Mientras la izquierda se organizaba la coalición gubernamental se descomponía La tarde del 13 de abril de 1931 al conocerse el resultado de las elecciones municipales, celebradas la víspera, en Madrid la gente se echó a la calle demostrando su entusiasmo. Obreros, empleados y estudiantes abandonaron sus ocupaciones para vitorear a la República. Se expresaban […]
Mientras la izquierda se organizaba la coalición gubernamental se descomponía
La tarde del 13 de abril de 1931 al conocerse el resultado de las elecciones municipales, celebradas la víspera, en Madrid la gente se echó a la calle demostrando su entusiasmo. Obreros, empleados y estudiantes abandonaron sus ocupaciones para vitorear a la República. Se expresaban sentimientos de ilusión y de esperanza, de dejar atrás un régimen caduco que no presentaba soluciones a los grandes problemas que exigía la sociedad, que aportara conciencia social, tolerancia y lucha por la libertad.
En Eibar a las siete de la mañana del día siguiente la bandera tricolor ya ondeaba en el balcón de su ayuntamiento. Era el primer municipio que proclamaba la República. Al anochecer de ese mismo día el nuevo régimen se hacía realidad en toda España. Su Majestad el rey, Alfonso XIII, abandonaba Madrid.
A la República se le presentaba un difícil cometido. Tenía ante sí muchos frentes abiertos: un Ejército poderoso, una Iglesia estatal influyente y latifundios que hacían difícil la existencia de una sociedad progresiva y democrática. Desde el primer momento contó con la oposición y la presión de las fuerzas de una derecha conservadora que consideraba que el cambio suponía una tragedia que conduciría a España a la revolución social, y de una izquierda radical que veía en el nuevo régimen un gobierno anticuado, reliquia de un proceso histórico.
Por ello la euforia que despertó su pronunciamiento tuvo su contrapartida. La Iglesia lo consideró como una desgracia. La mayoría de clérigos y obispos reaccionaron con pesimismo ante una República celebrada en las calles por el pueblo. De igual parecer eran los terratenientes ennoblecidos y muchos industriales y financieros con título nobiliario. Perdieron de golpe al rey, su fiel protector, al que muchos de ellos abandonaron como abandonaron a España poniendo a buen recaudo sus capitales, retirándolo de sus cuentas bancarias para asegurarlo en el extranjero. Mientras los trabajadores de la tierra que poblaban las zonas de latifundios de Andalucía, Extremadura y La Mancha movilizados por socialistas y anarquistas bajo la bandera del reparto y la colectivización mostraron al principio una notable confianza en que la República sería capaz de liquidar los excesivos privilegios de clase. No obstante no iba a pasar mucho tiempo sin que serios disturbios rompieran el orden público y socavaran las esperanzas de quienes pusieron sus esperanzas en el nuevo régimen.
El primer choque serio lo tuvo el gobierno republicano con la jerarquía eclesiástica de la Iglesia española. A pesar de las advertencias recibidas desde el Vaticano que recomendaba a los obispos españoles: «que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común», el cardenal Segura, entonces arzobispo de Toledo, Primado de España, el 1 de mayo publicó una pastoral en la que hacía un caluroso elogio del destronado Alfonso XIII, «quien a lo largo de su reinado supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores«.
Pero estas declaraciones que tensaban las relaciones entre la Iglesia y el Estado se complicarían aún más con los acontecimientos sucedidos en Madrid entre el 11 y 12 de mayo. Días antes el marqués de Luca de Tena se había entrevistado con Alfonso XIII en Londres. A su regreso ultimó con otras personas la creación de un Círculo Monárquico Independiente en Madrid. En el periódico ABC se publicaba su apertura e inauguración en un local sito en la calle de Alcalá 67. En el acto tomaron la palabra diversos asociados. Los ánimos se caldearon. Se puso un disco con la Marcha Real los más exaltados salieron al balcón dando vivas al Rey y lo prosiguieron en la calle lo que propició la réplica de un taxista que fue agredido por los monárquicos. El numeroso público que volvía entonces del concierto dominical del Retiro se posicionó a favor del taxista terminando en una fuerte reyerta de manifestación popular con la consecuencia de la quema de varios de los coches de los monárquicos allí reunidos.
Al correr la tarde las cosas se fueron complicando. Varios centenares de personas se dirigieron hacia el del edificio del ABC en la calle Serrano con ánimo de asaltarlo. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, dio órdenes a la Guardia Civil para que protegiese el edificio y se produjo un choque violento. Varios manifestantes resultaron heridos por armas de fuego y muertos el portero de una casa situada frente a ABC y un muchacho de trece años.
