Se intenta pero no. Es imposible escribir sobre economía venezolana en un clima de calma. Esta vez -pensé ingenuamente- que podía ser el momento de un análisis hacia delante, en calidad de propuestas de acciones económicas a futuro. Es la hora de dar un nuevo paso en la discusión en torno al nuevo orden económico […]
Se intenta pero no. Es imposible escribir sobre economía venezolana en un clima de calma. Esta vez -pensé ingenuamente- que podía ser el momento de un análisis hacia delante, en calidad de propuestas de acciones económicas a futuro. Es la hora de dar un nuevo paso en la discusión en torno al nuevo orden económico interno que se avecina en Venezuela y disputar el sentido del mismo para que la próxima década en disputa sea también una década ganada. La sostenibilidad de los logros económicos y sociales depende de la próxima etapa de la revolución económica que asiente la base material productiva para seguir transitando hacia el socialismo bolivariano.
En este sentido, la Ley Habilitante detonó un oportuno debate acerca de las nuevas políticas requeridas en esta nueva época económica en Venezuela. La guerra económica complejiza el escenario para llevar a cabo las transformaciones necesarias -con sosiego- en materia económica. Muchas veces, en la política, las circunstancias no se eligen, son las que son, y a partir de ellas, se debe actuar. Como sucedió tantas veces en el pasado, el chavismo en su pensamiento económico deberá reinventarse nuevamente en medio de ataques sobrevenidos.
Las acertadas políticas sociales y económicas de Chávez han logrado eficazmente una amplia democratización de la satisfacción de necesidades y servicios básicos. Siempre se priorizó, con éxito, la búsqueda de las fórmulas para resolver las urgencias del corto plazo. Sin esas acciones, el largo plazo jamás hubiera existido para la mayoría del pueblo venezolano. El Estado de las Misiones, como propuesta venezolana en vez del copy-paste del Estado de Bienestar a lo europeo, fue una apuesta revolucionaria por la premura en organizar a un paraestado en aras de erradicar -en buena medida- la deuda social neoliberal. La política económica de Chávez logró reducir desigualdades y pobreza; reducir desnutrición; reducir desempleo; mejorar el sistema educativo y salud; mejorar salario mínimo real e ingreso promedio real. Además, no fue una política de mínimos sino que incluyó a las mayorías en niveles de consumo que históricamente había sido exclusivo para un porcentaje reducido de la ciudadanía. La mejor distribución del ingreso real, descontada la inflación, ocasionó una democratización del consumo jamás visto en un país petrolero de riqueza altamente concentrada.
Justamente es esta combinación económica, democratización de necesidades básicas satisfechas y democratización del consumo, lo que The Economist le llama «la fiesta en Venezuela». No hay guerra nacional sin apoyo internacional, o al revés, no hay guerra internacional sin apoyo nacional. Sea en el orden que fuere, lo que sí es innegable es que la revista The Economist opta por seguir el camino de las agencias descalificadoras, Fitch y Moody’s, contraatacando de nuevo para que los medios de adentro se hagan eco de sus eruditos análisis de afuera. Ya lo hizo en su «El mundo en 2014» anunciando que Venezuela tiene un riesgo muy alto de sufrir una rebelión en este año. The Economist, tan prestigiosa (que no logró anticipar nada acerca de la crisis de las subprime en el año 2008) y tan independiente (que parte de su capital pertenece a la familia Agnelli, dueña de Fiat, y a la familia Rothschild, banqueros de toda la vida) vuelve a la carga.
¿Qué expresa su último artículo-ataque? En resumen, afirma literalmente que «se acabó la fiesta en Venezuela». Asevera que Venezuela necesita ajustes que eviten este «vivir por encima de sus posibilidades» que diría Merkel en su explicación inculpatoria a las familias de la periferia europea en vez de responsabilizar a las entidades más poderosas del sistema capitalista. The Economist, inmerso en una campaña orquestada internacionalmente de guerra fría contra los emergentes -por el interés de Estados Unidos de volver a atraer el capital financiero que había buscado otro refugio-, ubica a Venezuela como un caso similar al de Grecia y/o Argentina. No se enteran, o no se quieren enterar. Venezuela tiene el petróleo que no tiene Grecia, no tiene una moneda común que amputa su soberanía monetaria/cambiaria, no acordó el Pacto de (des)Estabilidad impuesto desde la Unión Europea, ni se somete al chantaje de la deuda, ni le imponen un presidente transitorio ex directivo de Goldman Sachs. Venezuela tampoco es Argentina por mil razones: una, porque en Venezuela las exportaciones están en manos del sector público (y no depende del sector privado agroexportador), y además, el sistema cambiario es absolutamente diferente. En lo único que se parecen es que ambas economías están siendo sometida a una importante agresión desde el capital interno y externo. The Economist busca, a partir de comparaciones insostenibles, presentar una situación con una única salida: el ajuste de las políticas sociales, o mejor dicho, el desajuste social.
