El catedrático británico David Harvey, uno de los geógrafos más citados y reconocidos por sus estudios en antropología, afirmó en Brasil que la desigualdad es el «motor» de la segregación urbana en la urbanización masiva de los últimos treinta años en el mundo. «El bienestar de la población y la calidad de vida no está […]
El catedrático británico David Harvey, uno de los geógrafos más citados y reconocidos por sus estudios en antropología, afirmó en Brasil que la desigualdad es el «motor» de la segregación urbana en la urbanización masiva de los últimos treinta años en el mundo.
«El bienestar de la población y la calidad de vida no está siendo cuidada en ningún lugar del mundo por los procesos de urbanización masiva que se vienen dando desde hace treinta años siendo la desigualdad el mayor motor de la segregación urbana» resaltó el británico durante un seminario celebrado en Sao Paulo el pasado 9 de junio.
Harvey fue el principal invitado extranjero del Seminario Internacional «Ciudades Rebeldes» que ha debatido hasta el 12 de junio la transformación de las ciudades en beneficio de sus habitantes.
Entre los más de cuarenta ponentes se encuentran el reconocido economista Marcio Pochmann y el diputado federal y periodista Jean Wyllys, activista en defensa de los derechos de la comunidad homosexual y vencedor de una edición brasileña del programa de televisión «Big Brother» (Gran Hermano).
El británico hizo referencia a las nuevas alcaldías progresistas en España explicando que «están surgiendo nuevos grupos políticos en búsqueda de modos de decisión más democráticos, lo que supone que existe una voluntad política de cambiar y un derecho a ciudad».
Sobre ese «derecho a ciudad», los participantes de la apertura del encuentro destacaron la necesidad de una metrópoli alternativa con inclusión, oportunidades, desarrollo y solidaridad, donde se permita la discusión con la ciudadanía frente a la exclusión, la violencia, la explotación y la crisis, actual segregación.
De otro lado, Harvey comparó el valor de uso de las casas y el precio de mercado de las mismas afirmando que muchas de las inversiones en las ciudades tienen como objetivo satisfacer el lujo, pero luego en esas residencias nadie puede vivir debido a su elevado coste.
«Se está destruyendo el concepto ciudad como espacio en que sus habitantes conviven debido al desarrollo insostenible, efectos del neoliberalismo, urbanización militarizada, especulación inmobiliaria, falta de movilidad y de libertad acuñándose como un mero concepto político», apuntó.
Para el geógrafo, «todo es sometido a un cálculo monetario en el que nosotros no importamos pero el dinero si, y eso es el centro de un proceso de urbanización que está siendo impulsado por el poder del valor monetario» (1).
Este artículo tiene el objetivo de profundizar el derecho a la ciudad y la segregación urbana, temática que voy personalmente a debatir durante el V Congreso Internacional de Pedagogía Social bajo el lema «El lugar de la educación social, popular, comunitaria en las políticas públicas de Brasil», importante evento organizado por la Universidad Estacio de Vitoria-Espirito Santo (Brasil), Ufes y Radier, en programa por los días 1-3 de septiembre de 2015 (2).
¿En São Paulo, policía militar que mata joven negro favelado, cumple con una política de Estado?
El 27 de mayo de 2015 un joven negro, Lucas Custodio de 16 años fue muerto por policías en la favela Sucupira, en Grajaú, al extremo sur de la ciudad de São Paulo.
Habría implorado a uno de los policías: «Não precisa me matar, senhor». Estaba desarmado, fue esposado, llevado para un matorral y ejecutado. La Policia Militar no dio explicaciones, la Secretaría de Seguridad Pública no se pronunció, y el gobernador del estado Geraldo Alckmin (PSDB), se hizo el desentendido.
Los periodistas Claudia Belfort y Luis Adorno enviaron cinco pedidos de respuesta, de esclarecimiento y de entrevista a la Policía Militar y a la Secretaría de Seguridad Pública, que no obtuvieron respuesta. Durante los días siguientes enviaron nuevos mensajes para obtener información sobre el hecho. Ninguna contestación. En 2013 ante la muerte de un universitario blanco de 19 años, Casper Líbero, el gobernador Alckmin no sólo se pronunció indignado sino que anunció que encaminaría al Congreso Nacional un proyecto de ley para tornar más rígido el Estatuto del Niño y del Adolescente en caso de violencia cometida por menores. Menos de 10 días después fue a Brasilia a 1.000 km. de la sede de su gobierno a entregar su propuesta. Pero no se molestó el mes pasado en ir a Grajaú a 26 km. para dar una explicación o una palabra de conforto a la familia de Lucas, un joven favelado negro.
La conclusión de los periodistas es inevitable «en São Paulo, policía militar que mata joven negro favelado, cumple con una política de Estado» (3).
