Al ordenar la entrada de militares y policías en las humildes Favelas de Río de Janeiro, el presidente Lula ha dado un salto muy peligroso en el nivel de represión. Es totalmente cierto que la situación creada por las bandas ligados al narcotráfico en la Capital brasileña había desbordado todos los límites, pero también es […]
Al ordenar la entrada de militares y policías en las humildes Favelas de Río de Janeiro, el presidente Lula ha dado un salto muy peligroso en el nivel de represión. Es totalmente cierto que la situación creada por las bandas ligados al narcotráfico en la Capital brasileña había desbordado todos los límites, pero también es verdad que esas bandas vienen operando desde hace años con la anuencia, la complicidad y el apoyo explícito de altos mandos de la Policía, de jueces y de empresarios que están ligados a las mismas por suculentos intereses económicos. Resulta de gran hipocresía, escuchar como ahorra altos funcionarios del staff brasileño se rasgan las vestiduras señalando que «hay que aplicar mano dura al delito», cuando muchos de ellos (como lo señalaron los propios narcos) comen de la mano de la venta de drogas.
Tanto el llamado «Comando Bermelho», como sus pares del «Comando Amigos de los Amigos» y el «Comando Primero de la Capital», subsisten y se han movido como el pez en el agua, porque la mayoría de la clase política y las altas instancias de los poderes públicos de la Ciudad les ha dado aliento de manera directa o indirecta.
Pretender cortar de raíz la situación, enviando a las Favelas tropas armadas hasta los dientes, paracaidistas e incluso dando vía libre a la Marina y la Aeronaútica (¿que pretenden? ¿bombardear a la población civil?) suena descabellado, pero sin embargo, la escalada represiva actual va en ese camino.
Los militares brasileños se jactan de que muchos de los soldados de elite que están interviniendo en estos ataques «están fogueados en Haití, donde han pacificado a los díscolos en el marco de las tropas de las Naciones Unidas». Escuchar y leer tales afirmaciones de los mandos encargados del asalto a las Favelas, era lo que faltaba para cuestionar la resolución de poner las tropas en la calle, ya que precisamente en Haití los uniformados brasileños y el resto de efectivos de la MINUTASH, han violado, torturado y asesinado a pobladores de ese país, por el sólo hecho de ser pobres y protestar contra esa miseria. Las tropas de Naciones Unidas, lo dicen los propios haitianos «son fuerzas de ocupación y violan nuestra soberanía». Y se manifiestan a diario exigiendo precisamente «que se vayan y nos dejen en paz».
Por todo ello, no extraña que ahora en su actuación contra sus propios compatriotas, y en aras de «terminar con las bandas del narco», e l resultado no puede ser peor para los derechos humanos de la población de las Favelas. Miles de personas observan cómo se allanan sus casas, muchos de ellos han caído víctimas del fuego cruzado de militares y las bandas. Son numerosas las denuncias de organismos de DDHH que llaman la atención sobre lo que está significando esta «guerra» en que la población inocente aparece como rehén. Otra vez son los pobres de toda pobreza los que pagan las consecuencias de situaciones que el poder político no supo o no quiso corregir. La pobreza se termina con medidas sociales de emergencia y otras de mediano y largo plazo, el narco se desarma cortando los vínculos que desde el poder lo alimenta. Pensar en «soluciones finales» basadas en el poderío militar, como ocurre también en México, sólo abre el camino a los nostálgicos del totalitarismo. El presidente Lula y la presidenta electa Dilma Rousseff, gozan de un grado de popularidad inmenso. Son ellos precisamente quienes deben tener en cuenta que abogar por la militarización del territorio significa dar un paso que tarde o temprano puede golpearles como un boomerang y generar más dolor aún en quienes los designaron como sus representantes para construir un país diferente.