En Brasil hay se está produciendo un golpe de estado bajo la figura de una investigación parlamentaria. Se pretende destituir a la presidenta legítimamente electa de ese país, Dilma Rousseff, con argumentos falaces para sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno, e imponer al vicepresidente, Michel Temer, del partido derechista PMDB. Es un golpe […]
En Brasil hay se está produciendo un golpe de estado bajo la figura de una investigación parlamentaria. Se pretende destituir a la presidenta legítimamente electa de ese país, Dilma Rousseff, con argumentos falaces para sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno, e imponer al vicepresidente, Michel Temer, del partido derechista PMDB.
Es un golpe parlamentario similar al que se hizo contra Fernando Lugo del Paraguay hace unos años. Hay que repudiar ese atentado contra la democracia brasileña y latinoamericana. La oposición de derecha, que pedió las elecciones, pretende burlarse de más de 50 millones de brasileños que votaron por Dilma y quedarse con el poder sin que medie ninguna consulta popular.
La presidenta Dilma Rousseff NO está acusada en la investigación de corrupción llamada «Lava Jato», ni de cometer peculado. La absurda acusación con la que se la pretende destituir es la de haber hecho algo usual para sus predecesores y para muchos gobiernos en el continente: hacer traslados de partidas para cuadrar el presupuesto.
La investigación de la procuraduría federal denominada «Lava Jato» sí recabó evidencias de un desfalco multimillonario contra la empresa estatal de petróleo, Petrobras, del que la principal beneficiaria era la empresa Odebrecht. Esta empresa pagó coimas («propinas») a funcionarios corruptos del P.T., pero también a otros de los partidos PMDB y Progresista.
Así mismo ha salido a la luz el cobro de coimas por más de 5 millones de dólares, por el presidente del Senado, uno de los acusadores de Dima, el ultraderechista Eduardo Cunha. Otras investigaciones han destapado anomalías en la gobernación de San Pablo, controlada por el PSDB. También las investigaciones muestran una relación estrecha entre Lula y la empresa Odebrecht, que le pagaba por conferencias en el extranjero. Pero Lula dice que muchos ex presidentes de otros países también cobran por dictar conferencias. No parece haber un problema legal, aunque para el movimiento sindical de donde proviene, sí puede haber un problema ético-político.
Todos los grandes partidos brasileños están involucrados de una u otra forma en casos de corrupción, no solo el PT como quieren hacer ver los medios de comunicación. Mal puede un Congreso cuestionable y corrupto juzgar a la presidenta, destituirla y reemplazarla por un sujeto que no fue electo por el pueblo y cuyo partido también está acusado de corrupción. Por eso muchos sectores sostienen que, quien debe decidir es el pueblo y no el Congreso, ya sea con un referéndum revocatorio, nuevas elecciones o una asamblea constituyente popular.
Brasil está dividido en dos: un sector, especialmente la clase media y alta, que apoya a la derecha y el golpe parlamentario; y los pobres y trabajadores que defienden la democracia. Ha habido grandes movilizaciones de ambos bandos, aunque los medios sólo dieron despliegue a las manifestaciones de la derecha.
Lo que prueba la corrupción generalizada en la política brasileña, y que es la punta del iceberg de lo que pasa en el continente, es que la madre de la corrupción es el propio sistema político que se basa en millones gastados en publicidad necesarios para ganar las elecciones, y que van a parar en buena parte a los medios de comunicación de masas. Ese sistema que no se basa en programas, ni méritos, sino en la plata, es el que abre la puerta a relaciones pecaminosas entre políticos y empresas como Odebrecht.
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