos cambios no han sido del todo suficientes y su sobrevivencia es más bien incierta”. Aparte del crecimiento económico (con la excepción de Honduras, Costa Rica y Guatemala) “por primera vez en la historia de los registros, la desigualdad se redujo… en 14 de 17 países considerados” según el índice GINI. Incierta no; como era de esperar, esta revolución democrática, moderada y pacífica fue destruida.
Ahora, el impeachment y la euforia de la derecha que asegura poder solucionar todos los problemas sociales a fuerza de palo en nombre de Dios y de la patria, es sólo un capítulo previsible. A Washington y a la clase monárquica brasileña les había tomado algunos años pero, como en el golpe de 1964, había logrado remover a la presidenta del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff. Un año antes del carnaval del impeachment y tres días después de la última visita de Rousseff a la Casa Blanca, el ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos Edward Snowden había revelado una de las puntas del iceberg: la presidenta brasileña y otros treinta funcionarios de su gobierno habían sido espiados por la NSA a través de conversaciones telefónicas, práctica que, por mucho menos, en Estados Unidos le costó el cargo a Richard Nixon y que en Brasil le costará el cargo a la víctima. El presidente Obama reconoció la grabación ilegal a la presidenta Dilma Rousseff, pero este acto simbólico no tuvo ninguna consecuencia. Por el contrario, en tono conciliador, el portavoz del Gobierno brasileño Edinho Silva aseguró que “el Gobierno estadounidense reconoció sus errores”. Los poderosos cometen errores; los débiles son responsables por sus crímenes.
El error de la presidenta Dilma Rousseff fue actuar como casi siempre actúa un presidente demócrata en América latina, es decir, no abusando de su autoridad sino dejando pasar un abuso en su contra como moneda conciliatoria. Este tipo de buena conducta ha sido letal en muchos casos y en muchos países de la región, sobre todo desde el inicio de la Guerra fría con el golpe de Estado a Jacobo Árbenz en Guatemala. Poco después de la remoción de la presidenta brasileña, se propondrá sin éxito la privatización de Petrobras, la compañía más importante de Brasil creada en 1953 por otra víctima del complot internacional, el presidente Getúlio Vargas. Organismos reformadores como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria serán acosados con duros recortes presupuestales. En nombre de los sagrados beneficios, la selva Amazónica sufrirá una aceleración de su destrucción como nunca antes. Como en Colombia, los activistas por los derechos humanos de los de abajo volverán a ser perseguidos y asesinados. Por defender sus tierras o por sus protestas contra la catástrofe ecológica, decenas de activistas indígenas serán asesinados. Esta situación empeorará con la llegada de Bolsonaro al Planalto. Muchos crímenes, sobre todo en áreas aisladas, no serán reportados ni investigados, por lo que las víctimas anónimas no sumarán a las estadísticas oficiales.Los crímenes for profit contra el ecosistema y contra sus pobladores por parte de las compañías transnacionales serán múltiples, desde Monsanto hasta las petroleras La creatividad de los golpistasmás poderosas del mundo [2]. Otros casos serán más conocidos, como el asesinato de la activista contra la violencia policial, Marielle Franco, el 14 de marzo de 2019 a manos del paramilitarismo. Los paramilitares serán protegidos por el clan Bolsonaro y las investigaciones sobre la muerte de la activista derivarán en la detención de dos policías pertenecientes a las milicias de Río. Uno de los asesinos acusados, Élcio Queiroz, es conocido amigo del presidente Jair Bolsonaro y el otro, Ronnie Lessa es un antiguo vecino y padre de la novia de uno de los hijos del futuro presidente. Lessa también es miembro del grupo de mercenarios “Escritório do Crime” el que, aparte, complementa sus ingresos ofreciendo protección a los comercios de Río contra ellos mismos y contribuyendo a las trágicas estadísticas de la criminalidad brasileña.
Notas
[1] En los años por venir, diferentes congresistas que votaron contra la presidenta Dilma Rouseff en el proceso de impeachment, serán condenados por corrupción. Pocos tomarán nota.
[2] Aparte de financiar a los paramilitares en Colombia, en Costa Rica la heredera de la United Fruit Company, Chiquita Banana, recientemente expuso a sus trabajadores de Coyol a pesticidas altamente tóxicos durante años mientras apoyaba grupos privados armados para intimidar a los trabajadores descontentos.
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