En este artículo el autor sostiene la necesidad de organizar la lucha para defender y garantizar la ‘vigencia de una democracia avanzada que asegure los legítimos derechos’ del pueblo brasileño.
A una semana de haber asumido Lula la presidencia de Brasil, el pasado domingo 8 de enero de 2023, tuvo lugar en Brasilia una asonada de grupos neofascistas partidarios de Jair Bolsonaro que lograron ingresar en la Plaza de los Tres Poderes y vandalizar algunas instalaciones de Ministerios, del Tribunal Supremo y del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia.
Ya ha sido abundantemente señalado el inocultable paralelismo de esta asonada antidemocrática con la llevada a cabo el 6 de enero de 2021, cuando partidarios de Donald Trump ingresaron al Capitolio en Washington. En ambos casos negando la legitimidad del resultado de las elecciones presidenciales que marcaron el triunfo de Joe Biden y Lula da Silva respectivamente.
Un hecho delictivo de este tipo, por el cual ya se han detenido a más de 1.500 personas, de por sí es muy grave.
Pero su gravedad aumenta en la medida en que nos vamos enterando de algunos detalles de lo sucedido.
Resulta evidente que no se trató para nada de una manifestación espontánea de un grupo de exaltados. Por el contrario fue un operativo planificado en detalle, con actores cómplices dentro y fuera del gobierno.
Enumeramos algunos elementos:
a) Financiación.– de acuerdo a declaraciones del Ministro de Justicia, Flávio Dino, ya se habrían detectado financiadores en 10 estados del país. Sin ir más lejos los que contrataron a las decenas de autobuses utilizados para el transporte de los agitadores a Brasilia.
Pero no sería de extrañar una participación de capitalistas ligados a la industria y al agronegocio, gran beneficiario de las políticas llevadas adelante por Bolsonaro.
b) Complicidades institucionales.– el caso del ahora destituido Secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres es emblemático por lo escandaloso (pero no el único). Fue el directo responsable de la permisividad mostrada por agentes de la Policía Militar de Brasilia ante el avance de los manifestantes, limitándose a mirar y sacarse fotos con sus celulares, tal como lo muestran varios videos.
No menos preocupante es no sólo la falta de un pronunciamiento por parte de las fuerzas armadas sobre estos hechos, sino además que hubieran permitido que durante dos meses se instalaran campamentos frente a varios cuarteles – reclamando una intervención militar que restituyera el poder a Jair Bolsonaro – sin haberlos desalojado-. Esos campamentos fueron precisamente instrumentos para la planificación de esta asonada y su previa difusión.
c) Algunas medidas adoptadas.– el presidente Lula decretó el mismo día la intervención federal de todos los organismos de seguridad de Brasilia hasta el 31 de enero. Designó al Secretario General del Ministerio de Justicia, Ricardo Capelli, quién reportará directamente a él. Asimismo Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema, ordenó la prisión de Torres (que está ahora en EEUU) y ya fue detenido el ex comandante de la policía militar de Brasilia, Fábio Augusto Vieira. También ordenó el apartamiento temporal en sus funciones del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha.
Más allá de las medidas concretas que tome el gobierno de Brasil sobre este caso, es preocupante constatar que estamos ante una ofensiva de la derecha en todo el mundo.
Ante una nueva crisis global del sistema, signada por el inevitable descenso de la tasa de ganancia, el capitalismo apuesta a neutralizar ese descenso mediante la instauración por todos los medios de gobiernos autoritarios que aseguren y amparen la imposición de una mayor tasa de explotación; de plusvalía.
Para lograrlo recurren a la violación de elementales garantías constitucionales y al arrasamiento de las conquistas laborales fruto de décadas de lucha de los trabajadores.
Sería bueno y necesario que todas las fuerzas de izquierda y progresistas y las organizaciones sociales reflexionaran detenidamente sobre este fenómeno que nos alcanza a todos.
Existe a mi juicio (al igual que el fetichismo de la mercancía, por el cual a cada una se le otorga un valor de cambio “per se” y no por el trabajo acumulado que contiene) una suerte de “fetichismo de la legalidad” expresado en la creencia de que por la mera existencia de la misma, queda asegurada la democracia y se desalienta todo intento de atentar contra ella.
Para los que así piensan, tenemos malas noticias: la lucha de clases sigue vigente; “vivita y coleando”. La gran burguesía imperialista -en aras de asegurar sus intereses de clase-, nunca trepidará en violentar sus propias reglas de juego; la legalidad burguesa que nos rige desde la revolución francesa a nuestros días.
En consecuencia la democracia y las conquistas sociales se ganan, se afianzan o se pierden en el día a día, en el marco de la lucha de clases; en cada país y a nivel internacional.
Sólo la lucha y movilización organizada de los trabajadores en sus distintos nucleamientos sociales y la actitud vigilante de los partidos políticos de izquierda y progresistas (estén o no en el gobierno) podrá garantizar la vigencia de una democracia avanzada que asegure sus legítimos derechos.
Fuente: https://estrategia.la/2023/01/11/brasil-la-derecha-continua-su-ofensiva/
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