Jóvenes negros tienen 2,5 más chances de ser asesinados que los blancos
Un joven negro corre 2,5 veces más riesgo de morir asesinado que uno blanco, un estudio presentado este jueves y que refleja la gran vulnerabilidad a la violencia que sufren los afrodescedientes en el empobrecido nordeste del país. «La violencia contra la juventud negra se convirtió en un problema de estado en Brasil», afirma el prefacio del Índice de Vulnerabilidad juvenil a la Violencia y la Desigualdad 2014, elaborado el pasado 7 de mayo de 2015 en conjunto por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, el gobierno federal y la Unesco (4).
El informe muestra que el nordeste es donde los brasileños negros de entre 12 y 29 años son más susceptibles a sufrir violencia y las consecuencias de la desigualdad que sus pares blancos de la misma franja etaria.
Según el reporte, en 2012 fueron asesinados 87 jóvenes negros por cada 100.000 individuos pertenecientes a ese grupo en el nordeste, mientras que la proporción de homicidios entre los jóvenes blancos de esa región fue de 17,4 por cada 100.000.
En el estado de Paraíba (nordeste), un joven negro corre 13,4 veces más riesgo de ser asesinado que uno blanco, muy por encima de la tasa promedio del país.
«Aunque la esclavitud terminó a fines del siglo XIX, lamentablemente no hubo un proceso de inclusión productiva, económica» de la población negra, afirmó el ministro de Derechos Humanos de Brasil, Pepe Vargas, durante la presentación del informe.
«Eso hace que en las periferias, donde la pobreza está más presente, también hay mayor presencia de afrodescendientes», quienes todavía ven sus derechos económicos y sociales cercenados, agregó.
Según el reporte, el estado donde existe menor diferencia de riesgo relativo es Sao Paulo (sureste) , donde los jóvenes negros tienen 1,49 más chances de morir asesinados. Paraná (sur) es el único estado donde un joven blanco corre más riesgo de morir en un homicidio que uno negro.
El conjunto de esos datos conforma un índice que contempla además otros indicadores, como la mortalidad por accidentes de tránsito, la concurrencia a la escuela, la inserción en el mercado de trabajo, la pobreza en el municipio donde viven y la desigualdad.
Brasil, con más de 200 millones de habitantes, es el segundo país con mayor población negra del mundo (51,7%) después de Nigeria.
Históricamente, el nordeste concentra los mayores índices de pobreza, en contraste con el sur y sureste de Brasil, donde está la megalópolis Sao Paulo, capital económica del país.
Según la Secretaría Nacional de Juventud, el nuevo estudio será utilizado para orientar políticas públicas de reducción de violencia contra los jóvenes.
La «Pacificación» de Río de Janeiro y la intervención militar en las escuelas
Diego Ferrari es Asistente Social, Militante de Derecho Humanos, integrante de la Agrupación Filhos e netos por Memoria Verdade e Justiça en Rio de Janeiro. Participó de movimientos sociales como el Frente Popular Dario Santillán en Argentina, Y contribuyó como Coordinador Político Pedagógico en la ENFF del Movimiento Sin Tierra en Brasil.
Diego Ferrari (5) considera que «La política de seguridad pública de la ciudad de Río de Janeiro ocupa un lugar destacado entre las políticas públicas del estado brasileño. Se trata de superpoblar de policías militares determinadas zonas, alcanzando a ocupar escuelas públicas de ser necesario. En ese marco se produce una disputa en el territorio de las escuelas públicas de las favelas, entre el paradigma policíaco controlador y el de la educación como derecho y oportunidad.
La Ciudad de Río de Janeiro, al asumir su condición de ciudad global, se posiciona a escala mundial como la vidriera de América Latina. La «ciudad maravillosa», elegida como sede para el desarrollo de múltiples mega-eventos, consolidó una gestión empresarial de la ciudad.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía e Estatística (IBGE), más del 14% de la población de la «ciudad maravillosa» vive en favelas. Son más de un millón y medio de personas viviendo en 43km2 de asentamientos informales. Se cuentan casi 1000 favelas, pero las ocho más grandes concentran el 40% de los habitantes totales en este tipo de barriadas.
Las UPP creadas a partir del 2008 -a través del emblemático caso de «la favela modelo», Santa Marta en Botafogo-, se conciben como un «modelo de policía comunitaria». Según datos del Instituto Pereira Pasos, después de 7 años de implementación del programa, la reducción de homicidios en las zonas de instalación de las UPP entre el 2009 y el 2012, a partir del 2013 se reduce generando registros de nuevos picos de violencia. Según datos del Nupevi (Núcleo de Pesquisa das Violências), citados por el investigador Marcos Barreira en el libro «Hasta el último hombre», las UPPs están presentes en menos de 3% de las más de mil favelas de Río, mientras que las milicias dominan el 41,5% y el tráfico el 56%. Pero eso sí, las UPPs, cubren el 100% de las favelas de la zona Sur. La UPP forma corredores de seguridad y áreas militarizadas protegidas en las regiones de gran inversión: «La zona oeste está prácticamente olvidada y la Baixada Fluminese, que tiene los mayores índices de homicidio en el Estado, está completamente olvidada. Las armas y el poder paralelo se mudaron para el interior» (información verbal de un profesor de una escuela de la Rocinha.)