La indignación popular subió a tal punto que, poco después, más de 5.000 personas se concentraban en la Puerta del Sol frente al ministerio de Gobernación pidiendo la dimisión del ministro y la disolución de la Guardia Civil. Toda la noche permanecieron en la plaza grupos dispersos. Aún hoy es el día que se sigue sin poder aclarar de quien partió la iniciativa, pero muy de mañana ardía el convento de los jesuitas de la calle de la Flor junto a la Gran Vía, continuando los incendios a otros conventos e iglesias en Madrid. En Levante y Sur de España se propagó una explosión de ira anticlerical que afectó a cerca de un centenar de edificios eclesiásticos que fueron incendiados. En algunas provincias la violencia se dirigió también hacía periódicos que representaban a la oligarquía y a casinos y círculos recreativos considerados como centros de reunión de «señoritos».
El significado principal de esos acontecimientos es que se produjeron al mes escaso de proclamarse la República y que en la memoria colectiva de muchos católicos quedaron grabados como el primer asalto contra la Iglesia por parte de una República laica y anticlerical, un ensayo general de la catástrofe que se avecinaba. La actitud del Gobierno provisional fue tachada de tibia, para algunos la República estaba en manos de ateos y masones. Lo sucedido tuvo graves consecuencias, perturbó conciencias y puso fin a la ilusión y al júbilo con que se había recibido al nuevo régimen que sólo podía mantenerse si disponía de una base social y una legitimidad democrática.
Se hacia urgente dotar a la República de una Constitución. El Gobierno provisional convocó elecciones generales a Cortes Constituyentes que dieron comienzo el 28 de junio. Tras tres meses de debates la Constitución quedó finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931. Nacía con la oposición de la derecha no republicana, que se propuso desde el primer momento revisarla o, desde la visión de sus grupos más extremistas, echarla abajo. Se eligió presidente a Niceto Alcalá Zamora, un ex monárquico católico que encargó a Manuel Azaña a que formara gobierno.
La mayoría de los diputados asistían a las Cortes por primera vez. Entre ellos había intelectuales, periodistas, profesores, abogados, obreros y tres mujeres: las republicanas Clara Campoamor y Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, (las mujeres podían ser elegidas aunque no podían votar).
Aquellas Cortes fueron las que elaboraron la primera Constitución republicana de la historia y a ello dedicaron todas sus energías. El texto que salió de sus deliberaciones definía a España en su artículo primero como «una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes emanan del pueblo. La República constituye un Estado integro, compatible con la autonomía de los Municipios y de las Regiones«. Se declaraba también la no confesionalidad del Estado, se introducía el matrimonio civil y el divorcio y se prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Tras acalorados debates se otorgó el voto a las mujeres defendido por la diputada del Partido Radical Clara Campoamor, que chocó con el temor de los no pocos republicanos de izquierdas, incluida Victoria Kent, a que las mujeres influidas por el clero beneficiara el voto a la derecha.
Se iniciaba una etapa de profusa actividad legislativa en la que se acometió la reorganización del ejército, la separación de la Iglesia y el Estado y se tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad agraria, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral y la educación pública. Nunca en la historia de España se había asistido a un período, tan intenso de cambio y conflictos, de logros democráticos y conquistas sociales, como el que realizó la República española en su primer bienio.
Sin embargo, las viejas clases dirigentes, los propietarios y las gentes de orden, desplazadas del poder por el nuevo régimen, reaccionaron de forma enérgica y contundente, al mismo tiempo que las clases trabajadoras que encabezaban los anarquistas en sus protestas y movilizaciones aparecieron en el escenario público como poderosos contendientes, dificultando toda acción política llevada en el Parlamento, .
El gobierno tuvo que afrontar una serie de huelgas y estallidos revolucionarios de una hostilidad implacable desplegada por la CNT frente a una República burguesa. Pero no sería éste el único movimiento ni el más potente que obstaculizó su consolidación y su proyecto reformista. Quienes habían sido desplazados de las instituciones del nuevo régimen reaccionaron muy pronto e intensificaron sus ataques al gobierno, obstinándose en llamarlo socialista, pese a que el PSOE sólo tenía tres de los doce ministros. Argüían que el Estatuto de Autonomía concedido a Cataluña era el primer paso para desintegrar España y consideraban que el mejor modo de evitarlo era una conspiración al estilo tradicional que contara con el apoyo de varios militares. El general Sanjurjo parecía el más indicado para ello y sería el encargado de encabezar una sublevación destinada a salvar la unidad de España y traer de nuevo al Rey. El levantamiento tuvo lugar el 10 de agosto de 1932 pero fracasó. Sanjurjo huyó a Portugal. Apresado antes de llegar a la frontera, juzgado y condenado a muerte el 24 de agosto, el gobierno conmutó su pena por la de cadena perpetua.
