Introducción El texto que sigue tiene dos partes. En la primera hace una crítica al proceso de elecciones internas para la dirección del Partido de los Trabajadores, el mayor partido de la centro-izquierda reformista en América Latina. En esa ocasión, el proceso realizado en la primera mitad de noviembre dio visibilidad al conflicto entre la […]
Introducción
El texto que sigue tiene dos partes. En la primera hace una crítica al proceso de elecciones internas para la dirección del Partido de los Trabajadores, el mayor partido de la centro-izquierda reformista en América Latina. En esa ocasión, el proceso realizado en la primera mitad de noviembre dio visibilidad al conflicto entre la antigua identidad militante de los años ’80 y las necesidades de un partido de gobierno por mantener la coalición con la derecha oligárquica.
Los frutos de esta coalición y sus consecuencias para formar mayoría parlamentaria a cualquier costo, ocupan la segunda parte del texto. El término de parte de la Acción Penal 470 implicó la condena por la Suprema Corte (STF) y un pedido de prisión por crímenes de corrupción, lavado de dinero y formación de banda criminal a una serie de personas importantes para el primer gobierno de Lula (2003-2006). Entre ellos constan dos ex-guerrilleros, José Genoino Guimarães Neto (en 2004 y 2005 presidente nacional del PT) y José Dirceu de Olivo y Silva (ministro-jefe de la Casa Civil en 2004-2005, el cargo ministerial más importante del Brasil, también del PT).
La crisis de identidad en el interior del PT
Las elecciones directas para todas las instancias del Partido de los Trabajadores presentaron los dilemas de la crisis de identidad. El derecho a la participación interna fue reinterpretado como un mecanismo de control, de acuerdo a las evidencias. Los números, hechos públicos a través de la denuncia de los candidatos derrotados a la presidencia, Valter Pomar (Articulación de Izquierda, una de las corrientes provenientes de la izquierda cristiana y fundadora del Partido) y Markus Sokol (El Trabajo, corriente trotskista dentro del partido), afirman el concepto de ejército electoral de reserva. En 2009, fueron 510 mil electores y el domingo (10/11), sólo 480 mil de un universo de 806 mil. Curioso fue el aumento de los capacitados a votar. Según demuestra la nota del periódico El Globo (11/11/13), las mensualidades de 311 mil afiliados fueron pagadas el último día de habilitación. Aun así, el número total de votantes disminuyó.
En el lunfardo de la izquierda, esta maniobra resulta en el arreo de «boyada». Gente con baja politización y reclutada para un propósito único. En este caso, según el alegato de las corrientes derrotadas, el motivo sería reelegir el actual presidente Rui Falcão, apoyado por Lula y el Campo Mayoritario. Quedó asegurado el control del directorio nacional para una práctica que lleva las intervenciones en estados que no cumplan con las obligaciones tácticas en el montaje de las alianzas electorales. En suma, la «izquierda» petista restante pierde espacio en la política partidaria, disminuyendo su existencia autónoma.
Cuando fue fundado, el mayor partido reformista de América Latina venía tanto de una crítica al estalinismo como del rechazo a las organizaciones de vanguardia. El lema era construir un partido de masas, pero con democracia interna y derecho a la formación de tendencias semiautónomas. En la onda de la redemocratización del país, el PT logró la hegemonía de la década del ’80, acumulando los frutos del nuevo sindicalismo (denominado como «auténtico») y dejando en segundo plano a los antiguos partidos que componían el bloque colaboracionista, como el PCB (antiguo partido de línea de Moscú) y PC do B (fractura del 1962 que tuvo línea maoísta, después albanesa pero que terminó en la apertura política de los ’70 como aliado del bipartidismo de la dictadura).
Una década en el Planalto (Palacio sede del Poder Ejecutivo nacional) y la desviación se hizo característica. Sería irresponsable afirmar que toda la militancia petista se resume en la saña por cargos y posiciones en los gobiernos y gabinetes. A la vez, no se puede decir que el partido continúa a la izquierda en la política y al servicio de las causas populares que motivaron su fundación. Al parecer, la vocación por el poder dentro de los marcos de la democracia representativa y del Estado capitalista, reorganiza las mentalidades, vaciando la vida interna de las corrientes, reforzando a los caciques. Así, el dirigismo tan combatido en la década de la fundación, se hace el patrón de comportamiento, aún para la «izquierda» del partido.