«La panza de la mujer de la favela es una fábrica de bandidos», dijo Sergio Cabral Filho, ex gobernador del estado de Río de Janeiro (PMDB), que tuvo que renunciar después de las masivas movilizaciones de junio de 2013. Ocurre que las diferentes concepciones del sujeto que habita en las periferias urbanas llevan al desarrollo de diversas políticas públicas. Cabral es el responsable por la implementación de las UPP. Es que la «pacificación» se basa en una lógica propia de la guerra, una modalidad particular del ejercicio del poder, en la cual una de las partes en conflicto somete a la otra por medio del uso de la violencia. Pacificación en enfrentamiento con vistas la dominación. Pacificar la sociedad desde esa concepción supone entonces que una de las partes del conflicto se presente como externa a él, presentando un discurso que se esfuerza por hacer creer como orden universalmente válida, una forma particular de ordenamiento del mundo.
Es lo que el profesor universitario Carlos Vainer llama de ciudad de exepción: «un modelo basado en el control del acceso a los espacios públicos, a los espacios urbanos de una forma general. La ciudad de excepción no comienza con el agregado de los grandes eventos, comienza antes de eso, pero con certeza ella se consolida con los megaeventos y corre el riesgo de eternizarse, o sea, alterar de un golpe todos los paradigmas urbanos de la ciudad». Básicamente, «esa ciudad de excepción», está caracterizada por una gestión autoritaria y militarizada del espacio urbano.
La Pacificación y el territorio de la escuela
En el año 2014 fue creado el Programa Estatal de Integración en la Seguridad (Proeis), resultado de un convenio entre la Secretaria de Educación (Seeduc) e la Secretaría de Seguridad (Seseg). A través del mismo, las UPPs desarrollan «acciones sociales» en las 38 comunidades en las que se encuentran, utilizando como base de actuación, entre otros, el territorio escolar. De esta forma, por ejemplo, policiales «pacificadores» están encargados de «acompañar» el ausentismo escolar, además de garantizar la «seguridad» en la escuela por medio de su presencia en el cotidiano escolar.
En las publicidades difundidas ampliamente en los medios sobre el accionar policial de «proximidad con la comunidad», se observan encuentros culturales, musicas, deportes. Sobre el carácter comunitario de la UPP, Beltrame afirma: «En el ámbito de las acciones sociales, el foco principal será la escuela.» Las acciones sociales destinadas directamente a la construcción de hegemonía, pasan y entran en el «territorio escolar» a veces a través de el apoyo escolar en la mayoría de las favelas. En otras directamente la UPP funciona dentro del edificio escolar ocupando su territorio material.
Entrevistada sobre la presencia policial en la favela, la madre de un alumno de la escuela de la Rocinha descarga su opinión: «Esa idea de la UPP controlando el ausentismo escolar es ridícula. ¿Y cuando mi hijo falta a clase que sucede? ¿Le dan una cachetada? ¿Cuál es la formación que el policía militar tiene para lidiar con la educación de nuestros hijos? Queremos mas jardines de infantes, mas puestos de salud, mas proyectos sociales. Ahora que todo el mundo está viendo que ese plan de seguridad es un fracaso, nuestro secretario de seguridad pública viene a decir que está sólo. La UPP es política de control social y exterminio de pobre, solo no lo ve quien no quiere verlo.»
Un estudio hecho por la investigadora Joana Monteiro, de la Fundación Getúlio Vargas, afirma que estudiantes de escuelas instaladas en áreas de riesgo (incluyendo zonas de UPPs) obtienen menor puntaje en las pruebas. Los números lo confirman: Por lo menos en los resultados referentes a la Escuela Estadual Caic Theophilo de Souza Pinto, del Complexo do Alemão, en 9º ano del nivel de enseñanza fundamental obtuvo notas bajas. En los dos años que la escuela convivió con la presencia de una UPP en su território, no alcanzó los promedios estaduales.
El caso del Complexo do Alemão
En el año 2012, después de haber recibido un fuerte ataque en el container precario en el que funcionaba la UPP de Nova Brasilia en el complexo de Favelas llamado el Alemão, la secretaría de seguridad tomó la decisión de instalar la base de la UPP en el patio de la escuela de la favela.
La presencia de la Policia Militar en el Colegio Theophilo de Souza Pinto trajo una serie de conflictos en el cotidiano escolar que van desde, el patrullaje en horarios de entrada y salida de la escuela, revisar a alumnos a la entrada del edificio escolar o de camino para la escuela, hasta el impacto de balas en el frente de la escuela. En la escuela actualmente estudian 820 alumnos. Antes de la instalación de la base de UPP, la escuela supo recibir el doble de alumnos como matrícula, la deserción escolar es alarmante.
