El sábado 26 de junio de 2010, a solo un año y ocho meses de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, que proclamó al Ecuador un Estado Plurinacional de derechos y justicia, la fiscalía de la provincia de Imbabura inició la indagatoria previa 360-2010 «en contra de Organizaciones Indígenas», según reza la […]
El sábado 26 de junio de 2010, a solo un año y ocho meses de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, que proclamó al Ecuador un Estado Plurinacional de derechos y justicia, la fiscalía de la provincia de Imbabura inició la indagatoria previa 360-2010 «en contra de Organizaciones Indígenas», según reza la notificación remitida la Presidente de la CONAIE el 29 de junio de 2010.
La indagatoria se basa en un parte policial que refiere que el 25 del mismo mes «un grupo de ciudadanos de raza indígena» ha roto un cerco policial en los exteriores del lugar donde se desarrollaba la reunión de mandatarios del ALBA «gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público» y que en el forcejeo, supuestamente «se sustraen las esposas de dotación» de un policía. Tan pobre fundamento lleva a la Fiscal a considerar que los hechos relatados constituyen delito de TERRORISMO.
Asombra la ligereza con la que actúa el Ministerio Público en este caso. La sola apertura de la indagación por TERRORISMO contra las organizaciones indígenas constituye una afrenta, no exenta de prejuicios. La condición «de ciudadanos de raza indígena» parece ser un elemento de sospecha. La intención evidente es mantener una espada de Damocles sobre los líderes indígenas mientras dura la investigación de un delito de extrema gravedad, penado con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y que en su trámite, en caso de que se dicte una medida de privación de libertad, no se admite fianza.
Resulta paradójico que los hechos que motivan la indagatoria tengan que ver con un encuentro de Presidentes latinoamericanos en Otavalo, ciudad de gran tradición Kichwa, para hablar de plurinacionalidad y derechos indígenas. La CONAIE, organización nacional indígena del Ecuador, que fuera excluida de dicho encuentro, escogió ese lugar y ese día para instalar su Parlamento Plurinacional como una legítima llamada de atención respecto a que sin nacionalidades indígenas no hay plurinacionalidad. Previo al acto de instalación, una marcha pacífica y alegre de unas 3000 personas recorrió algunas calles de Otavalo entre cantos y bailes tradicionales del Inty Raymi que se celebra en esos días y se acercó a la avenida en donde está ubicado el local de la reunión de Presidentes para entregar una carta a Evo Morales, su hermano indígena.
La ironía de la Historia llevó a que mientras el primer Presidente indígena de América se reunía con sus colegas Presidentes mestizos para hablar sobre indígenas, tres mil indígenas ecuatorianos eran impedidos de acercarse al lugar de reunión por decenas de policías a caballo. Nuevamente, como hace quinientos años, las nobles patas de los caballos se levantaban para aplastar la voz de los pueblos ancestrales en su propio territorio. Pero esta vez, el atropello no se consumó. La sabiduría ancestral de los amazónicos simbolizada por la serpiente boa que llevaba un uwishín (médico indígena) hizo que los caballos se espantaran y los indígenas llegaran hasta la puerta exterior del recinto para pedir, por intermedio de los jefes policiales, que Evo Morales saliera a recibir su carta. ¿Será la boa terrorista?
Tres veces salió el embajador de Bolivia a conversar pacíficamente con los indígenas y pedirles esperen hasta el final del evento. Tras dos horas de espera, los indígenas se retiraron en paz.
Sin embargo, la presencia de la CONAIE en las afueras de la reunión de Presidentes evidenció ante la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas públicas que les competen.
La respuesta política desde el poder se disfraza en una acción jurídica. Una indagación fiscal sin fundamento que quiere amedrentar y desmovilizar a las organizaciones y sus líderes.
Por lo contrario la respuesta que la CONAIE ha decidido dar ha sido contundente. Marlon Santi, Presidente de la CONAIE, lejos de amedrentarse se ha presentado ante la Fiscal para conocer los cargos y dar su versión. Su defensa será en derecho y fundada en los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales. En lo político, esta indagación previa será la oportunidad para que la CONAIE evidencie que su lucha pacífica por llevar a la práctica el Estado Plurinacional no se detiene por amenazas.
[1] Abogado. Profesor universitario