Un nuevo episodio se presenta en la disputa entre los fondos buitres y el juez de Nueva York Thomas Griesa contra la Argentina. En este caso afecta al Banco Citi en la Argentina, a quien las autoridades argentinas podrían sancionar por las disposiciones del juez estadounidense, que no permite cancelar los pagos realizados por la […]
Un nuevo episodio se presenta en la disputa entre los fondos buitres y el juez de Nueva York Thomas Griesa contra la Argentina. En este caso afecta al Banco Citi en la Argentina, a quien las autoridades argentinas podrían sancionar por las disposiciones del juez estadounidense, que no permite cancelar los pagos realizados por la Argentina sobre deudas con legislación local. Si bien el Citibank apela la medida, el resultado final es incierto y son variados los afectados.
El conflicto por la deuda soberana sobrepasa el caso argentino y, a solicitud de la Argentina, las Naciones Unidas tomaron carta en el asunto y con voto mayoritario se discute desde septiembre pasado una resolución de carácter global sobre la deuda soberana. Esa Comisión está presidida por Bolivia, desde donde se encauzan una serie de iniciativas para definir una posición conjunta de los gobiernos de la región.
Junto a esa iniciativa oficial liderada por el gobierno plurinacional de Bolivia, desde la Argentina surge la iniciativa de una convocatoria a una Conferencia Internacional que discuta la deuda pública en relación con la soberanía popular sobre los bienes comunes y la dominación en el orden capitalista.
El embrollo en el que se encuentra la Argentina es importante, más allá del debate sobre el des-endeudamiento y la aspiración gubernamental por captar nueva deuda en el mercado mundial, lo que incluye definir el stock de deuda que acusa el país.
La deuda pública es un mecanismo esencial en la construcción del orden capitalista. Es una afirmación válida para cualquier época, como se demuestra en el origen del orden capitalista global y en la Argentina desde el empréstito de la inglesa Baring Brothers, que hipotecó a la Argentina por 80 años entre el Siglo XIX y comienzos del XX y más contemporáneamente desde la ilegal, ilegitima, impagable y odiosa deuda asumida en tiempos de la dictadura genocida (1976-1983). Es cierto que existe una legislación desde septiembre pasado, que resuelve crear una comisión investigadora sobre la deuda asumida desde los tiempos dictatoriales hasta fines del 2014, pero como es ya costumbre el Congreso se encuentra en mora para cumplir con esa y otras investigaciones dispuestas por ley.
El problema no solo afecta a la Argentina. Es tema de discusión en Grecia y en España. Los griegos se debaten ante el nuevo gobierno de Syriza, sobre qué hacer, y una posibilidad que emana del Parlamento es la de avanzar en una Auditoría de una gigantesca deuda pública asumida desde el inicio de la crisis en 2008 para el salvataje de la banca europea, comprometida por los impagos de la deuda. En España el debate se procesa ante el eventual acceso al gobierno del partido PODEMOS, rompiendo el bipartidismo emergente a la caída del franquismo. La discusión en Grecia o España, sobre qué hacer con la deuda, trasciende a los grupos políticos mencionados y se extiende a un complejo entramado social y político popular de la izquierda social y política. En rigor, el tema de la deuda es preocupación en variados países de Europa, en Japón, con el mayor porcentual de deuda sobre su PBI y claramente en EEUU, la mayor deuda del mundo en términos absolutos, que compromete al 100% de su PBI.
Durante muchos años hemos explicado el carácter condicionante de la deuda para afirmar la dependencia de los países en el sur del mundo. Incluso en los ochenta del siglo pasado desde Cuba, Fidel Castro promovió la formación de un Club de Deudores para enfrentar la estrategia del Club de Acreedores presidido por el FMI. Más allá de la campaña popular en ese sentido, los nuevos gobiernos surgidos de procesos constitucionales en Nuestramérica no asumieron el desafío y cada cual enfrentó el problema por su lado, con políticas nacionales, desestimando un accionar conjunto, integrado tal como promovía el movimiento popular en esos años.
Ahora el tema es más amplio. El problema no está solo en el Sur del Mundo y en Nuestramérica, sino que afecta las relaciones globales y a la economía mundial. Una de sus facetas es la guerra monetaria, que encuentra al dólar en crecimiento contra las depreciaciones de otras monedas, caso del euro y el real, de gran importancia este en las relaciones bilaterales con varios países de fluido comercio en la región latinoamericana.
Por esta amplitud del problema es que el debate sobre la deuda adquiere carácter global y se manifiesta en el debate suscitado institucionalmente en Naciones Unidas bajo la coordinación del gobierno de Evo Morales, tanto como en la discusión popular a desarrollarse entre el 22 y 24 de abril próximo en Buenos Aires.
La fecha elegida para el cónclave de abril se asocia a la muerte de Alejandro Olmos, quien llevara a la Justicia el fraude de la deuda de la Dictadura genocida y que tuviera un fallo condenatorio, demostrando 477 casos de fraude a meses de la desaparición de Olmos. No es menor, que en un año electoral, la política transite también la discusión de temas esenciales de la vida económica y política del país que afectan a la calidad de vida de la población.
El clamor es por la investigación y auditoría de la deuda pública, en la Argentina y en el mundo. En el país, ya no es solo una consigna de algún sector, sino que es mandato de una legislación hasta ahora incumplida. La investigación impone al mismo tiempo suspender los pagos y repensar el accionar sobre la deuda. Es una conclusión más allá de las presiones de los buitres, los especuladores de todo tipo y los poderes judiciales locales y externos. Es un tema de soberanía popular.
Notas
Julio C. Gambina es Doctor en ciencias Sociales de la UBA. Profesor titular de Economía Política., Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, IEF-CTA.
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