El pasado 7 de mayo del año en curso, Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos, fue cuestionado por la prensa de su país respecto a los precios del boletaje con motivo del partido a realizarse en la ciudad de Los Ángeles el próximo 12 de junio y donde debutará la selección de las barras y las estrellas contra su similar de Paraguay. A esa fecha, 1.940 dólares era el precio más bajo –según el website oficial de la FIFA– por presenciar ese partido. Ante lo cual, el mandatario norteamericano aseguró al New York Post que él “no pagaría esa cifra. […] Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero. […] No estaba al tanto de ese importe” (https://shre.ink/7dQU).
La respuesta del mandatario fue contradictoria al interior de su Gobierno, puesto que días antes Andrew Giuliani, Director Ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de Fútbol 2026, realizó una defensa de los altos precios del boletaje para los encuentros del Mundial, relacionándolo con la creciente demanda y entusiasmo de los aficionados. Además, el funcionario aseguró que la FIFA es una organización privada, por tanto, no creemos en el control de precios, pues es el mercado el que los dictará (https://shre.ink/7dTs).
Se trata de un ejercicio de fijación dinámica de precios por parte de la FIFA, donde los algoritmos desempeñan una función crucial al modificar los precios de los boletos al alza de acuerdo a la alta demanda. Marcando ello un punto de inflexión respecto a otros macro-eventos deportivos del pasado, donde no existieron precios dinámicos, sino que estos fueron más bajos y se acotó la reventa de entradas. Por su parte, Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, defendió la estrategia de ventas argumentando que los precios dinámicos son la lógica del mercado estadounidense relativo al entretenimiento y al deporte; por lo que que reducir el precio de los boletos conduciría a una mayor especulación en los mercados de reventa legales e ilegales.
No menos importante fue la declaración del exdirigente de la FIFA, Joseph Blatter –paladín de la corrupción en el fútbol–, esbozada en febrero de 2026 para Radio Canadá: “¿Mil dólares por un partido del Mundial? Es indignante. Es absurdo. […] El Mundial no es una máquina tragamonedas, pero en ello se convitió ahora. En este mundial, el gran beneficiario serán los Estados Unidos, pero no los aficionados”.
El mismo 7 de mayo, el website oficial de la FIFA puso a la venta entradas para presenciar la final del Mundial el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium al precio de 32.970 dólares, siendo que semanas antes se manejó un precio oficial máximo de 10.990 dólares. En portales oficiales de reventa –misma que es legal en los Estados Unidos– como FIFA Marketplace, a inicios del mes de mayo, un paquete de cuatro boletos para la final alcanzó el precio de 2,2 millones de dólares. Llamó la atención la respuesta del Presidente de la FIFA cuando al respecto fue cuestionado en una conferencia realizada en Los Ángeles: “Si alguien paga dos millones de dólares por un boleto para la final, me encargaré personalmente de llevarle un perrito caliente y una coca-cola para asegurarme de que tiene una experiencia increíble”. Al cierre de este ensayo, el 15 de mayo, la página oficial de la FIFA arrojó un precio para la misma final de 35.562 dólares –algo así como 616.530 pesos mexicanos–; cantidad que contrasta con el precio oficial más alto de 1.600 dólares pagado para la final de Catar 2022.
Los excesos para con los aficionados se extienden al transporte que conectará a las ciudades con algunos estadios. Es el ya referido caso del tren que acercará al público al mismo MetLife Stadium, y que originalmente el traslado tuvo un precio de 150 dólares, para reducirse –tras la inconformidad– a 105 dólares, siendo que ese recorrido de 55 kilómetros se cobra ordinariamente en 12,90 dólares. En esta polémica relativa al servicio del transporte público incursionó la gobernadora del estado de New Jersey, solicitando infructuosamente a la FIFA que asumiese los costes al respecto. La polémica involucró no solo a aficionados, sino también a líderes locales, de tal modo que para mediados de mayo la autoridad de la NJ Transit redujo el precio del traslado ida y vuelta en tren a 98 dólares y a 20 dólares –de los 80 originales– el trayecto en autobús. En general, varias de las ciudades mundialistas aumentaron hasta por 10 veces el precio del transporte, con los correspondientes impactos en las poblaciones locales. Lo mismo las habitaciones de hotel en esas ciudades mundialistas sus precios por reserva fueron duplicados o hasta triplicados.