Padres de alumnos, estudiantes y profesores dicen que es común que la Policía Militar (PM) use la parte interna del colegio para intercambiar tiros con los grupos de traficantes, y ha ocurrido que alumnos quedan en la línea de tiro. Una serie de declaraciones pueden graficar la situación de la escuela. Las declaraciones que siguen fueron obtenidas durante el trágico mes de abril de 2015 en el territorio del Complexo, en el que varias muertes por «balas perdidas» afectaron la población, entre ellas el emblemático caso de Eduardo, un niño de 10 años:
«Mi escuela, querida, maltratada por el desprecio de este gobierno estadual. De acuerdo con la dictadura de la «pacificación», en el Complexo, la escuela es un granero de vagabundos, y sus trabajadores conspiradores.» (Relato de una profesora del complexo do Alemão.)
«Esta escuela que se transformó en una porquería desde que la base militar entró.» (Relato de la madre de un alumno).
«La presencia ostentosa de policiales fuertemente armados en el interior de la escuela pone en riesgo toda la comunidad escolar, violenta principios pedagógicos y limita considerablemente el desarrollo de la educación. Para nosotrxs lxs profesores hoy el problema de violencia es la presencia de la UPP en la escuela.» (Declaraciones del SEPE, Sindicato Estadual de Profesionales de la Educación.)
«El patrullaje del barrio es en el mismo horario de la entrada y salida de la escuela. Usan a los chicos como escudo, yo digo, están errados. ¡Yo con mis impuestos ayudo a pagar el salario y las municiones de quienes están matando a mis vecinos amigos! Antes era común ver un barrilete y niños corriendo, ahora acá nadie corre porque recibe un tiro en la espalda. ¡Y esos nenes tienen que ver a esos mismos policías en la escuela!» (declaración de un vecino integrante de organizaciones de la favela.)
Sin embargo desde los lugares de poder se realizan declaraciones como las de la Secretaria de Estado de Educación (Seeduc) que afirmó:
«la presencia de la unidad de policía no trajo daños para el colegio. Los reclamos no representan la mayoría de los profesores y alumnos» (Declaración de representante de la secretaría)
El 4 de mayo del 2015, producto de la organización de los vecinos de la comunidad y los profesores de la escuela, se llevó a cabo una audiencia pública de comisiones de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, en el patio de la escuela. Asistieron varios diputados, dirigentes de las fuerzas de seguridad. Después de un nutrido intercambio, se pautó la salida de la UPP del territorio escolar.
«La fachada del colegio está cubierta de marcas de tiros, En la sala de la directora, al lado de la silla hay agujeros de tiros de fusil. Es incuestionable lo que la presencia de la sede de la UPP trajo para aquella escuela.» (Declaración del diputado Marcelo Freixo -PSOL-)
«Eso es incompatíble con el proceso pedagógico. Hay que elegir o la escuela o la UPP.» (Declaración del profesor elegido para hablar en representación del colectivo.)
El gremio estudiantil no se animó a participar de la audiencia por considerar que no tenian garantizada su seguridad al exponerse. Dejó una carta que fue leida por los profesores donde decían:
«Nuestro objetivo es restablecer la paz en nuestro ambiente de estudio, traer de vuelta los proyectos que perdemos para que la escuela sea un territorio neutro en este conflicto, así como lo era hace tres años atrás». (fragmentos de la carta del gremio estudiantil leída durante la audiencia pública 4/5/2015)
Educación para todos y la estrategia de incluir para segregar
La obligatoriedad de la educación media ya sancionada en Argentina, México y creciente en muchos países del continente. En Brasil, la Enmienda Constitucional (EC) 59, establece el año 2016 como plazo final para la implementación de una Educación Básica Obligatoria hasta los 17 años de edad. Particularmente, en Río de Janeiro, la «ciudad maravillosa», se renueva una disputa territorial en las escuelas de la periferia. la Enmienda Constitucional 59, sancionada en Noviembre de 2009, todos los sistemas de enseñanza de Brasileños deben adecuarse para garantizar 14 años de enseñanza escolarizada gratuita. Esta política que pone en tensión el viejo mandato selectivo y de de la enseñanza media, esconde la estrategia de «incorporar para segregar».
No es lo mismo hablar de escuelas de la periferia, que de escuelas del centro de las grandes ciudades. ¿Alguien podría imaginar estos eventos policíacos en una escuela privada de los barrios nobles de la ciudad maravillosa? No son las mismas funciones para las escuelas de los centros que para las de las periferias. Las diferentes ofertas educativas, sumadas al avance de la privatización de la enseñanza, llevaron a la consolidación de diversas trayectorias escolares que generan el encierro de los diferentes sectores sociales en instituciones socio-culturalmente homogéneas. Es así que el mandato hegemónico actual de incorporar a toda la población en la escuela pública con un proyecto educativo precarizador, y diversificar la oferta educativa según los sectores sociales, torna más efectiva la segregación proyectada en el modelo de ciudad planificado. Desde la infancia, se consolida un mundo fragmentado donde las poblaciones viven vidas paralelas que difícilmente se crucen entre sí. Se apunta a la construcción de un mundo fragmentado, donde las poblaciones viven vidas paralelas.
