Para conocer la magnitud de los déficits sociales que se dan es España se pueden seguir diferentes vías. Una de ellas, es comparar el gasto social realizado en España con el que se realiza en nuestro entorno europeo. Es una forma de determinar las diferencias existentes en el disfrute efectivo de los bienes y servicios […]
Para conocer la magnitud de los déficits sociales que se dan es España se pueden seguir diferentes vías.
Una de ellas, es comparar el gasto social realizado en España con el que se realiza en nuestro entorno europeo. Es una forma de determinar las diferencias existentes en el disfrute efectivo de los bienes y servicios sociales porque, en una gran medida éste viene determinado por la cantidad de recursos destinados a ponerlos al alcance de toda la población.
Los datos en ese sentido son bien elocuentes.
Consideremos en primer lugar el porcentaje que el gasto en prestaciones sociales representa sobre el gasto total de la economía medido a través del PIB. Este porcentaje indica el «esfuerzo» que un país realiza para proporcionar a sus ciudadanos las prestaciones sociales básicas (ayudas a la tercera edad, a la situaciones de invalidez, gasto en salud, ayudas a las familias e infancia, a la supervivencia y a la vivienda). En la medida en que se parta de una peor situación y se haga menos esfuerzo, significará que se estará más lejos de alcanzar los estándares o niveles que se tomen como referencia.
Aunque las cifras no sean completamente homogéneas sino a partir de 1980, se puede tomar como punto de partida el año en que murió el dictador. Aunque los datos no son completamente homogéneos respecto a los actuales, se puede estimar que en 1975, el gasto social representaba en España algo más del 14% del PIB mientras que en la Europa de la época se alcanzaba ya el 22%. Había, pues, un diferencial o déficit desde este punto de vista de alrededor de los ocho puntos porcentuales.
Cuando el Partido Socialista llegó al gobierno en 1982, la situación había mejorado y el diferencial se situaba en 6,7 puntos porcentuales (26,1% en Europa y 19,4% en España). La llegada de la democracia significó, pues, una mejora significativa en nuestro bienestar social considerado a través de estas magnitudes relativas.
Después, y a pesar de los vientos dominantes en el entorno internacional y de la crisis económica, los sucesivos gobiernos de Felipe González pusieron en marcha programas sociales de todo tipo que permitieron avanzar en la creación del Estado de Bienestar que la dictadura había sido incapaz de consolidar. Por eso, la evolución del gasto en protección social respecto al PIB de esos años muestra un ascenso prácticamente continuo que alcanza su punto más alto en 1993, cuando se da el menor diferencial respecto a Europa de los últimos treinta años (4,7 puntos porcentuales).
Como puede verse en la gráfica 1, a partir de 1993 se inició una etapa diferente, marcada por un menor esfuerzo en gasto social y que se traduciría en la ampliación de nuestros déficits sociales respecto a Europa. Esa tendencia al menor esfuerzo en gasto social se agudiza claramente en las dos legislaturas de Aznar, de modo que al final de ellas se alcanza un diferencial record.
Al Partido Popular le corresponde el dudoso honor de haber situado en 2003 el esfuerzo español en gasto social al nivel del existente al final de la dictadura (8 puntos diferenciales respecto a la UE de los 15).
Gráfica 1
Otra medida de nuestros déficits sociales puede hacerse tomando como referencia el gasto social en prestaciones sociales por habitante medido en paridad de poder de compra. Desde este punto de vista no se da idea del «esfuerzo» que realiza el Estado sino que se obtiene una expresión más directa del disfrute efectivo y relativo que los individuos tienen en los diferentes conceptos, puesto que, al fin y al cabo, éste depende más directamente del dinero real que se dedica a financiarlos.
Desde este punto de vista, se constata claramente que en España han aumentado en una magnitud considerable los recursos destinados a protección social (1.167 unidades ppp en 1982, 3.039 en 1993 y 4.186 en 2003). Lo que ocurre, sin embargo, es que en la Unión Europea han aumentado en mayor medida, y eso hace que el diferencial se incrementa como muestra claramente la Gráfica 2.
Esta evolución en términos de paridad del poder de compra echa por tierra la excusa que los dirigentes del Partido Popular utilizan cuando no les queda más remedio que referirse a su nefasta política social.
Afirman generalmente que durante su gobierno bajaba la proporción del gasto social respecto al PIB gracias a que, afortunadamente, el PIB subía mucho más. Es un argumento falaz a la vista de la menor financiación por habitante en España. Al mostrar ésta una brecha tan grande, se deduce claramente que el esfuerzo debería seguir siendo mayor, por mucho que aumente el PIB.
De hecho, lo que ha ocurrido es que el incremento que se ha ido produciendo en el PIB se ha dedicado a otros fines porque la política y el bienestar social dejó de ser la prioridad de las políticas gubernamentales. Así lo muestra, por ejemplo, que esa disminución del esfuerzo social se produjera cuando, paralelamente, aumentaron (n mayor proporción que en Europa) los ingresos del Estado y la presión fiscal (a través, eso sí, de los impuestos indirectos y, en términos relativos, de la relativa a la rentas más bajas).
El déficit social que manifiestan estos datos se traduce en déficits en los diferentes conceptos que se incluyen en el gasto para prestaciones sociales.
Puesto que en estas páginas no podemos realizar un análisis más extenso, nos limitaremos a señalar cómo han evolucionado los diferenciales por habitante en términos de paridad de poder de compra.
Como muestra la gráfica 3, salvo en el caso de los subsidios al desempleo (a causa de nuestro mayor volumen de desempleo que no es de envidiar) el diferencial o déficit ha aumentado en todos los conceptos durante el periodo en que ha gobernado el Partido Popular.
En su magnitud total, los más elevados se dan en gasto para la vejez, en salud y en el destinado a las familias y la infancia, es decir, en conceptos muy estrechamente vinculados al bienestar de los individuos y que son la base de un auténtico Estado de Bienestar. Aunque todos ellos son significativos, quizá cabe destacar especialmente el aumento del diferencial en el campo de las políticas de ayuda a las familias y a la infancia, lo que pone de relieve el doble discurso que mantiene el Partido Popular respecto a la familia.
Los déficits sociales que manifiesta esa evolución del gasto en prestaciones sociales se ven aumentados si le añadimos el diferencial que se produce en gasto en educación. Si se toma el esfuerzo medido como proporción del gasto educativo respecto al PIB, resulta que la diferencia ha aumentado desde los 0,4 puntos porcentuales de 1999 a 0,9 en 2003, puesto que en la UE (15) el gasto en educación ha pasado del 4,9% al 5,2% del PIB y en España ha disminuido del 4,5% al 4,3%.
Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web: www.juantorreslopez.com
Mauricio Matus López es doctor en economía e investigador contratado en la Universidad de Málaga