Estos y muchos otros hechos concretos evidencian procesos de elitización del fútbol como espectáculo/negocio global, y de gentrificación o de expulsión frontal del aficionado emanado de las clases sociales populares en el contexto de una híper-mercantilización desmedida del deporte-rey. Estos procesos son parte de la avanzada privatización del derecho al esparcimiento, así como de la subsunción –por esa híper-mercantilización– de la construcción y reconfiguración de las identidades desde el fútbol y la pasión que despierta entre los aficionados. Más que el aficionado de carne y hueso que siente y experimenta el fútbol, a los estadios acudirán influencers y turismo VIP. Para suavizar la cancelación del derecho al esparcimiento, la FIFA y la plataforma YouTube concederán totalmente gratuitos los primeros díez minutos de todos y cada uno de los 104 partidos del Mundial 2026.
Tan solo en México el ambiente premundialista brilla por su ausencia. Los sectores populares, al ser excluidos, retraen su interés, emoción y pasión futbolera. Con una promoción restringida a las redes sociodigitales y con precios exorbitantes no solo en cuanto a las entradas a los magros encuentros, sino también en cuanto a souvenirs, ropa deportiva y transmisiones restringidas y privatizadas en la televisión y las plataformas streaming. Mientras los Mundiales de 1970 y 1986 fueron abrazados por el pueblo mexicano, la farsa mediática del 2026 se erige como algo totalmente amorfo, comercializado y distante de las clases sociales populares.
El poder de la FIFA y su sitiamiento respecto a los Estados anfitriones de sus eventos se hizo sentir con la plena exención fiscal otorgada por la hacienda mexicana (https://shre.ink/7dzD y https://shre.ink/7dzl). En el documento titulado Guía sobre la selección del organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA habla de exigir que los gobiernos concedan exenciones tributarias tanto a dicha entidad como a terceras empresas relacionadas con la organización y realización del evento deportivo. A su vez, en esa misma fuente se trazó el tema relacionado con la firma de garantías gubernamentales en materia de exención fiscal. De los tres países organizadores, México fue el único que consideró semejante grado de abyección para atraer el Mundial 2026 bajo el oscuro argumento de la “derrama económica” (https://shre.ink/7dNA). Si bien la “exención fiscal total” fue concedida a la FIFA y a sus proveedores y firmada en la administración federal mexicana 2012-2018, el pasado 17 de octubre de 2025 el Congreso de la Unión ratificó ese compromiso en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 (https://shre.ink/7dN9). En dicha Ley se estableció lo siguiente en su artículo vigésimo quinto: “Las personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en el país, así como los residentes en el extranjero, que participen en la organización y celebración de la competencia de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026, sus pruebas, partidos y eventos relacionados con dicha competencia, no estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones formales, de pago, de realizar el traslado, de retención, de recaudación y entero que establecen las disposiciones fiscales, que deriven exclusivamente de la realización de los actos o actividades o de la obtención de ingresos por su participación en la referida competencia, sus pruebas, partidos y eventos relacionados con esta, a partir del último cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025”.
Originalmente se estipuló que las concesiones fiscales concedidas por el Gobierno mexicano a la FIFA, patrocinadores, federaciones y contratistas se extenderían hasta el año 2028; sin embargo, en las negociaciones y votaciones relativas a dicha Ley, se restringió la temporalidad de las exenciones tributarias al año 2026. En suma, un cheque en blanco para la FIFA y ni un peso a las arcas de la nación y de los gobiernos locales por concepto de la organización, realización, encuentros y legado posterior del Mundial en territorio mexicano. Ello sin obviar que el erario sufragará a los 100 mil policías y militares que se espera resguarden un evento privado como el de la FIFA.
