Cada vez que se suscita un conflicto entre determinados jefes militares y los poderes del Estado, que representan al pueblo, surgen voces que se desgañitan en supuesta defensa de «las gloriosas Fuerzas Armadas». Ahora mismo hay altos oficiales retirados que levantan el gallo en ese sentido, difundiendo la falsa versión de que el gobierno de […]
Cada vez que se suscita un conflicto entre determinados jefes militares y los poderes del Estado, que representan al pueblo, surgen voces que se desgañitan en supuesta defensa de «las gloriosas Fuerzas Armadas». Ahora mismo hay altos oficiales retirados que levantan el gallo en ese sentido, difundiendo la falsa versión de que el gobierno de Rafael Correa intenta desaparecer el ISSFA. A ello se suma la oposición política que demagógicamente defiende la «dignidad de las Fuerzas Armadas», que por supuesto nadie ataca. Y esto por apetitos electorales.
La historia militar ecuatoriana tiene varios colores y no toda es brillante. En diversos momentos se ha teñido de sombras y hasta de tinieblas. Hay que recordar, por ejemplo, que en el asesinato del General Eloy Alfaro y sus valerosos capitanes fueron varios los altos jefes que participaron en la conjura que acabó en la hoguera bárbara de El Ejido. Allí estuvo, encabezándolos, el general Leonidas Plaza Gutiérrez, cuyo gobierno dio nacimiento a un período de crímenes, latrocinio oficial e instauración de un régimen de la gran oligarquía guayaquileña y los terratenientes de la Sierra, como la propia Avelina Lasso, esposa del gobernante. Uno de los principales efectos de esa política fue la tiranía impuesta en el país por el Banco Comercial y Agrícola, con sede en el Puerto, vinculado a la banca peruana y a la casa Morgan de Estados Unidos. Fue tal el poder de este banco, cuyo principal accionista fue Francisco Urbina Jado, que gozó de la facultad exclusiva de emitir la moneda nacional y convirtió al Estado en mendigo gimiendo por un préstamo cualquiera a los pies del endiosado banquero. Este, además, nombraba desde los ministros hasta los conserjes de la administración pública.
El pueblo en su conjunto, y principalmente los trabajadores de Guayaquil, resistieron la tiranía bancaria mediante huelgas y demostraciones masivas. Justamente la más grande de estas fue ahogada en sangre el 15 de noviembre de 1922, como nos relata, entre otros, Joaquín Gallegos Lara en su obra «Las cruces sobre el agua». La matanza multitudinaria fue dirigida por altos oficiales placistas y ejecutada por el Batallón Cazadores de los Ríos. Una acción nada gloriosa de las fuerzas militares.
Desde entonces, se fue formando una conciencia nacional profundamente reivindicativa, crecieron los sindicatos y se organizaron los primeros núcleos socialistas y comunistas. Fue así que una valerosa generación de jóvenes militares se alzó en armas contra los mandos corruptos y el gobierno continuista del placismo, y proclamó una Junta de gobierno patriótica, en la que se integraron representantes civiles de pensamiento revolucionario, encabezados por Francisco Arízaga Luque. Nuestra historia conoce esa gesta, ocurrida el 9 de Julio de 1925, como la Revolución Juliana. Luego que la Junta convocó elecciones vendría un período de grandes transformaciones, que desplazó el poder del Banco Comercial y Agrícola, desterró a Urbina Jado y estableció el Banco Central para darle nuevos rumbos a la patria. Ahora que se cumplen 91 años de esa histórica página militar, en todos los cuarteles, oficiales y soldados deberían elevar muy en alto la gloriosa bandera de la Revolución Juliana, tan repudiada por oligarcas como León Febres Cordero, como lo expresó a grito pelado en las marchas que organizó en el Puerto para respaldar a la banca chulquera en víspera del nefasto feriado bancario.
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