La Acción Penal 470 y la derrota de la izquierda
La izquierda brasileña tuvo sus referentes forjados en la generación que rompió con la línea de Moscú y confrontó la dictadura sin adherirse al bipartidismo falso de los militares. Hoy José Dirceu y José Genoíno no están en las matas del Araguaia (región norte del país donde el partido de línea maoísta, PC de la B, había instalado bases guerrilleras en 1967 y donde las campañas militares para destruirlas se realizaron en 1972 y 1974), en aparatos clandestinos de Río y São Paulo (casas de seguridad de la guerrilla urbana, en una de estas organizaciones José Dirceu militó antes del exilio), no pasan apremios en las mazmorras del DOI-CODI (coordinación anti-insurgente de la última dictadura brasileña, 1964-1985) o intentan retornos del exilio cubano (caso específico de José Dirceu, que retorna clandestino al Brasil). Comparten un ala en el Complejo de la Papuda, en Brasilia, enrollados en la misma Acción Penal con un hombre de la tropa de choque del presidente Collor de Mello (que sufrió proceso de impeachment por corrupción en octubre de 1992), banqueros, publicistas con agencias dudosas y están respondiendo por la formación de banda criminal, lavado de dinero y corrupción. Como duele escribir eso.
Seamos francos. No fue la primera vez que hubo compraventa de votos en el Brasil post-dictadura y nadie del Centrón de la Constituyente (ala derecha de la Asamblea Constituyente, cuya nueva Carta Magna fue firmada en 1988) o de la base del gobierno de Fernando Henrique Cardoso cuando la enmienda de la reelección (el gobierno FHC fue acusado a la época de ejecutar una compraventa de votos para aprobar la enmienda constitucional de la reelección) fue condenado. El proceso de formación de mayoría a través de remuneración regular fue inventado en el gobierno tucano minero (PSDB del estado de Minas Generales, el mismo partido de Fernando Henrique Cardoso) del hoy diputado federal Eduardo Azeredo, cuando su campaña para la reelección en 1998. Después del episodio del PT, vino el DEM (partido derechista que está en la oposición a la coalición de Lula) retomando el nefasto modus operandi durante el gobierno distrital (gobierno de Brasilia) del ex-senador José Roberto Arruda. El Tribunal Supremo (STF) tiene el deber de juzgar el caso minero y proceder con el castigo adecuado. Si no, entrará a la historia como una corte de juicios políticos, siendo liderada por un procurador con impulsos bonapartistas.
Confieso que el tema cansa, pero la responsabilidad nos obliga a hacer la crítica desde la izquierda de los caminos absurdos tomados por los ex-socialistas después que se institucionalizaron fijando dos objetivos. Primero, la victoria electoral a cualquier costo, y esta vino por la conciliación de clase, a través de la campaña de Duda Mendonça (publicista y mago del marketing político brasileño que trabajó en la campaña de Lula y fue envuelto en los escándalos de lavado de dinero, habiendo confesado en red nacional durante la audiencia en la Cámara de los Diputados) y propaganda de «pareja sertaneja» (estilo musical que acostumbra ser una apología al agronegocio). Después, se siguió con la idea de la gobernabilidad y el presidencialismo de coalición. Este tuvo (y tiene) un precio alto y complejo, pasando por el reparto de ministerios, el Caseirogate (escándalo que envolvió al ex-ministro de Hacienda de Lula, Antônio Palocci, también del PT) y a la agenda de Jeany Mary Corner (la patrona de prostitutas más famosa de la ciudad de Brasilia, capital del país, y donde ocurrían las fiestas obscuras con diputados y senadores de la base del gobierno), además de actos como los que resultaron en una condena (la acusación es de desvío de dinero oriundo del consorcio Visa-Net, que en el Brasil pasa por el Banco del Brasil, banco público federal bajo control del Poder Ejecutivo).
Para alimentar el piso de arriba, paquetes de «bondades» empresariales y logro líquido estratosférico para bancos y agro-negocio. Y para calmar al piso de abajo, una crisis de representación social y la derrota ideológica encarnada en dos dirigentes rodeados de lo peor del Brasil, matando en el pecho el abandono a su líder «auténtico», Luiz Inácio Lula da Silva, y tomando como tarea histórica operar en el juego sucio de la política tal como ella es. Esta derrota ideológica va a tardar en cicatrizar.
Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), profesor de relaciones internacionales y periodista profesional
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