En un hecho sin precedentes, un organismo internacional como la FIFA cuya personalidad jurídica lo cataloga como privado, impuso al Estado mexicano una serie de medidas para resguardar sus derechos comerciales y de propiedad intelectual. Por ejemplo, la FIFA, en conjunción con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fincó estrictas normas para que bares y restaurantes transmitan los encuentros deportivos durante el Mundial 2026. Estos establecimientos comerciales –recurrentes para la población mexicana en justas deportivas– tendrán que tramitar permisos. licencias o autorizaciones especiales para las transmisiones; de lo contrario serían merecedores de multas al vulnerarse los derechos de las marcas y patrocinadores. A su vez, se desplegó una campaña de operativos policiales contra la copia ilegal o “piratería” de ropa deportiva y souvenirs promovida por las dos entidades. Del mismo modo, la FIFA impuso al Gobierno de la Ciudad de México la urgencia de prohibir la instalación de vendedores en las inmediaciones del Estado Azteca; particularmente en el llamado perímetro de la última milla. A la Milla FIFA se suma el Corredor FIFA –entre 7 y 10 kilómetros alrededor de los estadios– (https://shre.ink/7Tcp), con el consecuente negocio de alcohol controlado por los patrocinadores oficiales. Esa zona cero será operada con los estándares, decisiones y normas de la FIFA y sus patrocinadores en un abierto desdén por la soberanía mexicana. Y en una franca labor de ocupación territorial.
Otro punto polémico que evidencia esa intransigencia mercantilista y el poder desmedido de la FIFA estriba en su inconformidad con el Gobierno de la Ciudad de México por la imagen de un ajolote –especie endémica del Valle de México y en peligro de extinción– que proliferó durante los últimos meses en distintas vialidades y sitios públicos –incluidas las inmediaciones del Estado Azteca– de la capital mexicana. Se trata de una mascota local y auténtica –usada para la regeneración del espacio urbano– que no está registrada entre las 357 marcas relacionadas con el Mundial 2026. Se arguye que si dicha figura –el “Ajologol”, que fusiona la pasión por el fútbol y los símbolos naturales y culturales de la Ciudad de México, que remiten a la vida y la resiliencia de unas raíces históricas que se resisten a morir– aparece en “territorio FIFA”, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial podría aplicar una multa de 29 millones de pesos mexicanos –un aproximado de 1.672.761 dólares–. El problema estriba en que el Gobierno Federal 2012-2018 firmó con la FIFA un acuerdo que prohíbe que los distintos niveles de gobierno diseñen imágenes o identidades paralelas que opaquen a los productos oficiales del Mundial. Sin embargo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se resiste a dar marcha atrás y argumenta que el ajolote y sus murales dotan de color lo que anteriormente era gris en la gran urbe.
En este desdén de la FIFA y sus patrocinadores por los símbolos ancestrales, se suscitó una sesión fotográfica en el marco del llamado «Tour del trofeo de la FIFA 2026», donde se usó la zona arqueológica de Chichén-Itzá para promocionar a la transnacional Coca-Cola teniendo como fondo o escenografía la Pirámide de Kukulcán. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concedieron de manera sumisa el permiso, al tiempo que se les acusa por infringir la Ley Federal de Zonas Arqueológicas. Recientemente, un grupo de investigadores levantaron una denuncia ante las autoridades correspondientes señalando el apoyo de dichas entidades públicas a un acto privado eminentemente publicitario y que supondrá enormes ganancias a la postre, a costa de afectar y distorsionar valores históricos y culturales (https://shre.ink/7TSW).
