El inicio del siglo XX tuvo tres acontecimientos de enorme impacto mundial, que suelen destacarse en la historia contemporánea: comenzó la fase del imperialismo capitalista y con ello el encumbramiento de los Estados Unidos como nueva potencia internacional; se produjo la I Guerra Mundial (1914-1917); y, además, también comenzó la Revolución Rusa (1917), que inauguró la era del socialismo. Pero en América Latina, la Revolución Mexicana (1910) y la Constitución que se expidió en 1917, no siempre destacada en esa historia contemporánea, marcó una nueva época en la misma región. México inició el camino hacia una economía social y reconoció los principios y derechos laborales más importantes.
Con ese cúmulo de acontecimientos, los inicios del siglo XX provocaron la redefinición de las economías latinoamericanas, la alteración de las luchas sociales y políticas, así como una serie de cambios institucionales, que consolidaron los Estados nacionales. En efecto, si bien no se alteró la esencia primario-exportadora, en la región despegó la explotación minera (petróleo, estaño, níquel, etc.) a cargo de compañías extranjeras que obraban como en países conquistados y se dieron pasos iniciales para cierta industrialización en contados países. También América Latina giró desde la dependencia con Europa hacia la rápida dependencia frente a los EE.UU. Además, se iniciaron procesos sociales y políticos para superar los regímenes oligárquicos edificados especialmente desde fines del siglo XIX. Igualmente se conformaron partidos y movimientos políticos identificados con el marxismo (partidos socialistas y comunistas), los trabajadores y las esperanzas por una nueva sociedad. Y distintos gobiernos lograron implantar modernas instituciones que permitieron afirmar Estados con capacidades de intervención económica, inversión pública y promoción social.
Bajo las condiciones históricas descritas, el 9 de julio de 1925 se produjo en Ecuador la Revolución Juliana, un proceso iniciado con el golpe de Estado de la joven oficialidad del Ejército y desarrollado por dos Juntas (1925-1926) y el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931). Nos acercamos al centenario de aquel acontecimiento, en general poco o nada referido en las historias de América Latina. Pero los sucesos de Ecuador tienen un hondo significado para toda la región. De hecho, partió de un movimiento militar exitoso, que obró en forma institucional, superando la época de las dictaduras militares unipersonales y caudillistas. En adelante, todas las otras intervenciones militares en el país han sido institucionales. Además, por primera vez en la vida republicana, el proceso juliano fiscalizó a los bancos privados, impuso un Banco Central y creó instituciones para el control económico, como la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. También, por primera vez, introdujo el impuesto directo sobre las rentas e incluso uno sobre las utilidades/rentabilidades del capital. Finalmente, inauguró las políticas públicas en favor de los trabajadores, creando el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, las Direcciones de Salud, así como la primera Caja de Pensiones y expidiendo la Constitución de 1929, pionera en seguir los principios y derechos laborales ya consagrados por la Constitución Mexicana.
El ciclo de la Revolución Juliana inauguró, para Ecuador, el naciente siglo XX-histórico. Se inició así el largo camino de superación del régimen oligárquico; lograron imponerse los intereses nacionales sobre los intereses privados; se crearon instituciones que tienen vigencia hasta el presente; la economía fue reorientada para intentar cierta industrialización y diversificar las exportaciones agrícolas otrora dependientes del cacao; y las políticas del Estado obligatoriamente asumieron las garantías a la cuestión social. Fue un proceso que incluso se adelantó a las políticas del New Deal inauguradas por F. D. Roosevelt en los EE.UU. y también puede identificarse con los “populismos” clásicos de Latinoamérica. Se comprenderá, por consiguiente, que el ciclo juliano dio un paso adelante frente a lo logrado por la Revolución Liberal de 1895 y que, además, provocó furibundas reacciones de las capas dominantes tradicionales de terratenientes, comerciantes y, sobre todo, banqueros, que entre 1912-1925 habían edificado un Estado al servicio de la plutocracia.
El papel del Ejército en aquella época es comparable con al menos dos movimientos similares en América Latina: el de los jóvenes militares de Chile entre 1924-1925, que logró la constitución de dos Juntas, así como la aprobación de leyes laborales, la introducción del impuesto a las rentas y una caja del seguro, todo con el fortalecimiento de las capacidades estatales. El otro, lo sucedido en Brasil tras el levantamiento de 1922, que derivó en el “tenentismo”, movimiento militar que sentó las bases para la llegada al poder de Getulio Vargas en 1930, con quien se implantó el Estado Novo, de corte “populista”. Pero en el concierto latinoamericano coincidieron procesos con similar contenido económico, político y social: Costa Rica en los mismos años 20, que logró reformar y reducir sus fuerzas armadas; Argentina, donde partieron los cambios con la Unión Cívica Radical (1922), pasó por la “década infame” y llegó al ascenso al poder de Juan Domingo Perón. Súmese también la actuación de la Misión Kemmerer para lograr bancos centrales en Colombia o Chile. Y sin duda, está México, donde el ascenso de Lázaro Cárdenas en 1934 marcó otro hito en América Latina con la nacionalización del petróleo.
La Revolución Juliana en Ecuador no fue, por tanto, un hecho aislado en la geografía de uno de los países más atrasados y subdesarrollados de América Latina, por lo menos hasta la década de 1960. Los logros de hace casi un siglo siguen rondando la vida nacional, pues el país del presente, en disputa electoral para la presidencia de la república en agosto 2023, ha vuelto a polarizar la vida política entre el dominio de un bloque de poder constituido por élites privadas que han captado el Estado para imponer un régimen oligárquico de clara continuidad con el que existió antes del julianismo, y el ascenso social de sectores progresistas y democráticos que anhelan derrumbar el rumbo plutocrático-neoliberal, para conseguir un camino de desarrollo beneficioso para las amplias mayorías nacionales.
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