Los años 1932-33 estuvieron marcados por numerosas huelgas y motines que pusieron en evidencia el grado de división de la izquierda. Azaña no quería dar la impresión de que su gobierno era blando y tomó responsabilidades sangrientas, resuelto a mantener el orden frente a todos los que le hostigaban bien fueran de derechas como de izquierdas. Los anarquistas consideraban que se había vendido a los capitalistas, mostrándose más severo con los explotados que con los explotadores. El ala más dura de la CNT ganó peso y la FAI aumentó su influencia. La combatividad de los campesinos impresionaba a los más moderados. Los incidentes más graves se produjeron en la provincia de Cádiz en la aldea de Casas Viejas, donde los campesinos se sublevaron y mataron a cuatro guardias civiles. Llegaron refuerzos policiales con la Guardia de Asalto para reprimir el motín, que dieron por finalizado a excepción de una casa donde se atrincheró un viejo anarquista apodado «Seisdedos» con su hijos, sus nietos y dos amigos. La Guardia de Asalto incendió la casa, ametrallaron a los ocupantes que intentaron huir y ejecutaron sumariamente a una decena de braceros.
Se produjo entonces una ofensiva sobre Azaña. La oposición contra él y su mayoría parlamentaría iba creciendo. Los intelectuales derramaban lágrimas ante una realidad demasiado alejada de sus sueños. Las decepciones de Ortega y Unamuno llenaban columnas en la prensa., asimismo una mayoría de la población, tradicionalmente católica, se mostraba defraudada por la política del Gobierno que, excesivamente obsesionado en restar poder a la Iglesia, el 2 de junio de 1933 ratificaba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, una ley constitucional exigida por el artículo 26 de la Carta Magna de 1931 y en la que se especificaba la aprobación de la incautación de los bienes de la Iglesia por el Estado y la prohibición en sus colegios de toda enseñanza ajena a su propia doctrina.
Las medidas totalmente anticlericales del texto generaron apasionados debates y enfrentamientos. Los católicos, incluida la revista progresista Cruz y Raya dirigida por José Bergamín, vieron en ella una clara violación de la justicia y la libertad. Los enemigos de la República la utilizaron muy bien como arma ideológica ante una clase media asustada ante el viraje que tomaba el régimen y fue motivo para que en buena parte de España la izquierda perdiera las elecciones en noviembre de aquel año.
Pero tanto en la derecha como en la izquierda se seguía con interés e inquietud lo que sucedía en el extranjero. Los socialistas se dieron cuenta de que la amenaza fascista era real, de ahí su decisión de oponerse por todos los medios a la llegada al poder de los «fascistas» españoles encarnados según ellos en Gil Robles, un joven abogado que lideraba la CEDA, Confederación de Derechas Autónomas, y en cuyo programa estaba revisar la Constitución, derogar la leyes laicas (matrimonio civil, divorcio) y fomentar medidas destinadas a promocionar familias numerosas, la mujer en el hogar, la educación cristiana etc., proponiendo la vuelta a una sociedad rural y tradicional en la que el clero recuperara su autoridad perdida.
Se sucedieron unos meses de continuas crisis parlamentarias. En octubre de 1934 la CEDA retiraría su confianza al gobierno centrista y exigiría participar en el mismo. Alcalá Zamora, que no quería disolver las Cortes, accedió a la propuesta y encargó a Lerroux la formación de un nuevo gobierno que incluyó a tres ministros de la CEDA. La derecha no republicana pasaba a gobernar la República con el más histórico de los partidos republicanos. Los republicanos de izquierda lo consideraron como una traición y los socialistas anunciaron su revolución. Ya nada volvería a ser como antes.
El comité revolucionario de los socialistas, entre los que se incluían Largo Caballero y Prieto, en la noche del 4 al 5 de octubre de 1934 daban orden de huelga general. A pocos minutos de marcar los relojes la medianoche cesaron todas las actividades de trabajo en las principales capitales de España. En varias regiones la huelga se convirtió en revolución. En Asturias las milicias obreras se apoderaron de Oviedo y fundaron una efímera «República socialista». Los generales López Ochoa y Franco fueron los encargados de la contraofensiva. Se trajo dos regimientos de la Legión y a los regulares marroquíes. Estas tropas apoyadas por la aviación y la armada emprendieron la «reconquista». El ejército topó con una gran resistencia y hubo de tomar Oviedo calle por calle. El 19 de octubre fueron reducidos los últimos rebeldes. Los revolucionarios tuvieron que dispersarse por aldeas y montañas. Los instigadores reales o presuntos de la insurrección fueron procesados. Algunos habían huido, como Prieto exilado en París. Largo Caballero pasó un año en prisión. Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, fue condenado a 30 años de cárcel. Azaña, detenido el 8 de octubre, sería puesto en libertad dos meses después por falta de pruebas.
