El establishment brasileño vive un momento de desesperación ante una derrota previsible en las elecciones presidenciales -falta un mes escaso- y los analistas señalan que lo que se buscó con el atentado contra el ultraderechista Jair Bolsonario fue causar caos en el ambiente electoral. Llama la atención que, en el contexto del quiebre del orden […]
Llama la atención que, en el contexto del quiebre del orden jurídico tras el golpe de 2016 contra le presidenta Dilma Rousseff, el atentado se produjera en vísperas del día de la Independencia.
No sería la primera vez que en Brasil un atentado personal cambia el curso político. Son ejemplos la muerte de Joao Pessoa, gobernador de Paraíba, en julio de 1930, abrió el proceso a la Revolución del 30 y el»atentado de la Rua Tonelero, estridentemente conducido por los medios de comunicaciónen el que la supuesta tentativa de asesinato contra el periodista Carlos Lacerda culminó con el suicidio de Getúlio Vargas 19 días después, en 1954.
Los medios señalan que Bolsonaro no podrá hacer campaña por los próximos 30 días, y así, el panorama general de las elecciones se modifica de forma significativa, tanto en la agenda del debate, como en las formas y los contenidos por donde irán los posicionamientos de rivales y contrincantes.
Mientras, la Polícia Federal envió un documento al Supremo Trubunal Federal en el cual revela haber descubierto indicios de que el presidente de facto, Michel Temer, recibió sobornos de la constructora Odebrecht, envuellta en demasiados casos de corrupción. Ahora, la fiscal Raquel Dodge debe decidir si lo acusa por tercera vez desde que asumió el cargo tras el golpe de 2016. De ser acusado, serán necesarios dos tercios de la Cámara de Diputados para suspenderlo y permitir su enjuiciamiento.
En el nuevo escenario electoral sin Lula como candidato, deja demasiadas dudas y especulaciones. En los pocos sondeos realizados con posterioridad a la impugnación de la candidatura de Lula por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro sería derrotado por todos los otros candidatos en un hipotético segundo turno, lo que despertó más más suspicacias después que la Policía Militar comentó sobre su planificación previa-.
Al margen de las bravuconadas de Gustavo Bebianno, presidente del Partido Social Liberal (PSL) -que impulsa la candidatura de Bolsonaro- de que «ahora es la guerra, la guerra está declarada», uno de los aspectos más llamativos de estos días -previos y post atentado- fueron algunas declaraciones de los jerarcas militares. Por ejemplo, el general Heleno Ribeiro, admitió que el Ejército no iba a aceptar pasivamente ser comandado por el ex presidente Lula.
Su par Hamilton Mourao, compañero de fórmula de Bolsonaro, marcó como culpable del atentado al Partido dos Trabalhadores (PT) y el comandante en jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, filtró la información sobre una reunión de emergencia del Alto Comando para evaluar el contexto, con objetivos no declarados.
Hoy en Brasil subsiste una democracia distorsionada, con un protagonismo militar in crescendo, en medio de la competencia electoral, y en continuidad con lo que sucedió al momento de la definición de la Corte Suprema de Justicia sobre el habeas corpus de Lula, o los días previos a la militarización del estado de Río de Janeiro. Y en ese contexto, el propio Jair Bolsonaro, militar retirado del Ejército, empujando esta imposición de imaginario colectivo.
Ningún detalle del atentado fue dejado al azar: el atentado fue transmitido en vivo y directo -y luego viralizado en televisión y redes sociales- y adiciona un punto de inflexión en los téminos de la disputa presidencial. Tras conocerse el atentado, los asesores de la campaña del derechista Gerardo Alckmin retiró la publicidad donde se criticaba a Bolsonaro.
El ex militar se había convertido en el principal obstáculo para la candidatura de Alckmin, el preferido por el régimen dictatorial y el establishment, y en una seria amenaza para la supervivencia posterior del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El ataque homicida contra el candidato ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, además de significar una violencia inaceptable contra la vida humana, es un atentado adicional al Estado de derecho cuya democracia ya está en necrosis gracias a la dictadura jurídico-parlamentaria-mediática que mantiene al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en prisión política.
Bolsonaro es víctima de la barbarie que el mismo creó, crea y disemina en la sociedad -señala el analista gaúcho Jeferson Miola- y el atentado en su contra puede ser considerado, en cierta medida, como efecto directo de la violencia político-ideológica (al mejor estilo de los hooligans británicos) que Bolsonaro encarna con singular excitación, la misma violencia que ametralló a los militantes populares Marielle Santos y a Anderson Campos.
La solidaridad de los medios hegemónicos y de los partidos de la derecha llegaron de inmediato, lo que no sucedió cuando «desconocidos» dispararon contra la caravana de Lula unos meses atrás. Una semana atrás, Bolsonaro había entre risotadas a un muñeco con la cara de Lula en Brasilia y propuso, simulando disparar un fusil con un trípode fotográfico, «terminar con todos los petistas de Acre», en un evento en ese estado.
La decisión del Tribunal Superior Electoral, una semana atrás, le retiró a Lula el derecho de ser candidato, cuando en los sondeos duplica la intención de votos de Bolsonaro, su más próximo rival. El argumento principal de la recusación es la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que sean retiradas las trabas a la candidatura. Además el TSE prohibió la presencia de imágenes o el nombre de Lula en los materiales de la campaña y suspender la publicación de los sondeos de opinión con el nombre del ex presidente,
Ahora el blanco ya no es sólo Lula, sino su candidato a vicepresidente, el ex alcalde Sao Paulo, Fernando Haddad, quien asumirá su posición en caso de que el ex presidente sea impedido de presentarse. Haddad fue acusado por el fiscal Marcelo Mendroni de corrupción y lavado de dinero, resucitando una denuncia del empresario Ricardo Pessoa para pagar materiales gráficos de su campaña, sin declarar el origen de los fondos (unos 600 mil dólares).
En una decena de casos las acusaciones del empresario fue rechazada ya que quedó en claro que la causa era la decisión de Haddad de anular la mayor obra de la constructora de Pessoa en Sao Paulo (un túnel en la avenida Marinho), tras denunciar sobrefacturación.
Juraima Almeida es investigadora brasileña y analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.