El Tribunal Internacional de Desalojos denuncia desplazamientos en Ecuador mientras los Estados miembros de ONU diseñan en Habitat la Nueva Agenda Urbana.
Quito (Ecuador) celebra la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y el Desarrollo Sostenible Hábitat III. La ciudad anfitriona, ‘Luz de América’, se maquilla para recibir a representantes de los estados miembros de la ONU que definirán la Nueva Agenda Urbana (NAU) para los 20 próximos años.
Un helicóptero sobrevuela los cielos desde primera hora de la mañana. Los operarios apuran los últimos metros de carriles bici y se remarcan pasos de cebra, en una ciudad en donde no se recuerda un coche cediendo el paso y en la que ser peatón es un acto heroico. La vigilancia se multiplica, los operativos de seguridad superan las 6.000 personas entre ejército, policía nacional y otros contingentes extranjeros. Una ciudad militarizada para defender los tan incuestionables eslóganes de la «participación» y la «sustentabilidad».
Enfrente, el Comité Popular por Nuestros Territorios organiza Resistencia Hábitat 3 para confrontar «la agenda oculta» del encuentro urbano más importante del planeta. En este mismo marco se reúne, en su quinta sesión, el Tribunal Internacional de Desalojos con el fin de sacar a la luz las amenazas y la violencia ejercida contra comunidades, sus viviendas y tierras.
Su presidente, Cesare Ottolini, señala a los responsables: «Los Estados reunidos en Hábitat III quieren implementar la misma agenda urbana que está provocando muertos, violaciones de derechos, encarcelados…». Ottolini, fundador de la Campaña Cero Desalojos, asegura que las expulsiones de personas de sus territorios «son un tema tabú».
Tras un primer repaso de los atropellos sistemáticos que se viven en otras latitudes del mundo, el Tribunal se centró en los casos del Ecuador, en concreto de Muisne, Tundayme y Monte Sinaí, éste último lugar elegido para el comienzo del encuentro el pasado domingo 16. Afectados directos de las poblaciones mencionadas relataron como, en este último año, sus territorios se han visto afectados.
Inversión privada y colaboración del Gobierno
El nexo común entre todos los casos es la colaboración del Gobierno Central y la inversión privada con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para la producción de beneficios, ya tengan que ver con la extracción minera, la especulación urbana o el desarrollo de un corredor turístico en las zonas afectadas por el terremoto.
Bajo el lema «cero desalojos, cero represión», el Tribunal condenó las invasiones realizadas y manifestó su apoyo a los procesos de lucha que viven los habitantes de estos territorios.
Por su parte, el Borrador de la declaración de Quito sobre asentamientos humanos para todos consta de 176 puntos que omiten un conflicto por el territorio.
Nadie podría estar en contra de «eliminar la pobreza o el hambre». Sin embargo, en su obsesión objetiva, este documento juega a la abstracción sin definir los términos o dar propuestas concretas para lograr sus aspiraciones.
Aun pretendiendo la neutralidad, el texto cae en contradicciones. Abusa de la palabra «sostenible» sin esconder lo inevitable: «Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, presente y futuro, impulsando la urbanización y la transformación estructural y una alta productividad» (punto 13.d.).
¿Sería posible conjugar los intereses de unas élites y los de las mayorías? Guillermo Rodríguez, de Alianza Internacional de Habitantes, identifica tres grandes ejes del modelo de urbanización planetaria que se plantean desde las altas esferas: «Primero, declara que las ciudad son el mejor y único lugar para vivir; segundo, la de convertir las ciudades en marca ciudad, en ciudades para el mercado, y tercero, fomentar la especulación inmobiliaria».
Más allá de la declaración de buenas intenciones manifestada por la agenda oficial, existe un gran vacío a la hora de exigir responsabilidades. Los atropellos que sufren los condenados a este modelo urbanizador parecen no tener freno. Al menos, eso parece anunciar el borrador de la agenda cuando en el punto 4 afirma: «(…) hay necesidad de tomar ventaja de las oportunidades de urbanización como un motor para el crecimiento sostenido e incluyente (…)». En este sentido, toca preguntarse, ¿nos enfrentamos a una urbanización planetaria de no retorno?
Mientras se hace evidente un uso indiscriminado del derecho a la ciudad, ¿es posible su realización en megalópolis que condenan al automatismo del ser? Frente a este proceso supuestamente irreversible, Resistencia Hábitat 3 pretende abrir un debate que no solo reduzca el hábitat a lo urbano, sino que incluya otras territorialidades posibles. ¿Se puede comenzar a hablar del derecho a la no-ciudad?
El geógrafo urbano Henri Lefebvre diferenció hábitat o habitar. Mientras el primero alude a un espacio instituido y homogéneo, el segundo amplía la mirada del espacio como algo plural, en constante disputa y en donde los habitantes se apropian en su día a día, dándole un significado y orden concreto para sus vidas.
Respaldar el derecho a la ciudad
Ecologistas en Acción, que estuvo presente en Hábitat II considera fallida la NAU oficial acordada y la califica de «un documento pactado previamente entre los estados, débil en diagnóstico y propuestas y decepcionante por haberse negado a reconocer y respaldar el derecho a la ciudad». Por el contrario, valora positivamente las jornadas paralelas organizadas por la sociedad civil, entre las que citan, además de Resistencia Habitat 3, las jornadas convocadas por la Asamblea General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ‘Alternativas Urbanas y Sujetos de Transformación’.
Para la organización, «la NAU es muy débil en el diagnóstico de la situación y en las propuestas, y más aún en los compromisos concretos».
Además, remarca que esa debilidad es el resultado de los equilibrios realizados para satisfacer a todos los gobiernos firmantes y destaca entre sus incongruencias y limitaciones «la negativa al reconocimiento y respaldo explícito al derecho a la ciudad, principio asumido por colectivos y organizaciones sociales en las diversas regiones del planeta, e incluso incorporado a diversas constituciones nacionales en países latinoamericanos».
Sin embargo, a pesar de tildar de fracaso la agenda oficial, Ecologistas en Acción considera un éxito la cumbre debido a la organización de jornadas paralelas que «han establecido importantes lazos entre los colectivos participantes y se han alcanzado consensos en torno a las dinámicas necesarias para lograr ciudades más sostenibles y equitativas».