Bolivia no es un país pobre pero es el país más empobrecido de América Latina. La empresa multinacional Repsol-YPF es una petrolera que gana millones de dólares a costa de retribuir lo menos posible a sus trabajadores y a los dueños de los recursos que explota, por ejemplo, en Bolivia. La justicia boliviana detecta la […]
Bolivia no es un país pobre pero es el país más empobrecido de América Latina.
La empresa multinacional Repsol-YPF es una petrolera que gana millones de dólares a costa de retribuir lo menos posible a sus trabajadores y a los dueños de los recursos que explota, por ejemplo, en Bolivia.
La justicia boliviana detecta la posibilidad de que actuaciones fraudulentas de Repsol hayan costado al Estado Boliviano varios cientos de millones de dólares, bien por contrabando, bien por presuntas estafas que se han de investigar.
Las autoridades gubernamentales españolas, el propio Rey Juan Carlos, los dirigentes conservadores españoles y los grandes empresarios con menos escrúpulos y peores prácticas comerciales ponen el grito en el cielo por la «amenaza» y la «agresión» que las autoridades judiciales bolivianas ejercen sobre las empresas y los intereses «españoles» en Bolivia.
Las autoridades gubernamentales españolas, el propio Rey Juan Carlos, los dirigentes conservadores españoles y los grandes empresarios con menos escrúpulos y peores prácticas comerciales no parecen sentirse concernidos por el hecho de que una empresa «española» haya podido robar cientos de millones de dólares a una nación en donde casi el 65% de la población se encuentra por debajo del nivel de pobreza.
Esta es la secuencia de los hechos desde que una mayoría sustancial de ciudadanos eligiera a Evo Morales como Presidente de Bolivia cuando lo que ha ocurrido es bastante simple.
Lo que antes eran prácticas consentidas por gobiernos enemigos de su propia patria (concesiones petroleras a precios de saldo, exenciones ilegales de impuestos, vista gorda frente a los desmanes ambientales y crímenes ecológicos, mano abierta frente al contrabando y el fraude que enriquecía a los directivos, regalías misérrimas que dejaban en Bolivia una minúscula parte de las rentas que obtenía Repsol…) con Evo Morales pasan a ser lo que son en todo el mundo civilizado: delitos contra el Estado que la Justicia tiene el deber de investigar y condenar si efectivamente se han producido.
Pero, cuando la justicia boliviana comienza a actuar gracias a que ahora hay un gobierno limpio y dispuesto a dar al Estado lo que es suyo, un gobierno como el español, que se reputa democrático, solidario, justo y defensor de la paz, se deja llevar por lo que le piden al oído las grandes empresas que han estado cometiendo esas tropelías y levanta su voz para criticar al débil Estado Boliviano que quiere administrar justicia, al menos, como pueden hacerlo los fuertes.
Si el gobierno español, el Rey Juan Carlos, o los dirigentes políticos y empresariales que ahora están tan preocupados por las iniciativas de la justicia boliviana estuvieran de verdad interesados en defender los intereses «españoles», el buen nombre de España en el exterior, nuestro papel pacificador y contribuyente a la paz y al progreso, ¿no deberían ser críticos con los presuntos delincuentes -como Repsol- y no con quienes tratan de averiguar si ha habido empresas «españolas» que hayan robado a un pueblo tan necesitado como el boliviano?, ¿no deberían pedir que se acelerase la acción de la justicia boliviana en lugar de criticarla y que fuese especialmente ejemplar para limpiar la imagen de España?, ¿no deberían condenar los abusos económicos y ambientales de todo tipo de empresas, Repsol incluida, en lugar de considerar que quien los persigue pone en peligro la «seguridad» en los negocios»?
Y si se demostrase que empresas «españolas» han robado y empobrecido a un pueblo que sufre tanto como el boliviano, ¿no sería más lógico que manifestaran, entonces, su condena y su vergüenza por la actuación de esas empresas «españolas»?
Y teniendo en cuenta que los delitos y crímenes de Repsol ya han sido demostrados en otras ocasiones, ¿se puede confiar de verdad en la sinceridad de todos esos gobernantes, políticos y dirigentes empresariales cuando mantienen silencio sobre esos delitos y crímenes y siguen considerando que los empresarios delincuentes son los que representan los intereses «españoles» en el mundo y en América Latina en particular?
Quizá esta torticera confusión entre los intereses de algunas empresas y los intereses de España es lo que explica la «preocupación» de las autoridades gubernamentales españolas, del propio Rey Juan Carlos, de los dirigentes conservadores españoles y de los grandes empresarios sin escrúpulos por las actuaciones, legítimas, de la administración de justicia boliviana. ¿Quién, en su sano juicio democrático, puede preocuparse porque la Justicia investigue si se han cometido estafas o contrabando? ¿No son estos delitos los que alteran el funcionamiento del mercado, mientras que su erradicación es lo que permite que los mercados sean más libres, más seguros y transparentes?
Si el gobierno español, el Rey Juan Carlos, o los dirigentes políticos y empresariales quieren considerar como propios los intereses de ese tipo de multinacionales ladronas es cosa suya, pero no tienen derecho a confundir sus intereses con los de la inmensa mayoría de los españoles: ni nos identificamos con esos empresarios delincuentes ni sus intereses son los intereses de España.
Es una obviedad que debería entender cualquiera pero mucho más un gobierno progresista.
PARA SABER MÁS:
http://indigena.nodo50.org/04/repsol.htm
http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=5213
http://www.amigos.org.ar/index.php?q=node/207
Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga (España) y colaborador habitual de Rebelión. Su página web: http://www.juantorreslopez.com