En este mundo patas para arriba, se invierte también la función de la escuela de la periferia. Donde debería nacer el germen de esperanza de una transformación a través de la educación, se consolida por medio de la presencia policial, el modelo controlar que usa la violencia y la represión constante. Favorable al desarrollo del capital, y a la estructuración de la ciudad modelo, la política «pacificadora» en América Latina vuelve a violar sistemáticamente los derechos de la población.
De todas formas la resistencia siempre perdura, y bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor vuelve a darnos su escándalo. La organización de la comunidad viene dando una disputa por su territorio. La escuela pública, a pesar de una desigual relación de fuerzas, se erige como el territorio de mayor legitimidad para la participación de padres, madres, alumnos/as y profesores/as, La escuela es todavía un lugar para el encuentro y la organización de los/as trabajadores, para expresar con dignidad la rabia cotidiana y para practicar colectivamente la construcción de alternativas», concluye Sergio Ferrari.
Brasil aprobó la reducción de la edad penal de 18 a 16 años
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles 19 de agosto de 2015 en segunda instancia una nueva Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) a favor de la reducción de la edad de responsabilidad penal para los delitos graves.
En una votación que se extendió hasta bien entrada la noche de este miércoles, 320 diputados votaron a favor de la propuesta, 152 se mostraron contrarios y uno se abstuvo.
Una vez aprobada por la Cámara baja, el siguiente paso del proceso para la aprobación de esta enmienda constitucional es su votación en el Senado.
Esta propuesta promueve la reducción de la mayoridad penal, de los 18 a los 16 años, para los «crímenes hediondos» (graves), entre los que están la violación, el secuestro, el robo seguido de muerte y el homicidio cualificado, además del homicidio intencional y la lesión corporal seguida de muerte.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de la presidente Dilma Rousseff y otras fuerzas de izquierda votaron en contra de la medida con el argumento de que modificar la edad de responsabilidad penal no reducirá las tasas de inseguridad y violencia en el país.
Sin embargo, esta medida cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien pese a ser miembro del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación mayoritaria en la coalición de gobierno, ha declarado su postura personal de oposición al Ejecutivo.
Cunha es uno de los políticos investigados a raíz del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y el miércoles, antes de la votación de la PEC, descartó que vaya a renunciar a la Presidencia de la Cámara de Diputados como piden sus detractores.
A principios de julio, Cunha logró la aprobación de la PEC en primera instancia de forma polémica al colocar este proyecto en la pauta de votaciones por segunda vez en menos de 24 horas, después de no haber conseguido sacar adelante una primera propuesta y conseguirlo luego con algunas modificaciones en el texto original.
A diferencia de la propuesta original, fueron excluidos en la nueva iniciativa los crímenes de terrorismo, lesión corporal y tráfico de drogas, y se anexó que los menores, entre 16 y 18 años juzgados como adultos pasen a cumplir sus penas en centros de reclusión diferentes de las actuales cárceles.
Pese a que se han pronunciado en contra de la medida importantes organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unicef, los sondeos indican que la mayoría de la población aprueba la enmienda.
La actual legislación dicta que la reclusión de menores en reformatorios tenga un máximo de tres años, y los legisladores oficialistas contrarios a la PEC aprobada proponen que ese período podría aumentarse hasta entre ocho y diez años sin tener que reducir la edad de responsabilidad penal (6).
«La cárcel brasileña no rehabilita a nadie»
La izquierda progresista y los defensores de los derechos humanos, destacados académicos como Sergio Paulo Pinheiro, recuerdan que la reducción de la edad penal no garantiza de por sí una disminución de la violencia. «No tiene ningún sentido. Es una tontería, y más si tenemos en cuenta que el sistema penitenciario brasileño no recupera a nadie. El 80% de los presos reinciden y vuelve a la cárcel», afirma Jailson Silva, fundador de la ONG Observatório de Favelas (7) y profesor universitario. «Es una solución conservadora que ha sido colocada en la agenda pública», añade Alexandre Siconello, asesor de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI).
Los datos muestran un panorama desolador. En el último año, se ha disparado el número de menores arrestados tras cometer algún tipo de delito. En Río de Janeiro, por ejemplo, cada hora se registra una detención de niños o adolescentes. En 2014, fueron arrestados 8.380 jóvenes, casi tres veces más que en 2010, cuando fueron 2.806. De ellos, el 41,53% cometió crímenes relacionados con el narcotráfico; el 27,92% practicó robos y el 13,65%, hurtos; y el 5,23% fueron arrestados con armas.