Estas posturas contrastan con la sostenida por el Gobierno chino ante la FIFA. El organismo rector del fútbol pedía a la televisora estatal CCVT alrededor de 300 millones de dólares por los derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio del gigante asiático. Como CCVT es la única televisora autorizada por el Gobierno chino para contratar derechos de transmisión con entes extranjeros, entonces las negociaciones y resistencias respecto a la FIFA se convirtieron en tema de Estado. Luego de las tensiones entre el Gobierno chino y la FIFA, el acuerdo se cerró este 15 de mayo por apenas 60 millones dólares –cinco veces menos que lo exigido por la tecnocracia radicada en Zúrich–. Esa cantidad no solo incluye la transmisión del Mundial 2026, sino también el Mundial masculino de 2030 y los dos Mundiales femeninos siguientes (https://shre.ink/7d6z). Los argumentos del Gobierno chino fueron simples: la diferencia horaria respecto a los encuentros de fútbol durante el Mundial (en China será de madrugada), la inasistencia de la selección china al torneo, y un amplio cúmulo de partidos que presagian baja calidad y nivel de juego y entretenimiento. Es de hacer notar que el acuerdo de transmisión del Mundial 2026 entre la FIFA y el Gobierno de la India aún está pendiente. Y también es preciso recordar que China e India alcanzan una población de 2800 millones de habitantes y que gozan de una importante capacidad de consumo en sus mercados internos.
A su vez, se espera que la FIFA, al final del Mundial 2026, recaude una cifra récord en ingresos de entre 11.000 y 14.000 millones de dólares. Los derechos de televisión; los patrocinadores invirtiendo millones de dólares para que su logotipo aparezca por unos segundos a escala planetaria –el acuerdo de patrocinio para el Mundial está entre 60 y 100 millones de dólares–; y la transferencia de excedentes vía el derroche de erario público en obras suntuosas relacionadas con la remodelación de estadios, avenidas y demás sitios públicos en torno a los estadios y sitios turísticos de alta gama, y que eximen a la FIFA de esos costes pese a ser un evento privado. No menos importante es el trabajo no retribuido y gratuito que 65000 “voluntarios” (https://shre.ink/7Tc0) le obsequiarán a la FIFA al encargarse de la logística y operaciones en aeropuertos, hoteles, estadios y recintos deportivos de entrenamiento. Serán estos trabajadores sin remuneración el rostro amable de la FIFA; entidad que les “pagará” con la “experiencia de vivir el Mundial desde adentro”, “ser parte de la historia”, “crear recuerdos”. De ahí que el de 2026 será también el Mundial de la desigualdad económica y de una poderosa maquinaria lubricada por la explotación del trabajo sin remuneración.
Todo lo anterior evidencia una ausencia u omisión interesadas de Estados como el mexicano y el estadounidense en torno a una entidad privada como la FIFA, beneficiada por esa desregulación de la justa mundialista. Ello se corresponde con un desbordamiento de las atribuciones de la FIFA y una invasión de jurisdicciones que termina postrando a los gobiernos ante sus intereses comerciales. Aunque existe una diferencia marcada entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno del país azteca: mientras el primero, a través de la figura de Donald Trump controlará el macro-evento deportivo en un ejercicio de diplomacia deportiva de amplias magnitudes; el segundo, se postra ante los dictados de la FIFA. Los aficionados y su capacidad de organización brillan por su ausencia en este ejercicio de depredación y subsunción del espacio público y de privatización del derecho al esparcimiento y al disfrute emprendidos por la FIFA. Es necesaria la voz y el cuestionamiento de los aficionados reales ante el abuso de la FIFA, televisoras, federaciones y patrocinadores, en un contexto de creciente híper-mercantilización, exclusión social y apropiación por despojo al que es llevado el deporte-rey y la justa mundialista.
Académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas, escritor y autor del libro “La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversaciónsemántica y escenarios prospectivos”. Twitter: @isaacepunam
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