El pasado 20 de agosto, junto a las elecciones presidenciales adelantadas en Ecuador, se nos convocó a dos consultas populares. Una de alcance local para preguntar a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, la capital del país, si estamos o no de acuerdo en prohibir la extracción minera en el noroccidente del territorio, una zona de alta biodiversidad y productividad agrícola que hace parte del Chocó Andino, una bioregión que se extiende desde Panamá hasta el norte de Ecuador, por la costa, de altísima biodiversidad e importancia ecológica.
La segunda consulta, de alcance nacional, preguntó si estábamos de acuerdo en dejar a perpetuidad el petróleo bajo tierra en una zona del Parque Nacional Yasuní, conocida como bloque ITT, en la amazonía norte del país.
El “Sí al Chocó Andino” alcanzó 68% de los votos, el “Sí a Yasuní”, el 59%. Ambas consultas ganaron con más votos que la primera y el segundo candidato presidenciales juntos, quienes irán a segunda vuelta – Luisa González, del partido del ex presidente Rafael Correa, que alcanzó el 33%, y Daniel Noboa, de una de las familias más ricas del país, exportadores de banano, que llegó sorpresivamente al 24%. Los dos se enfrentarán el próximo 15 de octubre en comicios de segunda vuelta, que decidirán quién es la presidenta o presidente por poco más de un año en el esquema de elecciones anticipadas, en medio de una de las peores crisis económicas del país, tomado además por la narcoviolencia que al parecer tiene vínculos con el mismo presidente actual, Guillermo Lasso
Esto significa dos cosas: primero, que la defensa y protección de la naturaleza y de los pueblos indígenas en aislamiento que habitan el Yasuní es consenso nacional. En segundo lugar, que hemos consolidado el inicio del fin de la era post-extractiva en Ecuador, que comenzó en 2009 cuando se lanzó la iniciativa Yasuní-ITT para mantener el petróleo en el subsuelo. El triunfo de las dos consultas marca un hito histórico en la discusión sobre cómo detener nuestra dependencia de las exportaciones de petróleo y comenzar a diseñar un futuro mejor, lejos del país exportador de crudo que hemos sido hasta ahora, pero sin caer en la minería corporativa. Tal discusión está sucediendo a nivel nacional, pero necesitamos que trascienda al nivel global porque, como he dicho en otras ocasiones, la solidaridad internacionalista es vital para lograr el vuelco que necesitamos para superar el capitalismo adicto a los combustibles fósiles y presto a saltar hacia las energías “limpias” que no harán otra cosa que seguir extrayendo materia prima de las periferias globales.
La acalorada discusión que ha seguido en Ecuador tras conocer los resultados está enfrentando dos modelos de país. Por un lado, la derecha neoliberal, incólume frente a la avanzada de violencia en el país causada por el desmantelamiento del estado y su captura por redes de narco delincuentes de toda talla socioeconómica. Esta derecha, en el gobierno desde 2016 con Lenín Moreno y ahora con Guillermo Lasso, no supo hacer frente a la pandemia y sus consecuencias (según reportes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para junio de 2022 casi 200.000 niñes y adolescentes de entre 5 y 17 años habían dejado de asistir a las escuelas, y probablemente han terminado siendo carne de cañón de la narcodelincuencia) ni a la nueva oleada de migración, que en 2022 alcanzó alrededor de 100.000 personas. Ha adoptado una crítica frontal hacia los resultados de la consulta, planteando que las pérdidas por la extracción del crudo del Yasuní llevarán al país a la quiebra. La crisis económica, dicen las élites, no es culpa de su política de rapiña de los bienes comunes, sino de la no extracción de petróleo de baja calidad en un campo marginal. En vista de eso, señala la élite extractiva, la única solución será quitar los subsidios a los combustibles (razón por la cual ya ocurrieron dos paros o levantamientos nacionales, en 2019 y 2022), subir impuestos, siempre de manera regresiva, o privatizar los bienes públicos.