«En 2006 cambió la ley sobre drogas, que despenaliza bastante al usuario y mantiene la penalización para el traficante. Al mismo tiempo, en este periodo aumentaron mucho los crímenes relacionados con el narcotráfico. Hoy el 25% de la población carcelaria está formada por pequeños traficantes. La mayoría son jóvenes negros», Alexandre Siconello, de AI.
Jailson Silva confirma ese dato y critica que los sistemas judicial y penitenciario no se planteen hacer un trabajo específico con este tipo de jóvenes. «El primer paso es reconocer que la política de droga es un fracaso completo. Hoy el número de presos por este motivo es absurdo. Lo primero que habría que hacer es despenalizar la venta de todas las drogas y regularla, de forma diferente según la substancia», defiende este profesor.
El mismo año en el que el Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA) cumple un cuarto de siglo, expertos y activistas coinciden en que la situación está cada vez peor. Crecen los índice de violencia, pero con un matiz: de los 21 millones de adolescentes brasileños, solo el 0,013% cometieron actos contra la vida, según datos de Unicef. El 90% de los crímenes de adolescentes son robos y otros atentados contra la propiedad (8).
Miembros del Comité de Derechos del Niño de la ONU como su Vice-Presidenta Sara Oviedo (Ecuador) dicen NO a la reducción de la mayoría de edad penal en Brasil (9).
Entrevista exclusiva al profesor universitario Roberto da Silva
PROF. DR. ROBERTO DA SILVA, Docente do Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, fue un niño internado y privado de su libertad en FEBEM de Sao Paulo (como adulto ha activado una campaña de movilización internacional que tuvo el resultado de clausurar esta entidad estatal denunciada por Amnesty Internacional como lugar de abuso policial) y sabe que es la violencia institucionalizada del Estado.
PREGUNTA: ¿Cómo considera la reducción de la edad penal?
RESPUESTA: Brasil puede sufrir la suspensión de los sistemas internacionales de derechos humanos si reducir la edad legal. Brasil es signatario de todos los tratados y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU. La abolición, suspensión o restricción de los derechos en virtud de estos tratados y convenciones por un Estado nacional requiere que se comunicará a todos los demás países signatarios. La reducción de la responsabilidad penal de los adolescentes viola varios principios de las normas internacionales y Brasil tendrá que comunicar y justificar la medida ante los192 países afiliados al sistema de la ONU. Es este requisito de la comunicación que puede resultar en la suspensión e incluso la expulsión del Brasil de los organismos como la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, entre otros. Eso sería lamentable, porque Brasil es un referente internacional en el ámbito de la protección de los niños y adolescentes, lucha contra el trabajo infantil y la regulación de la adopción internacional de niños.
PREGUNTA: ¿Con relación al PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS en cuales artículos se violaría?
RESPUESTA: Artigo 4º – Item 3. Los Estados Partes en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, las disposiciones han suspendido y los motivos de dicha suspensión. Cada Estado Parte hará una nueva comunicación, también por el Secretario General a través de las Naciones Unidas, la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
Artigo 5º – Item 2. No podrá admitirse restricción o suspensión de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en el presente Pacto conforme a la ley, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor medida.
PREGUNTA: ¿Cuál es el objetivo del V Congreso Internacional de Pedagogía social que usted está organizando con toda una equipe de destacados académicos como Jacyara Silva de Paiva e Erineu Foerste?
RESPUESTA: El Congreso Internacional de Pedagogía social, en su quinta edición, es un evento dedicado a discutir en manera amplia la reglamentación de la educación social como profesión en Brasil y su relación con la formación en las áreas de la pedagogía social y de la teoría general de la educación social.
Este importante congreso cuestiona el lugar que debe ocupar la «educación popular, social y comunitaria en las políticas públicas de Brasil», en un momento donde se discute el Sistema Nacional de Educación, el Plan Nacional de Educación, la Reforma de la enseñanza media y de la destinación de los recursos públicos a la Educación y también otros temas muy actuales como la reducción de la edad penal y la violencia en contra de la juventud negra y pobre de las periferias. Vamos a profundizar debates e investigaciones a partir también de experiencias internacionales y de buenas prácticas educativas populares y sociales realizadas aquí en Brasil. Esperamos que la realización de este congreso pueda trazar una importante contribución para la educación brasilera, en sus dimensiones económicas, políticas, sociales e culturales que hagan efectivos espacios sociales diversificados, mas allá de las escuela y salas de clase, como un cuerpo de conocimiento que sirva para la teoría general y las prácticas de educación social, popular y comunitaria y como disciplina científica.