The Economist no presta atención alguna al rentismo importador cómo fenómeno económico novedoso en algunos países emergentes. En vez de hablar de rentismo petrolero en Venezuela, que también, deberíamos de estar más atentos a ese nuevo rentismo importador privado que aprovecha la veloz mejora del consumo mayoritario en Venezuela, una vez cubierta muchas necesidades básicas. El socialismo no se construye en un día, ni en quince años, por ello mientras tanto, éste sigue conviviendo con un capitalismo que lo aprovecha todo. He aquí donde nace esta burguesía importadora que no sólo práctica ese rentismo -pide dólares en casa, compra afuera para vender luego en casa- sino que además especula ilegalmente. ¿Cómo? No contento con la alta tasa de ganancia de la «compra afuera-venta en casa», ha constituido un circulo del dólar, virtuoso para ellos, y vicioso para el resto. El recorrido es tan fácil como ilícito. Piden dólares para importar bienes que compra el pueblo venezolano con tasa de cambio fijo (6,3); por ejemplo, un empresario obtiene 1000 dólares del Estado para importar 10 celulares, porque cada uno cuesta 100 dólares. La empresa importadora sólo compra 5 celulares, se gasta 500 dólares pero sobrefactura 700, dejando esos 200 adicionales en cuenta extranjera (fuga ilegal de capitales). Trae los 5 celulares más 300 dólares que le sobró que son destinados a crear un mercado ilegal de divisas que es alentado por toda su superestructura mediática. De los 5 celulares, pone 3 en el anaquel, insuficiente para la demanda de los 10 potenciales compradores venezolanos. Vende los 3 con su tasa de ganancia de importador. Los restantes (2) se los guarda a la espera que comience a desarrollarse una inflación generada por ellos mismos. ¿Cómo? Recuerden que este empresario había puesto 300 dólares en el mercado ilegal y logra fijar precio del dólar porque tiene el control de ese mercado. Sube, por tanto, a cotización de ese dólar ilegal hasta 50-100, y ahí, venden esos dólares (300) obteniendo una tasa de ganancia ilegal (recuérdese que les fueron otorgados dólares del pueblo venezolano a 6,3 y ahora venden a más de 50). Pero gracias a esa maniobra ilegal, ahora este empresario indexa forzosamente el precio de los celulares cómo si el coste fuese calcular a partir del dólar ilegal. Así venden los otros 2 celulares a precio desorbitado teniendo tasas de ganancias de por encima del 1000%. Operación de bicicleta de dólares tan perfecta como ilegal. Así el dólar obtenido por el empresario tiene varios destinos: 1) cuenta en banco extranjero, 2) vende celulares a tasa de ganancia usurera, gracias a: 3) mercado ilegal de dólares.
De todo esto no dice nada The Economist porque prefiere centrarse en el recurrente argumento de lo fácil que es hacer política con los dólares del petróleo, a lo que también resulta obligatorio responder con dos aspectos claves:
1) a pesar que es cierto que sí ha habido ineficiencia en el uso del dólar (tal como alertó Chávez en su Eficiencia o Nada) y corrupción (como ya dijo el presidente Maduro en su alocución durante la Ley Habilitante), los dólares del petróleo venezolano se han dedicado en su gran mayoría a la gran década ganada. Chávez fue listo e ingenioso, a veces parecía hasta mago, pero, por ejemplo, resolver -en buena parte- el problema de la vivienda en 18 meses exige muchos dólares y mucho esfuerzo. Así también ocurrió con la solución a tantas urgencias sociales.
2) los dólares vienen del petróleo, pero lo importante no es esto, sino cómo éstos se destinan acertadamente; frente a esto, resulta central recordar los 10 Planes Marshall que llegaron a Venezuela en la época que el precio del petróleo creció en un 1000% de la década de los setenta, y en cambio, los beneficiados de esa década fueron unos pocos privilegiados.
Puede que sea el momento de la pedagogía económica que ayude a explicar que los logros de Chávez no fueron un milagro sino que todo se obtuvo a partir de una economía muy bien planificada, sin que esto quiera decir que hay desafíos inminentes, ni que no se hayan cometidos errores. Esta es una tarea pendiente de este gobierno: no sólo hablar de logros y de legado, sino de explicar todo lo que se tuvo que hacer para ir a contracorriente de la utopía neoliberal y conseguir con esfuerzo y dificultades crecer mucho económicamente, con deuda pública muy baja, reduciendo la inflación a un valor promedio anual a la mitad de lo que había sido en los 80s y 90s. Seguramente el sistema de cambio fijo no ha controlado con éxito la evasión de divisas, pero lo que también es absolutamente seguro que sí evitó que el neoliberalismo penetrará en Venezuela.
The Economist obvia todo esto, y sin embargo, deja finalmente un claro mensaje: todo puede hundirse «a menos que el gobierno abandone su antipatía hacia el capital privado». Al fin, sinceró su verdadero deseo, su receta para todos los males.