Lastimosamente a estas voces se unen varias dentro del correísmo, cuyo gobierno persiguió y criminalizó la organización social y la protesta, lo que provocó la ruptura con gran parte de la izquierda ecuatoriana, incluyendo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones ecologistas y feministas. A pesar de esto último, el correísmo sigue siendo un actor político central, que sigue obteniendo un mínimo de 30% de los votos en cada elección, debido precisamente a que logró, durante una década (2007-2017), mejorar las condiciones materiales de gran parte de la población, que incluyó una política de retorno migrante, y recuperar el rol central del estado en la planificación pública, siempre gracias a la renta petrolera. La conflictividad con la izquierda fuera del correísmo les llevó incluso a plantear en un inicio que, de ganar las elecciones, no ejecutarán el mandato popular tras la consulta del Yasuní, y no pretende revisar la actividad minera.
Afortunadamente, hay voces sobre todo jóvenes dentro del correísmo, que se están abriendo paso dentro del partido y movimientos afines que comprenden la urgencia de la acción ecologista y climática, pero sobre todo de politizarla en términos de clase. Estas voces críticas, y ciertamente el oportunismo político, han llevado a la candidata González a aceptar los resultados de la consulta e incluso a plantear como alternativa una de las propuestas económicas más interesantes de la campaña por el Sí al Yasuní: llenar el hueco fiscal cobrando las deudas que las grandes empresas mantienen con el Servicio de Rentas Internas.
La campaña Sí al Yasuní, aglutinada alrededor de la lucha de 10 años del colectivo Yasunidos, está presionando al país para que asuma otro modelo para alcanzar el bienestar de la población humana y no humana. La reflexión ha aprendido mucho de la lucha histórica del movimiento indígena, que en sus últimos periodos ha colocado en el centro de la lucha y del debate político las contradicciones de clase. De hecho, la interpretación clasista de la lucha antiextractiva convocó a la CONAIE a hacer campaña intensiva a favor de las dos consultas.
Propuestas como la reducción de las exoneraciones tributarias y el cobro de multas a las empresas y grupos económicos más ricos o la renegociación de tarifas con las grandes empresas telefónicas, son propias de un ecologismo popular que cuestiona la desigualdad social estructural y plantean de manera frontal que el precio de la crisis y la desigualdad estructural no puede seguir siendo asumida por la población más pobre del país, feminizada y racializada, ni por la población no humana. Revisemos las principales.
Cobrar las deudas al fisco que acumulan, desde 2014, $ 6.338,6 millones. Esta deuda representa el 20% del Presupuesto General del Estado de 2023, es más de lo que el país recibe por exportar petróleo, y definitivamente muchísimo más que lo que generaría el petróleo del Yasuni-ITT, que llega a los $ 147,97 millones anuales, es decir menos del 0.5% del PGE 2023. Esto es adicional al cobro de las deudas a las que hace referencia Luisa González, monto que asciende a más $ 1.990 millones en valor de deuda de los primeros 500 deudores (los grupos económicos más ricos, el primero de la lista es el grupo de la familia el candidato Noboa).
Otras propuestas buscan poner freno a la rapiña corporativa a través de la renegociación de regalías del sector corporativo o la defensa de lo público a través de la nacionalización y el rechazo a la apropiación privada de los recursos naturales. Por ejemplo, la renegociación de tarifas con las grandes corporaciones telefónicas internacionales que monopolizan el sector, dejarían al Estado alrededor de $ 2 mil millones; nacionalizar el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), evitaría que el Estado pague la tasa por su uso, $2,14 por barril de petróleo transportado, ahorrando alrededor de $156 millones anuales, sin contar con el ingreso por el cobro de esa misma tasa a las privadas; la focalización de subsidios a los combustibles y la electrificación del transporte público liberaría al país de las importaciones de derivados del petróleo y permitirían la eliminación ordenada de los subsidios, que no afecte a la población más pobre. Central a esto es la propiedad pública del sector energético, que permita ejecutar una política energética soberana y sostenible, que pasa por la racionalización del consumo interno de energía y, sobre todo, de alianzas geopolíticas norte-sur y la solidaridad internacionlista a la que me referí antes, vitales para la última propuesta a la que me referiré: la cancelación de deuda al sur global. Esta no es una propuesta alineada con la noción hegemónica de deuda, en la cual la deuda externa es intercambiada por fondos que se destinan a fideicomisos muchas veces privados o a otros instrumentos del capitalismo financiero, que mantienen la sujeción de los países periféricos deudores a los países centrales acreedores, al tiempo que legitiman una deuda basada en el saqueo colonial. Al contrario, es una propuesta que desconoce la deuda externa histórica por ilegítima, señalando su carácter imperialista y colonial, y exige que la deuda sea anulada, y dichos fondos direccionados a hacer frente a las consecuencias del cambio climático en la forma de transferencias de dinero directas e incondicionadas, no a través de la generación de más deuda. Lo que se señala es que los países industrializados centrales mantienen una deuda ecológica y climática con el planeta, que debe ser resarcida a los países periféricos, de donde la riqueza fue extraída y que ya estamos enfrentando con menos recursos los efectos del cambio climático.