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez culmina visita a Brasil y se manifiesta en contra de la reducción de la edad de imputabilidad penal
La Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Rosa María Ortiz, culminó su visita a Brasil, que tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 2015 y que incluyó Brasilia y San Pablo. El objetivo fue promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país y expresar que la propuesta de reforma constitucional para rebajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para el caso de delitos graves es contraria a los estándares interamericanos de derechos humanos.
Durante su visita la Relatora fue recibida por diputados y senadores y se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con líderes religiosos para tratar la temática. El 3 de julio, la Relatora participó en una audiencia pública ante la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (ALESP) convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALESP, y por la ONG Visión Mundial. Participaron también de la audiencia pública concejales del municipio de São Paulo, representantes del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, de Visión Mundial, de la Universidad de São Paulo (USP), de la Red Evangélica Nacional de Acción Social (Renas), y jóvenes de la comunidad Lins de Vasconcelos en Rio de Janeiro, una de las zonas más afectadas por la violencia. Durante su viaje la Relatora también se encontró con jóvenes de la región de Capão Redondo, del estado de São Paulo, y de Lins de Vasconcelos y de la ciudad de Nova Iguaçu, del estado de Río de Janeiro, para dialogar sobre las condiciones de vida y de seguridad en las zonas donde éstos viven, muy afectadas por la violencia y el clima de inseguridad.
La Relatora expresó profunda preocupación por la propuesta de enmienda constitucional (PEC) nº 171 debatida por la Cámara de los Diputados de Brasil, la cual busca modificar la Constitución Federal de 1988 para reducir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos contra la vida y crímenes considerados graves. Durante los días en los que transcurrió el viaje la propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados y colocada de nuevo a votación en la misma Cámara, con la introducción de algunos cambios en su enunciado. La votación tuvo lugar con menos de 24 horas de diferencia con la anterior, ocasión en la cual la propuesta fue aprobada. Para llevar a cabo el cambio en la Constitución brasileña, la propuesta todavía debe pasar por una segunda ronda de votación en la Cámara de los Diputados y debe ser aprobada en dos turnos de votación en el Senado Federal.
En el viaje, la Relatora subrayó que los instrumentos internacionales establecen que son «niños» todas aquellas personas menores de 18 años de edad y que los estándares establecidos por la Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niños y por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos son inequívocos en garantizar el tratamiento diferenciado y especializado a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal. La Comisionada Ortiz afirmó que la propuesta además violaría el principio de no regresividad en materia de derechos humanos ya garantizados. La propuesta de rebaja de la edad penal constituye una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes y está en contra de los tratados internacionales ratificados por Brasil.
La Constitución Federal brasileña actualmente establece que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años no pueden ser responsabilizados de la misma manera que los adultos por sus conductas de infracción a las leyes penales y establece un sistema de justicia juvenil diferenciado, en atención a la condición de desarrollo de los niños y los adolescentes. La Constitución y el ECA actuales son concordantes con los estándares internacionales de derechos humanos, aunque su implementación precisa ser reforzada. La propuesta de reforma constitucional retrocede en los avances legales alcanzados por Brasil. La Relatora destacó que «Brasil fue el primer país en el continente en traducir la Convención sobre los Derechos del Niño en una ley específica para la niñez con el Estatuto da Criança e do Adolescente, y ésta fue una buena práctica que inspiró e influyó positivamente en toda nuestra región».
Asimismo, la Relatora saludó los avances en materia legislativa e institucional en relación al Sistema de Garantía de Derechos a la niñez, particularmente el Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) y la entrada en vigencia de la Ley nº 12.594 en 2012, que reglamenta las medidas socio-educativas y establece el Sistema Nacional de Atención Socio-educativa (SINASE) para los adolescentes en conflicto con la ley, además de asentar la justicia restaurativa como principio de la justicia juvenil. Sin embargo, advierte que el SINASE precisa ser fortalecido para cumplir con su función de rehabilitación y que, a la vez, éste actúa en forma complementaria con el Sistema de Garantía de Derechos, el cual también debe ser reforzado para abordar las causas que llevan a adolescentes a cometer delitos.
Niños, niñas y adolescentes son más víctimas que agresores
Durante la visita, la Relatora señaló que los adolescentes son uno de los grupos más afectados por la violencia en el país. Según datos oficiales, la violencia fue la principal causa de muerte en los últimos 12 años en los adolescentes. En 2012 el 36,5% de los adolescentes entre 10 y 18 años de edad que perdieron la vida lo hicieron víctimas de un homicidio y como resultado de la violencia, en contraposición al 4,8% para el conjunto de la población. También en 2012, 56.000 personas fueron asesinadas en Brasil, de las cuales 30.000 eran jóvenes entre 15 y 29 años y, de ese total, 77% eran afrodescendientes. La mayoría de estos homicidios son practicados con armas de fuego y menos del 8% de los casos llegan a ser juzgados. Además de ser víctimas de la violencia letal, los niños también son diariamente victimizados por otras formas de violencia, en el hogar, en la escuela, incluso por las fuerzas de seguridad del Estado. La Comisionada dijo que «en los entornos en los que crecen los niños proliferan las armas de fuego, el tráfico de drogas y la presencia de organizaciones criminales, con habituales enfrentamientos armados y presiones de los grupos delictivos».