Es ésta, la nueva carta de The Economist, una muestra más de la dificultad permanente para dedicarse en exclusividad a plantear propuestas en modo de acordeón entre todas las políticas económicas necesarias en estos momentos para sintonizar las diferentes esferas de la economía. El gran reto actual de la economía venezolana es crear una gran armonía entre: 1) lo ya logrado, la democratización social con democratización de consumo y 2) aún por lograr, la deseada democratización del poder económico que ha de ofertar los productos a consumir, sea por la vía importadora o productiva. Para este reto, es un paso importante la batería de acciones que se están tomando para la conformación del nuevo orden económico interno: a) fusión de la política importadora y la política de asignación de divisas con el Centro Nacional de Comercio Exterior, b) política de transporte más eficaz, c) política de presupuesto en dólares que planifique con precisión milimétrica aquello que se requiere para la economía venezolana, d) la política de precios justos y la fijación de la tasa de ganancia hasta un limite de 30%, y e) la nueva política cambiaria. Los dos últimos puntos merecen una atención especial por el ruido mediático que ha ocasionado, y por tratarse sin duda de dos aspectos más controvertidos. En relación a la política de precios justos, la identificación de qué sucede en la cadena de valor es ir a la raíz del problema. Basta ya de creer en el dogma de la mano invisible que regula el mercado fijando los precios. La inflación no es una ecuación matemática, es una ecuación política que cristaliza una puja distributiva. La creación de una Superintendencia de Precio Justo es la mejor manera de convertir en visible lo que antes se decía que era invisible, esto es, cada persona ahora tiene derecho a ver cómo se conforma el precio. Ahora bien, se debe precisar cómo se llevará a cabo esta política; si el limite de la tasa de ganancia será por cada por fase (producción-distribución-comercialización) o por transacción dentro de cada fase o es un valor global. Además, será preciso mirar con lupa no sólo la ganancia sino la conformación de los costes para evitar que éstos sean la nueva fuente de ilegalidad.
En relación al tema cambiario, el objetivo es una nueva priorización en el uso de los dólares venezolanos; hay que seguir usando dólares para importar lo que todavía no se produce y se importa, pero se necesitan también dólares para satisfacer la nueva exigencia de la revolución económica, la producción. La cantidad de dólares en caja es finita, y por tanto ha de usarse en forma inteligente, soberana y socialista. Un reto es mejorar la eficacia del uso del dólar y evitar la ineficiencia actual, pero no esto no debe eclipsar el gran dilema: los dólares son los que son, y éstos han de usarse para los objetivos del Plan de la Patria. La nueva política responde al criterio de justicia cambiaria, es decir, todo dólar ocioso, que se va fuera del país, va a costar algo más caro (según el resultado de subasta del SICAD, en torno a 12) que aquel dólar que repercuta en el país. Hablar de dólar ocioso no es fácil, y seguramente tiene un coste político porque a nadie le gusta que le aumente el coste de su dólar para hacer turismo o para enviar remesas. Sin embargo, este coste político es seguramente compensando por el coste económico de seguir destinando dólares a precio preferencial sin que retorne al país. Los dólares a 6,3 representan el 82% de los bienes importados, por tanto, no debe haber por esa vía efecto inflacionario. Hay otro punto importante que ha sido muy invisibilizado en esta nueva política cambiaria: el dólar para el envío de remesas de utilidades netas de la inversión extranjera también será más caro. Los beneficios en bolívares que obtenía una multinacional en Venezuela eran enviados en dólares a su casa matriz en el extranjero provocando así una nueva fuga legal de divisas. Ahora no, este dólar será a una tasa mayor que la asignada para comprar bienes y servicios básicos. En resumen, el criterio de justicia cambiaria significa que aquel dólar que no retorna costará más que el dólar necesario para importar bienes básicos o insumos productivos para la revolución productiva.
Son acciones complejas, que siempre tiene un coste a considerar, pero es el coste de procurar y transitar al socialismo forjando su base material productiva que ahora exigirá muchos más dólares, y que evitará más guerras económicas en el futuro provocadas por ese rentismo importador con práctica de fondo buitre. Respecto a la cuestión productiva, hay que destacar que cambiar la matriz productiva no sólo es producir nuevos productos sino que esto ha de hacerse con nuevos productores, y en este punto, las comunas han de ser el nuevo sujeto económico transformador.
The Economist no habla de la necesidad justamente a futuro de abrigar esta acción cambiaria con nuevas políticas económica en materia tributaria y financiera. Sin política tributaria y financiera al servicio de la revolución productiva, todo será más complicado. Tampoco dice nada acerca del existente fenómeno global de fragmentación geográfica de la producción mundial, y la importancia que tiene para Venezuela su inserción en el nuevo modelo regional de producción en términos de complementariedad procurando que el valor agregado no se fugue sino que se quede adentro.
Estos sí son los verdaderos temas a tratar si se está honestamente preocupado porque la fiesta en Venezuela no se acabe. Lo que The Economist no soporta es que el pueblo venezolano lleve eligiendo desde hace quince años que desea más fiesta en la que participen todos los venezolanos. El cóctel para unos pocos es ya una fiesta del pasado.
@alfreserramanci