Dicho esto, es inevitable preguntarse: estas reformas estructurales, y otras muchas que se requieren, ¿son posibles bajo un gobierno abiertamente neoliberal, liderado por un integrante de una de las familias más ricas del país, con vínculos con el actual presidente Guillermo Lasso que, a su vez, parece tener vínculos con el narcotráfico? Y es que, aunque el candidato Noboa haya manifestado su simpatía por la consulta por el Yasuní, las propuestas aquí presentadas van en la dirección diametralmente opuesta a sus ofertas de campaña, plagadas de desdén por lo público y afán privatizador. Por otro lado, pese al largo historial de autoritarismo del correísmo y su poco afán en pensarse otro modelo no basado en el extractivismo de petróleo y minerales, o de construir puentes con los sectores de izquierda otrora dinamitados, la candidata González ha planteado ciertas líneas ideológicas en el sentido contrario a Noboa, por la recuperación de la educación y salud públicas, destrozadas por los gobiernos sucesivos de Moreno y Lasso, la protección del Instituto Nacional de Seguridad Social, el combate a la narco inseguridad y el señalamiento de las grandes fortunas como responsables de la crisis.
Por supuesto, es comprensible el miedo al retorno del correísmo al poder ejecutivo. No olvidamos los eventos de violenta represión en Dayuma, Saraguro, Nankintz y Tsutnsuim, los 10 Luluncoto. No olvidamos la reticencia obtusa a pensarse un país sin extractivismo de ningún tipo. El correísmo debe rectificar, reconocer las heridas que provocó, dejar de replegarse sobre sí mismo. La esperanza está puesta en la izquierda dentro del correísmo y en los cuadros jóvenes que se están abriendo paso, a los que me referí antes. La apertura de la candidata González al triunfo en la consulta del Yasuní puede leerse en estos términos.
Tampoco olvidamos lo que hace la derecha, las élites económicas cuando toman el poder político. Lo que necesitamos es pensar en alianzas de clase. Lo que es imposible con los millonarios, sean los filántropos luchadores contra el cambio climático o los herederos de fortunas construidas sobre formas de trabajo esclavo en nuestros países periféricos, ávidos por seguir sirviendo al arreglo colonial de proveer trabajo humano y naturalezas baratas a la maquinaria de expolio, como el candidato Noboa. Perder la capacidad de mirar las diferencias entre unos y otros puede echar por tierra lo ganado con el triunfo en las consultas.
La pregunta ya no es solo, sobre quién ponemos el peso de generar divisas para financiar el Estado, si sobre los pueblos indígenas, negros y montubios, sobre los y las campesinas, sobre los pueblos en aislamiento y la población no humana del país, o sobre las élites de rapiña. La situación en Ecuador es tan delicada, que la pregunta es ¿qué gobierno afectará menos las condiciones mínimas de reproducción de la vida? Y más allá: con qué gobierno es más posible la recuperación de dinero vía cobro de impuestos y deudas a las grandes fortunas, la renegociación de contratos petroleros y mineros, la nacionalización de los recursos. Qué gobierno puede hacer frente a la desaparición de las decenas de miles de niñes de las escuelas, de la sumisión del Estado a las redes narco-corporativas, del sangrado de ecuatorianos y ecuatorianas a través del Darién.
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