Se decretó el estado de excepción, lo que permitió una violenta represión social: se restauró la pena de muerte y se impuso la censura, obreros despedidos, salarios disminuidos, se clausuraron las Casa del Pueblo. La Cortes suspendidas reanudaron su apertura el 6 de noviembre sin que participaran los partidos de izquierda. La derecha creía llegado el momento de poder exigirlo todo.
La CEDA de Gil Robles propugnaba una nueva Constitución más autoritaria pero los grupos de extrema derecha exigían más. Convencidos de que no se podía esperar absolutamente nada de la democracia y que tratar de obtener el poder por medio del sufragio universal era una pérdida de tiempo, en diciembre de 1934 forman el Bloque Nacional presidido por José Calvo Sotelo, en el que figuraban entre otros el duque de Alba, el conde de Rodezno, el dominico Padre Gafo, Lequerica, Areilza, Ansaldo….
Pero no sólo los componentes del Bloque Nacional sino también los tradicionalistas se reorganizaban en contra de la República. En San Juan de Luz funcionaba una Junta militar carlista y, desde Estoril Sanjurjo mantenía relación constante con Fal Conde. Asimismo conspiraba la Unión Militar Española, un grupo de generales hostiles al régimen. Por su parte la Falange era partidaria de la insurrección.
Las crisis gubernamentales fueron la tónica general de aquel año de 1935. En el Gobierno, formado en mayo, la mayoría de los ministros no eran republicanos, representaban a la oligarquía castellana, a la jerarquía eclesiástica y a los hombres de negocios. Todo entraría por fin en su orden, indemnizaciones por las expropiaciones ejecutadas en 1932, compensaciones a las empresas que verían aumentar sus beneficios al igual que los bancos los suyos; todo esto unido a la política represiva del Gobierno en relación con los sucesos de octubre produjo un efecto contrario y la izquierda comenzó a recomponerse. Prieto hizo campaña a favor de un entendimiento con los republicanos progresistas. El Partido Comunista propuso una concentración popular antifascista. Lo mismo que en Francia se avanzaba hacia la formación de un Frente Popular.
Mientras la izquierda se organizaba la coalición gubernamental se descomponía, a ello vino a contribuir el escándalo en que se vio implicado Lerroux con el asunto del estraperlo, un juego de ruleta eléctrica inventado por unos dudosos personajes Strauss y Perlowiz, al que denominaban con la abreviatura de sus nombres «Straperlo» y que mediante soborno a altos cargos de Partido Radical, algunos de ellos parientes del mismo Lerroux, lograron introducirlo en España y ponerlo en funcionamiento en varios casinos. El escándalo saltó a la opinión pública, se quiso echar tierra al asunto pero Alcalá Zamora se opuso. Desacreditados Lerroux y sus amigos radicales tuvieron que renunciar a sus cargos. A finales de diciembre se forma un nuevo Gobierno. El 8 de enero de 1936 las Cortes quedan disueltas. Las elecciones legislativas serían convocadas para el 16 de febrero.
La campaña se desarrollo sin incidencias pero con gran violencia verbal entre izquierdas y derechas. En el País Vasco los nacionalistas no quisieron aliarse con la derecha española y presentaron sus candidaturas por libre, disputándose el voto entre tres listas: Frente Popular, PNV y derechas.
Por tercera vez en cinco años las elecciones constituyeron una gran sorpresa. El resultado favorable al Frente Popular, al que se le concedía escasas posibilidades de éxito, sembró de pánico a las derechas que no estaban dispuestas a dejar el poder ni a renunciar a ninguno de sus privilegios. Una vez conocidos los resultados comenzaron las conspiraciones. Estaban convencidos que España se dirigía hacía el caos y que iba a sobrevenir una revolución comunista. Se produjeron choques entre grupos armados y corrió la sangre. Los sucesos más graves tuvieron lugar el 12 de julio. Al anochecer un teniente de la Guardia de Asalto, Castillo, fue asesinado. Sus camaradas decidieron tomarse inmediata venganza. Secuestraron a Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, le mataron de un tiro y dejaron su cadáver en el cementerio de la Almudena. El 17 de julio estallaba la sublevación militar.
* Celina Ribechini es doctora en Historia