Sin embargo los niños son acusados de ser los principales responsables de los delitos graves en Brasil. Pero, contrariamente a lo que se cree, datos recientes de Unicef indican que de los 21 millones de adolescentes brasileños, apenas el 0,013% ha cometidos delitos contra la vida. La vinculación de los adolescentes a la criminalidad está limitada, en grande parte, a delitos patrimoniales o relacionados con el microtráfico de drogas, los cuales se relacionan, en opinión de la Comisionada: «con el entorno socio-económico de exclusión y discriminación de la infancia pobre y afrodescendientes en un contexto de urbanización desorganizada que no logra ofrecer condiciones de vida dignas, y la insuficiencia de políticas sociales del Estado en materia de prevención de la violencia y garantía de derechos». La Relatora también señala que escuchó de los parlamentarios que hay una demanda ciudadana en contra de la inmunidad de los adolescentes. Al respecto señala «es preocupante la inadecuada información, pues no existe tal inmunidad, ya que los niños que cometen actos delictivos son responsabilizados por los mismos a partir de los 12 años a través de un sistema de justicia juvenil que tiene como objetivo la rehabilitación y resocialización del niño, dicho sistema sí debe ser mejorado.»
Alternativas a la rebaja de la edad penal: prevención y fortalecimiento del ECA
La Relatora enfatizó que, según sus obligaciones internacionales, el Estado de Brasil debe adoptar medidas dirigidas a la prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes con la criminalidad y la violencia. Además remarcó que el Estado debe sobre todo implementar políticas de apoyo a los niños, a sus familias y comunidades, además de fortalecer las políticas sociales que garanticen el acceso a derechos para las comunidades más excluidas y el sistema de protección a la niñez previsto en el ECA. En sus intervenciones también recomendó que Brasil promueva reformas en los sistemas de seguridad, con revisión de las estrategias policiales hacia una policía más amigable con la población, y se destinen esfuerzos al fortalecimiento de la ciudadanía entre los niños, niñas y adolescentes.
La Relatora hizo hincapié en la importancia de escuchar directamente a los jóvenes: «Lo que vi durante mi visita es que ningún adulto ve con tanta claridad y habla sobre el contexto de la violencia como estos niños y niñas. Mientras que los adultos escriben tesis, tejen comentarios largos, estos jóvenes pueden expresar la situación en 5 minutos, ya que ésta es su experiencia y, pueden ser parte de la solución.»
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia, concluye CIDH (10).
Conclusiones
En la literatura especializada el término «segregación» remite a la proximidad espacial donde se localizan las unidades familiares que son parte de un mismo segmento social y/o la distancia con otros grupos étnicos o socio-económicos. El concepto se utiliza para identificar a los grupos más pobres así como a los que más poseen. Estos últimos tienden a auto-segregarse, en muchos casos como forma de mostrar su poder patrimonial, viviendo en zonas exclusivas donde solo pueden acceder las personas de grandes fortunas. En otros casos, sectores medios se localizan en terrenos cerrados, «imitando» las conductas de los segmentos que concentran las riquezas de la sociedad.
Así, como señala Martha Schteingart, es posible diferenciar entre las formas de «segregación pasivas», es decir que derivan de rechazos sociales y económicos a los más pobres, de las formas de «segregación activa», que emerge en los comportamientos de aislamiento de los sectores más poderosos. Estas modalidades de segregación son expresiones de la desigualdad patrimonial, cultural y simbólica que imperan en las sociedades urbanas latinoamericanas. una de cuyas formas de reproducción son el uso y la tenencia del suelo urbano (11).
Existen muchos paralelismos entre la segregación en las escuelas que menciona Diego Ferrari y la realidad colombiana y el proceso de la educación popular como herramienta de movilización y concientización para superar la exclusión, que será objeto de mi reflexión en ocasión del próximo V Congreso Internacional de Pedagogía Social bajo el lema «El lugar de la educación social, popular, comunitaria en las políticas públicas de Brasil», importante evento organizado por la Universidad Estacio de Vitoria-Espirito Santo (Brasil), Ufes y Radier, en programa por los días 1-3 de septiembre de 2015.
NOTAS
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Claudia Belfort Em SP, PM que mata jovem negro favelado cumpre uma política de Estado Portal Ponte 02 06 2015. http://ponte.org/em-sp-pm-que-mata-jovem-negro-favelado-cumpre-uma-politica-de-estado/
Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, con experiencias en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil. Autor de varios libros, ha colaborado con la Universidad del Externado de Colombia, Universidad del Rosario de Bogotá, Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán), investiga la relación entre movimientos sociales y políticas emancipatorias.
Blog del autor: https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/
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