11 de noviembre, San Martín. Esta noche empieza la campaña electoral en las tierras de la butifarra, y miren por dónde, hoy hablaré de la carne de cerdo triturada. Spam es la palabra. Los mismos diputados que nos fríen con cuñas publicitarias en radio y televisión, se gastan una fortuna subvencionando los periódicos que hablan […]
11 de noviembre, San Martín. Esta noche empieza la campaña electoral en las tierras de la butifarra, y miren por dónde, hoy hablaré de la carne de cerdo triturada. Spam es la palabra.
Los mismos diputados que nos fríen con cuñas publicitarias en radio y televisión, se gastan una fortuna subvencionando los periódicos que hablan de ellos, e inundan nuestros buzones físicos y virtuales con propaganda ideológica sobre diferentes «ismos» periclitados, ahora van y se quejan de que los ciudadanos les escriban educados correos electrónicos.
Enviar mensajes políticos a nuestros representantes políticos no es spam. La vigente Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, conocida como LSSI o LSSICE, aprobada por el PP y endurecida administrativamente por el PSOE, dispone en su artículo 21 lo siguiente:
Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.
En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.
Con independencia de que consideremos o no el acta de un diputado como una relación contractual previa con sus electores, estableciendo un negocio jurídico de mandato, por el que el representante público se compromete a respetar su programa electoral -risas enlatadas, que pueden canjear en caja por dos latas de spam- lo cierto es que un e-mail donde se solicita a los diputados que respeten la Constitución no puede ser interpretado como comunicación comercial. Al menos si no estimamos, claro está, que los derechos fundamentales son una mercancía en vía de saldo y remate.
La chapucera web del Congreso nos costó una millonada, así que se supone que los servidores que la soportan deben estar sobradamente preparados para resistir una avalancha de correos electrónicos exigiendo a nuestros diputados que cumplan con su promesa o juramento de acatamiento a la Constitución. A diferencia de los ataques anónimos que envían millones de peticiones desde una sola IP contra un servidor, xMailer se limita a enviar 350 correos electrónicos, uno por diputado, desde la dirección electrónica de un ciudadano con nombre y apellidos: no puede haber forma de protesta -a cara descubierta- más valiente y democrática.
Dado que se aproximan las Navidades, y la festividad de los Reyes Magos, habrá que aprovechar las herramientas tecnológicas de que disponemos. La Ley Sinde sólo es el primer paso: a partir de ahora vamos a pedir muchas más cosas a nuestros diputados, antes de que llegue el próximo y definitivo San Martín. Al fin y al cabo, y como sucede con el cerdo ibérico, el correo electrónico y las Cortes Generales son de esas cosas que hay que cuidar, precisamente porque nos unen.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/jaqueperpertuo/2010/11/11/la-democracia-directa-no-es-spam.html