El jueves 21 en las ciudades grandes de Francia se realizaron manifestaciones contra la reforma reaccionaria del Código de Trabajo y el lunes, la huelga de los camioneros, con bloqueo de las gasolineras y de las rutas proseguirá la protesta. Los trabajadores franceses retoman así la inmensa movilización en 2016 contra la reforma del Código […]
El jueves 21 en las ciudades grandes de Francia se realizaron manifestaciones contra la reforma reaccionaria del Código de Trabajo y el lunes, la huelga de los camioneros, con bloqueo de las gasolineras y de las rutas proseguirá la protesta.
Los trabajadores franceses retoman así la inmensa movilización en 2016 contra la reforma del Código Laboral del gobierno «socialista» anterior. En Argentina, por su parte, los estudiantes secundarios de Buenos Aires, apoyados por los maestros, ocupan desde hace semanas los colegios y hacen manifestaciones para anular la reaccionaria reforma de la Ley de Educación que quiere realizar el gobierno macrista de la ciudad. Los miembros del Conicet argentino ocupan además las instalaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología para luchar contra los recortes de fondos para la institución.
La respuesta es siempre la misma: «la democracia no se hace en la calle, las leyes las hacen las instituciones parlamentarias». Eso dicen Macron y Macri y todos los gobernantes de este mundo capitalista algunos de los cuales admiten a regañadientes el derecho de huelga y el derecho a manifestar (aunque tratan de reglamentarlos-anularlos).
¿Realmente la sede de la democracia son los Parlamentos? Esa afirmación es doblemente falsa. En primer lugar, porque los Parlamentos y la capacidad de legislar nacieron «de la calle» con la Revolución Inglesa de 1688, se reafirmaron «en la calle» con la revolución en las colonias inglesas de América y la guerra de liberación nacional que condujo al nacimiento de Estados Unidos y se identificaron con la democracia con el triunfo de la Montaña en la Revolución francesa en 1791-1792.
Dicho sea de paso, la burguesía no hizo ni dirigió la Revolución Francesa aunque en parte la preparó y después la canalizó y la expropió en su beneficio. La revolución la hizo el «demos», o sea, el pueblo y la nación, organizados en París en los clubes y secciones y en la Comuna. En esa alianza entre sansculottes y burgueses medios y chicos (los grandes habían comprado títulos de nobleza o eran monárquicos), según los testimonios escritos, los trabajadores y artesanos se identificaban como nación y utilizaban la calificación de pueblo para los buergueses medios o pequeños y fue la nación en armas y no el pueblo quien hizo la revolución y defendió las fronteras contra los ejércitos de las monarquías.
En el siglo XIX la jornada laboral, incluso en las minas, era de 15 horas y basta con leer a Dickens para horrorizarse ante el trabajo femenino e infantil desde los 5 años y la terrible condición de las viviendas de los trabajadores y de su alimentación y hábitat en general. Aunque algunos filántropos preocupados por la mortalidad en los barrios obreros y por la degeneración física y poco rendimiento de los trabajadores propusieron leyes que protegían a éstos, la mayoría absoluta de las leyes laborales, sanitarias, educativas, ambientales y el mismo voto universal surgieron de la organización y de las luchas obreras y costaron sacrificios y muertes. Fue «la calle» quien reestableció el Parlamento y la Constitución en Italia al fusilar y colgar a Mussolini y a los jerarcas fascistas, y en Francia la Liberación fue fruto de los ejércitos que vencieron a Vichy y a los nazis pero también de los Maquis, los civiles armados, en su mayoría trabajadores del campo y de la ciudad y de su lucha contra las instituciones «legales» pero ilegítimas.
Las propuestas de leyes laborales deben ser discutidas y aprobadas (en Francia, China, Cuba o cualquier lugar del planeta) por los trabajadores en su lugar de trabajo reunidos en asamblea, y no sólo por gente elegida cada tantos años pero desligada, por su vida y sus privilegios, de quienes trabajan. Lo mismo vale para las leyes sanitarias en las que deben opinar vecinos, usuarios de servicios, ecologistas pero, sobre todo, el personal enseñante u hospitalario.
Mientras los representantes legales de la voluntad popular, elegidos por los partidos, no sean controlados por sus electores y revocables en todo momento, como en la Comuna de París en 1871, los trabajadores deberán «legislar» con sus huelgas y manifestaciones que nuevamente, oponen la nación a un pueblo multiclasista de meros electores ocasionales.
En la calle es necesario ganar las conciencias de quienes delegan o venden su voto, es fundamental elevar el grado de decisión y de moral de las víctimas de las leyes reaccionarias que refuerzan la dominación y la explotación capitalistas, es indispensable demostrar con propuestas que no es cierto que no haya una alternativa ni que existan inexorables leyes económicas que supuestamente obligan a adoptar medidas impopulares.
No existe una falta de alternativas: hay una dictadura en las empresas y no hay consulta previa a los trabajadores. En los servicios priva además el infame concepto de que ferrocarriles, hospitales, escuelas, agua, luz deben tener equilibrio presupuestario o dar ganancias, cuando son en realidad inversiones que hacen posible tener trabajadores sanos, más cultos y más productivos y deberían ser gratuitos.
Los Parlamentos nacieron de revoluciones e insurrecciones y no pueden sustituir la soberanía, que reside en el pueblo y no en quienes dicen ser los representantes de éste. «La calle» puede ser y será legisladora mientras quienes con su trabajo producen la riqueza de los países estén ajenos a una actividad legisladora que no los tiene en cuenta. Sobre todo allí donde los grandes patrones gobiernan, como en Francia o Argentina, donde impera un masivo fraude preelectoral o en las urnas mismas, como en México, o donde golpes de Estado parlamentarios burlan la votación popular, como en Brasil.
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