La culpa profunda de los corruptos

Más allá del espectáculo mediático que los componen­tes, uno por uno, de un ejército de corruptos propor­cionan todos los días a los periódicos, a las televisiones y a las cadenas de radio para el mortifi­cante recreo de lectores, televidentes y radioyentes, está la culpa profunda de esos misera­bles. Me refiero a la culpa que, al margen de la penal, ha sido causa de los «resca­tes», a su vez causa de la degradación en cadena de la sanidad pública, de la educa­ción pública, de la cultura y de las artes escéni­cas, y causa de la causa de la ruina o empobrecimiento de millones de perso­nas. 

Se dice que son 40 mil millo­nes la suma de las ayudas financie­ras de Europa a España. Pues bien, parece que ésa es justo la suma de los sa­queos de las arcas públicas a lo largo de al menos dos déca­das. De ma­nera que si semejante monipodio no hubiera estado incrus­tado en el go­bierno central, en los autonómicos y en los loca­les quizá España se hubiera tambaleado también, pero el re­parto equilibrado de las consecuen­cias de la crisis entre el pue­blo y sus representantes no hubiera conducido a este país a apare­cer ante el mundo como una tierra de auténticos bandole­ros.

Por otra parte la corrupción generalizada ha destapado no sólo el altí­simo nivel de canallismo de este país, sino también la vileza de los que lo consintie­ron, callaron y se conformaron con gabelas a cambio de su silen­cio. Y en esos responsables y culpables, sin necesi­dad de esperar a la sentencia, puede decirse que hay mu­cha, demasiada, representa­ción y mucha descripción de lo lejos que han llegado estos felones después de pasar el país de la dictadura a la democracia que para ellos no ha significado más que la oportunidad de su vida para enriquecerse o para enriquecerse aún más de lo que estaban. A eso fueron a la política, para prostituirla, no para servir al pueblo. No hay perdón para ellos, sobre todo si tene­mos en cuenta que precisa­mente las penas que se vayan dictando, sean las que sean y si es que en tantos casos no precede el ar­chivo o procede la prescrip­ción, el sobreseimiento o el indulto, serán en todo caso irrisorias si las compara­mos con el número de los individuos que han delin­quido, la suma de lo apropiado por todos, el daño causado y el número de los afectados por el daño. Nunca, en tiempos de paz, tantos han da­ñado tanto a tantos, sería la inscripción que encaja en el frontispi­cio de la monumen­tal entrada a las Cortes españo­las. Por otro lado, no hay señales de que la justicia consiga la restitu­ción del importe total de los desfalcos, más allá de calderi­lla; ni en el con­junto de esa «asocia­ción ilícita para delin­quir» ni por sepa­rado. Por eso los partidos políticos desde los que actuaron debi­eran cargar con la indemniza­ción de con­suno con tales forajidos.

El caso es que serán varias generaciones las que sufrirán esta descomu­nal rapiña. Los recortes en los presupuestos en todas las áreas afectadas, que son todas, producirán por mucho tiempo efec­tos desastrosos en la educación, en la cultura, en el trabajo, en la dignidad y hasta en la vida de millones de personas si los nue­vos gobernantes no dan un golpe de timón y no son capa­ces de restañar y cauterizar tantas y tan profun­das heridas. No se trata de mejo­rar esta sociedad, sino de establecer una nueva. 

Jaime Richart. Antropólogo y jurista.

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